Tegucigalpa -. La muerte de más de 300 reclusos en un incendio, que pudo ser provocado, en el penal de Comayagua evidencia el fracaso de las autoridades civiles y policiales de Honduras en materia de seguridad penitenciaria.
Este es el tercer desastre carcelario de Honduras en los últimos nueve años. Por los dos anteriores, el Estado fue denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos. La violencia ahoga a los hondureños: 20 personas son asesinadas a diario en este país, según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).
Cientos de familias de presos se agrupaban en los alrededores de la cárcel de Comayagua, en el centro-oeste de Honduras y a 90 kilómetros de la capital, en busca de información de sus parientes, mientras las autoridades forenses colocaban en enormes bolsas blancas de plástico los cadáveres que superan los 300.
Los cuerpos deben ser trasladados a Tegucigalpa y puestos en furgones refrigerados para su posterior identificación, ya que no existe capacidad en la morgue para albergarlos.
Un equipo de 20 forenses y 10 fiscales ha sido asignado a estas tareas. Según testigos, el fuego comenzó a la hora 23:50 local del martes en el módulo número seis de los 10 que conforman el centro penal, considerado una granja modelo pues sus reclusos desarrollan una producción agrícola que se vende en el mercado local y permite mejorar una alimentación basada -como en las demás prisiones- en arroz y fríjoles.
Fuego pudo ser provocado
Inicialmente se sostuvo que la causa pudo haber sido un cortocircuito, pero el portavoz policial Héctor Iván Mejía sostuvo que "existen versiones acerca de que el incendio fue provocado, y tenemos ya un testigo". "No quiero entrar en detalles, pero aparentemente fue una persona que se encontraba en el interior, ya tenemos el nombre, pero vamos a concluir las investigaciones para dar la versión final", agregó.
La prisión tiene capacidad para 500 personas, pero albergaba a 850 en instalaciones deficientes, con techos de chapas de latón que incluso algunos reclusos rompieron para escapar de las lenguas de fuego.
Francisco Aguilar, uno de los sobrevivientes, relató a medios locales que "solo vimos salir un humo negro de la bartolina (pabellón) seis, entonces abrimos el techo y rompimos los candados para poder salir. Estamos vivos de milagro, ya que dormíamos cuando empezó todo".
Las imágenes televisadas mostraban la angustia de las familias de las víctimas y un conato de histeria colectiva cuando intentaron ingresar por la fuerza al recinto penal.
Escenas dantescas
El bombero Carlos Orellana, apostado en la zona de la tragedia, dijo por teléfono que "no se puede describir lo que hay ahí adentro. Muchos cuerpos quedaron calcinados en sus camas, otros murieron por asfixia y algunos amontonados cerca de los baños, intentado protegerse".
En un mensaje transmitido por cadena nacional de radio y televisión, el presidente Porfirio Lobo dijo que se vivía "un día de profundo dolor" y ordenó la suspensión inmediata de las autoridades de la cárcel y del coordinador de centros penales de Honduras, el comisionado policial Danilo Orellana.
Lobo añadió que estaba reunido con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para tomar "otras acciones", prometió una investigación exhaustiva e independiente y añadió que arribaría en horas un equipo de médicos forenses de Chile para auxiliar a sus pares hondureños en la identificación de los cadáveres.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que envíe a Honduras una delegación para investigar los sucesos.
"Este tipo de tragedias habían sido advertidas, pero nadie quiso escuchar", dijo el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio. "Estamos en el sitio de los hechos desde que trascendió el incendio y daremos nuestro reporte final en su momento", agregó. "Aquí se evidencia una vez más que el Estado no solo carece de una política de seguridad penitenciaria, sino que también la policía es incapaz de manejar las cárceles", pues no tiene "personal adecuado, ya que su formación es policíaca-militar y no con los principios de naturaleza civil que deben imperar en el sistema penal", comentó Custodio.
La reconocida activista Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, hizo notar que "es una casualidad que los incendios en las cárceles se dan en la noche, cuando los privados de libertad están bajo llave y los custodios que deben abrir son los primeros en escapar".
Honduras tiene 24 prisiones, con una capacidad total para 8.250 personas. Pero en 2011 había en ellas casi 13.000 reclusos, según datos del comisionado de Derechos Humanos. La sobrepoblación es una de las persistentes deficiencias de las condiciones de reclusión en buena parte de América Latina.
De catástrofe en catástrofe
La tragedia de Comayagua es la más grave ocurrida en este país, pero no la única. En abril de 2003, murieron 69 personas en una masacre en la cárcel del municipio El Porvenir, en la norteña ciudad portuaria de La Ceiba. Este caso fue documentado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, que lo denunció internacionalmente. Nueve personas fueron condenadas en 2008 por esos crímenes, aunque las responsabilidades últimas no han sido todavía establecidas.
En mayo de 2004, perecieron 107 reclusos en un incendio en la prisión de la norteña ciudad de San Pedro Sula, similar al acontecido el martes 14 en Comayagua.
El 28 de este mes, Honduras deberá comparecer por ese caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. El caso fue elevado a la jurisdicción de la Corte en marzo de 2011 por la CIDH, después de que el Estado hondureño incumpliera sus recomendaciones, formuladas en diciembre de 2010.
Los hechos de San Pedro Sula "son en definitiva una consecuencia de las deficiencias estructurales del propio sistema penitenciario hondureño, las cuales han sido ampliamente documentadas por mecanismos de Naciones Unidas, como el Subcomité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias", afirmó entonces la CIDH.
El último drama carcelario se produce cuando el gobierno se apresta a nombrar una comisión interventora de la policía, con personalidades nacionales y extranjeras, para que efectúe una depuración total de esa fuerza, acusada de vínculos con el crimen organizado, y de tomar parte en asesinatos, secuestros, extorsiones y extravío de armas, entre otros delitos.
Tragedias en penales latinoamericanos
La muerte de al menos 375 reos de la Granja Penal de Comayagua se ha convertido en la mayor tragedia ocurrida en prisiones hondureñas y latinoamericanas del último cuarto de siglo. Cientos de reclusos han perdido la vida en motines, revueltas e incendios registrados en las prisiones en los últimos veintiséis años, pero la tragedia de Comayagua supera con creces cualquiera de los precedentes dramas.
Esta es una relación de los más graves episodios ocurridos en Latinoamérica que causaron más de un centenar de víctimas:
18 y 19 de junio de 1986: Al menos 250 muertos, según cifras oficiales, en un motín coordinado de presos que pertenecían a las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y Tupac Amaru en tres penales de Lima, de Santa Bárbara y El Callao. Los motines se realizaron coincidiendo con una reunión de la Internacional Socialista en Lima y como protesta porque iban a ser trasladados a cárceles de máxima seguridad.
2 de octubre de 1992: Murieron 111 presos en un motín y más de un centenar resultaron heridos en la Casa de Detención de Sao Paulo, en Brasil.
4 de enero de 1994: Fallecieron 120 reclusos y 20 resultaron heridos en un motín seguido de un incendio en la prisión venezolana de Sabaneta, en Maracaibo.
17 de mayo de 2004: Fallecieron 107 reclusos, la mayoría pandilleros de la «Mara Salvatrucha», y 26 resultaron heridos en un incendio registrado en el presidio de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Fuentes oficiales atribuyeron el fuego a un cortocircuito, pero los reos aseguraron que fue provocado por las autoridades.
El 7 de marzo de 2005: Perdieron la vida 135 personas en un incendio en la prisión de Higuey, al este de Santo Domingo (R. Dominicana), que se produjo tras un enfrentamiento entre bandas rivales de presos.
(Con información de EFE).