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Juristas analizan crisis en el Poder Judicial y sus escenarios

Pugna para mantener status quo en CSJ

*FSLN desesperado para dotar de legitimidad la reelección del presidente Ortega.

Carlos Salinas Maldonado | 21/6/2010
@CSMaldonado

La magistrada sandinista Alba Luz Ramos asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en medio de una grave crisis que mantiene paralizado a ese poder del Estado, con sus cuatro salas desintegradas. En medio de una controversia sobre las atribuciones que Ramos tiene como presidenta de la Suprema por la ley, Confidencial consultó a los expertos en temas jurídicos Gabriel Álvarez y Omar García para analizar el papel que puede desempeñar la magistrada Ramos a la cabeza de la Corte.

¿Puede la magistrada Ramos convocar a Corte Plena?

El lunes pasado el magistrado liberal Manuel Martínez terminó su presidencia en la Corte Suprema de Justicia sin convocar a Corte Plena, pero advirtiendo que la nueva presidenta por la ley, la magistrada sandinista Alba Luz Ramos, no podía convocar. Cualquier convocatoria, dijo Martínez, sería ilegal y estaría viciada. Ramos le contestó que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 30, le otorgaba las 19 atribuciones que mantuvo Martínez como presidente, incluyendo la de “convocar, presidir y fijar el orden del día en las sesiones ordinarias de la Corte Plena”.

Para el abogado constitucionalista Omar García, el hecho de que por la ley Ramos pueda asumir las funciones como presidenta del Supremo, no quiere decir que haya las condiciones para que se realice Corte Plena. García se basa en el artículo 163 de la Constitución —que establece que la Corte estará integrada por 16 magistrados—y el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la Corte Plena estará integrada por todos los magistrados del Supremo. Actualmente, la Corte está compuesta por doce magistrados, tras el fallecimiento de uno y el vencimiento de su periodo a otros tres. Por lo tanto, concluye, García, sin el número de magistrados establecidos por la Constitución, no se cumple con el requisito legal para la sesión de Corte Plena.

“Corte Plena significa que existe la probabilidad de contar con los 16 magistrados de la CSJ. La Corte cuenta con 12 magistrados, por tanto no hay Corte Plena y todo lo demás está imposibilitado de poder desarrollarse. Ella (Ramos) tiene todas las funciones del presidente y vicepresidente de la Corte, pero como no hay Corte Plena no puede materializar esa función”, dice García.

Para Gabriel Álvarez, la convocatoria para Corte Plena de parte de la magistrada Ramos estaría “viciada de ilegalidad”. Álvarez afirma que Ramos no está ejerciendo legalmente sus funciones como presidenta del Supremo. El experto se basa en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer su análisis. Ese artículo que “en caso de falta temporal y simultánea del presidente y del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, asumirá sus funciones el primer vocal”, que en este caso es la magistrada Ramos por su antigüedad en la Corte.

No hay falta temporal y simultánea del presidente o vicepresidente, dice Alvarez porque sencillamente no hay presidente. En todo caso, de lo que se debería hablar es de la inexistencia o falta definitiva del presidente. Lo que ese artículo señala no es argumento jurídico suficiente para que la doctora Ramos ejerza estas funciones, y a partir de ahí se deriva que todo lo que ella haga en el ejercicio de un cargo cuyo fundamento jurídico es obvia y ostensiblemente insuficiente, se queda viciado de ilegalidad y por lo tanto susceptible de no reconocimiento, de impugnación posterior”.

¿Se puede conformar Corte Plena con la estructura actual de la CSJ?

Actualmente en la Corte Suprema de Justicia hay doce magistrados habilitados: seis liberales y seis sandinistas. Sin embargo, la “bancada” sandinista afirma que sus miembros son ocho, al arroparse los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra en el controvertido decreto 3-2010 emitido en enero por el presidente Ortega, que les ordena permanecer en sus cargos a pesar de haberse vencido su periodo constitucional. Además, estos ex magistrados se amparan en el párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución.

La ley establece que el quórum para integrarse en Corte Plena es la mitad más uno de los magistrados de la Corte. Si se incluye a Solís y Cuadra como magistrados, la cantidad necesaria para Corte Plena son nueve miembros. Eso lleva a los magistrados sandinistas a iniciar intensas negociaciones con sus compañeros liberales, lo que ya confirmó a Confidencial la magistrada Ramos, aunque hasta ahora no hay un acuerdo.

“Ellos (magistrados sandinistas) tienen el enorme problema de que aunque asumiera la doctora Ramos la presidencia, siendo coherentes con el decreto 3-2010 y el supuestamente vigente párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución; de todas maneras no pueden integrar Corte Plena ni tomar decisiones sin la anuencia del otro grupo partidario. Tienen necesariamente que persuadir a los magistrados del grupo liberal para poder actuar de manera, entre comillas, correcta”, dice Gabriel Álvarez.

¿Se puede llamar a conjueces para convocar a Corte Plena?

