13 de febrero 2020
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El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, denunció este miércoles que cuatro empresas creadas por el presidente Daniel Ortega para manejar el petróleo local tienen como objetivo evadir impuestos y crearán competencia desleal.
La denuncia del Cosep se dio un día después de que la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó la creación de cuatro empresas para administrar la importación, distribución y comercio de petróleo, en medio de la peor crisis sociopolítica y económica de Nicaragua en décadas. Las iniciativas habían sido enviadas por Ortega con orden de trámite de urgencia.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, afirmó que la ley creadora de dichas empresas establece que estas son inembargables y están exentas "de todo tipo de tributos, tasas, cánones, derechos, regalías, contemplados en la legislación nacional, sean ordinarios o especial, nacionales, municipales o de cualquier otro tipo".
Las exenciones también se aplicarán a los bienes muebles e inmuebles de estas empresas, así como a sus "ventas, participaciones, utilidades, compraventas que realice, y servicios prestados", además de sus importaciones o compra local "de maquinaria, equipos materiales, insumos, y demás bienes".
Al evadir impuestos "estas empresas podrían estar vendiendo productos al mismo precio, pero con mayores ganancias, o a un precio más bajo comparado con las empresas que sí pagan impuestos, para ellos ir ganando mayor penetración de mercado", advirtió Aguerri.
Las exenciones de las nuevas empresas fueron aprobadas por los diputados sandinistas a pesar de que legislación nacional vigente no permite la competencia desleal, recordó el Cosep.
"Involución hacia empresas públicas"
Aguerri calificó la decisión de Ortega como una "involución hacia empresas públicas, una nueva competencia desleal que van a tener las empresas (privadas) que están en este sector, que pudieran estar en el mismo giro que estas empresas del Estado".
El representante de los empresarios resaltó que la decisión de Ortega no busca superar la crisis económica. "Obviamente hay un interés político tratando de responder a una situación que ha provocado las sanciones", dijo.
Esto, debido a que las cuatro empresas harán el trabajo de las existentes Alba de Nicaragua (Albanisa), Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) y la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), también estatales.
Las empresas existentes, que manejan cientos de millones de dólares derivados del negocio petrolero, han sufrido golpes económicos importantes desde el inicio de la crisis, ya que son reconocidas como la principal fuente de ingresos de Ortega, al que la oposición y parte de la comunidad internacional responsabiliza por la muerte de cientos de manifestantes desde 2018.
Entre los golpes sufridos por las empresas existentes están las sanciones económicas, directas o indirectas, impuestas por Estados Unidos y Canadá, así como el boicot de los nicaragüenses que rechazan a Ortega, y que ha hecho que las lujosas gasolineras estatales permanezcan sin clientes.
