25 de enero 2022
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A finales del primer semestre de 2021, ‘Raphael’, gerente de una empresa que importa productos alimenticios, y los distribuye en Nicaragua, recibió una notificación de la Dirección General de Ingresos (DGI), en la que le informaban que habían ordenado hacer una auditoría a su empresa.
Poco después, mientras buscaban cómo resolver ese escollo técnico, la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), le comunicó que el monto que estaban reportando en concepto de flete por la mercadería importada era muy bajo, y detuvo el desaduanaje para revisar todo el proceso.
Cuatro meses después, mientras los alimentos importados se acercaban a su fecha de caducidad, y la época navideña de compras se veía cada vez más cerca en el horizonte, la empresa para la que trabaja ‘Raphael’, se vio obligada a pagar aproximadamente 300 000 dólares para recuperar su mercadería, y comenzar a distribuirla apenas a tiempo para surtir los estantes de sus clientes.
‘Raphael’ no parece tan apesarado por haber tenido que desembolsar casi un tercio de millón de dólares para pagarlo a sus extorsionadores. Por el contrario, tenía tres razones para sentirse relativamente tranquilo.
La primera es porque pudieron sacar y vender su mercadería a tiempo. La segunda, porque el sobreprecio real que tuvo que pagar, se acerca a los 80 000 dólares. La tercera, porque le pedían casi 600 000 dólares para ‘resolver’ el problema, así que pudo ‘ahorrarse’ más de la mitad.
Al preguntarse a quién le quedó el dinero, ‘Raphael’ piensa que la respuesta es variada. El monto pagado a la DGA, después de lograr un arreglo con ellos como agencia oficial, “le quedó al Estado, pero el ‘sobreprecio’, le quedó a algunas personas… funcionarios de nivel medio, y medio alto, a los que no conozco”, asegura en tono previsor.
Su historia no es para nada excepcional. CONFIDENCIAL habló con una decena de fuentes, entre importadores y exportadores, gestores, empresarios aduaneros, antiguos líderes gremiales y expertos en el tema, quienes describen un sistema que premia a los aliados del régimen de Daniel Ortega y castiga a los ajenos, a la vez que eleva fraudulentamente los montos que puede recaudar el Estado, y las coimas que pueden embolsarse los empleados.
Las fuentes con más experiencia en el tema aduanero, que han visto cómo el sistema se degradaba de manera firme, pero paulatina a partir de 2007, y luego, cómo se aceleró ese proceso a partir de 2018, señalan a dos personas como los cabecillas del esquema irregular que se ha enquistado en las aduanas de Nicaragua: el director de la Aduana Managua, y su mano derecha.
En la Aduana de Managua manda Óscar Moncada Lau, el hermano del asesor de seguridad de la pareja presidencial, sancionado por Estados Unidos, Néstor Moncada Lau, quien a su vez controla la Dirección General de Ingresos, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación.
“El que manda en la Aduana Managua es Óscar, el hermano de Néstor Moncada Lau –asesor de seguridad de la pareja presidencial, que también controla la Dirección General de Ingresos, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación– que dirige esa dependencia como si fuera un ente independiente, porque se sabe respaldado por su hermano”, relata ‘Arturo’, un abogado que ha visto la manera en que la administración ha ido pervirtiendo el sistema.
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El segundo de Óscar Moncada Lau es Carlos Baltodano, un profesional aduanero con mucha experiencia y conocimiento de la especialidad, que se desempeñó antes en la Dirección Técnica de la Aduana Central, y luego en Valoración, pero “ahora impone valores, cambia procedimientos, se aleja de los principios legales y de la clasificación arancelaria, para recaudar más impuestos”, señala ‘Arturo’.
“Su respuesta clásica es ‘aquí se hace de esta manera. Andá quéjate donde querrás, porque así se va a hacer’. Sin embargo, cuando se trata de las importaciones de los ‘amigos’ eso es intocable. Ahí no hay dudas de valor, y las entregas son inmediatas. Hacen su declaración, y su mercadería sale en una hora, como ustedes lo demostraron cuando denunciaron el esquema ilícito que funciona en el Mercado Oriental”, recordó el experto.
TATA: un tribunal parcial
Según la ley vigente, las quejas, reclamos, recursos, apelaciones y demás pueden resolverse en las instancias superiores de la administración aduanera de Nicaragua, y luego, en el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), del que hasta hace unos años se podía esperar que actuara conforme a derecho, dicen las fuentes.
