12 de enero 2018
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La economía nicaragüense podría decrecer entre 0.7 y 1.0 puntos porcentuales en el 2018, aun si no hubiera ningún choque externo. El frenazo podría ser mayor si además confluyen otros factores, incluyendo la aplicación de sanciones económicas, a causa de una decisión política de Estados Unidos.
“Nicaragua se las está jugando en este conflicto entre el liderazgo estadounidense y el liderazgo nicaragüense”, advirtió un exministro del sector económico, en referencia a las sanciones aplicadas por ese país en el contexto de la Ley Global Magnitsky, (GMA, por sus siglas en inglés) y las que pudieran derivarse de la aprobación en el Senado de la Nica Act.
El pasado 21 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó sanciones financieras y migratorias contra quince individuos alrededor del globo, acusados por corrupción, o por violación de derechos humanos.
La inclusión de Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral en esa lista indica que Nicaragua está enfrentada con su primer socio comercial, y fuente de un quinto de las inversiones que ha recibido el país en los últimos 25 años.
Un día después, el 22 de diciembre, el Senado de ese país recibió a trámite su propio anteproyecto de Nica Act –aprobada por la Cámara Baja el 3 de octubre- que de aprobarse, incluiría un paquete de sanciones económicas en contra de Nicaragua.
Entrevistado en el programa de televisión Esta Noche, que se transmite por Canal 12, el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), calcula que el producto interno bruto podría decrecer en un punto porcentual en 2018, si no hay un “impacto gravísimo”.
La caída podría ser mayor –hasta en tres puntos porcentuales- si no se encuentra una fuente de recursos que sustituya la copiosa ‘cooperación’ venezolana, y se mantienen las sanciones contra Rivas que si bien solo se aplican a él, dañan la imagen del país, restringen las inversiones, y enturbian el clima de negocios.
Decisión agobia a empresarios
Ese tipo de opciones tiene en alerta al sector privado, que ve con preocupación cómo crece el riesgo de un deterioro del clima de negocios en el país, que pudiera llevar a una disminución de la inversión nacional y extranjera, con el consiguiente descenso en el empleo y la recaudación de impuestos.
La Ley Global Magnitsky “es peligrosa para la economía nicaragüense, porque el blanco inicial es Venezuela a través de PDVSA, a la que acusan de lavar dinero, y esas sanciones también pueden afectar a Albanisa”, dijo un empresario extranjero consultado por Confidencial.
Este inversionista observa que esa entidad binacional “tiene 17 empresas con fuertes intereses en diversas áreas de la economía nacional, como energía, construcción, agronegocios, bienes raíces, etc., y eso sí puede tener un gran impacto sobre muchas empresas de este país”.
A lo largo de la presente década, las exportaciones del país se han movido en la misma dirección en que se movían las exportaciones a Venezuela: si estas crecían, aquellas crecían. Si estas bajaban, aquellas también bajaban.
Esta fuente observa que la aplicación de sanciones al país podría derivar en un menor crecimiento del producto interno bruto, con el consiguiente aumento del desempleo y fracaso de las empresas.
“Ahorita solo se están sancionando las transacciones financieras de Pdvsa. ¿Qué tal si después se aplican sanciones por las transacciones comerciales? Eso afectaría a muchos empresarios nicaragüenses”, vaticinó.
Este hombre de negocios refiere la emoción predominante entre los inversionistas que conocen el país: “Consternación. Nicaragua iba por la senda del desarrollo sostenible, con crecimiento, un ambiente de paz, aunque con necesidad de mejorar en el ámbito democrático, lo que sabemos que termina ocurriendo a largo plazo”, refirió.
Por el contrario “lo sucedido enturbió el clima de negocios, e hizo que la gente comience a perder la confianza, y sin confianza se irán, o simplemente no vendrán”.
Todo ello le lleva a reflexionar que “años de promoción internacional del país, de sus beneficios para los inversionistas, y de su apertura a los mercados; años de mercadeo están fracasando”.
Una fuente nacional considera por su parte, que “la principal afectación, más o menos fuerte, es la disminución de la inversión privada nacional y extranjera”. A la par, también le preocupa el “carácter volátil del presidente Trump”, y el hecho que el lobby cubano estadounidense que lidera esta iniciativa, “no se va a rendir ni va a olvidar este tema”.
De Estado a Estado
“El hecho que un alto cargo del Estado de Nicaragua haya sido sancionado por la GMA, da a pensar que es un problema nacional, no personal. Es una confrontación de Estado a Estado, y tiene serias repercusiones en el ámbito económico, que comienza con la desconfianza de los inversionistas extranjeros”, detalló Avendaño.
