21 de diciembre 2016
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En la propuesta del Consejo Superio de la Empresa Privada (Cosep) sep de emprender más de cincuenta acciones económicas, en torno a la relación público-privado, para mejorar la competividad de la economia en los próximos tres años hay dos ausencias notorias: la agenda 2020 no dice nada de las exoneraciones fiscales ni de la crisis financiera de la seguridad social, dos problemas que afectan las finanzas públicas y han sido advertidos reiteradamente por el Fondo Monetario Internacional.
Las exoneraciones le cuestan al pais más de US$600 millones al año, y aunque la Ley de Concertación Tributaria establecía plazos para desmontarlo, eso no ocurrió en 2016, y según el presidente del Cosep José Adàn Aguerri tampoco ocurrirá en 2017.
“Siendo pragmáticos, uno no discute exoneraciones ni subsidios en un año electoral (municipal). Yo diría que este tipo de discusión será hasta el año 2018. Desde inicios de 2016 dijimos que lo hablaríamos hasta 2018”, dijo Aguerri, al ser entrevistado para el programa ‘Esta Semana’, que se transmite por canal 12.
La Ley 822, o Ley de Concertación Tributaria (LCT), fue aprobada en diciembre de 2012, y reformada dos años después, “en aras de mantener la estabilidad macroeconómica que permitan al país continuar en la senda del crecimiento con sostenibilidad fiscal”, según las consideraciones del proyecto de Ley presentado por Daniel Ortega.
Aguerri justificó la permanencia y extensión del sistema de exenciones y exoneraciones, cuestionadas por el FMI, alegando que este es un método para compensar la falta de infraestructura que sufre el país.
“El crédito tributario viene desde hace muchos años, desde hace varios gobiernos, y se creó para que permitiera compensar la falta de infraestructura que padece el país”, justificó.
“Este es un tema que se mide de acuerdo a resultados. Si me decis que el país no se ha beneficiado de tener exoneraciones y exenciones, estaría abierto a discutirlo, pero las exoneraciones y exenciones tienen resultados concretos: pasamos de exportar US$600 millones a exportar US$2,500 millones” en productos agrícolas, aseguró.
Al preguntársele por qué no se presenta el detalle de las empresas exoneradas, como manda la Ley, el líder gremial explicó que la reforma tributaria no fue pensada ni aprobada para beneficiar a una empresa, detallando que el crédito tributario que se ofrece al sector cafetalero, al azucarero, o al cárnico, beneficia en realidad a los productores.
“Hablar de esto sin estudiarlo, es politizar el tema. Nosotros somos responsables. Cuando se negoció la reforma tributaria nosotros acordamos que estábamos en la disposición de revisar todo el proceso de exoneraciones y exenciones, [de modo] que no fueran finitas, y que a futuro fueran contra resultados, y eso es lo que se tiene que ir a discusión”, añadió
Tres diálogos
Al presentar la Agenda Cosep 2020, el miércoles pasado, el presidente de ese organismo gremial dijo que el país necesita tres diálogos. El primero, que es de tipo económico, lleva ya tres años, y les ha permitido aprobar 112 leyes “por consenso”, incluyendo los acuerdos salariales y garantizar la presencia del sector privado en diferentes entes del Estado.
Los otros dos diálogos son tareas pendientes, en especial, el diálogo político, que está en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y “tendrá una primera expresión el 15 de enero. Digo ‘primera expresión’, porque no creemos que ese día se vaya a firmar algo concreto con resultados finales. En Cosep creemos que será el inicio de un proceso a desarrollarse en el año 2017 con la OEA, que debería llevar a un diálogo en el que participen las fuerzas políticas del país, inclusive las que fueron dejadas por fuera del último proceso electoral”, aseguró.
En el tema de la educación, explicó que existe un cierto nivel de diálogo, circunscrito a la educación superior, logrando que las 56 universidades del país se sienten a conversar con el sector privado.
El dirigente recalcó el hecho que, aunque en ese foro no está el gobierno, están avanzando, “y esto muestra que se pueden hacer cosas al margen del gobierno”.
A modo de ejemplo, dijo que “recientemente, por primera vez en la historia, acordamos un salario mínimo para el sector construcción, donde no estuvo el gobierno presente, pero sí las organizaciones sindicales –tanto las afines como las que no son afines al gobierno- más nuestras organizaciones empresariales, y logramos resultados”, celebró.
Aguerri también reconoció que “hay una cantidad enorme de problemas dentro del sistema educativo”, entre ellos el de la calidad de maestros, la retención escolar, o la integración de todos los niveles de educación.
