15 de junio 2022
AA
El economista y banquero Luis Rivas Anduray, que al momento de su detención era el presidente ejecutivo del Banpro, Grupo Promerica, cumple este 15 de junio un año de haber sido secuestrado por la Policía y llevado al Complejo Policial Evaristo Vásquez, (llamado también El Chipote), en cumplimiento de órdenes emitidas por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Su captura -ocurrida de forma inesperada a las diez de la noche- sorprendió a muchos porque el banquero no formaba parte de ninguna de las agrupaciones opositoras que fueron reprimidas por el régimen para eliminar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre de 2021.
Rivas fue imputado por, supuestamente, haber violentado la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, por ser parte de un grupo de WhatsApp en el que se discutía la necesidad de efectuar una reforma electoral en el país.
El investigador del Diálogo Interamericano, politólogo Manuel Orozco, rechazó las imputaciones de delitos contra el Estado de Nicaragua, al asegurar que “la causa es totalmente política. No hay una base jurídica o legal en las acusaciones, porque una conversación sobre reforma electoral no es vinculante con la amenaza contra el Estado”, dijo Orozco en una entrevista en el programa Esta Semana.
Orozco considera que la detención de Rivas “desafía la lógica dentro del contexto político porque es un ciudadano que no ha estado involucrado directamente en la política del país, en financiamiento de partidos o en participación política, ni es candidato”.
Al momento de ser capturado, Rivas Anduray se desempeñaba como miembro de la Junta Directiva del Banpro, y CEO regional del Grupo Promerica, entidad financiera que tiene presencia en nueve países de América Latina y el Caribe: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, República Dominicana e Islas Caimán.
Según Orozco, la razón para enviar al banquero a la cárcel, es porque “tiene vínculo directo con el gran capital, con Ramiro Ortiz, con Carlos Pellas, entre otras personas y eso constituye una ficha de extorsión económica y política de parte de Rosario Murillo, en particular, que ha sido la interlocutora entre el régimen y el gran capital hasta abril de 2018. Su encarcelamiento ocupa un lugar dentro de la esfera de la destrucción económica y política del país”.
Luis Rivas en régimen de aislamiento
Aunque la familia del economista ha evitado pronunciarse de forma pública sobre la prisión de Rivas Anduray, declaraciones de los familiares de otros presos políticos permiten conocer las condiciones de privación en que se encuentran, con visitas cada 45 días, restricciones alimenticias, y aislamiento, en el que se les prohíbe hablar con el compañero de celda.
Otras de las crueldades que han denunciado los parientes de los reos de conciencia, es el bloqueo de los alimentos o medicinas que se les hace llegar; camas duras sin colchones, almohadas, o sábanas para atenuar el frío; visitas que solo se permiten cuando el régimen desea otorgarlas, y hasta la prohibición de permitirles llamadas telefónicas, o cualquier tipo de lectura, la Biblia incluida.
La esposa de Rivas, Haydée Lacayo Rodríguez, suscribió recientemente un pronunciamiento con otros familiares de reos de conciencia en el que piden la liberación de todos los presos políticos e incluso, a plantear algún tipo de diálogo con Ortega, apelando a la Iglesia y a las fuerzas vivas de la nación para promover un encuentro constructivo.
El Banpro, por su parte, emitió un comunicado al día siguiente de la captura del banquero, en el que se limitó a señalar que “estamos seguros de la calidad moral del Dr. Rivas y confiamos que se podrá esclarecer su situación”, además de asegurar que la entidad “como institución responsable, ratifica su apego a las leyes vigentes en nuestro país”
Un líder gremial consultado para redactar esta nota, se limitó a responder “no hago comentarios”.
En febrero pasado, Rivas Anduray también fue sometido a un simulacro de juicio, en el que el juez orteguista Jeancarlos Fernández lo encontró culpable de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”, usando la "Ley de Soberanía", y por el delito de “posesión ilegal de armas de fuego”, por los que la Fiscalía del régimen de Daniel Ortega pidió que se le condenara a trece años de cárcel.
La situación de los presos políticos ha repercutido de tal manera entre algunas naciones y líderes de la comunidad internacional, que en la Cumbre de las Américas se abogó por su liberación; el Gobierno de Estados Unidos retiró las visas a 93 funcionarios que son cómplices del orteguismo, incluyendo jueces y fiscales; y el Parlamento Europeo votó por amplia mayoría, pidiendo a la Unión Europea que sancione a 17 jueces y magistrados.
