Foto: El jefe de la misión de observación electoral de la OEA, el excanciller argentino Dante Caputo, durante su estadía en Managua el pasado noviembre. Foto: END.

La Organización de Estados Americanos (OEA), presentó el Informe Final de la Misión de Acompañamiento Electoral sobre las Elecciones Generales en Nicaragua, celebradas el pasado 6 de noviembre, en el que reiteró la necesidad de aplicar las recomendaciones señaladas por la organización con el motivo de las elecciones de 2006, en pro de mejorar el sistema electoral nicaragüense.

El informe, además de brindar las recomendaciones, detalla “una serie de hechos que tuvieron serios efectos sobre la tarea de la Misión”, como el día de las votaciones cuando al 20% de sus observadores se les impidió el ingreso a las mesas electorales para presenciar el acto de apertura de éstas.

“A nadie puede escapar la importancia que tiene la presencia en la apertura de una mesa electoral. Su monitoreo es decisivo para estar en condiciones de evaluar el funcionamiento de la mesa y es parte necesaria para la evaluación del conjunto según nuestra metodología, lo cual representó un incumplimiento al Acuerdo de Procedimiento suscrito”, enfatiza el informe.

“A nadie puede escapar la importancia que tiene la presencia en la apertura de una mesa electoral. Su monitoreo es decisivo para estar en condiciones de evaluar el funcionamiento de la mesa y es parte necesaria para la evaluación del conjunto según nuestra metodología, lo cual representó un incumplimiento al Acuerdo de Procedimiento suscrito”, enfatiza el informe.

La Misión “interpuso una nota verbal ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) denunciando la situación, con el detalle de las mesas a las cuales los observadores no tuvieron acceso. Pero cuando el problema fue superado, luego de las 8 de la noche, el escrutinio ya había concluido en los lugares afectados”, explica el Informe.

Al esbozar la OEA un balance de lo visto en el proceso electoral y atender las denuncias de partidos de la oposición y del Gobierno, se declaró en condiciones de volver a “recomendar la promoción de una reforma a la Ley Electoral” que tome en cuenta varios aspectos capitales en pro de su mejoramiento.

Entre ellos menciona “innovar el mecanismo para la acreditación de los fiscales, mediante una fórmula que cautele mayor autonomía de los partidos políticos para su acreditación, y así evitar la deficiencia en la gestión y confusión de los trámites y plazos, que se tradujeron en la entrega tardía de las 9 mil acreditaciones de fiscales de la Alianza PLI, concretadas un día antes de los comicios de manera apresurada”.

También recomienda “reformar el criterio de composición de de las JRV, procurando que estén compuestas por ciudadanos, sin consideración de su pertenencia partidaria, porque el actual proceso corresponde a una realidad del pasado político que no se justifica en la actualidad, ya que garantiza la presencia dominante de miembros de mesa de dos partidos políticos, y genera presencia desmejorada de las demás fuerzas políticas”.

Propone además “mejorar el proceso de cedulación y la gestión en la entrega de cédulas de identidad, de manera tal de evitar que sea un tema de naturaleza electoral. Para esto la Misión cree conveniente iniciar una campaña de saneamiento del registro civil, y rediseñar la estructura administrativa del CSE a nivel central y territorial”.

Referente al Padrón Electoral, la Misión exhorta a elaborar procedimientos alternos para la depuración de éste, en caso de defunciones, ya sea mediante la entrega directa del acta de defunción por parte de los familiares, o a través de un procedimiento que permita a los familiares testificar la defunción al carecer del acta respectiva.

Por otra parte, la Misión consideró positivo que de las recomendaciones hechas en 2006, el Poder Electoral implementó la incorporación de la figura del Coordinador de Centro de Votación. Sin embargo, para futuros procesos esperan se regule la actuación de estos funcionarios y se les capacite adecuadamente acerca de sus responsabilidades.

La Misión de la OEA que tuvo presencia el día de las elecciones en los 15 departamentos y 2 regiones autónomas del país, expuso que “a pesar de un desarrollo relativamente regular del proceso, esperan la acción rápida por parte de las autoridades para superar las fallas estructurales del proceso electoral que viene arrastrando de larga data, desde 1996”.