Empresarios: “ruido” en elecciones

El sector privado nicaragüense rechaza la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que arrebata la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI), a Eduardo Montealegre, y la entrega a Pedro Reyes Vallejos.

La consideración es que, al fallar en ese sentido, la Corte abrió una serie de interrogantes sobre lo actuado a lo largo de los últimos seis años por el Consejo Supremo Electoral (CSE), y la Asamblea Nacional, pero más importante aún, sobre las posibles consecuencias en este año de elecciones.

Confidencial habló con empresarios, abogados, hombres de negocios, líderes gremiales y administradores de empresas, quienes critican el fallo por “extemporáneo”, “innecesario” y hasta “contraproducente para el mismo Frente Sandinista”.

Roberto Sansón, Presidente de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AmCham), se mostró “totalmente en desacuerdo”, con la sentencia. “Me parece que estamos metiendo un gran ‘ruido’ en el proceso electoral, que crea incertidumbre y zozobra en el país, lo cual nunca es recomendable, ni aconsejable ni aceptable”, en especial, mientras el país está en periodo de elecciones.

Sansón observa que “estamos volviendo a ver prácticas que creíamos que ya habían sido superadas. Esto es totalmente innecesario, porque manda un mal mensaje, salen malas noticias a nivel internacional, y repercute en nuestra imagen internacional como país”.

Michael Healy, Presidente de la Unión de Productores Agrícolas de Nicaragua, (Upanic), opina que “es un atropello a la democracia. Como empresa privada, ya emitimos un comunicado a través del Consejo Superior de la Empresa Privada, (Cosep), en el que señalamos que esto no abona al ambiente para que los inversionistas vengan a Nicaragua”, explicó.

Mario Amador, Vicepresidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), considera que la decisión tomada es “un error garrafal. Una acción innecesaria en el momento en que estamos. Si lo hubieran hecho hace un año no pasaba nada, pero ahora viene a dejar al FSLN sin oposición, y cierra las válvulas de escape que tiene la población”.

Al insistir que este hecho político jurídico es “totalmente innecesario”, externa su opinión de que “deberían castigar al que lo propuso, porque perjudica al FSLN, al restarle legitimidad. Ortega se va a elegir sin oposición, y eso no le conviene a nadie: ni al Frente Sandinista, ni al país”.

Rodrigo Pereira, empresario del sector de la construcción, admite que no conoce los detalles y los considerandos de la sentencia de la Sala Constitucional. Sin embargo, está claro que el fallo “no es correcto”. Por la forma en que se hizo. Por el momento en que se comunicó.

Nicaragua pierde, una vez más

La observación de los hombres de negocios es que es Nicaragua quien pierde, más de lo que pudiera perder el PLI, Eduardo Montealegre, o el liderazgo y los candidatos de ese partido.

Healy, de Upanic, opina que “pierde Nicaragua y pierde la democracia”, porque “un país sin oposición no es atractivo para los inversionistas. Debe existir un balance, y esto es un atropello a ese balance”.

El productor recordó que el PLI acudió a las elecciones generales de 2011 y municipales de 2012, con Eduardo Montealegre como representante legal. “En ese tiempo, Montealegre se inscribió, el CSE lo aceptó, se imprimieron boletas, se hicieron votaciones, el CSE lo legitimó. ¿Cómo quedan esas dos elecciones? ¿Dirán que no son válidas?”, cuestionó.

Healy observa que “están cerrando todos los espacios políticos a una oposición que estaba aglutinando a todos los sectores. Es un atropello al engranaje del sistema electoral nicaragüense”.

El abogado Yalí Molina, ex Presidente de AmCham y actual Vicepresidente de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y El Caribe (Aaccla), opina que “quien pierde es el Frente Sandinista, pierde legitimidad”, porque “está yendo en contra de la Ley Electoral, que dice que debe haber observación, y por la ‘invasión’ de la CSJ sobre el CSE”.

