Nicaragua acudirá este miércoles 5 de mayo a la reunión del Directorio del Fondo Monetario Internacional, con la tranquilidad de quien ha hecho su tarea, y piensa que está bien hecha, esperando obtener el visto bueno a la Cuarta Revisión del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, (SCLP), y con él, un desembolso de U$18 millones destinado a fortalecer la posición de reservas internacionales del BCN.
La decisión de incrementar en 6.8% la tarifa eléctrica fue la última de las obligaciones que el país tenía que cumplir, conforme a los compromisos adquiridos en las cartas de intención firmadas durante las revisiones pasadas, en las que el país adquiría la obligación de buscar formas ‘sanas’ de financiar el costo de la factura eléctrica, en la medida en que ésta se hiciera más cara, debido al alza en el precio del petróleo.
Pero los compromisos (denominados oficialmente como ‘criterios de referencia estructural’) no terminan ahí.
Como lo detallara el Presidente del Consejo Directivo del Banco Central, Antenor Rosales, durante una conferencia con miembros de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), el país aún tiene otras tareas que enfrentar para recibir el quinto visto bueno del Fondo, dentro de unos meses.
Se refiere a la aprobación de una reforma a la Ley Especial de Uso Responsable del Servicio Básico de la Energía, así como a la reforma de la misma Ley Orgánica del BCN, las que deben estar listas en junio, antes de proceder a publicar la propuesta técnica de reformas al sistema de pensiones, en el mes de agosto.
Una vez aprobado el SCLP, Nicaragua será ‘transferido’ a un nuevo programa, denominado Servicio de Crédito Ampliado (SCA), que se caracteriza por proporcionar “asistencia financiera a los países con problemas prolongados de balanza de pagos”, según declaraciones previas de Rosales.
Información disponible en la pagina web del FMI, señala que el SCA “proporciona asistencia financiera a los países con problemas prolongados de balanza de pagos. El financiamiento en el marco del SCA tiene una tasa de interés cero, con un período de gracia de 5½ años, y un vencimiento final de 10 años. El FMI examina el nivel de las tasas de interés de todos los servicios concesionarios… cada dos años”.
El funcionario dijo que al entrar en la égida del SCA, el país deberá atender diversos temas con más ahínco, entre ellos cinco de política fiscal: “La consolidación de las finanzas públicas, el sistema tributario, el sistema de pensiones, el salario mínimo y el gasto social y en infraestructura”.
En lo que se requiere a política fiscal y monetaria, habrá que mantener el ojo sobre la cobertura de las Reservas Internacionales Brutas; la liquidez del sistema financiero, el deslizamiento cambiario, y el sano desarrollo del sistema financiero en su conjunto, además de trabajar una agenda complementaria centrada en el sector eléctrico, la administración pública, la institucionalidad del BCN, y la estabilidad del sector de microfinanzas.
Optimismo 2010
Además de las leyes impulsadas de común acuerdo con el Fondo, el país deberá enfrentar la obligación de emitir dos normativas por parte de la Superintendencia de Bancos: una para tratar de mejorar el comportamiento del mercado de tarjetas de crédito, y otra para subsanar la falta de un reglamento a la denominada ‘Ley Moratoria’.
En el primero de los casos, Rosales supone que además de dictar normas para fortalecer el marco legal en que se desarrollan las relaciones entre usuarios y emisores de tarjetas de crédito, los bancos tendrán que implementar medidas unilaterales para satisfacer a sus clientes, sin especificar si se refiere al tema de las tasas de interés, que es el que más interesa a los tarjetahabientes.
La segunda normativa, la que debe dictarse para pasar por encima del hecho que la ‘Ley Moratoria’ no fue reglamentada, debe “aclarar lo que la Ley no dejó expresamente definido”, y será elaborada en el espíritu de “ayudar a desarrollar la cultura de pago, para que el país pueda seguir teniendo un desarrollo de la actividad crediticia y productiva”, señaló el titular del BCN.
Quizás parte de la preocupación esté dada por el hecho que “el crédito comenzó a decrecer en septiembre del 2008”, realidad que preocupa a los economistas dentro y fuera del gobierno, porque “necesitamos lograr que el crédito fluya para que haya crecimiento, o no lograremos cumplir las previsiones para este año”, explicó Rosales.
Entre esas previsiones está que el PIB se incremente en un 2%, admitiendo una variación de 0.5% del PIB; que el IPC crezca entre 5 y 7% en todo el año (ya llevaba 3.57% al mes de marzo); que las exportaciones crezcan 7 a 9%; que las remesas sumen U$800 millones; los ingresos por turismo U$370 millones, y que se reciba IED por U$500 a U$600 millones.
Posiblemente, al hablar del crédito, Rosales lo haga considerando que a febrero del 2010, la cartera de créditos neta llegaba a 41,915.5 millones de córdobas, lo que era inferior en 4.7% a lo reportado un año antes, además de otros tres factores negativos: 3.2% de la cartera está en mora; 11% de la cartera se considera “en riesgo”, y 13% de la cartera cae en el apartado de ‘cartera en riesgo más activos improductivos’.