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A propósito de la urgente reforma tributaria

Exoneraciones al agro: más de U$100 millones

¿Quién se queda con esta tajada: los grandes consorcios comerciales o acaso el beneficio le llega al pequeño productor y al consumidor?

Iván Olivares | 21/6/2012
@IvanOlivares66

Dependiendo de cómo se mida, el sector agropecuario nicaragüense obtuvo en el 2010, beneficios fiscales máximos que oscilaron entre los C$1,573.8 millones (US$74 millones) y los C$2,425.3 millones (US$114 millones), según un estudio del economista Adolfo Acevedo.

El dato procede de una estimación del gasto tributario en Nicaragua realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en 2011, y se refiere de manera específica al sector primario de la economía, que incluye al sector agropecuario y a la minería, que lo integran en una relación de 95 - 5.

“De esta manera, el gasto tributario en beneficio del sector primario representa una excelente aproximación al gasto tributario derivado de las exenciones y exoneraciones, y otros beneficios tributarios otorgados al sector agropecuario”, enfatizó Acevedo.

Aunque los defensores de este esquema señalan la importancia de proteger al sector agrícola del país, como una forma de incentivar la seguridad alimentaria, (pero también, porque miles de familias dependen de esa actividad), el experto no está tan seguro de que esos subsidios beneficien a los más pobres.

“Dado el predominio de grandes y poderosos consorcios en la comercialización, con un elevado poder de mercado, no está claro que los beneficios tributarios al sector agropecuario sean trasladados a los pequeños y medianos productores, o a los consumidores”, aseveró.

Determinar quién se está quedando con una parte del dinero de todos es demasiado importante, a la luz de otra realidad fiscal: “Un sistema extenso y oneroso de exenciones y exoneraciones tiene un costo, que alguien debe soportar”, dijo Acevedo.

“Para compensar la significativa pérdida de recaudación ocasionada por estos regímenes preferenciales, la carga tributaria tiene que recaer con mayor fuerza relativa sobre el resto de sectores y agentes económicos que no reciben estos beneficios”, añadió.

“Si por el contrario se amplía la base gravable del sistema, reduciendo exenciones y exoneraciones, esto haría posible reducir las tasas impositivas generales, de manera que la carga tributaria se repartiría de manera más pareja, y se reducirá para los agentes y sectores que no eran beneficiarios de estos regímenes preferenciales” abundó.

Los economistas saben que otra forma de determinar quiénes terminan pagando el costo que representan estos regímenes preferenciales, está dado por el costo de oportunidad de los mismos: las cosas que dejaron de hacerse debido a la pérdida de recaudación representada por estos esquemas.

¿Qué dejó de hacerse?

En una lista inicial podrían incluirse los caminos y carreteras que no se repararon por la pérdida de recaudación, las escuelas y centros de salud que dejaron de construirse o rehabilitarse, las toneladas de medicamentos que no se pudieron adquirir para abastecer los hospitales, centros y puestos de salud, la mejoría en el salario de los maestros que ya no se efectuó, etc.

Otra forma de medir el impacto de las exenciones y exoneraciones tributarias que recibe el sector agropecuario es sopesando. De un lado de la balanza, habría que determinar cuánto ‘pesa’ este sector en la economía nicaragüense y cuánto termina tributando, mientras en el otro se colocan algunos de los sectores de tamaños similares para comparar adecuadamente.

Según los datos aportados por Acevedo, el sector agropecuario, que genera alrededor del 20 por ciento del Producto Interno Bruto, solo aporta el 2 por ciento de la recaudación impositiva total, lo que significa que en lo fundamental, se encuentra fuera del alcance del sistema tributario.

Al descomponer ese 2 por ciento total, resulta evidente que el sector agropecuario aporta el 1.2 por ciento de la recaudación del IVA, el 0 por ciento de la recaudación total del ISC, un 3.5 por ciento de la recaudación del IR, y 2 por ciento de otros impuestos.

“Como referencia, el sector industrial, que genera cerca del 20 por ciento del PIB, aporta el 22.9 por ciento de la recaudación del IVA, el 83.2 por ciento del ISC, el 20.3 por ciento del IR y el 36.5 por ciento de otros impuestos. Por su parte, el comercio, que genera alrededor del 17 por ciento del PIB, aporta el 26.5 por ciento de la recaudación del IVA, el 16.7 por ciento del ISC, el 25.3 por ciento del IR, y el 22.6 por ciento de otros impuestos”, detalló.

Llegado el momento de discutir una reforma fiscal, es evidente que “ningún beneficio debe escapar a una auditoría rigurosa. Los tratamientos tributarios especiales tienen un elevado costo fiscal (Nicaragua tiene el costo fiscal más alto de América Latina como porcentaje del PIB), y su costo de oportunidad también es muy alto”.

El experto explicó que para hacer una evaluación seria de los tratamientos tributarios especiales, habría que comenzar por hacer una auditoría transparente que indicara cuál es el precio internacional de los insumos, que son importados por las casas distribuidoras sin arancel y sin IVA.

A continuación, habría que ver en cuánto se lo venden a los pequeños y medianos productores, a qué precio venden los productores a los carteles comercializadores, y a cuánto lo venden estos carteles en los mercados mayoristas y minoristas, para determinar quién se apropia realmente de estos beneficios.