“Cuando surgen estos conflictos, en especial, con la economía más poderosa del mundo, ningún inversionista va a decidir colocar su capital de inmediato en Nicaragua, y preferirán esperar a que el problema sea resuelto”, añadió.
Una fuente que trabaja en asesoría a empresarios e inversionistas, dijo a Confidencial que “al menos la mitad”, de su cartera de clientes “está pendiente de esta situación”.
“Una parte de los que ya están en el país tiene interés en seguir creciendo, pero están preocupados por las posibles implicaciones de estas sanciones, así que están pensando si invertir más o esperar”. El resto –los que no tenían previsto invertir por ahora- están más tranquilos, “pero también están dándole seguimiento a la situación”, reveló.
Sin embargo, otra fuente vinculada al sector bancario aseguró que el flujo de las relaciones económicas se mantiene normal, y que sus contrapartes en el exterior ni siquiera han solicitado información adicional sobre las sanciones decretadas en diciembre y la amenaza de la “Nica Act”.
El profesor Geovani Rodríguez, catedrático de Finanzas de la Universidad Americana, (UAM), explica que si la “Nica Act” se aprueba y aplica, “generaría de inmediato un desplazamiento en las expectativas económicas de inversionistas, empresarios y consumidores causando incertidumbre, lo que pudiera engendrar falta de confianza”.
En ese escenario “habría que ver qué señales envía el gobierno. Hay que tener claro que toda falta de confianza en la economía puede llegar a generar crisis financieras”, apostilló.
Para el economista Alejandro Aráuz, Nicaragua todavía tiene “margen de maniobra”, gracias a que tiene contratado financiamiento con el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de Desarrollo, “por al menos dos años”, por lo que, si entra en vigor la “Nica Act”, las afectaciones podrían comenzar a sentirse hasta después del final de ese periodo.
Mientras tanto “este ‘ruido’ tendrá algún efecto en el momento presente. Es un hecho”, lo que se suma a la expectativa de que “el crecimiento de la economía ya no sea de 4.0 % a 5.0 %, sino menor, por las condiciones del entorno centroamericano, agravado por los efectos de ambas leyes, más la disminución de los petrodólares venezolanos”.
Combinaciones funestas
Las proyecciones oficiales del Banco Central de Nicaragua indican que la economía nacional terminará creciendo entre 4.7 % y 5.2 % en el 2017, y entre 4.5 % y 5.0 % en el 2018, lo que también puede traducirse como un descenso de entre 0.2 y 0.7 puntos porcentuales, en dependencia de cuál de los escenarios sea el que llegue a cumplirse.
El presidente de Copades, Néstor Avendaño, cree posible que se cumpla el escenario optimista del Banco Central para 2017 (o sea, que el PIB crezca 5.2 % a 5.3 % y quizás un poco más), pero también, que el que se cumplirá para 2018 es el menos optimista, el de 4.5 %, lo que implicaría un frenazo de un punto en el crecimiento del país.
Eso, si no hay “impactos gravísimos”, pero podría haber cuando menos, tres, y bastarían dos para que el crecimiento se redujera a la mitad.
El más real de todos es la disminución de la cooperación petrolera venezolana, cuyo declive comenzó en 2015, y cuyo efecto es la contracción de la base monetaria y la desaceleración del crecimiento de la producción. A juicio del experto, si a eso se le suma la aplicación de la GMA, “que afecta las decisiones de los inversionistas”, la caída sería de tres puntos porcentuales.
La razón más inmediata es que, si bien es cierto las decisiones de inversión privada nacional e internacional están tomadas desde hace tiempo, “podría verse una repatriación de capitales: no solo se obstaculizaría la llegada de nuevo capital; también habría salida de capital”, auguró.
Si se cumple ese escenario, las consecuencias directas serían el desempleo, y una mayor desaceleración del crecimiento económico, porque “¿cuál será el inversionista –en especial el estadounidense, que representa el 20% de todos los capitales invertidos entre 1991 y 2016- que no contemple la posibilidad de ser sancionado por su propio gobierno?”, se preguntó Avendaño.
De paso, recordó que ese país redujo los tributos a la renta corporativa, de 35 % a 21 %, “lo que implica repatriación de utilidades y capitales hacia Estados Unidos”, que antes de eso se reinvertía en nuestros países.
Por todo ello, el experto insiste en que “en la peor de las combinaciones, si ambas leyes entran con todo su vigor, podríamos llegar a tener un crecimiento de 1.5 % a 2.0 % este año”, sin negar que los efectos de las sanciones previstas en la Nica Act, podrían llegar a sentirse a más largo plazo.
