Foto: Oscar Navarrete

Luego de más de una década de considerable generosidad estatal, en la que al amparo de la Ley 306 Nicaragua ha otorgado exoneraciones al sector turístico por unos 485 millones de dólares, (generando en el proceso 8,442 empleos, según el INTUR), la realidad demanda efectuar una evaluación completa de los costos que ha pagado el país, y de los beneficios que ha obtenido.

Desde 1999 (cuando se aprobó esa ley) hasta la fecha, la Junta de Incentivos Turísticos ha aprobado 478 proyectos (desde grandes hoteles, hasta remodelación de fachadas de casas de estilo colonial, pasando por yates de lujo y flotas enteras de vehículos nuevos para rent a cars), inversiones valoradas en U$605.9 millones, de los que alrededor del 80% fueron definidos como “inversión aprobada”, o sea, exoneración.

Lo malo es que nadie, nunca, hizo un estudio completo para saber si el balance de tanto beneficio fiscal produce números en rojo o en azul.

“Este es el momento oportuno para hacer una evaluación, sin tomar posiciones, dejando de lado los prejuicios, y poniendo el análisis sobre la mesa: ¿Qué dice la doctrina fiscal, que dice la legislación fiscal y que dice la experiencia fiscal en Nicaragua?, y con base en eso tomar decisiones”, opina el experto fiscal Julio Francisco Báez.

“Si [el resultado de aplicar esa ley] es bueno, pongámoslo sobre la mesa. ¿Por que Nicaragua, con semejante ley, no la ha evaluado a lo largo de tres gobiernos? Que se evalúe la ley, y que se diga lo bueno, para defender lo bueno, y determinar si este cúmulo de bonificaciones está justificado o no”, añadió.

La demanda por hacer ese estudio es tan antigua como la exigencia del sector por obtener beneficios del Estado para ayudarles a desarrollarse, siendo que, como recuerda Miguel Romero, directivo de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), “en 1994, (cuando comenzaron a hacer esfuerzos coordinados para lograr algún tipo de incentivo) Nicaragua sólo contaba con 450 habitaciones en hoteles de tres estrellas a más, y otros 300 cuartos en hoteles de menor tamaño”.

La 306 comenzó a aplicarse en 1999. Más de una década y varias reformas después, Romero cita de memoria al menos una docena de hoteles en varias localidades del país, nacidos (o remodelados) al amparo de la 306: Victoriano y Villas de Palermo, en San Juan del Sur; Granada, Colonial, Darío, La Gran Francia y Alhambra en Granada; Hilton, Holiday, Inter Metrocentro, además de Las Mercedes, Camino Real y el viejo Intercontinental Managua que se transformó en el Crowne Plaza.

Pero eso no basta para acallar a los críticos, que consideran que se han otorgado demasiados beneficios por demasiado tiempo, sin detenerse nunca a hacer un estudio que determine con detalle qué es lo que hemos ganado, y a qué precio, pero además, tratar de entender la racionalidad del sistema de exoneraciones nicaragüense, que premia en exceso a algunos sectores, mientras ignora a otros.

El economista José Luis Medal opina que “está bien que les exoneren el IVA a los materiales de construcción, pero no el IR. ¿Por qué exonerar al turismo que va a construir un proyecto, y no a la industria, si decide construir una fábrica, por ejemplo?”.

A mayor riesgo, más incentivos

Uno de los argumentos más comunes en el intento de hacer que se mantengan las exoneraciones a la industria turística, es que ellas permiten atraer más inversión extranjera y lograr que se afinque en un país como Nicaragua, que no puede ofrecer los mismos atractivos que, por ejemplo, Costa Rica.

“Somos un mercado emergente en turismo, o sea que no tenemos muchos turistas que ofrecerle a estas inversiones. Nosotros recibimos poco menos de un millón de turistas en 2009, mientras Costa Rica recibió más de dos millones de turistas”, citó Javier Chamorro, Director Ejecutivo de PRONicaragua, la agencia de promoción de inversiones del país, recordando también que la plaza tampoco puede exhibir las mejores calificaciones en cuanto a riesgo político o financiero.