Por definición, el TATA es un ente autónomo y especializado; independiente del servicio aduanero y de la administración tributaria. Está facultado para conocer y resolver en última instancia en la vía administrativa, todos los casos en materia aduanera y tributaria. Sus resoluciones agotan la vía administrativa, aunque son recurribles por medio de recursos de amparo, o de lo contencioso administrativo.
En la práctica, desde hace algunos años, “tanto el TATA como la administración aduanera, actúan por voracidad recaudatoria. Parece que tienen orientación para fallar a favor del reclamante cuando los montos no excedan los 5000 dólares, pero a partir de esa cantidad, es imposible ganarles un caso”, refiere ‘Arturo’.
Ciudadanos esperan para hacer trámites de importaciones y exportaciones en Aduana. // Foto: Confidencial
‘Gerardo’, un ejecutivo de alto nivel de una empresa aduanera, asegura que “la Aduana usa diferentes figuras para cobrar más. Si el valor declarado es de 20 000 dólares, ellos dicen que en su banco de datos aparece que es de 30 000 dólares, y sobre esa base calculan los impuestos”.
Su percepción es que esto se agudizó en 2018, porque a partir de ese año, es más frecuente que a un importador le apliquen las leyes de forma discrecional. Los empresarios del sector llegan a conocer esos casos, porque el agraviado recurre ante la Cámara de Agentes Aduaneros y Almacenadores de Nicaragua (Cadaen), para elaborar un recurso y presentarlo ante la aduana de despacho.
Luego, cuando la respuesta es negativa –y ahora, casi siempre lo es– se puede acudir ante el Director General de Servicios Aduaneros, que casi siempre ratifica la decisión de la aduana de despacho, ante lo cual, queda la instancia del TATA, que en la mayoría de los casos, termina fallando ‘no ha lugar’.
“Antes, cuando acudías al Tribunal –porque tus pruebas eran fuertes– ganabas el caso, pero a partir de 2018, sin importar la fortaleza de tus pruebas, siempre obtendrás respuestas negativas. Hay una unidad entre la Aduana y el Tribunal, que ya perdió su imparcialidad. Estamos en una indefensión total”, aseguró ‘Gerardo’, un ejecutivo de alto nivel de una empresa aduanera.
“Cuando te aplican una duda de valor, aunque el importador pueda demostrar cuánto pagó en realidad a su proveedor extranjero, la Aduana y el Tribunal rechazan esas pruebas, y obligan a pagar lo que ellos dicen que debe ser”, multas incluidas, reiteró ‘Gerardo’.
Es lo que le pasó a ‘Leonardo’, un empresario que debe importar materia prima, para mantener funcionando su negocio. Él recuerda que, en una ocasión en que se vieron afectados por uno de esos cobros indebidos, pidieron el apoyo de una organización gremial asociada al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), entidad que les ayudó a elaborar una carta que enviaron a la autoridad competente.
La respuesta fue la esperada: “presenten una apelación. La presentamos, y nos respondieron pidiendo un montón de documentos que no teníamos en ese momento del proceso de importación. Al final terminamos pagando la duda de valor, más diez días adicionales de bodegaje, demoraje de piso, costo del transportista. Pagamos el triple, así que de ahí en adelante, elegimos pagar lo que nos dicen, porque aprendimos que nunca les ganarás”.
Pagá, y te dejan en paz… por un tiempo
Que te dejen en paz es, de nuevo, una de las razones por las que ‘Raphael’, el gerente de la empresa que importa productos alimenticios, se alegró de pagar en total poco menos de 300 000 dólares, porque tanto los empleados de la DGI como los de la DGA que se comunicaban con él, ya le habían informado que tendría que pagarles casi 600 000 dólares para recuperar su mercadería.
“Ellos me causaron el problema, y ellos nos dieron la solución”, explica al recordar que su pegón con la Aduana era “relativamente pequeño” –por el orden de los 20 000 dólares– y terminó resolviéndose con pago de 30 000 dólares “incluyendo los sobreprecios”.
Eso no era gran cosa, en comparación con el reclamo de la DGI, que les impuso un reparo de 200 000 dólares, que ellos se negaron a pagar, pensando que era mejor pelear en los tribunales antes que regalar todo ese dinero.
Luego de hacer todas las apelaciones, y comprobar que no podrían ganar porque el sistema había cerrado filas en contra de ellos, la empresa se dio por vencida y decidió pagar, pero para entonces, el costo se había triplicado, y se acercaba a los 600 000 dólares, hasta que un gestor se acercó a ellos, y les dijo que su problema podía resolverse con 250 000 dólares.
