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La empresa CENTROLAC y la Alcaldía de Tipitapa se encuentran inmersas en un diferendo legal originado por la aplicación de un reparo y su consiguiente multa por C$2.4 millones en contra de esa empresa láctea, que alega en su defensa, la ilegalidad de cobrar impuestos a la leche, y a las exportaciones en general.

Esta historia dio inicio el 25 de enero pasado, cuando fiscales de la alcaldía tipitapeña, dictaron el mencionado reparo que Miguel Castrillo, Asesor Legal de esa comuna, defiende recordando que “todas las actividades económicas tienen que obtener una matrícula en la alcaldía respectiva, y pagar los impuestos que corresponde”.

Al respecto, Alfredo Lacayo, Gerente General de CENTROLAC, responde que “nosotros pagamos impuestos por los jugos, pero no tenemos por qué pagarlos sobre la venta de leche, y sobre las exportaciones… y no es que no queramos pagar, sino que la Ley nos respalda, y acceder al reclamo de la alcaldía sentaría un precedente que podría afectar a muchas otras pequeñas, medianas y grandes empresas por todo el país, de donde resultaría un cobro de impuestos en cascada”.

El abogado Castrillo explica que no están cobrando impuestos a la leche, sino a la leche de sabores, la leche procesada y los jugos, productos que, a su juicio, no están incluidos en las exoneraciones de ley.

En declaraciones al programa de TV Esta Noche, que se transmite en el Canal 12, el diputado (FSLN) y ganadero Douglas Alemán, opinó que es ilegal que se cobre impuestos a la leche, pero además, que es contraproducente, porque se daña a una industria que ya paga IBI a los municipios y que genera muchos empleos, pero también porque la aplicación de un impuesto redundaría en el precio del producto al consumidor final en todo el país.

El artículo 17

Irónicamente, ambas partes citan el artículo 17 de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, para tratar de demostrar que tienen la razón. Literalmente, esto dice: “Igualmente, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, se exencionan del pago del Impuesto Municipal sobre Ingresos, las ventas de ganado mayor y menor, huevos, leche, queso, y carnes frescas, refrigeradas o congeladas, saladas o secas, no sometidas a proceso de transformación, embutido o envase…”.

En el caso de CENTROLAC, el experto Theódulo Báez, asesor de la empresa para temas fiscales, explicó que el citado artículo “que forma parte del Plan Municipal de Arbitrios, manda exceptuar la venta de leche de los impuestos municipales, pero la Alcaldía de Tipitapa dice que sólo incluye leche cruda no procesada, y según el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), leche es leche”, aseveró.

En refuerzo de su posición, Báez citó el principio legal de que “no se puede distinguir donde la Ley no distingue”.

El abogado Castrillo también cita el arto. 17 LJTC, admitiendo que exonera del pago de impuestos a alimentos tales como “leche, huevo, queso y carne, siempre y cuando no esté sometido a proceso de transformación, embutido o envase”.

En referencia al SAC, el asesor municipal dijo que éste “no tiene nada que ver con las obligaciones internas [de las empresas] con el municipio donde ejerce su actividad, además que los acuerdos internacionales no están por encima de las leyes nacionales”.

La empresa láctea también opina que la falta de respuesta a tiempo por parte del alcalde César Vásquez, puede interpretarse como silencio administrativo positivo, basado en el artículo 40 de la Ley 40, que manda al alcalde a contestar en 30 días, aunque el abogado Castrillo rechaza ese argumento, y contraataca explicando que “el reparo se mantiene firme, porque el Concejo ya lo ratificó”, por lo que no se descarta la opción de “cobrar por la vía judicial”.

Exportando… ¿impuestos?

Además de los argumentos en torno a la imposibilidad de cobrar impuestos a la leche, el otro elemento en que se centran los argumentos de CENTROLAC gira sobre la prohibición de gravar las exportaciones, entre otras razones, porque hacerlo implica “exportar impuestos, lo que es prohibido por las leyes nacionales, y por los tratados comerciales internacionales”, dijo Báez.

A juicio del experto tributario, la decisión de la Alcaldía está motivada “por la necesidad de recaudar, y cuando existe esa necesidad se viola la ley”, por lo que prometió seguir escalando el caso (ya presentaron un recurso de apelación ante el edil Vásquez, y uno de apelación ante el Concejo, recibiendo fallos contrarios en ambos casos, por lo que aún les queda la opción del Tribunal de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia), hasta que se les dé la razón.

Castrillo por su parte, asegura que la sentencia número 88 de la CSJ, dictada en mayo del 2003, sienta un precedente que les permite cobrar un tributo a esa actividad porque “no se está gravando la exportación, sino la actividad exportadora que genera renta, y en ese caso sí se puede cobrar el 1% de IR sobre las ganancias”.

La opción ahora parece ser un arreglo, alternativa que el abogado Castrillo sugiere de forma disimulada, cuando invita a CENTROLAC a “que se acerquen a la alcaldía. No tenemos interés en descapitalizarlos ni hacerlos que paguen demás. Se puede pedir una reunión con el alcalde para hacer una revisión más exhaustiva para determinar si paga esa cantidad o menos”.

De todos modos, no es probable que tal invitación prospere, si se considera que la empresa sabe que podrían alegar la prescripción de los impuestos que se le cobran, “pero no lo haremos, porque eso implicaría aceptar que existe una obligación, y no existe tal obligación”, coincidieron Báez y Lacayo.