Economía

Alcaldía de Managua ejecuta “terrorismo fiscal”

Abogados de la comuna amenazan con cárcel a los contribuyentes para obligarlos a pagar millonarias cantidades en impuestos municipales

Una trama de “terrorismo fiscal” diseñada por la Alcaldía de Managua (ALMA) “en vista de incrementar la recaudación tributaria”, se impone desde finales de 2019 contra unos 200 empresarios que han sido acusados vía penal, por el delito de Defraudación Tributaria, para obligarlos a pagar exorbitantes cantidades de dinero en impuestos municipales, según denuncias de la oposición y condenas públicas desde los diferentes gremios empresariales.

La estratagema usada para llevar a los contribuyentes a los tribunales inicia con una auditoría de la Alcaldía; luego un bufete de abogados, en representación de la comuna entabla una acusación penal; después se presentan a la empresa requiriendo el cobro de grandes cantidades de dinero en concepto de reparación y amenazan al dueño del negocio con encarcelarlo, si no paga el monto requerido.

Este terrorismo fiscal deja en evidencia que “las contribuciones de las empresas no dan para más”, denunció el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, en una entrevista en el programa Esta Semana. “La actividad económica del país está reducida ante la pandemia; entonces, (las autoridades municipales) están llegando a la coerción, a la amenaza”, continuó.

A criterio de Chamorro, una vez que la denuncia está en los tribunales “es muy poco” lo que los empresarios pueden hacer, debido a que el sistema judicial “está coludido con estos estos cobradores que te recetan cárcel si no pagas”. Además, aseguró que existen empresas que han quebrado por la crisis económica del país y los cobros de grandes cantidades de dinero en impuestos municipales.

Orden de captura y allanamiento de morada

Muestra de este “terrorismo fiscal” es el caso de la empresaria Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro, su suegra Victoria Lacayo, y su cuñada Gabriela Cárdenas, a quienes la jueza Imara Isabel Castro Martínez, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, dictó orden de captura y allanamiento de morada por un reparo fiscal de 9.5 millones de córdobas (unos 274 725 dólares).

Cárdenas y su familia son propietarias de una inmobiliaria y un restaurante, a los que la Alcaldía de Managua auditó en diciembre del año pasado. La empresaria presentó su solvencia municipal de los últimos tres años, pero la dirección de recaudación de la Alcaldía dictaminó que la urbanizadora había ganado entre 2017 y 2019, la cantidad de 325 millones de córdobas (unos 9.4 millones de dólares), por lo que sentenció que existe una deuda millonaria en impuestos municipales.

Este reparo “es absurdo, tomando en cuenta que la mayoría de los lotes se vendieron hace ya casi 13 años. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos”, dijo la empresaria.

Según la Ley de Arbitrio, la municipalidad no puede cobrar impuestos municipales con más de tres años de atraso, a menos que demuestre que hizo gestiones de cobro.

Este caso estaba siendo atendido por la vía administrativa “sin ningún resultado”, hasta que el pasado nueve de julio las propietarias del negocio fueron amenazadas por el abogado Ricardo Ramírez McNally, en representación de la Alcaldía de Managua, con ser llevadas a la cárcel si no pagaban la deuda millonaria. El 21 de agosto pasado la juez Castro Martínez giró la orden de captura en contra de las propietarias del negocio.

Cárdenas asegura que es falso que hayan tenido ingresos por casi diez millones de dólares, justo cuando el país comenzó a hundirse en una crisis sociopolítica de la que no logra recuperarse y denunció que se trata de un “tipo de prácticas intimidatorias”, y “represión fiscal” por el trabajo político de su esposo.

“Hacemos esta denuncia pública porque tenemos la verdad de nuestro lado, aunque esto implique poner en riesgo mi libertad y la de mi madre. Esta acusación injusta afecta nuestra libertad, patrimonio, reputación, y bienestar emocional”, agregó Cárdenas.