Pérdida recaudatoria suma US$495 millones

En 2010, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimó la pérdida recaudatoria total (o gasto tributario total) debida a los regímenes de exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales otorgados a los diferentes sectores de la economía en C$10,544.9 millones (US$495 millones) según el Método de Beneficio al Contribuyente, y en C$6,725.6 millones (US$315.8 millones) de acuerdo al Método de Recaudación Potencial.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto de Información de Desarrollo (INIDE), el 78 por ciento del empleo en el sector agropecuario es generado por microunidades informales que emplean a entre 1 y 5 personas, predominantemente familiares. Pero este porcentaje se eleva al 85 por ciento en el caso del empleo generado por el sector comercio.

Lo que resta después de este extenso sector informal, son las empresas formales. En vista de esas cifras, no se puede alegar que el hecho de que las empresas agropecuarias apenas aporten el 3.6 por ciento de la recaudación del IR, se explique por el nivel de informalidad que predomina en el sector agropecuario.

Después de todo, el nivel de informalidad es mayor en el comercio, y aun así las empresas formales del sector comercio aportan el 26.3 por ciento de la recaudación del IR, contra el 3.6 por ciento de las empresas formales del sector agropecuario.

Se denomina gasto tributario a las transferencias que efectúa el Estado en favor de determinados grupos o sectores de la economía, pero que, en lugar de concretarlas por medio del presupuesto de gastos, lo hace por medio de una reducción o exención de la obligación tributaria, con frecuencia a través del establecimiento de regímenes de exenciones, exoneraciones, y tratamientos fiscales especiales.

Favorecer a un grupo o sector por un monto determinado, a través del procedimiento de habilitarlo a pagar menos impuestos que los demás sectores, o sencillamente a no pagarlos, es equivalente a otorgarle una transferencia o subvención por medio de una partida presupuestaria. Es por eso que a este tipo de transferencias se las denomina “gastos tributarios”, explicó el economista.

Más recursos… ¿para qué?

Aunque ahora el país esté hablando de la UAF y del waiver, en poco tiempo los focos se centrarán en la reforma tributaria y poco después, en la del sistema de pensiones.

En el caso del sistema tributario, la necesidad de su transformación obedece al hecho que se requiere un volumen mucho mayor de recursos para implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo con equidad, “y que hagan posible aprovechar el tiempo que resta del bono demográfico”, insistió Adolfo Acevedo.

El nivel que alcanza la inversión social en los países en desarrollo se encuentra fuertemente limitado por una recaudación tributaria que resulta insuficiente para atender sus necesidades de desarrollo, y de niveles de vida más dignos para la población.

Si se quiere que el Estado cuente con el financiamiento necesario para sostener niveles adecuados de inversión en capital humano, infraestructura básica y protección social, y para que lograr los efectos esperados en materia de equidad, es fundamental que la estructura de financiamiento de este gasto descanse con mayor fortaleza relativa sobre los estratos de mayores ingresos, buscando elevar la progresividad del sistema tributario.

Esta transformación es necesaria también para contrarrestar la tendencia al descenso de la cooperación externa, en términos absolutos y como porcentaje del PIB. Se proyecta que los recursos externos que contribuyen a financiar el presupuesto se habrán reducido desde un 9.4 por ciento del PIB en 2004, hasta un 6 por ciento del PIB en 2011. Esta tendencia se mantendrá aunque los montos de cooperación externa se mantengan inalterados.

Si se desea incluso sostener el nivel actual de inversión pública social como fracción del PIB aproximadamente a su nivel actual, la principal opción disponible reside en promover una transformación a fondo del sistema tributario que permita incrementar la recaudación fiscal como porcentaje del PIB, de manera más equitativa, y con mayor suficiencia.

Comentarios

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memo

Los pequeños productores no saben de que les estan hablando, cuando hablan de exoneraciones al Agro Nicaragüense. De esas exoneraciones se ven beneficiados los grandes empresarios que importan los agroquímicos y maquinarias para venderselas a los productores. Cuando uno compara los precios de los agroquímicos con otros países centroamericanos se da cuenta que aqui son mas caros que en otros países. Entonces hay que preguntarse: ¿Cual es el beneficio de esas exoneraciones?
El productor que quiere trabajar tiene que comprar las cosas que necesita al precio que lo vendan los Agroservicios, de lo contrario se morira de hambre. Los que en realidad se benefician de estas exoneraciones son los que tienen el poder económico y el poder político para beneficiarse de este tipo de leyes. Como siempre tienen que justificar que es para beneficiar a los mas pobres y a la población en general. Si el gobierno diera a conocer la lista de las empresas que solicitan estas exoneraciones, nos daríamos cuenta que son unas pocas y que los dueños de estas empresas son Políticos (de todos los colores) y fuertes empresarios.

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Hevans_21

No cabe duda que entre mas tienen mas quieren la empresa privada aglutinados en el COSEP son una palmada de DELINCUENTES que solo buscan como acaparar mas riquezas a costa de los mas pobres del pais.

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Mario

Definitivamente que los mayores beneficios producto de las exoneraciones del sector agro quedan en manos de los empresarios y casi nada llega a los miles de pequeños productores y productoras que son quienes verdaderamente sustentan la producción que a su vez se ve reflejada en divisas para el estado. Sería bueno que hicieran una comparación entre los precios que logran las exportadoras en los diferentes productos y lo que finalmente le llega al productor. La diferencia es abismal.

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