Esa es la misma visión que sustenta Enrique Solórzano, Gerente General del Hotel Holiday Inn, (beneficiado por la 306) al aseverar que “ahora, un empresario hace una inversión en cualquier parte del mundo con suma facilidad, si tiene certeza de que obtendrá un retorno. Si la idea es construir un hotel, piensa dónde hay ley de incentivos turísticos; donde hará valer más su inversión, dónde faltan hoteles, e invertirá su dinero donde le vaya mejor”.

Aunque al experto fiscal Báez le parece “un argumento miope” y “muy pobre” decir que captamos nuevas inversiones “sólo por las exoneraciones”, un estudio del IEEPP, elaborado por el investigador Ismael López, mostró que había una relación 80-20 en el número de proyectos aprobados a inversionistas nacionales, en comparación con el número de los extranjeros que también recibieron esa aprobación.

“Al cierre de 2008, el 80% de los proyectos que había aprobado el INTUR desde 1999 eran de capital nacional con un monto de inversión de U$290.5 millones. En cambio, sólo se cuentan 89 proyectos de origen extranjero con inversiones por el orden de U$162.2 millones”, cita el Informe.

Esa correlación se había modificado notablemente al cerrar el primer trimestre del 2010, cuando las inversiones nacionales sólo representaban el 53.56% del total, mientras el restante 46.44% (equivalente a U$281.4 millones), correspondía a dinero proveniente del extranjero, según un reporte de PRONicaragua elaborado en base a datos del INTUR.

¿Habrían construido si no les dábamos incentivos?

A finales de la década de los 90, CANATUR hacía lobby buscando alcanzar el quórum necesario para dar vida a una ley de incentivos, con presentaciones a los diputados para mostrarles qué países los ofrecían: México, Guatemala, Costa Rica y Panamá, país donde funcionaban al amparo de la denominada “Ley 8”, que el sector turístico nicaragüense decidió copiar casi íntegra, “porque es una excelente ley”, según Miguel Romero.

El proceso requirió varias legislaturas y el apoyo de varios ministros de Turismo, entre los cuales Romero recuerda a Fernando Guzmán, Pedro Joaquín Chamorro y Lorenzo Guerrero, hasta que fue aprobada en 1999, con el nombre de Ley 306.

Una década después, se considera que “los incentivos al turismo son una herramienta necesaria y todos los países que han desarrollado industrias turísticas, han empezado por ahí. Costa Rica ha tenido incentivos agresivos por muchísimos años, aunque ahora que ya son un mercado bien posicionado, con un producto bien establecido, ya no necesitan tenerlos: los fueron reduciendo gradualmente, y ahora dan unos incentivos muy básicos”, aseguró Chamorro, de PRONicaragua.

Ese argumento no basta a quienes opinan que los empresarios hubieran invertido de todos modos, a lo que Chamorro responde que “o les damos incentivos para que vengan y nos ayuden a crear el mercado, o no se los damos y esperamos a que el mercado se cree solo, y después vengan ellos. Podemos discutir mucho sobre cuál de los dos esquemas es el que va a funcionar. Tendríamos que invertir masivamente en campañas para dar a conocer a Nicaragua, crear el mercado, y esperar a que vengan a invertir”.

Añade que “la diferencia está en el flujo de caja. En este esquema, al dar incentivo, vos no estás dando el efectivo. Simplemente estás dejando de recibir lo que podrías recibir. En el otro, necesitas decenas de millones de dólares para comprar espacio en los medios globales de comunicación, ir a las ferias. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Tenemos flujo de caja para invertir en campañas como la de Colombia, o damos incentivos, aunque eso signifique dejar de percibir, que es diferente?”.

Julio Francisco Báez por su parte, admite que “es verdad que es difícil que vengan a invertir aquí, pero es porque somos poco competitivos”, mientras por el otro lado, rechaza que quienes sí invierten, lo hagan únicamente basados en un incentivo, o en que Nicaragua les ofrece más exoneraciones que nuestros vecinos.

