3 de enero 2022
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La variable china todavía no entra en la ecuación de la economía nacional que le permitió al Banco Central de Nicaragua (BCN), pronosticar que el producto interno bruto (PIB), crecerá entre 3.5% y 4.5% en 2022. La razón por la que no entró es porque la decisión de abandonar a Taiwán, para caer en los brazos de China es muy reciente, pero también porque no hay certeza de que el apoyo financiero del nuevo socio sea realmente significativo.
La falta de certeza sobre el rumbo que seguirá la pandemia de covid - 19, tanto dentro como fuera de Nicaragua, la posibilidad de que Estados Unidos aplique a Nicaragua la Ley Renacer, que podría llevarnos a la suspensión del tratado de libre comercio conocido como Cafta, y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA, eleva los niveles de incertidumbre macroeconómica para calcular el crecimiento del PIB en 2022.
Si la expulsión del máximo foro continental podría mermar el acceso de Nicaragua a recursos externos multi y bilaterales, -que el Presupuesto 2022 estima en 12 000 millones de córdobas, de los que más de 11 000 millones provienen del BCIE, BID y BM- la expulsión del Cafta podría “pauperizar a la población de Nicaragua”, expresa en su blog el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades).
Una salida brusca del Cafta causaría una crisis económica profunda, al suspender, al menos, “el 40% del valor total de las exportaciones de bienes que gozan del arancel cero en el comercio con EE.UU. (incluyendo los productos de las empresas de zona franca)... caería el PIB real, elevaría la tasa de desempleo abierto y la tasa de subempleo, crecería la pobreza, contraería el ingreso de los hogares, caería el gasto de consumo…..Esto significaría un gravísimo impacto económico y social sobre 6.6 millones de nicaragüenses”, describió.
2022 tendrá un crecimiento modesto
Además de prever niveles de crecimiento más parecidos al de los años previos a la Rebelión de Abril de 2018, el BCN también presenta un pronóstico que se separa de forma marcada, de los que han elaborado entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), o la Comisión Económica para América Latina (Cepal), los que, en general, oscilan entre 1.5% y 2.7% para el período 2022 - 2026.
En su informe de noviembre pasado, el Informe de Noviembre de la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés), indicó que “habrá un riesgo de intervencionismo estatal ad hoc —principalmente en términos de aplicación fiscal y regulatoria— dirigido a socavar a los opositores al régimen. Sin embargo, en términos generales, el gobierno mantendrá un marco de política ortodoxo, con el sector privado impulsando ganancias (modestas) de productividad en el período de pronóstico 2022-26”.
Hace más de un mes, el EIU pronosticó que el PIB nicaragüense crecería 8.5% en 2021; seis semanas antes que el BCN elevara su pronóstico para este año, hasta el rango de 7.5% y 9.5%. Para 2022 y 2023, la publicación calcula que será de 2.0%, y se estabilizará en 1.7%, en el trienio 2024 - 2026.
“Una excelente recuperación en 2021, impulsada en gran parte por condiciones externas extremadamente favorables, ha ayudado a la economía nicaragüense a recuperarse rápidamente a niveles prepandémicos. Sin embargo, se prevé que el crecimiento se ralentice notablemente en 2022-26, por falta de crédito del sector privado, un entorno empresarial deficiente y moderación de la demanda externa”, añade la publicación.
El presidente del Consejo Directivo del BCN, Ovidio Reyes, dijo al presentar el pronóstico para 2022, que también esperaban que la inflación se moviera en un rango de entre 2.5% y 3.5%, sin detallar ni referirse a ninguno de los supuestos en que se basaron los expertos del Banco para llegar a esas conclusiones.
Los pronósticos del BCN
Los pronósticos que indican cuánto terminará creciendo la economía en 2021, fueron in crescendo, en la medida en que se recopilaban y acumulaban los datos, por lo que el primer cálculo del BCN, señalaba que el PIB crecería entre 2.5% y 3.5%, cálculo que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) corrigió en mayo, para cifrarlo en 3.7%.
