Economía

Entra en vigencia “ley de defensa de los sancionados”

Incertidumbre aumenta para los bancos, que están a la espera de la normativa que sería publicada en las próximas semanas

Las reformas y adiciones a la Ley 842 o Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, entraron en vigencia este nueve de febrero, tras ser publicadas en La Gaceta, Diario Oficial, cinco días después de ser aprobadas por la mayoría orteguista de la Asamblea Nacional, que desoyó las alertas de los bancos privados, el sector privado y especialistas sobre su impacto en el sistema financiero nacional y la economía. Ahora, se espera que la normativa sea publicada en las próximas semanas.

Las reformas fueron aprobadas de forma expedita y sin mayores cambios a la propuesta del Ejecutivo, con 74 votos a favor, 14 en contra y una abstención.

Con la entrada en vigencia de estas reformas, la incertidumbre aumenta entre el sector financiero que teme un desplome de las actividades económicas en caso de que alguno de los 28 funcionarios sancionados por Estados Unidos (entre ellos algunos también por la Unión Europea, Canadá y Suiza) deciden acercarse a una sucursal a intentar reabrir sus cuentas.

Con las reformas, la ley demanda a las instituciones financieras que notifiquen a los usuarios sobre las causas de cancelación de sus cuentas y las argumenten basados en la legislación nacional. A la vez, permite que los afectados puedan recurrir ante los entes reguladores.

Además, la Ley define al Estado de Nicaragua como un consumidor más, lo que permitiría que este pueda demandar a las empresas.

Wálmaro Gutiérrez: “Me da risa”

Este lunes ocho de febrero, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, promotor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aseguró en el Canal Parlamentario que “a mí me da risa cuando me dicen que esta es una Ley para apoyar 27 personas (en realidad son 28, incluyéndolo a él), que fueron sancionadas. Eso es un absurdo. (…) Estamos hablando de una iniciativa que está enfocada a garantizarle el derecho a los consumidores y usuarios, a 6.3 millones de nicaragüenses que vivimos en este país”.

El economista Néstor Avendaño, por su parte, explicó durante el programa Esta Noche, que difícilmente los sancionados podrán reabrir sus cuentas en las instituciones financieras del país.

“El tema de los sancionados es una interpretación muy particular de los bancos, porque una ley extranjera los condiciona a no realizar ninguna transacción financiera con los sancionados. El Gobierno lo sabe muy bien, así que, si empuja eso, se desploman las transacciones financieras internacionales de la banca radicada en Nicaragua con el resto del mundo”, explicó Avendaño.

De ocurrir, los banqueros temen que se cierren las corresponsalías que los bancos tienen, esto significa que no se podrán realizar gestiones a nombre de un banco de Nicaragua, por ejemplo, que no tiene presencia en otros países del mundo.

Pero todavía no todo está dicho sobre esta Ley. Diferentes banqueros consultados por CONFIDENCIAL, dijeron que están a la espera de que esta Ley sea sancionada por Ortega, quien podría dar marcha atrás con ella, pero también de que se publiquen las normativas durante las próximas semanas, pues es con este último punto que las reformas pueden ser aplicadas.

“Si se les ocurre exigir que se le abra cuenta a un sancionado, nos quedamos fuera del sistema financiero. Ahora, la esposa de un narcotraficante puede venir al país a abrir una cuenta. Antes, el banco simplemente no lo habría permitido”, explicó el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

Bancos cerraron cuentas a familiares de sancionados

El economista Néstor Avendaño alertó que, aunque las sanciones sean aplicadas en contra de personas específicas, en muchas ocasiones los mismos bancos amplían estas hasta los familiares de los afectados.

“(Las sanciones) solo mencionan al sancionado por violación a derechos humanos o por corrupción, pero en la práctica, los bancos aplicaban esa sanción a todos los familiares del sancionado, y eso es incorrecto”, explicó Avendaño.

Este punto fue discutido en el plenario el pasado tres de febrero por el diputado Byron Jeréz, quien sentenció: “que no sea sancionado ningún miembro de la bancada del PLC porque ahí van a experimentar en carne propia lo que están votando hoy. Cuando le cierren la cuenta al sancionado y a su mujer, a sus hijos, a su suegra etc.”.

En ese aspecto, las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sí pueden llegar a afectar a los familiares de los sancionados, explicó un funcionario estadounidense a CONFIDENCIAL. Estas pueden extenderse a hijos o cónyuges para evitar que se viole la Ley Global Magnitsky, por ejemplo.

Ahora, los bancos tendrán que notificar a las personas que se les cerrará su cuenta y dar los argumentos basados en la Ley, si alguna de estas personas no está de acuerdo con la decisión, entonces podrán recurrir ante los entes reguladores, en este caso el Banco Central de Nicaragua, que pasó a ser parte de esta lista con la reforma.

 



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