17 de diciembre 2021
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Durante algo más de una década –desde que se trasladaron de la casona de dos pisos que ocupaban en el viejo centro de Managua, a una hermosa construcción de aspecto colonial en el exclusivo residencial Las Colinas– la sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), siempre bulló de actividad. Siempre. Hasta el martes 30 de noviembre.
El pasado 12 de noviembre, los trabajadores de la entidad –a la sazón, una veintena de nombres poblaba su planilla– fueron citados a una reunión en la oficina, sin que supieran de previo para qué habían sido convocados por María José Villavicencio, hasta ese momento, directora ejecutiva del Cosep.
CONFIDENCIAL supo que, durante la reunión, a los trabajadores se les presentó el panorama del Consejo Superior –sometido no solo a ataques y presiones políticas, sino también a grandes limitaciones financieras– informándoles que doce de ellos serían despedidos sin decirles quiénes.
Por las siguientes tres horas, el personal estuvo en sus escritorios, esperando ser llamados a la administración, mientras especulaban entre ellos quién sí y quién no sería despedido.
Al final, doce de los veinte supieron que les quedaban menos de tres semanas de seguridad laboral, y que podían comenzar a buscar otro empleo. Varios de ellos ya estaban en el extranjero, o haciendo planes para irse, ante el asedio al que se veían sometidos, tras la detención arbitraria del presidente del Cosep, Michael Healy, y el vicepresidente de la entidad y presidente de la Unión de Productores de Nicaragua (Upanic), Álvaro Vargas, el 21 de octubre. Un acto que también empujó a la renuncia de dos presidentes de cámaras en los días posteriores.
El resultado fue que todo el personal de las áreas de Prensa, Económica, Legal, y Administrativa fueron cerradas, y solo quedaron trabajando un auxiliar de contabilidad (el contador también fue despedido), un asistente para apoyar a la presidencia y al nuevo director, Eduardo Fonseca, más un jardinero, un conserje, y dos choferes.
Algunos trabajadores que ya habían llegado a la edad correspondiente, aprovecharon para iniciar sus trámites de jubilación, mientras que también se registró alguna renuncia inmediata. Ante las limitaciones económicas de la entidad, se les comunicó que las liquidaciones se entregarán en partes, según los acuerdos que se realicen con cada uno.
Dificultades financieras y un panorama incierto
El hermoso patio bordeado de arcos y columnas que convergen en una sencilla fuente al interior de la sede del Cosep ahora permanece casi vacío. Sin embargo, tres funcionarios –el directivo de una de sus cámaras, un expresidente de otra cámara, y un presidente en ejercicio– recuerdan, los tres desde el anonimato, cómo era esa entidad gremial en tiempos pretéritos.
“Estamos ante un panorama incierto y muy complicado”, reconoció el presidente de una cámara adscrita a la entidad, que solicitó omitir su identidad para evitar represalias como las sufridas por otros homólogos.
“Desde hace tiempo, las cámaras están presentando dificultades para cubrir sus gastos propios, incluyendo el pago de sus cuotas mensuales, lo que afectó la capacidad del Cosep para cubrir sus costos administrativos”, explicó el directivo.
“La disponibilidad de recursos está bien limitada. El Gobierno quiere ver muerto al Cosep, y por eso estuvimos seguros que, después de arrestar a Michael y a Alvaro, iban a efectuar una intervención de hecho, directa, en todos nuestros asuntos, incluyendo el financiero”, admitió.
Antes de abril de 2018, el Cosep vivió otro tiempo, manteniendo una alianza con el régimen que incluso llegó a registrarse en la Constitución Política como el “modelo de consenso”, roto ante las sangrientas consecuencias de la represión orteguista contra el estallido social de aquel mes, en el que el Cosep se unió a las demandas ciudadanas de justicia, libertad y democracia.
Precisamente, la intención oficialista de ver muerto al Cosep, a la que se refiere el directivo, tiene mucho más sentido, cuando se recuerda que “el Gobierno sabe que el Cosep financió y apoyó muchas gestiones en pro de los presos políticos, tanto en lo referente a asesoría legal, ayuda con alimentos para ellos y sus familiares; así como también en el costo de traslados, albergue, y cuido hospitalario de los heridos”, relató.
Bajo esas acusaciones, el régimen orteguista también encarcerló desde junio pasado al expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien era miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada para ser interlocutora en los intentos fallidos de diálogo con el régimen, en mayo de 2018 y marzo de 2019.
De paso, el hecho que los empresarios no tengan planes para participar en un supuesto diálogo, (y por eso el régimen recurre a Aprodesni, para fingir que tiene un interlocutor en el sector privado), solo promueve una mayor separación entre el gremio y el Gobierno, después que alguna vez se les acusó de ‘cogobernar’.
“El Cosep mantiene su distanciamiento político, porque el empresariado no tiene disposición de dejarse manipular por el Gobierno”, sentenció.
Eran empresarios -no gerentes- y todos voluntarios
Esta fuente recuerda que, en otros tiempos, “eran los mismos directores los que se hacían cargo de las tareas, porque no había personal suficiente para eso, de forma voluntaria y gratuita. Lo más que había era un director ejecutivo (cargo que ocupó por muchos años, el doctor Orestes Romero Rojas), más dos secretarias de apoyo.
“El Cosep fue siempre una organización de empresarios, no de ejecutivos de empresas, y se proponía contraponer las malas políticas de Gobierno. Nunca fue un lugar para hacer lobby gubernamental”, dijo el expresidente.
“La presidencia de Cosep era vista como una posición de servicio, por lo que jamás se permitió que el presidente tuviera sueldo, al punto que eso era visto como corrupción. Es cierto que no siempre había dinero para pagar un buen staff, pero siempre se mantenía la distancia con el Gobierno de turno”, insistió.
Aunque el Cosep está mermado en términos del personal que necesita para operar, “en realidad, lo que se requiere es la disposición de sus directivos; el hecho que tengamos mermadas muchas circunstancias, no significa que no podamos funcionar, o dejar de hacer las cosas”, dijo el directivo.
“En los años 80 también hubo encarcelamiento y persecución de directivos de Cosep, en algún momento después que se emitió una carta cuestionando el manejo de la situación del país. Lo notable es que Ortega era el presidente en ambos períodos. Aún así, el Cosep siguió adelante, pese a todas las limitaciones, y saldremos adelante, a pesar de estos ataques”, prometió.
