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El Grupo Promotor de Reformas Electorales, al igual que la Alianza PLI, calificaron de provechoso el hecho de que un organismo internacional como la OEA plantee que Nicaragua debe reformar urgentemente su sistema electoral, coincidiendo así con las demandas de amplios sectores del país.

Sin embargo, Mauricio Zúñiga, Director Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), dijo que el Informe Técnico publicado por la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA “no dice nada nuevo”, en el tema de las reformas que ellos ya han venido trabajando como Grupo Promotor de Reformas Electorales.

Agrega que el Informe tampoco señala todo el rosario de ilegalidades -tanto omisiones como violaciones- a la Ley Electoral, perpetradas por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE).

“En el Informe no puedo leer, en ninguna parte, que se señale la actuación parcializada del CSE antes, durante y después de la elección. La OEA señala que se debe reformar tres aspectos fundamentalmente: lo referido al mecanismo de acreditación de los fiscales, a la composición de las JRV, y mejorar el proceso de cedulación. Pero en esos aspectos la ley está bien. El problema es que no se cumple.

Más bien creemos en primer lugar que el CSE debe respetar lo que ya mandata la ley, y hacer que funcionen las instituciones del Estado apegadas a ésta. Porque las principales irregularidades que sucedieron en las elecciones presidenciales fueron por incumplimientos a la Ley Electoral, de los reglamentos establecidos por el mismo CSE, y de las disposiciones que han regulado las elecciones en los últimos veinte años”, explica Zúñiga.

El director del IPADE, no obstante, reconoce que la OEA actúa de acuerdo a motivos técnicos y diplomáticos. Y sostiene que la Misión Técnica sólo hace hincapié en los hechos que el CSE les permitió observar. “Recordemos que a 20% de los observadores internacionales no los dejaron  ingresar al acto de constitución de las mesas electorales, rompiendo así el CSE con los acuerdos suscritos”, subraya.

Leana Bello, secretaria del Grupo Promotor de las Reformas Electorales, apoya la tesis de  Zúñiga sobre el protocolo con el que se rige la OEA, y la enriquece con que el informe publicado por la OEA no viene de los ciudadanos, sino de una misión internacional.

“El ciudadano nicaragüense que estuvo involucrado realizando observación electoral, en cada municipio, en cada departamento dándole seguimiento al proceso electoral completo, no sólo el día de las elecciones, sabe cómo las irregularidades afectan su derecho mismo a elegir libremente. Esto marca la diferencia entre un informe de un organismo nacional, de uno internacional, pues el internacional va a versar sobre lo que les fue permitido observar”, sostiene.

Una visión diferente

Por su parte Eliseo Núñez, que fue jefe de campaña de la Alianza PLI durante el proceso electoral, cree que el informe publicado por la OEA es completo (en cuanto a denunciar las irregularidades registradas) y sólo posee problemas de “concatenación” para entenderlo.

“La Alianza PLI buscará cómo implementar las reformas propuestas por la OEA, porque el país amerita una salida sin conflictos a la crisis del sistema electoral”, advierte.

Pero siendo minoría en la Asamblea, ¿cómo puede el PLI impulsar las propuestas para reestructurar el Sistema Electoral? Núñez asegura que “tenemos un gobierno que quiere consenso”, y ellos le tomarán la palabra. “Haremos presión suficiente para que se den las reformas y buscar una salida pacífica, ya que existen movimientos armados de descontento en el norte que el gobierno se niega a reconocer. Nicaragua merece una solución política”, concluye.

Acciones dirigidas

El único error que el ex jefe de campaña le encuentra al Informe de la Misión Técnica, es en el acápite que se refiere al proceso de acreditación de fiscales. Asegura que las maniobras de la acreditación tardía y errónea por parte del CSE para con el PLI fue una acción dirigida para hacerlos perder fuerza en el juego electoral, y resalta que tal cuestión debería de estar acentuada a manera de conclusión en el Informe.

Al comentar sobre este tema, Zúñiga, del IPADE, coincide con Núñez. “La OEA solamente propone establecer una reforma al mecanismo de acreditación de los fiscales. Pero yo creo que la ley es clara respecto a la acreditación. Aquí hubo una acción dirigida de eliminar la presencia de fiscales y observadores nacionales independientes por parte del CSE partidarizado”, aseguró.