El lunes pasado el magistrado liberal Manuel Martínez dijo que él y sus compañeros no asistirían a la sesión si Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte por la ley, decidía convocar a Corte Plena. “Nos atenemos a la Constitución”, se justificó Martínez. Sin embargo, la Magistrada Ramos ha dicho que covnocará a corte plena y si los liberales no asisten, podría llamar a los conjueces.

“La Constitución, después de las reformas del 2000, crea la figura de los conjueces y establece que por cada uno de los magistrados va haber un conjuez. Sin embargo, el ámbito competencial de los conjueces está determinado por la propia Constitución. En ese sentido, el artículo 163 en el párrafo segundo señala que los conjueces serán llamados a integrar Corte Plena cuando se produzca ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los magistrados”, explica Omar García.

El analista, que dice tener “reservas sobre el papel de los conjueces”, afirma que en todo caso la magistrada Ramos puede convocar a los conjueces “únicamente en una reiterada ausencia de los magistrados liberales, que por diversas razones no acudan a las reuniones de la Corte”.

Para Gabriel Álvarez, es “falso” que Ramos, como ha afirmado, pueda convocar a los conjueces. “Eso no tiene  argumento jurídico porque no está reglamentado el mecanismo y los procedimientos para llamar a los conjueces. Si llama a los conjueces comete una arbitrariedad, que es actuar sin fundamento legal y violentando un principio de todo Estado de Derecho. Para integrar a los conjueces primero tendría la Asamblea Nacional que aprobar una ley regulando los criterios, procedimientos y límites del funcionamiento de los conjueces”, explica Álvarez.

¿Qué hay detrás de la crisis de la Corte Suprema?

Para el analista Gabriel Álvarez el problema de la CSJ es que sus miembros han adoptado una posición de defensores de intereses partidarios, lo que ha debilitado a la organización y la ha sumido en el impasse actual. La crisis, concluye el experto, es resultado de maniobras para mantener el sistema tal y como ha sido desde 1999, con la repartición de poderes entre los dos grandes partidos del país tras los acuerdos del llamado “Pacto” amarrado por los caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.

“La Corte Suprema se ha convertido en el centro de la arbitrariedad en Nicaragua: se integran salas como les da la gana, llaman a quien les da la gana, fallan como se les da la gana, quitan la impunidad a quien quieran. Pasan por encima de la Asamblea, de la Constitución, de su misma Ley Orgánica”, dice Álvarez.

Para este experto en temas constitucionales, los actuales magistrados de la Corte no muestran “ningún indicio de que tengan respeto a la legalidad, aunque sí tienen una preocupación por conseguir mayores grados de legitimidad política para la reelección del presidente Ortega, lo que parece ser el fin último de la mayoría de magistrados”.

Por lo tanto, agrega, al final de esta crisis podría mantenerse la estructura actual de mitad-mitad en la Corte Suprema, con magistrados sandinistas dominando salas importantes (como la Constitucional, Penal o la de lo Contencioso Administrativo) a la vez que se le entrega un par de salas a los liberales o bien mantiene la presidencia del órgano. En resumidas cuentas, el pacto entre liberales y sandinistas.

“Esa repartición permite mantener un balance para funcionar y violentar la Constitución y las leyes cuando les convenga, incluso de acuerdo mutuo: unos se hacen los ofendidos, hacen voto razonado o no se presentan. Repartirse de esa manera le permite al Frente Sandinista manejar totalmente la Corte Suprema”, explica Álvarez.

La única salida para terminar con el impasse está en el Plenario de la Asamblea Nacional, explica, por su parte, Omar García.

“Lo correcto y adecuado es elegir a los funcionarios. La competencia fuerte la tiene la Asamblea Nacional. El problema radica siempre en el hecho que los partidos políticos con representación parlamentaria y que tienen la posibilidad de lograr 56 votos no se ponen de acuerdo en relación a las personas que van a ser electas. Lamentablemente ese problema es de tal magnitud y transcendencia que se come a todo el resto de órganos del Estado, incluyendo uno tan importante como el Poder Judicial”, afirma García.

Comentarios

1
EDUARDO MEJIA

Y SIGUE EL INTERMINABLE RELAJO
DE LOS MUY REVERENDISIMOS MAJESTRADOS
POR QUE DE UNA VEZ NO SE VAN AL CARAJO
Y DEJAN DE SER TAN DESCARADOS.

ESTOS TIPOS SON TAN LUCIOS
QUE NI QUE LOS CORRAN, SE TERMINAN DE IR;
SE SACAN LOS TRAPOS SUCIOS
Y HASTA LA MADRE QUE LOS VIO PARIR.

DE ABOGADOS, MUY POCO QUE OFRECER
SU ETICA DEJA MUCHO QUE DESEAR
LOS CHANCHULLOS, LOS HA HECHO CRECER
Y AHORA NADIE LOS PUEDE SACAR.

ESTAN AFERRADOS A SUS PUESTOS
E INVENTAN CUALQUIER CUENTO DE CAMINOS
BUSCAN HASTAN LLANTAS DE REPUESTOS
CON TAL DE SEGUIR DE BUENOS CANINOS..


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