“Esa declaración peca de desconocimiento, porque los ‘incentivos shopping’ dejan al inversionista ‘en palco’ viendo como nos canibalizamos entre nosotros. Se dice que Costa Rica tiene una nueva ley de zonas francas, pero ésta no ofrece nuevas exoneraciones, sino que fueron más creativos en su política de incentivos, que es más inteligente, más técnica, al ofrecérselos a quienes hagan desarrollos en zonas inhóspitas, alejadas de las ciudades”, detalló.

También citó como ejemplo a El Salvador, nación que está discutiendo una política nacional de incentivos fiscales, “donde la exoneración es sólo otro invitado a la fiesta, porque hay otro tipo de incentivos: depreciación acelerada, contratos de estabilidad fiscal, etc.”, concluyó.

Foto: Iván Olivares

Incentivos: ¿por qué si?

*ProNicaragua, Canatur, Gran Pacífica y Holliday Inn dan sus razones

Los cambios experimentados en los últimos dos años ayudaron a cerrar la brecha entre inversión nacional y extranjera, por lo que tanto los críticos como los defensores de los incentivos al turismo tienen mucho que plantear.

En la primera trinchera, los receptores de esos beneficios argumentan a favor de mantenerlos vigentes, no sólo pensando en la atracción de nuevas inversiones (extranjeras o no), sino también de lograr el desarrollo del sector.

Uno de ellos es Adiak Barahona, Gerente de Operaciones de Gran Pacífica Resort, quien defiende su posición: “La existencia de estas instalaciones generan mucho más (en otros impuestos, dinamización de la economía local, atractivo turístico y empleos), de lo que obtendría el Estado si no hubiera nada aquí”, a la vez que se pregunta “¿por qué dicen que Nicaragua no tiene derecho a ofrecer incentivos, cuando Panamá, Costa Rica y Dominicana sí pudieron?”.

Aunque Gran Pacífica aún no construye el hotel para el que se le otorgaron U$30 millones en Certificados de Crédito Fiscal (CCF), (aunque una reforma aprobada durante la Administración Bolaños la redujo a U$10 millones), el proyecto ya cuenta con un ‘condohotel’ y una ciudadela.

En el primer caso, se trata de un edificio con 22 condominios frente al mar, (es el primero de 5 a construir), cuyos dueños los usan por un tiempo, y luego ceden en alquiler a otros huéspedes; en el segundo, se construye una ciudadela con 300 casas y 300 condominios de estilo colonial, además de un campo de golf de 27 hoyos, del que ya existe una primera fase de nueve.

Además de las estructuras construidas o en construcción, Barahona señala cómo esa inversión dio trabajo no sólo a los obreros que levantaron las estructuras o al personal que ahora atiende a los visitantes, sino también a ingenieros contratistas y a arquitectos diseñadores.

También mencionó el pago de impuestos municipales y de IVA por la construcción de las 33 casas que ya están erguidas, y los contratos firmados con transportistas, proveedores de insumos diversos (comenzando por alimentos), y hasta el alquiler de tierra a campesinos de la zona, que producen sorgo y otras cosechas, o el apoyo de la Fundación Hope que ha invertido unos U$300,000 en educación, salud, incentivo al deporte y reparación de escuelas.

El Holliday Inn

Enrique Solórzano, Gerente del Holliday Inn, se queja porque “los expertos en el tema fiscal dicen que el incentivo es un regalo a los inversionistas, pero al decirlo, lo hacen viendo con un único punto de vista: lo que se está dejando de percibir, ahora que la inversión está hecha, y se lamentan porque piensan que están dejando de percibir no sé cuantos millones”.

Por ello Solórzano invita a “hacer la contabilidad”, para ver “qué es lo que nos dio el país y qué es lo que está ganando”, recordando que “durante dos años, la construcción de este hotel le dio empleo a entre 200 y 300 cabezas de familia. Se compraba clavos, cemento, agua y todo lo necesario para su construcción”.

“Ya operando, el hotel paga IVA, INSS, más todo lo que estamos consumiendo en el mercado: tomates, legumbres, huevos, carnes, todo lo que está produciendo el país, lo que representa ganancias para mucha gente, más las 200 cabezas de familia que están ganando un salario con nosotros”, detalló.