El letrado recuerda que “lo que más favorece a un partido político es ejercer el poder de forma legítima, a través de un sufragio transparente, libre y debidamente observado, y eso sería de gran conveniencia para Nicaragua y los nicaragüenses”.

Para el también abogado y además político de origen conservador, Noel Vidaurre, “quien pierde es Nicaragua”, en parte, porque “se acorta el tiempo para que el país pueda ir a unas elecciones en paz y armonía”.

De paso, porque “también causa inestabilidad al proceso electoral, y al hacerlo, le genera inestabilidad al estado de derecho –más de la que ya hay- lo que obligará a los inversionistas nacionales y extranjeros a reflexionar si existe el clima adecuado para invertir, pues queda claro que aquí hay un solo mando, un solo poder, que es el de Ortega”.

Para Sansón, presidente de AmCham, “perdemos todos. Pierde Nicaragua porque se tiene que hacer un trabajo más fuerte para demostrar que el país viene avanzando y progresando, y al final, no es solo el progreso económico, sino también el progreso institucional y democrático el que buscan los inversionistas”.

El líder gremial mencionó que “AmCham siempre ha dicho que este debe ser un proceso justo para todas las partes, en el que los que participen se sientan satisfechos porque tienen igualdad de oportunidades, y que al final pueda ser –así como hemos venido trabajando los temas económicos- un proceso en el que sientan que se cumplió la misión, gane quien gane”.

No habrá ‘divorcio’

Los entrevistados también coinciden en que el estatus quo se mantendrá invariable, a pesar de las declaraciones, los reclamos, las advertencias, los comunicados y las comparecencias ante los medios de comunicación independientes.

Amador, el Vicepresidente de Cadin, descarta la idea de una ruptura con el gobierno, porque “hemos visto a José Adán [Aguerri, Presidente del Cosep] y a AmCham protestar por diferentes cosas. No tiene por qué ser un divorcio. El Cosep es un ‘animal’ empresarial, no un ‘animal’ político, y lo que defiende son intereses económicos. No estamos en contra ni a favor de que le den la personalidad a uno o a otro, pero sí en contra de que se haga en este momento”, detalló.

En la misma línea, Healy, de Upanic, dice que no sabe qué dirección tomarán las cosas, pero advierte que “el sector privado está preocupado por la decisión de la CSJ, porque crea inestabilidad para atraer inversión extranjera. Como empresarios privados, estamos trabajando para traer más inversión para que se generen más empleos y mejores salarios, pero sentencias como esta debilitan la democracia, y eso sí importa a los inversionistas”.

Juan Álvaro Munguía, representante de Upanic en el Cosep, recuerda que Aguerri “ha sido claro en mantener una actitud constante como sector privado, reclamando que haya oportunidades políticas para todos, observación electoral como dice la Ley. Esa ha sido una actitud constante, no es desde ayer”, por lo que “no debería generar una ruptura, porque cada quien tiene derecho de opinar”.

El ex candidato presidencial, Vidaurre, apuntala esa idea al decir que “no creo que el sector privado comience a distanciarse del gobierno por esa razón; creo que van a tratar de mantener la relación con el gobierno, como hasta ahora”.

Roberto Sansón tampoco se apunta a la versión del distanciamiento. Ni siquiera un poco, porque “lo que se trabajan son agendas económicas. Puede ser que no guste lo que estamos diciendo, pero al final, la relación tiene que estar basada en el respeto, más que en el gusto. No es una relación de decir ‘sí’ o ‘no’ a las cosas, sino de señalar lo que cada sector y cada parte consideran que es correcto o no. Nosotros seguiremos trabajando por el bien del país, buscando cómo atraer inversión”, prometió.

Pereira, el constructor, señala que “no veo un divorcio, pero hay que pensar en el futuro de Nicaragua y en que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos de forma libre y espontánea”.

