25 de junio 2021
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El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su informe Transparencia Fiscal 2021, determinó que el año pasado el Gobierno de Nicaragua -al igual que otros 66 gobiernos del mundo- “no cumplió con requisitos mínimos de transparencia fiscal”.
El documenta explica que Nicaragua se encuentra entre los países que incumplen los requisitos mínimos de transparencia fiscal porque los “documentos presupuestarios disponibles al público no proporcionaron una imagen sustancialmente completa de los gastos y flujos de ingresos previstos por el Gobierno”.
Tampoco encontraron disponible al público información sobre “la deuda de empresas propiedad del Estado garantizada por el Gobierno”. Además, identificaron que los documentos presupuestarios “no se prepararon de acuerdo con los principios aceptados internacionalmente” y que el Gobierno “no desglosó los gastos para apoyar la oficina del presidente” Daniel Ortega.
Concluye que de un total de 141 países sometidos a la evaluación, 74 lograron cumplir los requisitos mínimos de transparencia fiscal en 2020 y 67 no cumplieron.
Entre los que no cumplieron los requisitos mínimos de transparencia fiscal se encuentran, además de Nicaragua, cuatro países de las Américas: Ecuador, Haití, República Dominicana y El Salvador.
El informe del Departamento de Estado -refiere el resumen del documento- evalúa la forma en que los Gobiernos invierten sus presupuestos e ingresos generados por los impuestos, refleja la transparencia de los Gobiernos y las ventanas que se deja a los ciudadanos para conocer la administración de los recursos públicos.
Poca transparencia con cooperación venezolana
El informe señala que las grandes empresas estatales de Nicaragua “no tenían estados financieros auditados a disposición del público” y que el Gobierno “no ha contabilizado públicamente el gasto de asistencia significativa fuera del presupuesto de Venezuela, y esta asistencia no ha sido sujeta a auditoría o supervisión legislativa”.
Detalla que las asignaciones y las ganancias de algunas empresas estatales se incluyeron en el presupuesto en términos netos, pero la mayoría de éstas, incluida ALBANISA, conjunto de compañías petroleras estatales de Nicaragua y Venezuela, “no han sido objeto de auditoría”.
CGR no cumple
El Departamento concluye que la institución suprema de auditoría, en este caso la Contraloría General de la República de Nicaragua, “no cumplió con los estándares internacionales de independencia y no auditó el presupuesto ejecutado por el Gobierno”.
En el informe de Transparencia Fiscal 2021 se rescata -ante los grandes vacíos de información accesible al público- que el Gobierno de Nicaragua permitió que fuera accesible, incluso virtualmente, el presupuesto ejecutivo, el presupuesto aprobado y el informe de fin de año.
Destaca que también fue divulgada “alguna información sobre obligaciones de deuda” e “información básica sobre adjudicaciones de extracción de recursos naturales”. En el último punto advirtieron que, aunque los criterios y procedimientos por los cuales el Gobierno otorgó contratos o licencias para la extracción de recursos naturales delineados en la ley, “no está claro si el proceso utilizado en la práctica para otorgar adjudicaciones ha sido consistente con la ley”.
Recomendaciones del Departamento de Estado
Ante este tipo de vacíos en la información divulgada públicamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendó al Gobierno de Nicaragua “preparar documentos presupuestarios de acuerdo con principios internacionalmente aceptados”, donde se detalle las asignaciones y los ingresos de las empresas estatales; gastos desglosados para apoyar la oficina del presidente; e ingresos, gastos y obligaciones de deuda fuera del presupuesto.
Además sugirieron que se asegure que la “entidad fiscalizadora superior cumpla con las normas internacionales de independencia”, poniendo a disposición del público “informes completos de auditoría para empresas estatales importantes y grandes” e informes de auditorías completas del presupuesto ejecutado por el Gobierno.
El documento detalla que estas revisiones anuales de la transparencia fiscal de los gobiernos que reciben ayuda de EE. UU. “ayudan a garantizar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses se utilicen de manera adecuada y brindan oportunidades para dialogar con los gobiernos sobre la importancia de la transparencia fiscal”.
