20 de febrero 2018
AA
La decisión de las instituciones del Estado de Nicaragua de no realizar una investigación en contra de Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), por las acusaciones de corrupción y del aumento excesivo de su patrimonio, pone en peligro la inversión de capital extranjero en el país y la imagen institucional que ha construido la nación ante la comunidad internacional, afirmó Agustín Jarquín Anaya, excontralor de la República, durante una entrevista en el programa Esta Semana.
Jarquín Anaya refirió que el costo de la inacción de las instituciones del Gobierno del presidente Daniel Ortega es dañino, además agregó que al ponerse en riesgo la seguridad jurídica y la certidumbre política, lo que sucede a continuación es el colapso del sistema de derecho, y por ende un posible descenso en la inversión extranjera.
“Alguien me confesó en una reunión que iba a realizar un estudio para una pequeña inversión, pero que lo pospuso para julio de este año porque quería tener certeza de cómo se iban a desarrollar las cosas en estos meses. En pocas palabras, la incertidumbre existe, aunque no haya un juicio con pruebas. Esto genera también un efecto político terrible”, manifestó el excontralor.
Jarquín Anaya recalcó que todo este panorama debe llevar al presidente Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo, a realizar una serie de reflexiones para mejorar la situación del país, porque si no la imagen positiva que tiene Nicaragua para atraer a inversionistas y a turistas se podría ver afectada.
Giovanny Rodríguez, experto en contabilidad y exfuncionario de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de Nicaragua (Siboif), coincidió con Jarquín Anaya y expresó que no solo la reputación a nivel de país está en peligro, pues el ‘caso Rivas’ puede generar un costo de una prima de riesgo que alguien puede cobrar cuando haga una transacción con Nicaragua.
Para las empresas extranjeras la principal preocupación cuando invierten en Centroamérica es la debilidad del sistema para combatir el lavado de dinero y los delitos de corrupción. Esto implica que muchas compañías tengan que asumir mayores costos o pedir altos rendimientos para hacer una inversión en países como Nicaragua.
“Yo creo que el caso, más allá de la parte política, tiene un efecto inmediato en la parte económica, sobretodo un riesgo de imagen institucional y, por otro lado, el hecho de que no actúen las instituciones, también genera un efecto negativo. Nicaragua acaba de pasar una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera y lo que afirman es que no perciben que las actuaciones, ante cualquier situación de este tipo, sean coordinadas entre las diferentes instituciones”, refirió Rodríguez.
Nadie investiga el enriquecimiento de Rivas
Revelaciones periodísticas han confirmado el crecimiento del patrimonio de Roberto Rivas, que tiene una empresa familiar en Madrid, cuya sede social está localizada en un palacete valorado en nueve millones de euros. Además, el magistrado del CSE viajó de Madrid a Managua en un vuelo chárter, cuyo costo supera los 130 000 euros.
Jarquín Anaya manifestó que en el caso de la Contraloría General de la República (CGR), se puede notar el abandono de funciones, pues a esta entidad su Ley Orgánica y la Constitución Política de Nicaragua, le establecen responsabilidades para actuar, no solamente con las instituciones sino con las personas.
“La CGR puede investigar a personas cuando existen evidencias de un crecimiento en el patrimonio que no puede justificarse. Recordemos que para ciertos cargos de administración pública, es un requisito fundamental para el funcionario, describir su patrimonio y el de su familia cercana (esposa e hijos), que están bajo su patria potestad y que cuando haya un crecimiento de un 10% o 15%, o cuando haya un cambio, deben anunciarlo. Si los contralores observan que hay una situación en la que pareciera que existe un crecimiento no justificado, estos deben iniciar una investigación”, explicó también el exdiputado.
Para Alberto Novoa, exprocurador general de la República, no solo la Contraloría tiene la obligación de realizar una investigación a Rivas Reyes. También la Fiscalía tiene una exigencia, por mandato de ley, y la facultad de perseguir estos hechos delictivos. La Comisión de Transparencia y Probidad también puede pedir al plenario que el presidente del CSE llegue a aclarar todos estos señalamientos que se le han realizado.
