Un grupo de 24 diputados de oposición han preparado una iniciativa de ley que levantará ampollas en la Asamblea Nacional. Los legisladores proponen reformar el Código Penal y eliminar el castigo de hasta ocho años de cárcel impuesto contra médicos que practiquen abortos terapéuticos, según quedó establecido en una polémica reforma realizada en octubre de 2006.

La iniciativa, elaborada con la asesoría de ginecólogos, no cuenta con el apoyo de los diputados del Frente Sandinista. Y se enfrentará a la posición del Gobierno de Daniel Ortega, que fue duramente criticado la semana pasada por organismos internacionales de derechos humanos por mantener su prohibición al aborto terapéutico.

Yamileht Bonilla es una de las diputadas que impulsa esta iniciativa para reformar el Código Penal. Ella estuvo entre los diputados que en 2006 votaron en contra de la penalización del aborto. Cuatro años después –y a las puertas a una nueva etapa electoral–, Bonilla ve la posibilidad de revivir el debate en el seno del Parlamento, aunque está segura que no será nada fácil. “Hemos visto el aborto terapéutico desde el punto de vista de la vida, la salud y la ciencia”, dijo la diputada.

El proyecto ha sido respaldado por la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia. Hay otros diputados, dice Bonilla, que se han mostrado dispuestos a dar su respaldo, como Ramón González, María Dolores Alemán, Noel Ortega, Pedro Joaquín Chamorro, Salvador Talavera.

La iniciativa introducida por los diputados proponer “quitar” del Código Penal la pena de entre cuatro y ocho años de prisión a médicos que “tengan que tomar la decisión de interrumpir un embarazo para salvar la vida de la mujer”, como lo explica, con sumo cuidado, la diputada Bonilla. Los legisladores temen que sus compañeros contrarios a la iniciativa comiencen una campaña de desprestigio que dé al traste con este proyecto. Por lo tanto, decidieron incluir en su propuesta un punto que puede genera más polémica (si eso es posible): los diputados proponen triplicar la pena a los médicos que han modificado sus dictámenes para llevar a cabo un aborto.

“En nuestra iniciativa decimos que el aborto terapéutico es la última instancia que tiene el médico para poder salvaguardar la vida de la mujer. Incluso en la iniciativa triplicamos la pena el médico cuando éste modifica el dictamen falsificado en aras de realizar un aborto; es decir, cuando el caso no lo amerita porque la vida de la mujer se puede salvar por otra vía. Con esto, estamos logrando que se sumen más diputados a esta iniciativa. Así vamos ir avanzando poco a poco hasta tener 47 votos”, explica Bonilla.

Algunos diputados del Frente Sandinista –partido político que se declara progresista– ya han expresado su rechazo a esta ley con declaraciones de un elevado tono reaccionario. El diputado Edwin Castro lo llamó “un proyecto de muerte con posiciones abortistas”.

“Hasta ahora no nos ha apoyado ningún diputado de la bancada del FSLN. Hemos acudido a ellos y nos han manifestado que es un tema bien polémico y que en su bancada no hay una posición al respecto. Hay diputados que han atacado nuestra iniciativa dando argumentos falsos, de doble moral. Argumentan que queremos matar a los niños, legalizar el aborto”, dice la diputada Bonilla.

Un asunto político

En realidad, el del aborto es un tema de sumo interés político para el oficialista Frente Sandinista, sobre todo cuando ha iniciado su campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2011, contienda en la que el FSLN, tal y como afirmó a este medio el magistrado sandinista Rafael Solís, tendrá como candidato al presidente Ortega. “No hay más candidato que Daniel Ortega en el 2011”, dijo Solís.

Ya en 2006, durante la campaña presidencial, el FSLN le dio un guiño a un sector de la Iglesia Católica votando por la penalización del aborto, acción que provocó airadas protestas entre organizaciones de mujeres, que llamaron “asesinos” a los legisladores. En esa ocasión fueron 52 diputados (28 del FSLN) los que votaron por la reforma al Código Penal. La reforma fue votada a pocos días de las elecciones del cinco de noviembre que le dieron la victoria a Ortega. Organizaciones civiles dijeron que el apoyo sandinista buscaba ganar adeptos entre una sociedad conservadora y de creencias religiosas.

