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Magistrada Ramos convocará a Corte Plena y advierte a colegas liberarles

"Si no asisten, hay sanciones civiles y penales"

• “Yo sí puedo convocar a Corte Plena y a conjueces”, dice.
• Admite que hay negociaciones con los liberales, pero no han llegado a un acuerdo.
• Insiste en que es un "problema político", que se resolverá en la medida que haya avances en las conversaciones y acuerdos en otros poderes del Estado.

Carlos Salinas Maldonado | 22/6/2010
@CSMaldonado

La magistrada Alba Luz Ramos no se anda por las ramas. Dice que todas las cortes del mundo responden a intereses partidarios, y que la de Nicaragua no tiene por qué ser la excepción. Asegura que a ella le gustaría que no fuera así, pero ya sentada en la presidencia de este poder del Estado, le toca interpretar el papel que hasta ahora todos los magistrados han desarrollado: el de usar las leyes del país según los intereses de los partidos que ostentan el poder. Ya sea alegando legalidad para un decreto o para la reelección prohibida por la Constitución.

Ramos asume la presidencia por la ley, dado que al magistrado liberal Manuel Martínez se le venció su periodo al frente de esa institución. Martínez dejó su cargo sin convocar a Corte Plena para elegir nuevas autoridades, lo que ha agravado la crisis de la Suprema. Eso sí, antes de irse de la presidencia afirmó que sus colegas sandinistas no pueden convocar a Corte Plena, porque sería una sesión ilegal y viciada.

Ramos afirma que no es así. Que la ley la nombra presidenta de la Corte con todas las atribuciones que había ostentado Martínez, incluyendo convocar a Corte Plena cuando quiera. El problema es que hasta ahora no hay un acuerdo con los liberales para hacerlo, ya que necesita de la participación de éstos para lograr quórum. Martínez se había negado a convocar porque los sandinistas serían mayoría en votos (ocho contra seis), dado que Rafael Solís y Armengol Cuadra decidieron mantenerse en sus cargos arropados por el llamado “decretazo” del presidente Daniel Ortega.

Ante el impasse, la nueva presidenta presenta algunas alternativas como presión para persuadir a sus compañeros liberales: convocar a conjueces para que ocupen el puesto de los magistrados ausentes o hacer uso de sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluso podrían ser “sanciones de responsabilidad penal y civil”, advierte. La magistrada reconoce, sin embargo, que una salida a la crisis que paraliza a la Corte pasa por un acuerdo político en la Asamblea Nacional, donde por el momento las pláticas para escoger a una veintena de funcionarios públicos están estancadas.

Usted asume la presidencia de la CSJ bajo una fuerte controversia. El magistrado Manuel Martínez dice que no tiene competencia, por ejemplo, para convocar a Corte Plena.

Estoy tratando de ver cómo está funcionando administrativamente la Corte, porque el doctor Martínez no me hizo entrega formal de la administración. A partir de la próxima semana ya voy a ver si podemos convocar a Corte Plena. Vamos a ver si asisten los colegas liberales, porque todo es posible en este mundo. Yo sí puedo hacer la convocatoria, porque el artículo 30 de la Ley Orgánica dice que en ausencia temporal o simultánea del presidente o del vicepresidente, asume el primer vocal. Eso ya ha ocurrido en otras ocasiones. Cuando la ley habla claro no hay nada que interpretar.

¿Sus atribuciones ahora son las mismas que ha tenido el magistrado Martínez?

Son las 19 que aparecen establecidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El magistrado Martínez dijo que la convocatoria sería ilegal y estaría “viciada” y que ellos no van a participar.

Nosotros, en todo caso, incorporaríamos a los conjueces, porque ellos deberían estar ahí mientras no hagan acto de presencia los magistrados liberales que son los propietarios. Hay antecedentes, está en la jurisprudencia de este país desde 1924.