“Todos estos organismos tienen la obligación legal de iniciar la investigación y comenzar a perseguir ante un hecho sospechoso”, explicó Novoa, quien consideró que la inacción de estas instituciones del Estado tiene un alto costo jurídico.
“Es un desbarajuste institucional, pues no hay ninguna seguridad de que los funcionarios y los organismos ejecuten lo que la ley ordena realizar y por lo tanto lo que queda es un Estado de derecho colapsado que no tiene un norte, no tiene una perspectiva. Estratégicamente no existe una política criminal en Nicaragua de persecución a la corrupción”, recordó Novoa.
Rodríguez manifestó que cuando existen delitos patrimoniales de enriquecimiento ilícito, no solamente la Contraloría o la Fiscalía son las instituciones que pueden actuar, también debería tomar parte de esto la Dirección General de Ingresos (DGI), por ejemplo, para determinar si la persona señalada ha pagado o no sus impuestos sobre ese capital que excede.
“Creo que en términos generales es un daño grande y una imagen negativa que se estaría vendiendo a nivel nacional”, destacó Rodríguez.
La protección a Rivas
La única decisión que ha adoptado el Gobierno de Daniel Ortega en el caso Rivas, fue quitarle funciones a su posición como presidente del Tribunal Electoral. Al ratificarlo en el cargo, pero sin poder real, Ortega le brindó una protección estatal al magistrado, señalado por corrupción por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 21 de diciembre.
El exprocurador Novoa explicó que delitos como el enriquecimiento ilícito de un funcionario usualmente prescriben a los cinco años. Novoa fue más allá y recordó que la impunidad es un resultado de la falta de acción de las instituciones, y que la protección a los políticos corruptos surgió después del pacto Alemán-Ortega, cuando los expresidentes pasaban a ser diputados, lo que les garantizaba inmunidad.
Bancos cerraron cuentas
Del lado del sector financiero, la reacción fue cerrar todo tipo de cuentas y actividades que estuvieran involucradas de forma directa o indirecta. Esto sucedió porque los bancos tienen un protocolo de actuación, explicaron los expertos.
Rodríguez destacó que esto sucedió porque estos bancos tienen servicios de corresponsalías de otros bancos y porque de no seguir el protocolo, pudieron ser sancionados o multados. “Recordemos que estas son leyes de brazo largo, hay muchas empresas que pueden ser las dueñas de los bancos nacionales o accionistas de más del 5%, y si la jurisdicción de esa empresa está en Estados Unidos, pues tiene que cumplir con esta normativa”, aclaró.
Solicitan investigación en Nicaragua y España
Un grupo de ciudadanos se presentó el viernes en la Contraloría General de la República para solicitar una investigación en contra del todavía presidente del CSE. Esgrimieron el artículo 52 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que todo nicaragüense tiene derecho de realizar peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o cualquier autoridad, y de obtener una pronta resolución o respuesta.
“Solicitamos a la Contraloría que como organismo rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, realice las investigaciones pertinentes de acuerdo al mandato legal que este órgano tiene dentro del marco jurídico nacional, en relación al señor Roberto José Rivas Reyes, quien ostenta el cargo de Presidente del CSE”, dice parte de la solicitud.
Los ciudadanos basaron su solicitud en las investigaciones periodísticas que se han realizado en contra de Rivas Reyes, incluida la última revelación de CONFIDENCIAL sobre el aumento del patrimonio del presidente del CSE.
Precisamente estas últimas revelaciones han motivado un plantón el día 26 de febrero a las 11:30 a.m. (hora local) frente a la Embajada de Nicaragua en España. A través de una nota de prensa se informó que los nicas radicados en aquel país solicitarán al Gobierno español que se investigue la procedencia de los fondos de Rivas Reyes.
“Ante los últimos acontecimientos que vinculan al magistrado Roberto Rivas, presidente del CSE de Nicaragua, con millonarias inversiones en territorio español, la comunidad de nicaragüenses en España convoca a una manifestación para denunciar a Rivas y al Gobierno de Daniel Ortega”, dice la carta en la que anuncian a la manifestación.
