22 de abril 2019
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La represión de la dictadura de Daniel Ortega, en contra la Rebelión de Abril, detuvo la ‘máquina del tiempo’ en términos del crecimiento económico per cápita del país: si antes, la meta era alcanzar —quizás en 2025— el nivel que tuvo Nicaragua en el paradigmático año 1977 —antes de la crisis de la dictadura somocista—, ahora lo más probable es que se llegue a ese nivel acercándose el año 2030. Si acaso.
En 1977, el per cápita llegó a 2556 dólares, que es lo más alto alcanzado hasta ahora. La década de los 80 vio cómo se desplomaban esas cifras, para quedar en 1159 dólares por persona en 1989, y cerrar la centuria con un máximo de 1273 dólares. En la primera década del siglo actual, el indicador logró escalar hasta 1550 dólares (en 2008), cayendo a 1480 dólares un año después, producto de la crisis financiera global.
La década actual marchaba promisoriamente bien, con el indicador subiendo lentamente cada año, hasta situarse en los 2016 dólares en 2017. Los cálculos elaborados a inicios de ese año permitían suponer que, al 31 de diciembre de 2018, el PIB per cápita nicaragüense cerraría en 2091 dólares. En vez de eso, se desplomó hasta los 1918 dólares, retrocediendo dos años.
Varias personas participan en Managua en una vigilia en homenaje a las víctimas de la represión, en abril. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL
El costo de la masacre
La meta de ‘regresar’ a 1977 volvió a ponerse más difícil en 2018, porque el producto interno bruto, en vez de crecer 727.4 millones de dólares para cerrar en 14 571.1 millones, terminó contrayéndose para cerrar en 13 117.9 millones, de donde surge una brecha de 1453.3 millones, que es el costo real de la crisis.
Puesto en términos per cápita, cada ciudadano nicaragüense de cualquier edad perdió el equivalente a 230.7 dólares en 2018. Los 325 muertos, centenares de presos políticos, miles de heridos, decenas de miles de exiliados y centenares de miles de desempleados, son una pérdida para toda la nación.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), calcula que el número de personas afectadas en su situación laboral supera los 250 000 —si solo se incluye a los que tienen empleo formal— y se acerca al medio millón, cuando se incluye a aquellos que han tenido que aceptar un deterioro en las condiciones laborales para preservar el empleo.
Esto ha incidido para que el número de personas en situación de pobreza pasara de ser el 20.4% de la población en 2017, a 23.5% en 2018, con perspectivas de llegar hasta el 32.0% en 2019, si no hay un acuerdo político para salir de la crisis.
Funides también detalla que “los depósitos se han reducido en la crisis en el equivalente a 1662 millones de dólares (-30.2%), al comparar los 5495 millones que se computaban a marzo 2018, con los 3833 millones a febrero 2019.
“No hay nada en el mundo que justifique a ningún proyecto político, ni ninguna intención de mantener el control del aparato estatal, a ningún grupo humano o social, que conduzca a semejante deterioro y prolongación de una mala economía nacional”, dijo a CONFIDENCIAL un economista especializado en temas de desarrollo, que pidió el anonimato.
“Mantenerse en el poder a costa de semejante retroceso económico, es totalmente inmoral e inaceptable. Esa gente no tiene ningún tipo de autoridad moral para mantenerse en control del aparato estatal. Es inadmisible”, añadió.
La crisis del INSS
Desde hace varios años, los expertos en el tema saben que los 13 000 millones de córdobas de las reservas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se acababan alrededor de 2020.
Sede central del Instituto de Seguridad Social de Nicaragua. Carlos Herrera | Confidencial
Cualquier beneficio que pudiera derivarse de la reforma de 2013 —que según el asesor presidencial Bayardo Arce, le ‘compraba’ tiempo de vida a la institución— fracasó estrepitosamente en el momento en que se decidió que el INSS financiara pensiones reducidas para las personas que no habían completado las 750 cotizaciones de ley.
El fiasco de las ‘negociaciones en la sombra’ que el Gobierno y el sector privado desarrollaban desde marzo de 2018, desembocó en la decisión unilateral de la Administración Ortega, de aumentar las cotizaciones de empleados, empleadores y el Estado, a la vez que gravaba las pensiones de los jubilados con un impuesto de 5%.