Tenemos que convocar varias veces para dejar constancia de que no asistieron, porque el artículo 144 de la Ley Orgánica prohíbe a los magistrados ausentarse del lugar donde ejercen sus cargos. Eso significa que no basta con estar en una oficina gastando electricidad, con un equipo de trabajo que se está pagando con el presupuesto del país, utilizando un vehículo con chofer y gasolina. Tienen que cumplir con sus funciones, y la única que en este momento tienen es la establecida para la Corte Plena, porque no están ejerciendo funciones para las salas, porque están desintegradas.

¿Qué pasa si deciden no asistir?

Si después de varias convocatorias no asisten, están incumpliendo con las funciones de su cargo. Si un diputado no asiste a las sesiones en un número de veces establecido por los estatutos de la Asamblea Nacional, lo sancionan. En este caso, la Ley Orgánica de la Corte también establece sanciones, incluso sanciones de responsabilidad penal y civil.

¿Esta crisis qué consecuencias tiene para el funcionamiento de la Corte?

Bueno, ahorita no se puede dictar sentencia mientras las salas no estén integradas. Se puede trabajar internamente, adelantando trabajo. Eso no se paraliza.

¿Cree que esta crisis se puede seguir extendiendo?

Yo espero que no. Que podamos lograr un consenso para la próxima semana sería fantástico.

¿Están en negociaciones con los magistrados liberales?

Sí, ha habido encuentros, hay negociaciones. No hemos llegado a ninguna solución porque estas son cuestiones políticas. Probablemente en la medida que avancen las negociaciones en otros poderes del Estado, en la Asamblea Nacional, podemos vislumbrar que se puedan solucionar estos problemas.

¿Cómo explica que hasta ahora los magistrados de la Corte no se hayan puesto de cuerdo y hayan elegido a las nuevas autoridades tal y como lo contempla la ley?

Precisamente porque este es un problema político, está ligado a la vida política del país. Para mí, en este momento, lo importante es mantener el funcionamiento del Poder Judicial, de las estructuras que administran justicia, porque eso es lo que le va a prestar un servicio al pueblo de Nicaragua.

¿A qué se refiere con “problemas políticos”?

A que el doctor Martínez no cita a Corte Plena porque no quiere aceptar que hay dos magistrados (Rafael Solís y Armengol Cuadra) que están aquí y que él dice que no deben estar en la Corte porque ya se les venció su periodo. Y dice que hay un artículo 201 de la Constitución. Un artículo que nadie ha derogado, que alguien, por esas irresponsabilidades que hay en nuestro país, decidió quitar en una nueva edición de la Constitución parte de él porque considera que está autoderogado. Es una cosa inverosímil: ninguna disposición constitucional se autoderoga, para reformarse o derogarse necesitan de un procedimiento especial establecido en la Constitución.

Se ha especulado mucho al respecto. Expertos en el tema han dicho que por ser un artículo transitorio venció.

No es cierto. En la Constitución nadie puede derogar ni eliminar nada. Tiene que decirlo el mismo órgano que estableció ese artículo. Ellos tienen que decir esto era transitorio y ya no cabe aquí.

Pero la Constitución también establece que concluyó el periodo de los magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra. Se les acusa de usurpar funciones.

Pero según ese artículo ellos continúan en función mientras no se nombre su sustituto.

Arropándose en el decreto del presidente Ortega.

Y de ese artículo 201. Prevalece la Constitución sobre cualquier ley secundaria o decreto Ejecutivo. El título dice “Disposiciones finales y transitorias”, cualquier abogado de este país en un medio de comunicación, porque se le ocurre, va a decir que no está vigente porque es transitorio.

Entonces si ahora se arropan en ese artículo, de qué sirve el decreto del presidente Ortega.

Eso yo no sé, habría que preguntárselo a él. Es una decisión política para lograr un pacto político. Los magistrados están arropados por la Constitución y ésta está por encima del decreto.

Los magistrados liberales dicen que ustedes intentan convocar a Corte Plena para legitimar ese decreto.

