Foto: Francisco X. Chamorro G.

Lo que ha quedado claro del conflicto por un terreno de 17 manzanas de extensión frente al centro comercial Galería Santo Domingo es la falta de seguridad jurídica que afecta a nuestro país y por ende aleja la inversión directa, tanto la nacional, pero más importante por ser más cuantiosa, la extranjera.

En un estudio de Funides sobre “Mercados de Tierra y Seguridad en su Tenencia”, su autor el Dr. Horacio Rose afirma y cito “…nadie en Nicaragua sabe exactamente cuánta tierra se registra en el Registro de la Propiedad, pero las estimaciones van desde dos a seis veces la superficie total del país”, cierro cita. Aunque otros especialistas opinan que estas cifras son demasiado elevadas, confirman la gravedad del  asunto.

En este marasmo jurídico es imposible conseguir créditos para mejorar la competitividad en los sectores agrícolas, según el mismo estudio “…al menos una de cada dos propiedades del país no puede ser vendida, hipotecada, prendada, heredada, alquilada o regalada sin alterar derechos de terceros”.

Nicaragua está situada en el lugar 121 de una lista de 142 países en este rubro, sin duda alguna la seguridad jurídica sobre la propiedad tiene una enorme incidencia en este indicador. Por supuesto que no es el único elemento que afecta la competitividad del país, también están presentes los bajos niveles educativos y la corrupción, entre otros.

El mayor problema es que no estamos haciendo nada para solucionarlo. Es cierto, es un proceso tedioso, de larga duración, probablemente más allá de uno o dos períodos presidenciales, siendo optimistas y en más de algún caso engorroso, pero tenemos que iniciarlo algún día.

La tarea no es fácil, porque la historia de Nicaragua es complicada, y dentro de ella o por ella, está bien adherido el problema de la propiedad. Sólo tomando la historia moderna de nuestro país tenemos los treinta años conservadores donde los liberales salieron  perdiendo sus propiedades, después la respuesta liberal, después los Somoza, seguida por la reforma agraria sandinista y la contrareforma agraria de los 90 en adelante, volviendo a finales de la primera década del 2000 a los intereses partidarios sobre la propiedad.

Vale la pena mencionar, aparte la inseguridad jurídica causada por la actividad económica de mayor crecimiento en el país, la llamada industria sin chimineas, o sea el turismo. Los conflictos por propiedades frente al mar desde Cosigüina en el departamento de Chinandega, hasta El Ostional en el departamento de Rivas, están plagados de conflictos sobre esas tierras que muchos consideran las más valiosas del país. Otro tanto ha sucedido en la costa Caribe, donde incluso se ha llegado a vender cayos a particulares.

La seguridad jurídica sobre la propiedad también necesita, obligatoriamente, un poder judicial apartidario,  ajeno a la corrupción y justo, en coordinación con otros poderes o entes autónomos del Estado.

En las próximas semanas, cuando la Asamblea Nacional, controlada por una mayoría del partido de gobierno, elija a los 35 funcionarios que a estas alturas tendrán su período vencido en diferentes poderes del Estado y Entes autónomos, entre ellas a la mayoría de las nuevas autoridades del poder judicial, sabremos qué rumbo tomará el país sobre este tema estratégico.

Sin embargo, algunas medidas que especialistas en el tema sugieren para iniciar este proceso incluyen sacar el Registro de la Propiedad de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, creando un  ente autónomo y profesional, como en El Salvador. Penalizar fuertemente casos de invasiones de tierras. Prohibir la emisión de títulos supletorios y eliminar las “no objeciones” de la Procuraduría General de la República que  no tiene asidero  legal,  entre otras disposiciones.

Después de todo, un camino de mil kilómetros empieza con un paso.