“Te lo ponen tan difícil, que pagar 250 000 dólares es la gloria, porque te están ofreciendo una salvación que nadie más te va a ofrecer. Nosotros sabemos que de esos 250 000 dólares que pagamos, 50 000 quedaron en los bolsillos de algunas personas, no en las cuentas de la institución, adonde habrán entrado unos 200 000”, aseveró.
Después de eso, la relación de la empresa con las Aduanas ha sido “de una relativa calma. Ha habido mucha más apertura, en términos de entender que necesitamos colaborar, aunque a veces hay complicaciones y obstáculos logísticos que te ofrecen resolver por medio de un ‘apoyo’ económico”.
Una sola excepción resulta disonante con el resto de casos que los empresarios relataron a CONFIDENCIAL.
‘Fernando’, codueño de una empresa familiar dedicada al comercio de productos de consumo masivo, relata que al internar su mercadería al país nunca le han aplicado una duda de origen, ni le han rechazado o retrasado un producto por cualquier razón, porque “nunca hemos sobrevaluado ni subvaluado mercadería. Antes sí había veces en que nos cobraban demás, en especial, durante la época de los gobiernos liberales”, aseguró.
Con todo, reconoce que “el trabajo de la Aduana puede mejorar, porque todo sale en rojo, y ninguno en verde”, y aunque eso le hace perder tiempo, y a veces se daña parte de la mercadería, dice que nunca ha pagado un soborno.
“No sé si se lo piden a mi agente aduanero, pero él sabe que yo no voy a pagar coimas, así que quizás por eso ni se lo dicen. Todo el mundo está acostumbrado a pagar más para evitarse problemas, pero a mí no me gusta la corrupción”, reiteró.
Gestores: corrupción en Aduanas es algo ‘normal’
Aunque la corrupción es un mal que se conoce –y se sufre– en los despachos, donde se decide en qué momento ceder, cuánto pagar, y a quién, hay una primera línea donde se reciben las dudas de valor, los reparos, las exigencias de pagar demás, ya sea en caja o entregando unos billetes disimulados en un papel, y quienes están en esa línea son los gestores.
Algunas personas abren sus negocios en el Mercado Oriental, en mayo de 2019, en Managua. // Foto: Archivo | EFE | Jorge Torres
‘Mauricio’, ‘Tony’ y ‘César’ son tres de esos empleados que trabajan para alguna agencia aduanera y como tal, ven de primera mano cómo, desde el nivel más básico del personal de aduana –los aforadores– hasta los jefes de mayor jerarquía dentro del sistema, todos aprovechan la ausencia de una autoridad decidida a cumplir la ley, y mejor se enriquecen en el proceso.
‘Mauricio’ llegó muy joven a trabajar a una empresa aduanera, gracias al impulso que le dio un familiar. Por eso, recuerda que se asombró al ver que el sistema se ‘aceitaba’ con dinero “porque nunca había visto algo como eso. Ahora me parece normal, porque mis mismos compañeros me dijeron que eso era normal, y veo que todos lo hacen siempre así”.
“Hay aforadores que me preguntan ¿el cliente da billetes? Si digo que sí, resuelven de inmediato, envían el correo al Departamento Técnico, para hacer la inspección de la carga, y en vez de tomarse hasta tres días para revisarla, resuelven en media hora, y proceden a nacionalizarla. Si digo que no, simplemente atrasan todo”, grafica.
‘Tony’ tiene una década de trabajar en el sector aduanero. Relata que ya había corrupción cuando llegó al sistema, pero “ahora es más descarado. Antes, podía haber temor de que los descubriera un jefe y los sancionara, porque decían ser distintos a los gobiernos anteriores, pero de 2019 para acá, ‘se soltaron’. Si los jefes lo permiten, es porque son corruptos, y de ser así, no van a quedarse sin su porción”, reflexiona.
“Para ser aforador no se necesita título, sino solo hacer un curso, así que cualquier bachiller puede optar a ese puesto”, explica ‘César’. Cuando un furgón cargado con mercadería pasa la frontera –a veces, después de esperar hasta tres días para cruzar– se le asigna un aforador para que lo inspeccione, lo que puede significar muchas horas de papeleo.