La propuesta del Grupo Promotor

Tomando en cuenta el factor de reconocimiento internacional que hizo la OEA de que Nicaragua necesita reformar su Sistema Electoral, el Grupo Promotor de Reformas Electorales aprovecha la oportunidad para remojar a los diputados y la opinión pública la propuesta integral que han venido trabajando desde 2006.

La secretaria del Grupo, Leana Bello junto con Mauricio Zúñiga, explican que la propuesta en pocas palabras apuesta a dotar al país de un sistema electoral que sea en realidad independiente, imparcial y sobre todo transparente.

Para conseguirlo recomiendan elegir a nuevos magistrados mediante un proceso público de selección, basado en el prestigio profesional y moral de los postulantes. Y que el magistrado en funciones no pueda ser reelecto cuando su período haya caducado.

A renglón seguido, los directivos apelan a una serie de garantías para tener procesos electorales legítimos y transparentes, priorizando acreditar la observación imparcial no partidaria, como sucedió en las recientes elecciones, para observar el proceso completo.

Exponen la obligatoriedad de realizar el proceso de verificación ciudadana masiva con cinco meses de antelación al día de los comicios, y hacerla acompañar con una campaña en todos los medios de comunicación para evitar una verificación “silenciosa como la de 2011”.

Asimismo, Zúñiga considera irregular adelantar los resultados provisionales como definitivos, tal cual lo hizo Roberto Rivas dándole la reelección a Ortega. Por tanto, manda a divulgar el total de los resultados (en término de 72 horas después de la votación) provisionales y finales. Y pegar en cada JRV los cárteles de resultados.

La propuesta, a su vez, dispone no abortar los tiempos que tienen los partidos para introducir sus Recursos, y obliga a la Autoridad Electoral notificarle la forma en que se resolvieron.

El informe de la Misión Técnica de la OEA que recomienda mejorar el proceso de cedulación y gestión en la entrega de cédulas para evitar se vuelva un tema de naturaleza electoral, es otro de los aspectos claves en la Propuesta Integral.

“Exigimos que los partidos políticos integren la Comisión Nacional de Cedulación, y resuelvan a lo inmediato el tema de la cedulación tal y como lo establece la ley, que garantice este derecho a los y las ciudadanas sin exclusión ni manipulación partidaria y que garanticen la apertura de las delegaciones departamentales y municipales de forma permanente”.

El Grupo Promotor de las Reformas Electorales está conformado por más de cien organizaciones de la sociedad civil, quienes abogan por instaurar un verdadero Sistema Electoral en el país.  

Las recomendaciones de la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA), en su Informe Final de la Misión de Acompañamiento Electoral sobre las Elecciones Generales en Nicaragua, celebradas el pasado 6 de noviembre, reiteró la necesidad de promocionar una reforma al Sistema Electoral, que desde 2006 ya habían propuesto.

“En el Informe se detallan cambios que no sólo mejorarán las elecciones en el futuro, sino que serán una señal positiva del compromiso de las autoridades en el perfeccionamiento de los procedimientos electorales”, acota el Informe.

Entre las recomendaciones resaltan la necesidad de innovar el mecanismo para la acreditación de los fiscales, mediante una fórmula que cautele mayor autonomía de los partidos políticos para su acreditación, y así evitar la deficiencia en la gestión y confusión de los trámites y plazos.

Reformar el criterio de composición de las JRV, procurando que estén compuestas por ciudadanos, sin consideración de su pertenencia partidaria, porque el actual proceso corresponde a una realidad del pasado político que no se justifica en la actualidad, ya que garantiza la presencia dominante de miembros de mesa de dos partidos políticos, y genera presencia desmejorada de las demás fuerzas políticas.

Mejorar el proceso de cedulación y la gestión en la entrega de cédulas de identidad, de manera tal de evitar que sea un tema de naturaleza electoral. Para esto la Misión cree conveniente “iniciar una campaña de saneamiento del registro civil, y rediseñar la estructura administrativa del CSE a nivel central y territorial”.

Elaborar procedimientos alternos para la depuración del Padrón Electoral, en caso de defunciones, ya sea mediante la entrega directa del acta de defunción por parte de los familiares, o a través de un procedimiento que permita a los familiares testificar la defunción al carecer del acta respectiva.