Sin embargo, una reciente encuesta organizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) debería hacer pensar a los legisladores sobre la opinión que una parte de la población tiene respecto al aborto terapéutico. El estudio, realizado entre 1,200 nicaragüenses, muestra el 81% de los encuestados está en desacuerdo con que el aborto sea legalizado, pero la opinión cambia cuando se les pregunta sobre situaciones clínicas que ponen en riesgo la vida de la mujer.

La encuesta de FLACSO muestra, por ejemplo, que el 62% de los encuestados está de acuerdo con que se permita el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo, mientras que un 57%  opina lo mismo en el caso de mal formación del feto. La opinión también es positiva en caso de violación (30%) e incesto (23%).

Casi el 65% de los encuestados opina que es muy importante debatir sobre la legalidad del aborto terapéutico, mientras que un 72% cree la legalización del aborto terapéutico debe ser sometida a una votación popular. Sin embargo, la mayoría de los encuestados (31%) cree que a la hora de discutir leyes sobre el aborto, los legisladores toman en cuenta las opiniones de los partidos políticos, mientras que un 16% cree que escuchan a sus votantes y un 15% a médicos.

Bonilla comparte los resultados de la encuesta, aunque dice que se deben realizar otras con una mayor número de encuestados. “Algunos diputados usan a la Iglesia como bandera y no están viendo que se mueren nuestras mujeres. Hubo una persona que nos dijo: ‘pero si apenas son 70 o 90 muertes en el año’. Una sola muerte es demasiado”, cuenta Bonilla. En realidad es difícil contabilizar el número de muertes causadas por la penalización del aborto terapéutico.

Muertes y miedo

La diputada opositora Mónica Baltodano presentó a inicios de año un informe que mostraba que en 2008 se produjeron 28 muertes de mujeres calificadas por los expertos como “fallecimientos obstétricos indirectos”, según recoge la revista Envío. Baltodano dijo que de esas 28 mujeres, 13 pudieron haber sobrevivido si se les hubiera practicado una interrupción terapéutica del embarazo.

La organización Amnistía Internacional presentó en 2009 un informe sobre las consecuencias que ha tenido entre las mujeres la penalización del aborto. Ese informe retomaba cifras oficiales que mostraban que murieron 33 niñas y mujeres durante el embarazo en 2009. Un año antes la cantidad había sido de 20 muertes, aunque el informe advertía que existe un subregistro en estos casos.

El estudio muestra que la prohibición del aborto ha afectado sicológicamente a las mujeres, que tienen miedo a ser castigadas por abortar, aunque sea espontáneamente. “La publicidad que se ha dado a la ley ha ayudado a exacerbar los temores entre las mujeres que abortan espontáneamente de que se las acusará de inducirse el aborto. Por temor a ser procesadas penalmente, algunas mujeres que sufren complicaciones tras abortos espontáneos retrasan pedir tratamiento médico. Las mujeres que sufren complicaciones tras un aborto inseguro tienen un gran aliciente para no buscar tratamiento médico. Temerosas de ser procesadas, retrasan el momento de solicitar el tratamiento que necesitan y al hacerlo ponen en peligro sus propias vidas”, reseña el informe de Amnistía.

La organización presenta testimonios conmovedores. “Un trabajador de la salud contó a Amnistía Internacional cómo una mujer ingresada en un hospital tras un aborto espontáneo pidió a los médicos que no intervinieran, aterrorizada ante la posibilidad de que el tratamiento se considerara prueba de que había puesto fin a su embarazo intencionadamente. La mujer contó al trabajador de la salud que temía que su vecina, que sabía que estaba embarazada, la denunciara por haber abortado, aunque el aborto había sido espontáneo.”

