14 de septiembre 2019
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El florecimiento del sector de las microfinanzas en Nicaragua es cosa del pasado para The Economist Intelligence Unit (EIU), que en su último informe sobre el país señala que las instituciones de microfinanzas (IMF) han “sufrido fuertes golpes y una dolorosa reducción” por la crisis. La inestabilidad política ha provocado que muchos clientes hayan quebrado, otros hayan reestructurado sus préstamos, y que los financiadores extranjeros —de los cuales dependen todas las entidades locales para obtener capital— estén “asustados” y se retiren de Nicaragua.
La publicación británica, especializada en ofrecer análisis y pronósticos sobre países, indica que “después de una larga serie de éxitos, el golpe asestado al sector por la erupción de la crisis resultó brutal. A fines de 2018, la cartera total de préstamos de las instituciones de microfinanzas se había reducido a 324 millones de dólares, una caída del 25 % con respecto al período del año anterior”.
Agrega que aunque desigual, la disminución fue fuerte entre todas las financieras y en todas las categorías de microcréditos. La base de clientes se contrajo un 15%, a poco más de 288 000; mientras los créditos en mora aumentaron rápidamente, lo que obligó a las IMF “hacer amplias provisiones contra el riesgo de incumplimiento de préstamo”, lo que “dejó en rojo” a la mayoría de las afiliadas a la Cámara de Microfinanzas (Asomif).
“Las cifras desagregadas del primer semestre de 2019 aún no están disponibles, pero los funcionarios de Asomif dicen que la caída ha disminuido un poco. La cartera total de los miembros cayó un 11% adicional entre enero y junio pasado, y el número de clientes en un 9.3%. Sin embargo, los préstamos en riesgo de incumplimiento aumentaron al 24.2% del total, frente al 14.2% a finales de 2018”, describe EIU, que pertenece al grupo británico de The Economist.
Financiadores “asustados”
La publicación explica que una de las razones del deterioro de la industria se encuentra en la “postura” de los financiadores extranjeros —principalmente extranjeros—, quienes por el riesgo político “extremo” en Nicaragua han tratado de reducir su exposición. “El número total de relaciones de financiación cayó en un 13.5% en 2018”.
“Según las fuentes de Asomif, los financiadores han dejado de transferir muchos préstamos y están reduciendo drásticamente las cantidades que prestan a sus clientes bien establecidos y aún solventes. Incluso el Fondo de Desarrollo Local (FDL), la IMF más grande del país, eventualmente espera perder una porción significativa de sus 30 patrocinadores”, destaca el documento.
En abril pasado, la directora ejecutiva de Asomif, Sharon Riguero, señaló a CONFIDENCIAL, que los financiadores extranjeros “quieren ver cómo se desarrollan los sucesos (en Nicaragua). Nos hacen preguntas. Están inquietos por la crisis, quieren saber cuándo se resuelve”.
Prosiguió que “les preocupa la reforma tributaria (que entró en vigencia en marzo pasado) porque saben que esta es una economía débil, y que esas decisiones afectan a todas las empresas de cualquier nivel. La suma de todas esas variables ahonda la preocupación”.
Nuevo equilibrio
La publicación avisa que el sector microfinanciero “tiene un largo camino por recorrer antes de encontrar un nuevo equilibrio”, que estará atado a un “escenario benigno”, en el que “el crecimiento (económico) se reanuda gradualmente y la economía no se ve sacudida por nuevas y duras sanciones externas”.
EIU pronostica que la economía nicaragüense caerá este año un 5.5%. “Las perspectivas económicas de Nicaragua se verán seriamente obstaculizadas durante nuestro período de pronóstico de cinco años, por las consecuencias de la crisis política. El PIB real se contrajo en un significativo 3.8 por ciento en 2018, la reducción de la inversión provocó un deterioro de la mano de obra, que a su vez obstaculizaron las perspectivas para las empresas. A corto plazo, es probable que el ciclo vicioso continúe, arrastrando la demanda interna”.
“Los líderes de Asomif estiman que la industria en su conjunto podría reducirse otro 30% para la fecha de las elecciones de noviembre de 2021. Esto será demasiado para muchas de las instituciones más pequeñas, que están discutiendo una serie de fusiones”, resalta la firma británica, en su amplio análisis sobre la situación de las microfinancieras.
Escenario político
EIU advierte que “un agravamiento del conflicto político, que termine en un proceso electoral violento, podría descarrilar el ajuste y precipitar una nueva recesión en la actividad de las microfinanzas”. En cambio, “un acuerdo político para avanzar en las elecciones de 2021 podría acelerar la recuperación del sector”.
Como en previos análisis, el centro británico prevé que Daniel Ortega o cualquiera que él designe se mantendrán en el poder hasta 2022 —cuando corresponde el cambio de Gobierno—, aunque alertó que su predicción puede fallar ante el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
“Ortega no muestra ninguna disposición a forjar una solución negociada a la crisis, ya que los intentos de desbancarlo hasta la fecha no han tenido éxito”. En consecuencia, EIU “espera que la resistencia de la oposición interna se debilite con el tiempo”.
Personal, sucursales e intereses
La publicación británica menciona que los 27 afiliados de Asomif han eliminado más de un tercio de su personal y aproximadamente una cuarta parte de todas las sucursales.
En junio pasado, la presidenta de Asomif, Verónica Herrera, dijo a un diario local que desde que el inició la crisis, las microfinancieras han despedido a más de 1 000 trabajadores.
El informe de la influyente firma británica indica que las IMF han subido a un 36 % o más los intereses a los clientes, como respuesta a que los financiadores extranjeros aumentaron las tasas de interés de los préstamos al 9 o 10%, cuando antes de la crisis eran del 6 y 7 %.
“Cautelosos sobre las perspectivas del mercado, los clientes que aún son solventes ahora piden menos dinero. Algunos, sin embargo, piden prestado para entrar en nuevas líneas de microempresas adaptadas a las condiciones de crisis”, subraya el análisis de la EIU.
Añade: “En los últimos meses, los prestamistas dicen que han detectado una mayor disposición a correr el riesgo de endeudarse, lo que interpretan como una adaptación incipiente a las condiciones políticas vigentes”.
