18 de febrero 2020
AA
El secretismo con que se maneja la cosa pública en Nicaragua, exacerbado después de la Rebelión de Abril, afecta el día a día del sector eléctrico nacional, cuyos actores deben tomar decisiones sin tener toda la información a mano, y muchas veces hasta sin saber quién es su contraparte.
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“No sabemos quién es el presidente” de Disnorte – Dissur, “es un misterio” admite César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), reconociendo que la empresa distribuidora sigue operando de manera normal, con el mismo personal, bajo la gerencia general de Gustavo Acosta.
TSK, la empresa de electricidad que en 2013 conformó un consorcio con su similar, Melfosur, para adquirir el 84% de las acciones de las distribuidoras de electricidad, pese a su nula (o desconocida) experiencia en ese campo se fue de Nicaragua “TSK ya salió del país. Posiblemente hace uno o dos años… A ciencia cierta no sabemos quién tomó esas acciones. No hay forma de saberlo. No hemos tenido información. Hemos preguntado, y no hay respuestas sobre ese tema”, dijo Zamora en una entrevista en el programa Esta Semana.
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El hecho que TSK y Melfosur aparecieron conformando el consorcio TMI para comprar las acciones de Disnorte-Dissur, siendo que no tenían ni la experiencia ni el capital para ello, fortaleció la tesis de que la verdadera dueña de la empresa es la binacional Albanisa, que está bajo control de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
César Zamora argumenta no saber si esto es así, y refiere que “la distribuidora nos ha manifestado que ellos no le pueden pagar ninguna factura a Albanisa por las sanciones. Sería un poco contradictorio que por un lado, no le pueda pagar a su cliente, y que lo tengan adentro”.
Por ello, concluye que el control accionario debe ocurrir “por medio de otra sociedad, o el Estado ha asumido mayor participación en la distribuidora”. Lo único cierto es que no se sabe.
Tampoco saben por qué el Despacho Nacional de Carga está comprando electricidad en el mercado regional a 95 dólares el megavatio, cuando en el país hay plantas térmicas que pueden producirlo en 85 dólares.
“Hemos visto niveles extraordinarios de importación de energía de Guatemala y de Panamá con contratos firmes por parte de no sabemos quién: la distribuidora, o el Despacho Nacional de Carga, o empresas como la distribuidora de Bluefields, que está importando alrededor 140 MW”, dijo el administrador.
Las estadísticas del sector eléctrico muestran que el 14% de la energía que se consumió en el país en 2019, era importada. En lo que va del año, hasta un 20% de la electricidad demandada se generó en el extranjero, en parte, a precios mayores que los que se pueden conseguir en el mercado local.
“El Despacho está declarando precios de 95 dólares el kilovatio, cuando las térmicas de Nicaragua generan a 85 dólares. Ellos no están despachando a las plantas térmicas, sino que, contradictoriamente, están trayendo esa energía que es un poco más cara que la que se produce en el país”, explicó.
Si bien el Centro Nacional de Despacho de Carga mantiene al día las estadísticas diarias del sector, el presidente de la Cámara de Energía también señaló cómo los funcionarios del Instituto Nicaragüense de Energía, pese a ser muy “rigurosos” en el manejo de la información, también están retrasados, y no duda que “con cuatro a cinco meses debería poder tener esa información”.
La merma de los subsidios
El comportamiento del mercado internacional favorece una disminución en la tarifa, pero la historia real dice otra cosa: mientras sube el costo por kilovatio hora a la misma velocidad en que se disminuye el subsidio, también aumenta el cobro del impuesto al valor agregado, y se reducen los beneficios para los jubilados.
Citando los datos de un sector que conoce muy bien, pero que además, están refrendados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Zamora relata que en 2019, los precios del combustible para generar electricidad tuvieron una reducción de nueve dólares, lo que representa un ahorro de alrededor de 14 millones de dólares que deberían aplicarse a la tarifa”.
“En lo que va del año, hay un promedio como de cuatro dólares en relación con el año anterior, que le debería de bajar a la tarifa unos dos millones de dólares en los primeros dos meses”, puntualizó.
Zamora también dijo que “si sumamos esto, junto con el incremento a las tarifas el año pasado, que fue del 13%, vemos que realmente la distribuidora ha tenido ingresos extras, los que se ven reducidos fundamentalmente por incrementos en las pérdidas del sector, o falta de cobro”.
“No tenemos los datos exactos, no han sido publicados, y se puede prestar a especulación”, señala Zamora para excusarse por no poder presentar datos precisos.
Explicó que la distribuidora y el Ministerio de Energía aducen que Disnorte-Dissur está altamente endeudada, y que su flujo está muy débil, lo que ha derivado en una reducción en el pago a los generadores en los últimos tres meses”, relató.