En su opinión, “si hacemos el balance de la riqueza que el hotel ha producido en estos diez años, versus lo que no se ha pagado en impuestos, quedamos 6, 7, 10 ó 20 veces más. Del otro lado, si no se hubiera construido al amparo de esa ley de incentivos, este hotel no se hubiera hecho… no podemos estar pensando en el huevo que iba a poner aquella gallina que nunca nació”.

Su colega hotelero, Miguel Romero, que representa a CANATUR ante la Junta de Incentivos, tiene una matemática sencilla para medir la importancia de esos incentivos, comparando las 750 habitaciones con que contaba el país en 1994, versus las más de “3,500 habitaciones que están disponibles en este momento en hoteles de todas las categorías en todo el país”.

Recuerda que “la oferta en ese momento estaba concentrada en gran medida en Montelimar; San Juan del Sur (calidad mediana a baja); Ometepe, que apenas comenzaba, y el Selva Negra en Matagalpa, mientras los grandes hoteles de Managua estaban en decadencia, venidos a menos por el paso del tiempo, además de varios de menor tamaño, funcionando en casas deterioradas”.

Crecimiento hotelero

En contraste, Managua tiene ahora 7 hoteles grandes (4 de ellos completamente nuevos), fenómeno que también se reprodujo en San Juan del Sur y Granada, entre otras localidades con alto desarrollo del turismo.

Más allá de los empresarios del sector también hay voces que defienden esos incentivos, comenzando por Javier Chamorro, Director de PRONicaragua, así como del experto fiscal René Vallecillo.

Chamorro por ejemplo, recordó que “el sector turismo requiere de mucha inversión de capital, tanto para comprar propiedades -que por lo general son muy caras- como para desarrollar infraestructura, pero son inversiones que quedan enraizadas: el 33% del total exonerado a través de la 306, se ha usado para desarrollar infraestructura, y eso que no se incluye el registro del valor de las propiedades, que normalmente representa cerca del 50% del valor total de la inversión”.

“El resto son cosas menores: mobiliarios, equipos, vehículos, etc., para la operación del proyecto, pero si el 50% de la inversión está enterrada en el piso, estás hablando de una inversión que está significativamente comprometida con el lugar en el que se hizo”, valoró.

“Siendo que el sector turismo es intensivo en inversión en activos y en bienes inmuebles, es muy importante tener una Ley de Incentivos que acelere el retorno de la inversión y que reduzca el riesgo: en la medida en que reducis impuestos, el período de recuperación baja de 10 a 5 años, lo que hace más atractivos a destinos como el nuestro, en donde cargamos con una alta percepción de riesgo, tanto político, que es uno de los más evidentes, como riesgo financiero”, recordó.

Por ello, defiende “la necesidad de estos incentivos al turismo, desde el punto de vista de generar competitividad como mercados emergentes, y de acelerar retorno para reducir los riesgos percibidos”.

Aunque cree que “los incentivos deben ser graduales, temporales y decrecientes”, el experto fiscal Vallecillo cree que estos deben otorgarse a aquellos sectores que el gobierno y la sociedad definan como “estratégicos”, para desarrollarlos más rápido y que generen mayores beneficios.

A su juicio “el turismo es uno de los que tienen mejores condiciones para convertirse en una de las principales actividades económicas del país”, como lo muestra el hecho que ese rubro generó unos U$300 millones el año pasado, mientras en Honduras generaba U$700 millones, y en el resto de Centro América sobrepasaba los U$1,000 millones por país.

“Nicaragua tiene un potencial natural para el turismo (por sus recursos naturales y por su gente), pero no la infraestructura, además que se nos percibe como un sitio de alto riesgo. Siendo que el gobierno no puede construir por sí solo todas las pistas aéreas, las carreteras, las redes, los edificios, necesita inversión extranjera, y los incentivos ayudan a traerla”, aseguró.

Dado que Nicaragua muestra mayores niveles de inseguridad para la inversión; que hay mucha inestabilidad en las reglas del juego; y que se padece de inseguridad jurídica e inestabilidad social, Vallecillo concluye que deben ofrecerse incentivos, porque estos son “apuestas para nuevas inversiones; porque lo que se otorga siempre es menor a lo que se obtiene; porque el incentivo es un ahorro para que el inversionista invierta más, y porque cada dólar genera 6 ó 7 dólares de retorno”.

