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Empleo estatal bajará con crisis del presupuesto

Gobierno emitirá C$9,035.6 millones en bonos, y expertos preguntan ¿quién los comprará?, o más importante aún: ¿quién los pagará?

Economistas advierten: van a devaluar el córdoba más a menudo; Gobierno intenta resolver crisis política con medidas económicas. Lea: Banco Central genera incertidumbre sobre devaluación del córdoba

12 de agosto 2018

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La propuesta de reforma presupuestaria enviada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, denota “crisis y desesperación”, según el economista Róger Arteaga, o simplemente, una forma de “estar preparado” ante la misión técnica del FMI que llega el 28 agosto, en opinión de su colega Néstor Avendaño.

Más allá de las opiniones de los expertos, los números (9.2% de déficit recaudatorio; caída de 3.9 puntos porcentuales del PIB, y emisión de nueva deuda por más de 9,000 millones de córdobas), muestran un Estado con un problema serio de financiamiento, lo que, previsiblemente, tendrá serias consecuencias en materia de empleo, crecimiento y prestación de servicios sociales.


“El Gobierno está recurriendo al último recurso, porque el Presupuesto se ‘alimenta’ de impuestos, desembolsos de préstamos, donaciones y reservas, y los impuestos están cayendo, porque la economía está colapsada, pero también porque la gente está en estado de desobediencia civil, que se manifiesta en que no está pagando tributos”, dijo Arteaga.

El segundo elemento –los desembolsos de préstamos- también están afectados. “El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial (BM), tienen al Gobierno en observación. Ellos decidieron no hacer nada, y esperar a ver cuál es el desenlace de esto. Mirá que a Iván Acosta (ministro de Hacienda) lo devolvieron con las manos vacías”, refirió el que fuera director general de Ingresos.

Los 21 países que votaron en la Organización de Estados Americanos (OEA), en contra de lo que está haciendo Ortega, son los mismos que conforman el directorio del BID, el del BM, y el del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y si lo están sancionando en la OEA, lo harán en esos directorios, a lo que se suma la amenaza de que aprueben la NICA Act, y que sancionen a más adeptos al régimen, aplicándoles la Global Magnistky”, consideró.

En el apartado de las donaciones, Arteaga recuerda que europeos como Holanda y Luxemburgo suspendieron o congelaron su cooperación, igual que lo hizo Japón, que retiró los recursos que había comprometido para invertir en escuelas de Jinotega, además que retiró del país al personal de la agencia japonesa de cooperación internacional (JICA), así como a los voluntarios que cooperaban con distintos proyectos.

Finalmente, hizo notar que las reservas del país “vienen en picada”. Se han usado “más de 400 millones de dólares para pagar la importaciones de bienes y servicios que se necesitan para la producción; y para pagar los salarios de personal médico, policías, maestros y paramilitares, que no matan de gratis”.

El resultado de todas esas reducciones, es otra reducción. Néstor Avendaño, presidente de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (Copades), opina que el cálculo de la caída de 9.2% en los ingresos tributarios del gobierno “es bastante objetiva. La pérdida de valor agregado se aproxima a 1,280 millones de dólares en 2018, así que la reducción de 7,600 millones de córdobas va en línea con nuestro cálculo”.

“Esa caída de impuestos, se debe exclusivamente a la caída del PIB que estimamos en ocho puntos porcentuales”, al pasar del 4.5% del año pasado, al -3.5% que pronostican para el presente año.

El impacto en el INSS

La asignación de casi 5,000 millones de córdobas para oxigenar las exhaustas arcas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), no resuelve el problema, porque “cualquier suma que le des al Instituto se la devora. Su problema es administrativo, de malas inversiones, y alto gasto en salarios para mucha gente que está ahí por lealtad partidaria”, opina Arteaga.

Después de señalar que “ningún seguro social ha quebrado en el mundo”, Avendaño explica que la partida asignada al INSS “servirá parcialmente para superar su déficit de este año, pero toda política económica tiene su límite: se resuelve un problema, pero genera una explosiva deuda pública”, por lo que no duda en asegurar que “las reformas del INSS son necesarias”.