A principios de septiembre, cuando el BCN procesó la información del primer semestre, y vio que el PIB había crecido 9.9%, su titular, Ovidio Reyes, informó que estaban elevando la previsión de crecimiento para todo el año, que pasó así de entre 4.0% y 6.0%, a oscilar entre 5.0% a 7.0%.
Tres semanas después del anuncio, el EIU, y S & P Global Rating, fijaron el crecimiento en 6.0%, muy cercano al cálculo de 5.0% refrendado por el FMI, y el 5.5% establecido por el Banco Mundial, que enfatizó cómo empeoró el estado de inseguridad alimentaria en el país, al punto que el 26% de los hogares se queda sin comida antes que termine el mes.
A finales de octubre, el Banco Central subió el listón del crecimiento, situándolo entre 6.0% y 8.0%, defendiendo la decisión de no confinar a los ciudadanos ni cerrar la economía para prevenir contagios de covid – 19, como argumento para explicar que el PIB pudiera crecer tanto, aunque obviando el hecho que el decrecimiento del trienio anterior, permite que un crecimiento posterior alcance mayores niveles.
La recuperación de la economía mundial, también estaría incidiendo en el crecimiento de las exportaciones y las remesas, que ayudan a dinamizar la economía.
Finalmente, el Informe de Noviembre del EIU, elevó su previsión de crecimiento, para fijarla en 8.5%, como consecuencia de las revisiones al alza de las cifras del primer semestre, hasta que este 13 de diciembre, Reyes volvió a elevarla, para colocarla en el rango de 7.5% a 9.5%.
De izq. a der.: Álvaro Vargas, José Adán Aguerri y Michael Healy, durante una conferencia en 2019. En la actualidad, están detenidos en El Chipote. Foto: Archivo
Cosep y Funides bajo persecución
Históricamente, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), cumplió el rol de representar a las empresas, sea enfrentando al gobernante -como en los años 70 y 80- o negociando con él, tal como fue la tónica hasta 2018.
La arremetida del régimen contra cualquier manifestación de disidencia -o simplemente independencia- llevó a la persecución y caída de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), y al arresto del expresidente de esa entidad, José Adán Aguerri, mientras el liderazgo del Cosep pasaba de las declaraciones a comienzos de año, al precautorio silencio.
En octubre, la captura del presidente y vicepresidente del Cosep, Michael Healy y Álvaro Vargas, fue ampliamente cuestionada por los gremios privados del continente, aunque eso no cambió nada. Luego, la ascensión del segundo vicepresidente, César Zamora, generó ruido en las redes, por parte de quienes se refieren a él como una probable ficha del régimen.
Aunque Zamora ofreció entrevistas después que terminara de asumir el cargo, y poner orden en la casa, el nuevo presidente del Cosep siguió la política de “cada palabra comunica, y cada silencio también”, hecha pública el 17 de agosto pasado. El despido del 60% de la fuerza laboral de la organización, fue el tiro de gracia en un proceso de invisibilización e inocuidad en que se encuentra.
Los ataques contra las empresas, la banca, los medios de comunicación, los gremios y los centros de pensamiento entre otras razones, incidieron para que el Doing Business 2020, publicado en el sitio web del Banco Mundial, calificara a Nicaragua como el tercer peor país de América Latina para hacer negocios, ocupando la posición número 142 (de 190), en medio de Tanzania (141) y Líbano (143). Solo Bolivia y Venezuela están peor que Nicaragua en el continente americano.
El riesgo de ser excluidos del Cafta y del AdA; la migración y el exilio acelerado de ciudadanos (desde profesionales capacitados, hasta jornaleros experimentados) que huyen buscando seguridad o empleos, la visión pesimista que externa el liderazgo gremial regional sobre la crisis nicaragüense, son algunas de las señales de identidad de lo que puede ser un año 2022, en donde, no hay que olvidarlo, se mantiene latente la amenaza del coronavirus.