No. Esa es una gran mentira. Nosotros hemos pedido la convocatoria para conformar la directiva de la CSJ, elegir presidente, vicepresidente y dejar establecido el orden de las vocalías, que no las decidimos nosotros, están establecidas en el artículo 28 de la Ley Orgánica, donde se dice que las vocalías van a tener un orden de precedencia de acuerdo a la antigüedad de los magistrados. También elegir presidentes y constituir las cuatro salas. Para eso queremos constituir Corte Plena. Para nada más. Jamás se habló de introducir ahí ninguna ratificación de nada.

¿Excluye también el fallo relacionado con la reelección del presidente Ortega?

Excluye todo lo demás. Eso es lo que veo terrible y lamentable: que en un comunicado del que entonces era presidente de la Corte, esté diciendo que nosotros exigimos eso, cuando no es cierto. Además de eso, él desde antes del 11 de abril, que fue cuando se les venció el período al doctor Solís y al doctor Cuadra, no había convocado a Corte Plena.

Otra cosa que el magistrado Martínez señala es que ustedes, los magistrados sandinistas, quieren prácticamente apoderarse de la institución.

Ellos pueden evitarlo acudiendo a la Corte Plena. Si no llegan, ¿cómo los vamos a incluir?

¿Pero aspiran a mantener la presidencia una vez haya elecciones en Corte Plena?

No sé, hay varios escenarios, cualquier de ellos podría suceder. Mi posición es institucional, no política. Tenemos que hacer lo mejor para solucionar los problemas de este poder del Estado, que todo vuelva a la normalidad. Mis líneas de acción en este momento son mandar el mensaje a los jueces, a los tribunales, de que continúen resolviendo los casos con eficiencia, con eficacia, con transparencia, agilizando la resolución de los casos. Esa es mi posición, resolver de mejor manera los problemas del Poder Judicial y sobre todo esta crisis, porque son crisis cíclicas.

¿Ustedes aspiran a dominar las presidencias de las cuatro salas de la Corte?

No, no aspiramos a eso. Y nunca ha sucedido así.

¿Entonces se podría mantener el esquema actual de mitad-mitad?

Podría ser que se reelija al doctor Martínez o que se elija a otro liberal o a un sandinista. Todos tenemos opciones, va a depender de ponerse de acuerdo. Yo voy a sondear la posibilidad de convocar a Corte Plena, podría hacerlo la próxima semana, no miro ningún obstáculo para hacerlo.

¿Qué opina de las críticas que señalan a la Corte como un arma a favor del presidente Ortega, principalmente la Sala Constitucional?

La justicia constitucional es una justicia política. La Constitución se llama Política porque establece la organización de los poderes del Estado, los derechos y garantías, los principales derechos civiles.

Pero lo que vemos aquí es una justicia partidaria.

Bueno, pero la política también es partidaria, si no, no existirían los partidos políticos.

Pero las decisiones de la Corte parecen encaminadas a beneficiar a un partido.

Aquí y en muchas partes del mundo existe ese problema. A mí me gustaría que no existiera, pero los poderes están divididos entre las diferentes fuerzas políticas, sobre todo las mayoritarias. Pasa en España… en Estados Unidos, donde el presidente de turno si tiene la oportunidad de proponer a un magistrado de la Corte, va a proponer a uno que tenga sus inclinaciones ideológicas.

Bueno, pero después demuestran independencia, lo que no parece ser el caso aquí.

Yo no diría tanto eso, recuerde cuando se eligió el presidente Bush: lo eligió una Corte Suprema de Justicia, no un tribunal electoral. En todas partes ocurre. Claro que sería deseable que no existiera.

La visión que se tiene de la Corte en Nicaragua es que está dividida en bancadas compuestas por magistrados que responden a intereses partidarios.

Eso se repite en la mayoría de las cortes del mundo. El señor Oscar Arias, que tanto critica al comandante Ortega, hizo exactamente lo mismo con la Sala Constitucional (de Costa Rica). Lo que pasa es que lo hicieron más lentamente, guardando las formas, al estilo tico.

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