10 de abril 2020
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Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como la Organización de Estados Americanos (OEA), mostraron su preocupación este jueves santo por el riesgo que corren decenas de “presos políticos” de contraer Covid-19, en las cárceles del país.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la OEA, coincidieron en demandar la liberación de los “presos políticos”, debido al doble drama político y sanitario que enfrentan.
El Cenidh exigió “al régimen ORMU (del mandatario Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo) la liberación inmediata de los presos políticos, que peligran de contagiarse por Covid-19 en las inhumanas celdas de Nicaragua”.
Datos de la disidencia indican que más de 70 personas permanecen encarceladas en Nicaragua por no simpatizar con el Gobierno de Ortega, al que califican de “dictadura”, incluyendo dos jóvenes capturados esta mañana. El Gobierno de Ortega excarceló ayer a 1.700 reos, todos delincuentes comunes, y ninguno de la lista de “presos políticos”, según confirmaron los movimientos disidentes.
"Tratos crueles"
La OEA, que denunció y pidió el cese de los “tratos crueles, inhumanos y degradantes” de las autoridades nicaragüenses hacia los opositores, lamentó las “condiciones de reclusión” de los “presos políticos”.
El organismo multinacional afirmó que la situación “se agrava ante la actual pandemia”. “La Secretaría General hace un llamado al Estado de Nicaragua para adecuar las condiciones de las personas recluidas a los riesgos sanitarios existentes”, agregó la OEA.
La CIDH advirtió que, dada la falta de medidas estatales de prevención, no solamente los “presos políticos” corren riesgo en Nicaragua, sino también la población en general.
“En el contexto de la grave crisis de derechos humanos que persiste en el país, el Estado de Nicaragua podría poner en un riesgo adicional el disfrute de derechos, tales como la vida, la salud y la integridad de todas las personas en el país”, destacó la CIDH.
El Gobierno nicaragüense se niega a tomar medidas de prevención con base en que los siete casos confirmados de COVID-19, incluido un paciente ya fallecido, son “importados”, y en que no hay “transmisión local comunitaria”.
Urgen acciones
“La CIDH hace un llamado urgente a las autoridades para que, en ejercicio de su deber de garantía de derechos humanos, adopte medidas eficaces de atención y contención de la pandemia, conforme a las recomendaciones técnicas y científicas internacionales, dirigidas a proteger los derechos humanos”, agregó el organismo.
Ante la falta de acciones gubernamentales frente a la pandemia, los nicaragüenses han optado por seguir las recomendaciones directas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el distanciamiento social, cuarentenas voluntarias, o la estricta higiene personal.
Desde 2018 el Gobierno de Ortega ha firmado al menos tres compromisos para liberar a los “presos políticos” y respetar la Constitución de Nicaragua, los cuales, según denuncia la oposición, no ha cumplido a pesar de haber excarcelado a 600 opositores en 14 meses, de acuerdo con la disidencia.
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