El año del ataque a la banca
2021 fue inusualmente complicado para las empresas, que no solo vienen arrastrando las dificultades que surgieron en 2018, combinadas con las que se añadieron producto de la pandemia de covid - 19, a lo que se sumó la presión y persecución política contra organizaciones gremiales, centros de pensamiento… y la banca.
Si en la práctica, el ataque más fuerte fue la detención y enjuiciamiento del CEO regional de Banpro, Luis Rivas el pasado 15 de junio, en lo legal el sector vio aprobarse cuatro leyes que se constituyen como una espada de Damocles que amenaza su diario actuar.
En febrero, entraron en vigencia las reformas y adiciones a la Ley 842 o Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, también conocida como ‘Ley de Sancionados’, por cuanto permite que cualquier cliente (incluyendo aquellos allegados al régimen que son sujetos de una sanción internacional), dispute al banco las razones para cerrarle una cuenta lo que, a la larga, podría causar el colapso del sistema.
En agosto, Ortega se asignó más poderes para poder dar una pátina de legalidad, a cualquier decisión que quiera tomar en contra de la banca, al reformar tres leyes: la 587, (Ley de Mercado de Capitales); la 561, (Ley General de Bancos), y la 316, (Ley de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, Siboif).
Las fuentes consultadas en su momento, indicaron que los cambios hechos a ese combo de leyes permiten más que solo imponer multas leoninas y confiscatorias contra las empresas y funcionarios del sector. En realidad, incrementa la facultad discrecional del régimen, para cerrar cualquier empresa que se rija por esas leyes, incluyendo los bancos.
Toda esta situación derivó en un aumento del riesgo bancario; aunque la extrema precaución con que decidió operar el sistema, permitió combinar un estado de fortaleza, marcado por altos niveles de liquidez, aunque sin estar exento de riesgo, por los altos niveles de mora. El cierre de la empresa de seguridad y vigilancia Delta, parte del Grupo Banpro, a finales de octubre, mostró que no habían cesado los ataques contra la banca.
Año difícil para las empresas
Siempre en el ámbito empresarial, el año destacó por el cierre, retiro, o afectación a empresas; tanto por actuaciones desde el Estado, como otras propiciadas por particulares, destacando que uno de estos decidió pasar a la ofensiva, y demandó a Nicaragua, en la figura del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), supuestamente por 590 millones de dólares.
A inicios de abril, se conoció que la empresa de capital coreano, Astro Packing, anunciaba el cierre de operaciones, por la sobrecarga que representa la reforma tributaria, así como por problemas de abastecimiento de las bobinas de papel que requería para elaborar muchos de los empaques usados para la exportación de mercancías. El resultado fue el despido de su plantilla de 150 trabajadores.
Dos semanas después, la empresa de capital estadounidense New Holland Apparel, que fabricaba ropa deportiva, principalmente para las marcas Under Armour y Adidas, anunció que cerraría operaciones el 28 de mayo, lo que significó enviar al desempleo a los últimos 1200 trabajadores que trabajaban ahí. La empresa operaba en el país desde el 2005.
Un día después, la gerencia de Tomza S.A., empresa de capital guatemalteco, dedicada a la comercialización de LPG (gas que se usa, entre otras cosas, para cocinar), denunciaba la expropiación de las instalaciones que construía en Tipitapa, lo que representó una pérdida de cuatro millones de dólares, y que dejen de crearse unos 235 empleos directos.
Los anuncios de cierre de ambas empresas, hicieron recordar cuando, unos meses antes, British American Tobacco, (Batca), anunció que había decidido vender todos sus activos en Nicaragua. El cierre de su sucursal en el país significó la pérdida de al menos 120 puestos de trabajo.
Finalmente, en lo que pareció el resultado de un litigio entre particulares, un juez ordenó embargar las cuentas de la Corporación de Supermercados Unidos (CSU), propiedad de Walmart Centroamérica, por casi 32.5 millones de córdobas, como resultado de un juicio iniciado en su contra por Inversiones Parque Industrial Nejapa S.A. (Ipinsa).
