23 de febrero 2021
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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, aboga por que el monto exento del impuesto sobre la renta (IR laboral), fijado en 100 000 córdobas desde hace ocho años, se amplíe hasta los 200 000 córdobas para que los trabajadores tengan mayor ingreso, “lo que elevaría el consumo y dinamizaría la economía”.
En 2012, la Ley de Concertación Tributaria (LCT), estableció que a partir del primero de enero de 2013, los trabajadores estaban exentos de pagar IR por los primeros 100 000 córdobas anuales. El cambio representó un alivio fiscal para todos aquellos que ganaban menos de 8333 córdobas al mes, pero se ha mantenido sin cambios desde entonces.
Consultado sobre esas declaraciones, Leonardo Corea, presidente de las cámaras de Aprodesni, compartió la idea de ampliar el beneficio, pero descartó llevarlo hasta los 200 000 córdobas. En vez de eso, propuso que se fije en 120 000.
Antes que la LCT lo elevara hasta los 100 000, el monto exento del IR estaba en 70 000 córdobas, precisa el economista y consultor independiente Adelmo Sandino, quien recuerda que el mismo texto legal indicaba que, a partir de 2016, se haría una reducción gradual de los porcentajes a tributar.
La premisa es que los salarios máximos tributarían el 30% de sus ingresos entre 2013 y 2016, y que, a partir de ese año, todos aquellos con ingresos superiores a los 100 000 anuales, pagarían un punto porcentual menos, durante cinco años seguidos (hasta acumular cinco puntos porcentuales menos). El alivio beneficiaría a profesionales, técnicos, etc., “pero en 2016 se derogó, dejándolos sin ese beneficio”, añadió el experto.
“Esta propuesta surge porque tenemos tres años de recesión económica, y este podría ser el cuarto año, si la situación política no da muestras de mejorar”, ilustró Sandino.
¿Aumentar el techo del IR a 120 000 o 200 000?
En medio de la discusión del salario mínimo, el gremio empresarial propone que, “en vez de subir hoy el 1%, 2%, 3%”, al pago de los trabajadores que menos ganan, mejor se eleve el monto exento del IR, por considerar que eso los beneficiaría más.
Al explicar cómo es que llegaron a la conclusión que se debería duplicar el techo del IR, Healy dijo que el verbo clave es ‘indexar’.
En 1997, cuando se dicta el decreto 67-97, que reglamentaba la Ley del IR, el tipo de cambio era de 9.37 córdobas por un dólar, y el monto exento era de 50 000 córdobas, o sea que beneficiaba a quienes redondearan 5336 dólares al año, o 444.71 dólares mensuales.
Al aprobarse la Ley 822, en diciembre de 2012, el tipo de cambio estaba a 24.08 córdobas, por lo que el líder gremial opina que “ahí sí hicieron muy correctamente una indexación, al pasar de 50 000 a 100 000 córdobas el techo del IR”, considerando que la nueva base exenta equivalía a 4152 dólares, o 346 dólares mensuales.
Pasar este monto anual a la realidad actual, considerando una tasa de cambio de 34.91 córdobas por un dólar, genera un resultado de 144 946.32 córdobas, que debería ser el nuevo monto exento, si se quisiera regresar la protección de los asalariados por lo menos a los niveles de 2012.
Si la comparación se hiciera con respecto a los 5336 dólares de 1997, el monto exento debería ser de 186 326 córdobas. De ahí a redondearlo a 200 000 córdobas, fue solo un paso.
En vez de eso, al mantenerlo en 100 000 córdobas, los asalariados gozan de una exención que apenas equivale a 2864 dólares anuales (y 238 dólares mensuales); “prácticamente, un 40% más bajo de lo que estaba en el año 2012”, detalló Healy.
Siendo solo una propuesta, la idea está sujeta a negociación, como lo muestra la posición de Healy al decir “que se puede subir a 180 000 córdobas”, pero “pueden ser 150 000. Hay propuestas de ciertas organizaciones que te hablan de este tema: algunas dicen 120 000, otras hablan de 150 000. Nosotros lo que hacemos es ver cómo nivelarlo”.
Exención del IR versus salario mínimo en Nicaragua
Aumentar el monto exento del IR, para hacerlo llegar hasta los 200 000 córdobas anuales (o cualquier suma cercana), beneficia al 25% de los trabajadores del sector formal (o sea, aquellos que están asegurados en el INSS), que ganan entre 10 000 y 20 000 córdobas mensuales. El problema es que aquellos que se verían beneficiados por un aumento del salario mínimo no se acercan a esos niveles, pues su pago mensual es de 6000 córdobas.
“Aumentarlo no beneficiaría a los que devengan el salario mínimo, pero sí a ese 25% que está entre 10 000 y 20 000 córdobas”, asegura el economista Sandino, aclarando que el salario promedio del país está en torno a los 11 000 córdobas.
Siendo así, ¿por qué el sector privado dice que los trabajadores se beneficiarían más de elevar el monto exento, en vez de recibir un escuálido 1% a 3% de aumento al salario mínimo?
Consultado al respecto, Healy menciona que las zonas francas tienen un acuerdo tripartito, que eleva en 8% el salario de los trabajadores, además que el sistema propicia que hagan —y ganen— horas extras, por lo que “hace varios años, alguien que trabajara en zona franca estaba exento del IR. Hoy no. Hoy la mayoría de empleados de zonas francas pagan IR, y eso es injusto”, declaró.