Gobierno emplazado en la ONU

*Rechaza en Ginebra recomendaciones en materia de derechos humanos

Doce países miembros del Consejo de Derechos Humanos, exigieron al Gobierno de Nicaragua que modificara su posición sobre el aborto terapéutico y apoya la despenalización del mismo. La respuesta fue negativa. Amnistía Internacional publicó el jueves un comunicado en el que hacía una fuerte crítica al Gobierno por su cerrazón.

“Amnistía Internacional está muy decepcionada tras el rechazo de Nicaragua de las recomendaciones realizadas por 12 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos relativas al cambio o reforma de la total prohibición del aborto”, establece el comunicado. “En tanto la prohibición del aborto permanezca, las víctimas de violación e incesto –muchas de ellas niñas– son obligadas a dar a luz, o poner en riesgo su salud y ser llevadas a prisión, si buscan el aborto ilegal.

Otra consecuencia de la prohibición total del aborto es que los profesionales médicos, con miedo a ser acusados, retrasan o deniegan tratamientos médicos para salvar las vidas de las mujeres y niñas que sufren complicaciones durante el embarazo”, agrega el documento.

Guadalupe Marengo, subdirectora de Amnistía para las Américas, dice que el Gobierno de Ortega, al negarse a despenalizar el aborto terapéutico “muestra un desprecio a sus obligaciones contraídas bajo los tratados de las Naciones Unidas de proteger a las mujeres y las niñas de las violaciones de derechos humanos y una escalofriante indiferencia ante la difícil situación de las mujeres y niñas de su país”.

“Es sobrecogedor que las autoridades nicaragüenses, a pesar de tener pleno conocimiento de las consecuencias de esta prohibición total, parezcan decididos a ignorar su cruel impacto sobre la vida de las mujeres y las niñas y no acepten estas recomendaciones para trabajar por el cambio en esta Ley. Nicaragua negó otra oportunidad para corregir el error de introducir la prohibición total del aborto”, opina Marengo.

Sin embargo, una pequeña oportunidad de corregir aquella penalización de 2006 resurge en los pasillos parlamentarios. Unos 24 diputados impulsan una iniciativa que seguramente levantará ampollas, pero de concretarse restablecerá un derecho que estuvo vigente por más de cien años en las leyes nicaragüenses: la despenalización del aborto. “Esta no es una iniciativa política ni partidaria. Es una iniciativa de ciencia, de salud, por la vida”, dice la diputada Yamileth Bonilla.

Una ley para la educación sexual

Hace una semana pasó a la comisión de salud para ser dictaminada la iniciativa de Ley de Salud Sexual y reproductiva, que pretende educar a los estudiantes en temas relacionados al conocimiento del cuerpo humanos, los órganos reproductores, las relaciones sexuales y las consecuencias de embarazos prematuros.

Al igual que la iniciativa para despenalizar el aborto terapéutico, la diputada Yamileth Bonilla ha sido una de las impulsoras de este proyecto. “La idea es que los niños sepan qué significa una relación sexual y sus consecuencias. La Ley establece que desde preescolar se comience a educar gradualmente sobre el tema. Que los jóvenes conozcan y cuiden su cuerpo y que tengan la información científica para evitar embarazos o enfermedades”, explica Bonilla.

El proyecto toca temas como la planificación familiar y el derecho de la mujer a decidir cuándo quiere tener hijos, pero también otros tópicos que pueden ser controvertidos. Lo explica la diputada Bonilla: “Metimos en la ley el tema de la libertad de sexo, lo que es un tabú por aquello de que la Biblia dice que la pareja es un hombre y una mujer. La ley habla de la libertad de opción sexual, ¿por qué vamos a condenarlo? No profundizamos, pero lo pusimos. Tenemos que tener mucha cautela, pero vamos avanzando”, dice Bonilla.

La diputada espera que este proyecto sea aprobado este año, pero tienen que superar un escollo: Gustavo Porras, presidente de la comisión de salud, “quien no nos ha dado el más mínimo apoyo en esta materia”.