A veces, el atraso es tanto, que se le paga el taxi al aforador para que acompañe el camión hasta las bodegas de la empresa, donde no es raro que le espere un ‘bono’, de 1000 córdobas por contenedor “para aceitar el procedimiento, y que se abstenga de ser muy minucioso al revisar, tanto la mercadería como la documentación”, relata.
Los relatos de ‘Tony’ son consistentes con los de ‘César’, aunque con una aclaración: “hay importadores que quieren hacer todo legal, en especial, las transnacionales; mientras que la mayoría de las nacionales lo fomentan, al darle a su personal luz verde a pagar”.
Algunas de estas últimas tienen una tarifa establecida, de 1000 córdobas por contenedor, para que el aforador “no atrase revisando contenedores. Una vez, un aforador recibió 15 000 córdobas en una semana. Lo que no sé es cómo hace la empresa para justificar el gasto en sus sistemas contables”, admite.
‘Gerardo’, el ejecutivo de alto nivel de una empresa aduanera, trata de justificarse diciendo que “es más barato pagar 3000 a 5000 córdobas a un aforador, a que la Aduana te cobre 30 000 a 40 000 córdobas, al imponer una decisión arbitraria en contra de sus clientes.
‘Alejandro’, ejecutivo de ventas de una empresa extranjera que exporta productos alimenticios a Nicaragua, observa que el personal de las Aduanas nicas “está marcado por el deseo de hacer dinero fácil. Buscan cualquier forma de cobrarte lo que sea, para echárselo a la bolsa. Es simple corrupción. Si no le das plata, pero le entregás una regalía de tu mismo producto, ‘agilizan’ el proceso y te dejan pasar”, relata.
‘Rubén’, encargado de hacer las gestiones para que la carga de su empresa pase las aduanas nicaragüenses, tiene un método más sencillo, y probado con el paso del tiempo: hacerse ‘amigo’ del personal aduanero, y darles dinero –hasta 600 córdobas en ocasiones– “para que vayan y coman algo”, con lo que se ahorra tiempo y pagos mayores.
“Que haya cobros ilegales ya es normal. Alguna gente de la Aduana me dice que tienen una lista de los abogados que hacen poderes falsos, y una ‘lista roja’ de los importadores que han tratado de engañar a la Aduana, y revisan cualquier movimiento que hagan, así que siempre los atrasan, aunque no descarto que tengan razones políticas para molestarlos”, razona el gestor ‘Mauricio’.
Supervisar al recaudador
Las aduanas nicaragüenses son demasiado importantes para la estabilidad fiscal del país, toda vez que los 27 001 millones de córdobas que tiene previsto recaudar en 2022, equivalen al 31.8% de los 84 902 millones de córdobas de ingresos tributarios que prevé el Estado para el presente año, como lo refleja el Presupuesto General de la República aprobado por la Asamblea Nacional.
Su importancia es tal, que dos organizaciones empresariales se pronunciaron sobre la necesidad de revisar lo que sucede dentro del sistema aduanero del país.
La Asociación Nicaragüense de Industrias del Plástico (Aniplast), pidió al ser consultada por CONFIDENCIAL, que “deben dejar de afectarnos con esas dudas de valor, porque eso incrementa nuestros costos, y encarece lo que pagan los ciudadanos. Necesitamos que nos den la credibilidad que merecemos, en especial porque presentamos facturas internacionales, pagamos nuestros impuestos… nadie se presta a subvalorar la mercancía”.
27 001 millones de córdobas tienen previsto recaudar las aduanas nicaragüenses en 2022, un monto que equivale al 31.8% de los ingresos tributarios del país estimados en el Presupuesto General de la República.
La Cámara de Agentes Aduaneros y Almacenadores de Nicaragua (Cadaen) dijo que tratarán de seguir incidiendo durante las reuniones del Comité Técnico Operativo que se reúne cada 15 días, en el que participan transportistas terrestres, consolidadores de carga, zonas francas, agencias aduaneras, etc.
En ese foro, reunión a reunión, se le plantean a la Aduana los problemas que la administración le causa a las empresas, tanto las que gestionan las cargas, como a los dueños de esas cargas.
Dado que el comportamiento es que “toman nota, y en algunos casos dan respuestas, pero en la mayoría de las veces no”, la Cámara admite que les ha faltado escalar a otras autoridades, (como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público) que, al menos en el papel, supervisan o tienen supremacía jerárquica sobre las aduanas, para que el sistema opere conforme a la ley, porque “todo lo que planteamos tiene base legal”.