La saña con la que fueron reprimidas las protestas que le siguieron, llevaron al INSS a una situación peor que la que quería evitar: si los cálculos efectuados con la poca información disponible sugerían que, si no dictaban reforma alguna, el Instituto se quedaba sin recursos para cumplir sus obligaciones en agosto de 2018, las estadísticas presentadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), muestran que la herida es cada vez mayor.
En 2018, los ingresos del INSS cayeron en 2173 millones, al comparar los 27 249.3 millones esperados con los 25 075.8 finalmente recibidos. En gran medida, la razón es una consecuencia directa de la crisis desatada por la represión: el descenso de 157 923 (17.3%) de los afiliados a la Seguridad Social, de quienes han perdido sus empleos o han caído en la economía informal.
Al final, el resultado es que el déficit global de efectivo reportado por el Instituto, que fue de 2371.8 millones de córdobas en 2017, se convirtió en 4738.9 en 2018, pese a la inyección de más de 5000 millones de córdobas dictada por la Administración.
Causa y efecto
El déficit de más de 7461.9 millones de córdobas en ingresos corrientes que el Ministerio de Hacienda reconocía en agosto de 2018, fue el origen de la reforma tributaria aprobada por la aplanadora oficialista en la Asamblea Nacional, medida que pretende oxigenar las finanzas del régimen, y que terminará por asfixiarlas, tal como señalan diversos economistas, empresarios, y administradores de empresas.
El comportamiento final de la recaudación de impuestos muestra la magnitud del hueco de las finanzas públicas, cuyos ingresos se vieron disminuidos en 11 367.7 millones de córdobas, 14.1% del presupuesto inicial.
La inversión extranjera también directa cayó en 615.8 millones de dólares, 63.2% de los 975.0 millones previstos para 2018, pues solo se captaron 359.2 millones.
Al considerar el efecto de las reformas, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo que estas “están produciendo una inyección de recursos que darán un cierto respiro al Gobierno, pero no se podrán sostener en el tiempo”.
“La industria nacional está siendo seriamente afectada por la crisis sociopolítica iniciada por el Gobierno desde el año pasado, y sus consecuentes afectaciones sociales y económicas junto a las reformas a la Seguridad Social y las reformas fiscales”, explicó por su parte Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).
Debido a la crisis, “muchas de empresas ya han cerrado y otras se están planteando trasladar su producción a otro país de la región y quedar aquí como simples distribuidores, afectando la producción y el empleo de las familias nicaragüenses”, lamentó. Con la reforma tributaria, añadió, “prácticamente se están imponiendo impuestos a las exportaciones”.
El golpe de las reformas
Álvaro Vargas, vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), explicó que esa actividad —sean cultivos temporales o permanentes, o ganadería en general— sufrirá por un combo de males, entre los que destaca las dos reformas —la tributaria y la del Seguro Social— pero también el alza en los precios de los combustibles y de la electricidad, más la falta de crédito bancario, y una posible afectación de El Niño, con su secuela de sequía.
Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), predijo que, en 2019, las ventas al extranjero disminuirán en 10%, lo que representa una merma de 260 millones de dólares con respecto al monto exportado en 2018.
Turismo: otro tsunami
Según el Informe Anual 2018, preparado por el BCN, la actividad turística fue la más golpeada porcentualmente hablando, al reportar una diferencia de 26 puntos entre el crecimiento proyectado y el real.
Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), rechaza esos datos y confía más en los hallazgos de la encuesta que realizaron ellos mismos, sabiendo que cuentan con la confianza de los empresarios del sector.
Con esa base es que puede asegurar que los 440 millones de dólares que el sector dejó de ingresar el año pasado, representan una merma de 52% con respecto a lo observado en 2017, y de 56% si se le compara con la meta 2018, lo que es igual a que si hubieran regresado al nivel de ingreso observado hace cuatro años.
Esa pérdida se explica por los 800 000 turistas que dejaron de llegar al país en 2018, que también representa un retroceso a los niveles de 2010.
“Esto es un tsunami, un terremoto para nosotros, que destruyó la simiente de la imagen de Nicaragua como destino turístico, que estuvimos construyendo por tantos años”, lamentó.
