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Estudio del IEEPP confirma "generosidad fiscal" entre 2002-2008

Exoneraciones alcanzan casi US$2.000 millones

* Proponen alternativas para mantener competitividad sin pagar tan alto precio fiscal

Iván Olivares | 3/5/2010
@IvanOlivares66

Pese a su pobreza, Nicaragua se ha revelado como un Estado muy generoso que premia con altos incentivos fiscales a empresas e inversiones de todo tipo, apuntando a lograr mayores niveles de desarrollo y generar nuevos puestos de trabajo, a veces, a un costo muy alto.

Según el estudio “Apuntes Sobre Exoneraciones Fiscales en Nicaragua”, preparado por Ismael López Ocampo, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, (IEEPP), el país ha otorgado exoneraciones por U$1,975 millones entre el año 2002 y el 2008, excluyendo el 2007, para el que no fue posible conseguir datos.

Esos millonarios recursos fueron entregados “para incentivar a algún sector de la economía y para atraer inversión (nacional o internacional) en el caso de las inversiones turísticas, zonas francas y energéticas”, declaró el investigador López.

Sin embargo, y pese a que se supone que esos incentivos atraerían capitales extranjeros, los datos muestran que en rubros como el turismo, quienes más han aplicado a este tipo de beneficio fiscal han sido los hombres de negocios nicaragüenses, en una relación 80-20, aunque ésta variaba al observar las cifras invertidas: U$290.5 millones (64.1%), contra U$162.2 millones (35.8%) de origen extranjero.

A la vez que el mecanismo no parece ser particularmente exitoso al atraer capitales nuevos, el investigador también señaló que el país tiene pendiente la tarea de hacer una medición completa y exhaustiva de los efectos logrados con tanta muestra de generosidad, recordando que “sólo hemos medido los beneficios en término de crecimiento de las exportaciones y del empleo”.

Quizás la razón sea, como explicó el mismo López, que “otorgar amplios beneficios fiscales no se traduce necesariamente en mayor IED, porque los inversionistas valoran mucho la cercanía del mercado, la seguridad jurídica, y la disponibilidad y calificación de la mano de obra”, lo que muestra una realidad mucho más variopinta.

Economista propone otras opciones

Ante el panorama planteado, el economista José Luis Medal planteó que “es preferible un sistema de tasas bajas y amplia base tributaria”, a lo que contribuiría decididamente la eliminación de exoneraciones y exenciones, porque generaría recursos para compensar la pérdida de tributos que significa aplicar la tesis de las ‘tasas bajas’.

Dado que algunas exoneraciones han sido otorgadas a organizaciones que traen ayuda al país, Medal hizo la acotación de que “ninguna exoneración de tipo social debe ser desmantelada, sin desmantelar primero los beneficios que se otorgan a los grandes grupos empresariales”.

A su criterio, es más justo el planteamiento de “otorgar beneficios sociales a través del gasto público”, aunque reconoció que “es más fácil decirlo que hacerlo”.

Su colega, el economista Adolfo Acevedo, señaló que la decisión de “eximir a sectores enteros del pago del IR o el IVA reduce la base tributaria y obliga a cobrar tasas altas a los que sí quedan dentro del sistema”.

Lo dice en referencia a la política de cobrar sólo determinados impuestos a los productores agropecuarios o a los empresarios del turismo, que están “entre los más dinámicos de la economía nacional. Si no le cobrás a los sectores más dinámicos, ¿a quiénes les vas a cobrar? A los menos dinámicos”, razonó.

Siempre en esa línea de razonamiento, Acevedo planteó que si bien es cierto las zonas francas generan miles de empleos con salarios por encima del mínimo que manda la Ley, también es cierto que se puede decir lo mismo de sectores como el comercio. “¿Deberíamos crear un régimen de zona franca para el comercio?”, cuestionó.

Julio Francisco Báez por su parte, recordó que hay sectores que viven como parásitos del Estado, al depender fundamentalmente de los beneficios que éste pueda otorgarle, e instó a negociar ‘contratos de estabilidad tributaria’ como una forma de incentivar a las empresas que cumplan una serie de parámetros predeterminados en temas como inversión y generación de empleos.

Defensores del esquema de incentivos

En contraste, José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), recordó que “Nicaragua exonera el equivalente al 6% de su PIB. ¿Cuánto exonera el resto de Centro América?”, preguntó recordando que nuestros vecinos del triangulo norte del istmo están dentro del mismo TLC con Estados Unidos, y hasta están un tanto más cerca de ese país que Nicaragua misma.

Ese planteamiento anularía una de las ventajas que normalmente se argumentan al enlistar las ‘fortalezas’ del país. La otra, que es la abundancia de mano de obra, se ve contrarrestada por su escasa calificación, a lo que se une en detrimento del país, la escasa seguridad jurídica, aunque nuestros vecinos del norte salgan aplazados en el apartado de la seguridad personal.

Sumando todas esas consideraciones, el dirigente gremial invitó a confirmar primero “qué uso, destino y beneficio generan las exoneraciones, para decidir cuáles se quedan y por cuánto tiempo”, aunque también es posible aplicar una nueva fórmula: mantener las exoneraciones, pero a cambio de más inversión.

Javier Chamorro, Director Ejecutivo de PRONicaragua, defendió la utilidad de las exoneraciones, porque éstas “inciden en la competitividad del país, que ya no puede ser elevada vía salarial. Necesitamos mantenerlas para paliar un poco las carencias que padece Nicaragua”, demandó.

A su criterio, sólo se puede desmantelar el actual sistema de exoneraciones, si antes se resuelven los problemas de infraestructura, seguridad, y educación, de forma gradual y planificada”.

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