Represalia política contra opositores

Para Chamorro, la amenaza de encarcelar a su esposa, suegra y cuñada, es —además de una medida de recaudación tributaria desesperada— una represalia política por parte del régimen de Daniel Ortega, porque “la acusación es totalmente falsa”.

La orden de detención y allanamiento de morada siguen vigentes, pero las afectadas introdujeron un Recurso de Amparo que se encuentra en la tubería del sistema judicial. “Ya sabemos que es lo que pasa con este tipo de resoluciones, te las rechazan o te dejan en un limbo legal”, reclamó Chamorro.

El opositor indicó que “en este terrorismo fiscal está detrás una red de abogados supuestamente privados en alianza con funcionarios de la Alcaldía de Managua”, que no se han pronunciado aún sobre esa denuncia.

Asimismo, el líder de la oposición aseguró que algunos de los afectados están valorando la posibilidad de crear un grupo para documentar las evidencias, mostrar patrones de conducta, amenazas de cárcel, el manejo a través de los bufetes de abogados y el contubernio con los tribunales de justicia.

El objetivo de este grupo sería “ir montando un caso (contra el Estado), como se ha montado el caso de las víctimas de asesinatos, víctimas de encarcelamiento, y ahora las víctimas de intimidación, acoso y terrorismo fiscal”, dijo Chamorro.

En estos casos “lo que corresponde es llenar la evidencia de este incumplimiento del debido proceso y los pagos que no se deben hacer”, explicó Chamorro. Agregó que “hay que hacer poner la denuncia y alzar la voz”.

Condenan intimidación y cobros onerosos

Ante las denuncias más recientes de “terrorismo fiscal” ejecutado por la Alcaldía de Managua, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) fue una de las primeras en demandar el “cese a la intimidación hacia opositores y sector privado”, en un comunicado publicado el tres de septiembre.

“El actuar intimidatorio y arbitrario de las autoridades en contra de empresarios del sector privado y activistas opositores representan un conjunto de agresiones deliberadas que buscan agredir, callar la opinión y descontento popular, violando el derecho de todo ser humano a la libertad de expresión y de pensamiento”, argumentó AmCham.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) también condenó las “arbitrariedades de las que han sido objeto empresarios, contribuyentes y personas naturales, con cobros onerosos y procedimientos administrativos fuera de la ley y normas en Nicaragua”.

En un comunicado de este cuatro de septiembre, la Fundación consideró que “el proceder de las autoridades municipales, fiscales y judiciales ahuyenta las inversiones del país, en un contexto en el que los nicaragüenses acarreamos la crisis económica generada por la crisis sociopolítica desde abril de 2018, a la que se suma la crisis por la pandemia de covid-19”.

El actual presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, también se solidarizó con la familia Chamorro Cárdenas por la acción del régimen, según una nota publicada por 100% Noticias.

Aguerri añadió “lo que el Estado debe hacer es todo lo contrario: proteger a los contribuyentes, asegurar el respeto de la ley”, tras indicar que la Alcaldía recurriría a “estos procesos arbitrarios para tratar de solventar su problema de liquidez”. En semanas anteriores, el Cosep ya había denunciado la “voracidad recaudatoria” del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El consejo directivo de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) también expresó su respaldo público “a todo el sector empresarial” afectado, al considerar que estas medidas “no siguen el debido proceso” y son “nocivas” para las empresas.

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) sumó su “preocupación” y demandó a las autoridades “rectificar lo actuado y no promover conductas nocivas para las empresas”.

La opositora Alianza Cívica también condenó la “intimidación fiscal” en contra de las empresas y se solidarizó con la familia de Chamorro y Cárdenas.

“Rechazamos —añadió la organización— cualquier acción judicial o administrativa que violento los derechos de la libre empresa. Este tipo de intimidación fiscal ahuyenta la inversión privada y frena la generación de empleos tan necesarios para el país”.


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