En una entrevista con Esta Semana, el excandidato presidencial Eduardo Montealegre, habló de las repercusiones que cree podrían tener las dos decisiones políticas que han agrietado el camino a la carrera electoral: la ausencia de observadores electorales en los comicios de noviembre y la oposición sin casilla, ni bandera para correr en ellos.

Según Montealegre, en el ámbito internacional hay preocupación por la situación de Nicaragua. “Yo he hablado con varios embajadores, representantes de organismos internacionales y todos se preguntan por qué, cuál era la necesidad”. Temen, dijo, que “esto puede conllevar tal vez a mediano plazo a algo mucho más serio”. Próximamente, aseguró, se podrían tocar estos temas en reuniones como la de la Organización de Estados Americanas, OEA, que se realizará en República Dominicana.

En cuanto a la esfera empresarial, Montealegre señaló que a “algunos empresario les preocupa, pero no van a salir diciendo nada porque saben con quién se están enfrentando”.

Sobre el matrimonio que el sector privado mantiene con el Gobierno del comandante Daniel Ortega, el excandidato presidencial afirmó que estos dos hechos “obviamente tienen repercusión” en esa unión de fuerzas, pero que por ahora la relación está “en el congelador” mientras se “están analizando” los sucesos.

“Saben que hoy fue esta situación, que antes fue Milton Arcia, antes fue alguien más y algunos se deben estar pensando, cuándo me va a pasar a mí lo que le pasó en la parte política a Eduardo Montealegre, que por segunda vez le quitan un partido, nunca hicimos nada, y después cuándo me va a pasar a mí lo que le pasó a Milton Arcia o  lo que le ha pasado a muchos otros”, aseveró Montealegre.

Extemporánea, política, e inaplicable

El abogado Yalí Molina recuerda que según el artículo 173, inciso 13 de la Constitución política del país, el Consejo Supremo Electoral es el facultado para resolver cualquier diferencia que exista entre miembros de un partido político, por lo que “la Corte Suprema carece de jurisdicción en este caso”.

“Ese artículo establece las facultades del Consejo, que es vigilar y resolver los conflictos entre representantes de los partidos políticos. Es una facultad total del Consejo, no de la Corte, que está invadiendo las funciones de otro poder del Estado, por lo que carece de toda legalidad”, insistió.

Dado el conflicto de poderes, Molina admite la posibilidad de acudir ante la Corte Centroamericana de Justicia para dirimir el caso, pero admite que para cuando el tribunal regional emita una sentencia “ya sería muy tarde”.

Para el abogado Noel Vidaurre, esa resolución “debió haberse hecho hace dos años, no justo en un proceso electoral, a  pocos meses de ir a votar. Es una decisión política que tiene efectos jurídicos en la presentación legal de un partido de oposición como es el PLI”, valoró.

A su juicio, “esto suspende el proceso electoral desde luego que ordena a una de las facciones del PLI, que no tenía la representación legal, que cumpla de golpe y porrazo las ternas del tendido electoral a nivel nacional, y por eso, la Corte le pide al Consejo que retrase el proceso electoral, con lo cual hay menos tiempo para hacer campaña, mientras el Frente Sandinista cuenta con todos los poderes y los recursos del Estado”, graficó.

Su colega, Juan Álvaro Munguía, opina que la sentencia de la Sala Constitucional “no está apegada a la Ley. Si el CSE había reconocido a Montealegre, si el PLI tiene diputados electos, lo lógico hubiera sido que le mantuvieran la representación a Montealegre. La lógica me hace pensar en ese sentido”.

Munguía cree que la razón de fondo para golpear al PLI de esa forma y en este momento, es porque “el PLI es el que tiene más oportunidades, por la posición que logró en 2011, y puede tener mayor beligerancia en estas elecciones. Esto cierra las puertas al partido más importante de oposición; crea incertidumbre en el país, y ataca la estabilidad económica que se ha ido construyendo gracias al sector privado”, declaró.

Anagilmara Vílchez colaboró en la elaboración de este reporte.