“El sector privado puede incidir… y nos enfocamos en las áreas donde sí podemos hacer algo. Estamos buscando respuestas, tanto para los colaboradores de nuestras empresas, como para los jóvenes que están en las universidades. A ellos queremos decir qué es lo que necesitamos, y a los que no tienen el privilegio de estar en la universidad, decirles que tenemos que trabajar en otro esquema que les permita entrar al mundo de la educación técnica”.
Metas para los primeros 100 días
El presidente del Cosep dijo que el sector privado tiene metas definidas sobre lo que debe hacer la administración Ortega durante sus primeros cien días de su tercer periodo de gobierno, que comenzará formalmente el diez de enero de 2017, especialmente en el eje de ‘Gestión Pública y Facilitación’, tal como lo definen en su Agenda Cosep 2020.
Aguerri explicó que “durante las últimas cuatro semanas o más” han estado reuniéndose “mañana y tarde, entidad por entidad, y nos estamos planteando en los primeros cien días, cumplir uno a uno con una serie de acuerdos que han sido firmados, para que se hagan realidad en esos primeros 100 días”.
Esos acuerdos también afectan la administración del puerto de Corinto, incluyendo las entidades que están presentes en ese lugar, tales como la Aduana, la Administración Portuaria, la Policía y Migración.
En el tema de la infraestructura, el presidente del Cosep aboga porque el país tenga finalmente un puerto en el Caribe, y admite que megaproyectos gubernamentales como el canal interoceánico, la refinería y la represa hidroeléctrica Tumarín, no están en la agenda del sector privado.
“Estamos planteando la necesidad de tener un puerto en el Caribe. Si queremos ser competitivos, tenemos que crear las posibilidades para ello. El país pasó de exportar US$1000 millones a US$5000 millones, pero esta gran cantidad de exportaciones se van por Puerto Limón (Costa Rica) y por Puerto Cortés (Honduras)”.
Mientras ello sucede, el sector privado puso en agenda la necesidad de modernizar los pasos fronterizos terrestres “para que, en nuestro caso, que tenemos que trasladar nuestra mercadería a través de pasos fronterizos, no perdamos tantos días como sucede hoy. Un puerto en el Caribe nos evitaría pasar a través de fronteras, y tener que llegar a puertos que no son nuestros”, donde no siempre se obtiene el mejor trato.
Lo que estamos diciendo es que hay que tener un puerto en el Caribe. “Por el tamaño de nuestra economía no podemos pensar que será enorme, pero podemos empezar gradualmente, pensando en que permita dinamizar la actividad económica alrededor de esa instalación”, explicó.
Aguerri detalló que en la costa Caribe “hay proyectos de palma africana en cantidades importantes –no las enormes cantidades que se pueden ver en Honduras- pero sí tenemos entre 30,000 y 40,000 hectáreas. También hay 2,000 manzanas de café Robusta, que permitirá buscar más producción de ese tipo café. Tenemos cacao, y todo esto da impulso a la costa Caribe, que debería apuntalarse con este puerto”.
Una promesa de transparencia
A mediados de año, Orlando Castillo Guerrero fue destituido por la presidencia de la dirección de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), le impusieron retención migratoria, y le intervinieron propiedades particulares y empresas, en una investigación, al margen de los órganos estatales, por enriquecimiento ilícito.
Aunque el sector privado tiene representación en la Comisión de Aeropuertos, Aguerri asegura que no saben nada. “En el aeropuerto, hasta el día de hoy, no ha habido nunca un planteamiento alrededor de lo que pasó ahí”, explicó.
“Estamos desde hace dos años en la Comisión de Aeropuertos, donde hemos venido cambiando la realidad operativa del aeropuerto. Eso nos permitió -también desde el sector privado- proponer la creación de la Comisión de Pasos Terrestres, que está en proceso. De hecho, en Peñas Blancas ya hay una empresa del sector privado que ganó una licitación para modernizar ese puesto fronterizo”, añadió Aguerri.
El presidente del Cosep dijo que “vamos a entrar en una nueva dinámica en la que esa junta directiva tiene la responsabilidad de asegurar que el aeropuerto funcione de manera rentable. Quizás para entonces tengamos que conocer ese caso. Hasta el momento, no conocemos de esta situación en particular, pero no dudo que a partir de la instalación de esta nueva junta directiva se revisen estos temas”, porque tenemos un compromiso con la transparencia, concluyó.