La tarifa eléctrica en Nicaragua fue diseñada con la perspectiva de defender a los más desprotegidos del país; a los que menos tienen, pero las nuevas reglas del juego dictaron un incremento en el cobro del IVA.
“Antes, un sector no pagaba, y ahora paga 7%. Había otro sector que pagaba 7%, y ahora está pagando el 15% del IVA. Aunque siguen siendo segmentos que tienen la energía más barata de Centroamérica, tenemos que entender que este sector, al igual que todo el país, está inmerso en la recesión económica que vivimos, y que afecta a todos los nicaragüenses”, detalló.
Dicotomía
Al evaluar el impacto del incremento de las tarifas en la industria y las empresas, y graficar cuáles son los sectores más afectados, el entrevistado explica que son la industria y el comercio, al igual que el residencial.
“Sin duda alguna, una de las mayores quejas del sector privado son los incrementos a la tarifa que se hizo en 2019. Fue un golpe bastante severo para la economía del país”, aseveró.
Zamora mostró la enorme disparidad que aún carga el mercado nicaragüense, en el que conviven tres sectores (la industria y el comercio, pero también los clientes residenciales de mayor consumo) que pagan la energía más cara de América Latina, y conviven con un sector subsidiado que consume la energía más barata de Centroamérica.
“Esa es la dicotomía del sector eléctrico de Nicaragua y creemos que hoy, con los precios bajos de los combustibles, la tarifa debería estar fortalecida, y sin embargo… a como se negociaron los contratos de renovables, hoy esa energía es mucho más cara que la térmica”, comparó.
“Si los incrementos se dieron el año pasado, no fue por un tema de eficiencia en la generación, sino por un problema en la distribuidora, que, o está cobrando menos, o está perdiendo más energía de la debida”, adujo admitiendo una vez más, la falta de información de que adolece el sector.
Con todo, asegura que las pérdidas que puedan tener las dos empresas distribuidoras “no son a niveles comparables con las de República Dominicana y Honduras, pero tenemos que buscar una solución integral a estos problemas a través de un diálogo con las autoridades”.
Si bien el sector privado en pleno se abstiene de conversar con el Gobierno como una forma de protesta ante la represión generalizada de la dictadura en contra del pueblo —empresarios incluidos— Zamora explica que, por ser la energía un servicio público, “hemos mantenido un diálogo con las autoridades, de cara a mantener la generación eléctrica disponible”.
Ello se manifiesta en que “no ha habido, por parte del sector eléctrico, ninguna parada por problemas técnicos o no técnicos. Este ha sido uno de los sectores menos golpeados de la economía nacional, y sin embargo, la compañía distribuidora sí tiene serios problemas de flujo”.
Zamora abogó por que en lo que resta de 2020, el sector se enfrasque en analizar el tema de la reducción de pérdidas. “Estamos hablando con las autoridades para ver números; que nos muestren qué está pasando ahí. Queremos ver el tema de los cobros, y también el tema de los precios de la energía por parte de los generadores”, enlistó.
Su expectativa es que “habrá una revisión. No podemos dejar que la distribuidora se vaya a la quiebra, y de alguna manera tenemos que reacomodar todas las fichas en el sector de la generación eléctrica. Es un tema delicado, pero tenemos que hacerlo con transparencia”.
La reducción de las plantas térmicas de Albanisa
La opacidad en el manejo del sistema interconectado nacional, no impide que este funcione, y cumpla a cabalidad su misión de generar la electricidad que requiere el país, y entregarla a cada cliente, a pesar que las sanciones sacaron del juego a las unidades térmicas de Alba de Nicaragua S.A., (Albanisa).
Las plantas ‘Hugo Chávez’ y las ‘Che Guevara’, representaban casi el 22% de la capacidad instalada del país, y alrededor de 25% de la energía demandada en las horas de menor consumo, sin embargo, el país no ha sufrido por el apagón forzoso que sufrieron, producto de las sanciones estadounidenses.
Desde su experiencia, Zamora refiere que Alba Generación “está teniendo problemas en su operación y mantenimiento”, y que sus unidades térmicas (también manejan un parque eólico) “están generando muchos menos”.
“Hemos visto una reducción sustancial en la producción con las unidades térmicas de Albanisa. Creemos que eso es fundamentalmente, producto de la poca capacidad de poder adquirir combustible”, detalló.
“El sector está protegido porque hay una sobrecapacidad instalada, así que bajo ninguna circunstancia vislumbramos escasez del fluido eléctrico en el país. No ha habido en nuestro sector, ninguna parada por problemas técnicos o no técnicos”, insistió Zamora.