Foto: Oscar Navarrete

El costo económico de los empleos

Incentivos: ¿por qué no?

*Beneficios prorrogables no tienen sentido; ley sólo ha beneficiado a grandes empresas

Hace cinco años, el economista argentino Daniel Artana, tildó al Estado nicaragüense de ‘socio tonto’, al encontrar casos en los que se otorgaban incentivos que en algunos casos equivalían hasta el 60% del total de la inversión, sin quedarse con nada a cambio.

Desde entonces, la frase está entre los arsenales principales de quienes critican el sistema de exoneraciones que rige en Nicaragua, y que según el Informe del IEEPP, rondaba los U$2,000 millones entre el 2002 y el 2008 (excluyendo el 2007 por falta de datos), y se menciona siempre que se debate el tema.

Al respecto, el experto fiscal Julio Francisco Báez, opina que “la promoción de determinados sectores, siendo que no hay para pagarle a un maestro, se puede volver alcahuetería institucional del Estado”, en los casos en que se llega a beneficiar sobremanera a un sector en particular.

Báez también insiste en que debe establecerse la verdadera importancia que tiene el sistema de exoneraciones vigente en la toma de decisiones para invertir en Nicaragua. “La prueba de que los inversionistas vinieron aquí por los incentivos, todavía no existe. Estoy hablando de estudios econométricos y de constatación empírica, no declaraciones de un beneficiario, que en todo caso es parte interesada”.

“Hay que concederle el beneficio de la duda al que diga que actuó por esa ley, pero hay que evaluarlo todo”, concedió añadiendo que “lo que nos interesa es saber cual ha sido el rédito para Nicaragua. Si el país decide invertir otorgando subsidios, y esto funciona, habría que estudiarlo con detenimiento”, insistió.

Una década después

“¿Qué dice una década de vigencia de esta ley? Hasta hace 4 años, había generado 5,000 empleos. Si ahora son 8,000 en diez años, ¿cuánto costaron esos empleos? ¿Cuál es el costo de ese beneficio? Yo no tendría peros si ya se hubieran evaluado los resultados de la ley con la que se decidió subsidiar, asumir costos para que proceda la inversión turística”, explicó.

Su colega José Luis Medal tiene dudas similares, y las expresa recordando que “los tratamientos especiales hay que manejarlos con mucho cuidado, y aquí no se ha hecho así. Por ejemplo, al turismo se le dio beneficios prorrogables, y eso no tiene sentido”.

Medal conoce las versiones que aseguran que sin incentivos no se habrían emprendido muchos de los hoteles ‘nuevos’ que hay en Managua y resto de principales plazas turísticas del país.

“El incentivo es un factor, pero más importante que eso es el clima de negocios, la infraestructura, la carretera costanera, el sistema de electricidad, el de agua potable… ¿por qué no ha crecido más el turismo en Granada? Porque no hay agua potable. Si no hay una carretera a las costas, si no hay vías de acceso, ¿cómo vas a construir esas obras?”, cuestiona.

Aclara que “no es que nos opongamos al desarrollo del sector turístico, pero creemos que puede incentivarse a través de programas de infraestructura, a través de la mejora del clima de negocios. Después de todo, ¿por qué este hotel no va a pagar IR y el pequeño comercio que está al lado si lo va a pagar? Mejor sería aprobar una tasa gradual, que les llevara de pagar el 25% de IR al 20%. Ese sería un sistema más adecuado”.

Extrañamente, dentro del sector turístico hay quien se queja del sistema de incentivos al turismo: Donald Porras, Presidente de CANIMET, que no niega la importancia de éstos para desarrollar al sector, pero siente que “las pymes turísticas son los que menos han gozado de la 306”, por lo que espera que se le hagan reformas “para que las pymes puedan acceder a esos beneficios, bajando la cantidad del monto a invertir, porque no tenemos U$100,000 para invertir”.

“La Ley solo ha beneficiado a la gran empresa, y aunque no estamos en contra de las grandes inversiones -porque todos somos empresa privada- si sería justo que los pequeños podamos tener el acceso que tiene el grande, por que posee capital”, argumentó.