27 de abril 2019
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La decisión gubernamental de establecer en la nueva normativa de la Unidad de Análisis Financiero que las remesas familiares de 500 dólares o más, serán sujeto de supervisión, podría ser contraproducente para mantener el flujo de remesas, que el año pasado se incrementó a 1501.2 millones de dólares, mientras se ha producido una caída de la inversión extranjera directa.
“Esto es un instrumento político no monetario con el propósito de monitorear las transferencias, como parte del Estado policial que mantiene Ortega en el país. Entre otras consecuencias, va a aumentar la informalidad”, advirtió el politólogo Manuel Orozco, experto investigador sobre remesas, migración y desarrollo en el Diálogo Interamericano
“Esta es una política muy infrecuente en países receptores de remesas. El aumentar la informalidad en el pago de remesas va en detrimento de los receptores porque hará más cara la divisa, y creará un mercado informal y paralelo de dólares que podría ser capitalizado por grupos criminales como método para lavar dinero”, señaló.
Por su parte, el gerente de una empresa financiera, que pidió mantener su nombre en reserva, calificó de “excesiva” esta regulación. “Las remesas por esos montos generalmente vienen de Estados Unidos a través de Western Union y otras empresas similares que ya están supervisadas y controladas por el Tesoro estadounidense, por lo que reportar las remesas de 500 dólares para arriba, me parece raro. Si es una recomendación de ese país, ¿por qué la UAF va a revisar una transacción de 500 dólares?”, insistió.
Un economista consultado por CONFIDENCIAL dijo que “esa decisión del Gobierno de Daniel Ortega toca el sigilo financiero, que es el corazón del sistema capitalista del cual ellos también son parte, por lo que están cometiendo suicidio político y financiero. Quizás sea una forma de revancha, pero tendrá repercusiones serias en absolutamente todos los estratos sociales”.
Por su parte, Giovanni Rodríguez, catedrático de finanzas, consideró que “en un país donde hay desconfianza, cualquier normativa genera preocupación. Esta normativa ha generado más especulación y temor por el ambiente de incertidumbre y crisis que vive el país, que por el contenido mismo de la norma, que hace referencia a una regulación que ya existía”.
Pobreza de reportes; reportes de pobreza
La exigencia de cumplir esa normativa podría quedar en nada más que mucho ruido y pocas nueces, porque en la deprimida economía nicaragüense son pocas las transacciones que alcanzarán los montos fijados por el Estado.
Así lo explican los gerentes de tres empresas dedicadas al negocio de las microfinanzas, la venta de autos nuevos, y el alquiler y venta de casas nuevas y usadas.
“Algunos de nuestros asociados ya están presentando esos reportes a la UAF, pero el negocio está cayendo, porque no hay ventas”, explicó a CONFIDENCIAL la presidenta de la Cámara Nicaragüense de Corredores de Bienes Raíces (Canibir), Rosario de Téfel.
La empresaria recalca que el negocio está en una situación casi de paro, en donde “el grueso de la actividad está concentrada en los alquileres, porque los bancos no están prestando y solo se hacen ventas de oportunidad, cuando la gente tiene el dinero en la mano”.
En referencia a los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero, la presidenta de la Cámara dijo que algunos de sus socios están muy cerca de cerrar sus negocios, por lo que están diciendo a la UAF que no tienen nada que reportar.
El gerente de una empresa dedicada al negocio de microfinanzas dijo que a partir de que se publicara la normativa en La Gaceta del lunes pasado, tendrán que comenzar a entregar esos reportes a la UAF.
“Antes, solo reportábamos las operaciones sospechosas que detectábamos con nuestros propios sistemas de alerta, para cumplir los requerimientos de la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), y la UAF”, refirió.
Préstamos de 10 000 dólares ya están normados
Lo que le parece raro es que ahora se mande informar los desembolsos de más de 10 000 dólares. “Eso es inusual, porque la Superintendencia cataloga esos préstamos como cartera comercial, aunque su uso sea para empresas de servicios, cafetaleras, ganaderas, maniseras, etc., además que lleva garantías hipotecarias”.
En esos casos, “el cliente tiene que entregar documentación al banco o a la empresa de microfinanzas, para demostrar que usó el crédito para lo que dijo que lo iba a usar, y si lo usa para otra cosa, la empresa puede tomar acciones en contra suya para que lo pague de inmediato”, lo que implica que hay una supervisión estricta en este tipo de transacciones.
“La realidad es que pocos clientes solicitan y reciben préstamos superiores a 10 000 dólares. Quizás un 1%. Quienes entregan montos superiores a 10 000 dólares son los bancos”, especificó.
Por su parte, un ejecutivo del sector dijo que las empresas dedicadas a la importación y comercialización de autos nuevos están capacitando al personal a través de seminarios, para que puedan cumplir los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero.
“Esa ley entró en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta. Ahora, lo que hay que ver es si se va a llevar por medio de un sistema computarizado, o si los reportes se presentarán a mano”.
La presidenta de Canibir recordó que ese tipo de exigencias “no ocurre solo en Nicaragua, sino en otras partes de la región. La UAF se acercó a nosotros hace más de un año para explicarnos cómo iban a ser los procesos, pero comenzó la crisis, y por eso no se han implementado todavía”, aclaró.
La aplicación de la normativa sobre los reportes que los sujetos obligados tienen que entregar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), podría ser el resultado de la presión que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilac), ejerció sobre el Gobierno de Nicaragua.
“El Gafilac siempre deja recomendaciones para apretar más, así que no me extrañaría que la publicación de esa normativa en este momento, ocurra por presión de Estados Unidos”, dijo el gerente de una empresa financiera que pidió mantener su nombre en reserva.