Para Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), el Cosep hace esta contrapropuesta “en aras del salario mínimo”, porque al revisarlo con una economía que lleva tres años en crisis, no se cumplen los parámetros del PIB y la inflación para elevarlo, de modo que no habría aumento, o estaría muy cercano al 1%.
“¿Querés apoyar a los trabajadores? Dales un respiro elevando el techo, pero también pagando mejores salarios. Eso solo se logra en una economía pujante, y aquí las empresas están en subsistencia, y con números negativos por tercer año consecutivo”, recordó.
Hilleprandt admite que “es verdad que esto no beneficia a los de menor salario, ni a los informales, pero es una propuesta, para ver cómo se les puede ayudar, buscando un incentivo que sea transversal para todos, en especial en este momento en que ha aumentado el precio de muchos productos agrícolas, quizás por los huracanes”.
En esa misma línea, el economista Maykel Marenco, opina que sí hay un beneficio residual para los que ganan menos, “porque se reduce la presión fiscal, lo que genera incentivos para crear nuevas iniciativas empresariales, domésticas y extranjeras, aunque ese beneficio no es directo para los que ganan menos”.
Esto beneficia a la clase media, que es la que aporta más impuestos, incluyendo los pagos al INSS. A la vez, hay mayor consumo, porque hay más gente con más ingresos, lo que incrementa las recaudaciones del IVA y del ISC, argumenta Marenco.
¿Cuánto le cuesta al Gobierno?
El Gobierno no ha mostrado alguna intención de renunciar a los copiosos ingresos que recibe por la vía de imponer impuestos a las rentas del trabajo.
Marenco observa que en todo este proceso es clave buscar el punto de equilibrio entre los 100 000 y los 200 000 córdobas, versus el monto que perderán las arcas del Estado, asegurando taxativamente su convencimiento de que “la propuesta de 200 000 es más sensata, porque incluye a más gente”.
Hilleprandt agrega que “al proponer que sean 200 000 córdobas, estamos diciendo: solo las empresas se han esforzado, pero no el Estado; la LCT es onerosa y no se ha revisado como dijeron que lo harían cuando la aprobaron” para recaudar más impuestos. Mientras tanto, sostiene, las empresas han tenido que cargar con el aumento de la cuota patronal del INSS, y una tarifa energética más alta.
El economista argumenta que “no se puede simplemente aumentar el salario mínimo, porque eso afecta a las empresas. La gente piensa en transnacionales, pero la mayoría de las empresas son pymes que se han sostenido pese a la crisis, pandemia, huracanes, pérdida de la demanda por sus bienes y productos, aumento de la presión tributaria y la carga fiscal, así que —estima— ampliar el techo exento es una alternativa muy sensata”.
Lo dice basado en que las pymes son las que pagan el salario mínimo. “Esas pequeñas unidades empresariales son las que saldrían más golpeadas; y sus trabajadores, los primeros afectados”, porque “si aumentas el salario mínimo ahorita, tomando en cuenta la matriz económica, y los tres años recientes, lo que veremos es reducción de personal, de las jornadas laborales, y cierre de algunos negocios”, graficó.
El otro actor económico a considerar es el Gobierno, siempre necesitado y siempre ávido de incrementar sus ingresos por la vía tributaria, lo que sugiere que difícilmente haya un movimiento para elevar el monto exento del IR.
“Llevarlo hasta los 200 000 córdobas es difícil, por toda la recaudación que se perdería, aunque el monto no es conocido”, dice Marenco, quien señala algunos de los parámetros técnicos a considerar para tomar una decisión en cualquier sentido.
El primero de ellos es conocer cuál es el objetivo del Gobierno, para balancear su pérdida recaudatoria, con el número de trabajadores a los que beneficiaría. De paso, elevar el monto exento “mejoraría la progresividad del sistema, volviéndolo un poco más justo, que es lo que se buscaba con la primera versión de la LCT”, recordó.
“Caramelo con covid-19”, dice Báez
“En 2019, cuando se volvió a reformar la LCT, lo que se buscaba era recaudar más ingresos, y difícilmente van a renunciar a ellos, en especial, en el espinoso momento que vive la economía, así que es difícil que esa iniciativa prospere… excepto porque este es un año electoral, así que no sería nada extraño”, vaticina el economista Marenco.
El abogado y experto fiscal, Julio Francisco Báez, está entre los que espera que, precisamente por ser un año electoral, el Gobierno se abstenga de tomar iniciativa alguna acerca de este tema en particular, y de cualquier otro en materia fiscal.
“Una reforma tributaria, a ocho meses de una elección nacional, se desnaturaliza por completo, por no decir que se corrompe”, sentenció Báez.
“Lo que en una década no ha decidido un Gobierno, jamás lo hará correctamente hoy. Sería caer en la trampa electorera. Si la actualización de la tarifa del IR de los asalariados no se ha dado aún, realizarlo ahora es demagogia cruel, además que el centro de la inequidad que azota al pueblo no reside ahí, y en términos de justicia tributaria, esto no pasaría de ser una broma o un pellizco”, añadió.
“Esta actualización del techo del IR de los asalariados, es como un caramelo con covid, o un caramelo envenenado: dulce, pero a la larga mata… ya que el ajuste del techo exento de IR de los asalariados resulta inútil a la postre, mientras el sistema tributario en su conjunto permanece intacto o se agrava, alcanzando Nicaragua el escandaloso nivel de país más inequitativo y desigual de América Latina”, lamenta.
“Se continúa asfixiando a los sectores pobres y medios, con una canasta básica inalcanzable y un costo de la vida que cada día empobrece más y más”, concluyó Báez.