Bonos y endeudamiento

Para financiar el déficit, el Gobierno decidió emitir un poco más de 9,000 millones de córdobas en bonos de la República, lo que eleva la deuda pública interna. “Eso está acompañado de una expansión neta del crédito del Banco Central al Gobierno por casi 2,100 millones de córdobas, lo que significa que los depósitos del Sector Público No Financiero en el BCN, disminuirán en ese monto”, aclaró Avendaño.

“Con esto, el endeudamiento público total superará el 50% del PIB, lo que se considera muy alto para los estándares internacionales, y si ya es muy peligroso en cualquier circunstancia, lo es más para un país inmerso en una crisis política”, analizó el especialista.

“Solo el hecho de ir al mercado a tratar de vender bonos, es señal de que se les cayeron las fuentes de ingreso, y muestra que el país está mal. Implica hipotecar el futuro, porque eso no es regalo. Es deuda. Están diciendo: prestame. Dame fiado”, explicó Arteaga.

El ex titular de la DGI se preguntó quién va a pagar esa deuda: “¿Este gobierno, o el que venga después? Están endeudando al Estado porque ellos ya van de salida, así que le están dejando el problema para que lo resuelva el que los reemplace”, opinó.

A su juicio, se debería emitir una declaración indicando que el nuevo gobierno no reconocerá las deudas adquiridas por el Estado después del 18 de abril.

Al considerar quién adquirirá esa deuda, Arteaga opina que “es difícil que la compren los bancos (aunque los presionen), porque están en su límite de liquidez, además que están usando el sobreencaje, así que no hay disponibilidad de recursos para comprar bonos. Comprarlos –o no comprarlos- podría tomarse como una definición patriótica”, externó.

Reducción del gasto y recorte de personal

Ante tamaña brecha fiscal, la administración de Daniel Ortega decidió recortar el gasto en 5,912.5 millones de córdobas, de lo que el 30.3% es gasto corriente, o sea, el que se usa para pagar salarios, gastos de oficina, combustible, y pago de servicios básicos como agua, luz, telefonía, Internet, etc.

A juicio de Róger Arteaga, esa reducción –que equivale a 1,792.8 millones de córdobas- implica que se tendrá que mandar a una parte del personal a la calle, porque no habrá dinero para seguir cubriendo la planilla del Estado.

“¿A quién creés que van a despedir: al empleado público, al policía o al paramilitar? Es cuestión de prioridades, y la de este gobierno es protegerse, defenderse, no dar servicios. No les importa que no haya enfermeras, ni personal para atender en una oficina pública, pero no van a dejar de pagarle a la Policía, porque les pueden dejar las armas botadas e irse a sus casas”, aseveró.

Para Avendaño, la decisión de cortar más gasto de capital (el que se invierte en mejoras), que gasto corriente, se hizo para minimizar el costo político de generar desempleo, mientras se corta el gasto de capital por atrasos en los proyectos que estaban en licitación o en formulación o atrasados en su ejecución.

La visita del FMI

La llegada de una misión técnica del FMI el próximo 28 agosto, servirá para evaluar el desempeño económico del país en 2017, y para actualizar las proyecciones del organismo para 2018, además de evaluar el nivel de cumplimiento de algunas reformas estructurales que se ‘aconsejaron’ en el pasado, pues el FMI ya no tiene capacidad para condicionar al Gobierno, en vista que desde hace años que ya no hay programa económico suscrito.

“Esas reformas, que son más importantes que revisar las proyecciones económicas, se concentran en el sector público: eliminar las exenciones y exoneraciones al IVA; revisar qué pasó con los precios de transferencia; enfocar los subsidios (electricidad, agua, transporte colectivo en Managua y Ciudad Sandino), exclusivamente entre los pobres, y analizar el tema del INSS”, detalló el economista Néstor Avendaño, presidente de Copades.

Por primera vez, también se estudiará el tema de la inclusión financiera, en lo que Nicaragua marcha a la zaga en Centroamérica, “dados los altos niveles de pobreza que hay en el país”, concluyó.


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Iván Olivares

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Durante más de veinte años se ha desempeñado en CONFIDENCIAL como periodista de Economía. Antes trabajó en el semanario La Crónica, el diario La Prensa y El Nuevo Diario. Además, ha publicado en el Diario de Hoy, de El Salvador. Ha ganado en dos ocasiones el Premio a la Excelencia en Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en Nicaragua.

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