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Del decretazo al artículo transitorio 201

“Una estrategia para reelegir a Ortega”

*Jurista: “La desesperación por mantener el poder los ha llevado a cometer actos inverosímiles, hasta risibles, con las leyes y la Constitución”

Carlos Salinas Maldonado | 29/4/2010
@CSMaldonado

El presidente Daniel Ortega apostó por la violencia. Como una forma de presión para obligar a la oposición a negociar, el Frente Sandinista sacó a sus turbas a las calles para infundir terror, dado el rechazo opositor a las iniciativas “legales” diseñadas por los estrategas del oficialismo: desde el decreto 3-2010, pasando por un fallo que garantiza la reelección del presidente, hasta la supuesta vigencia de una norma constitucional que según los analistas venció por su condición de temporal en la Constitución.

Para el experto en temas jurídicos y aspirante a una vacante en el Consejo Supremo Electoral, Óscar Carrión, todas esas son iniciativas del Frente Sandinista enmarcadas en una estrategia mayor cuya finalidad es mantener el poder a toda costa. “Es una estrategia para garantizar la continuidad de Ortega no sólo para los próximos cinco años, sino para los próximos 15 o 20. La desesperación por mantener el poder los ha llevado a cometer actos inverosímiles, hasta risibles, con las leyes y la Constitución”, explica Carrión.

La oposición logró la semana pasada enviar a la Comisión de Justicia una iniciativa de ley que pretende derogar el decreto de Ortega. El martes, bajo un intenso asedio de las turbas oficialistas, los diputados de la oposición se reunieron en el hotel Holiday Inn de Managua y después de muchos meses de desacuerdos consiguieron los 47 votos necesarios para hacer quórum. Sin embargo, el decreto sigue vigente, respaldado por un cuestionado fallo de la Corte Suprema que declara su legalidad y vigencia.

Carrión recomienda apostar por las calles, realizando protestas contra el Gobierno. “Ese es un recurso legítimo que se puede tomar sin renunciar a los cauces legales”, dice. Y, además, recomienda trascender el sistema jurídico nacional y denunciar los atropellos del Ejecutivo en organismo internacionales como la Corte Interamericana de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, que ya la semana pasada se pronunció sobre la crisis política que sufre el país.

“A veces hay que salirse un poco del esquema”, afirma el aspirante a un puesto en el Consejo Supremo Electoral. 

El presidente de la Asamblea, René Núñez, ha desempolvado una disposición constitucional para mantener en sus cargos a funcionarios cuya periodo ya se venció. ¿Tiene razón Núñez? ¿Está vigente esa disposición del artículo 201 de la Constitución?

Lamentablemente tengo que decirte que el presidente de la Asamblea Nacional, a mi juicio y a juicio de muchos expertos jurídicos, está completamente equivocado. Es un peón más en la estrategia del presidente Ortega en su afán de reelegirse a toda costa y a cualquier costo. La discusión del artículo 201 se enmarca dentro de todo un contexto, una estrategia dirigida precisamente a facilitar que el presidente Ortega se perpetué en el poder en Nicaragua.

¿Por qué Núñez hace uso de ese artículo? ¿Se puede aplicar en el contexto actual?

La ley tiene las interpretaciones que cada jurista quiera darle. Sin embargo, hay verdades absolutas en la ley y hay otras que podemos sacarlas por conclusión lógica. El artículo 201 no admite ni siquiera una discusión jurídica. En  realidad lo que hay de fondo es un ataque a la institucionalidad por encima de lo jurídico y una pretensión de tratar de imponer una sensación en la población nicaragüense de que hay un conflicto incomprensible. Pero aquí la Constitución es clara en su titulo XXI, donde habla de disposiciones finales y transitorias, es decir que no forma parte del cuerpo orgánico de la Constitución, que regula todo el funcionamiento del Estado.

El tema del artículo 201 se enmarca dentro de un contexto de violaciones a la Constitución, como también lo fue el decreto ejecutivo del Presidente de la Republica. La Constitución establece claramente, y ahí no hay discusión, que el Presidente sólo tiene facultad de dictar decretos en materia administrativa, es decir enmarcada dentro de los ministerios bajo su mandato.

La Corte Suprema falló la legalidad y vigencia de ese decreto.

La Corte Suprema se pronuncia en un tiempo récord ante un recurso de amparo que interpone el Presidente. Y además integra la Sala Constitucional de forma irregular, porque algunos magistrados de la Corte que componen esa sala no estaban en el país y otros no fueron debidamente notificados. Entonces la completan con supuestos miembros suplentes de tendencia sandinista y emiten una sentencia dando lugar al recurso de amparo interpuesto por el presidente Ortega. El decreto del presidente invade las funciones taxativas y exclusivas de la Asamblea Nacional. Allí no hay que hacer ni siquiera ningún tipo de interpretación, por más que el presidente quiera argumentar  que se trata de salvaguardar el equilibrio armónico de los poderes y la continuidad de la vida del Estado. El decreto es ilegal. La sentencia, por la forma en que fue constituida la Sala Constitucional, también es ilegal.

Pero vemos al ex magistrado Solís respetando el decreto y ese fallo.

Eso se inscribe en una lógica de aferrarse a cualquier costo al poder, en particular por lo que significa el cargo a la Corte Suprema. ¿Qué pasa si Rafael Solís cede? Sencillamente se cae la validez de lo que han dicho sobre el artículo 201. Eso obligaría a una negociación en la Asamblea Nacional para elegir nuevos funcionarios y magistrados en la Corte y el Consejo Supremo Electoral. Y como la oposición ha dicho que no va a elegir a ninguno de los magistrados actuales, entonces el presidente Ortega perdería la posibilidad de tener a su principal peón, Roberto Rivas. Rivas ya se ha adelantado en el tiempo y una vez que la Corte, con una Sala Constitucional, mal constituida resolvió que el Presidente tiene derecho de reelegirse, ese mismo día Roberto Rivas dijo que el admitiría la postulación de Ortega, inscribiría la candidatura.

¿Toda una estrategia bien montada?

Exactamente. Es una estrategia de cascada. No podemos ver de forma aislada el decreto, la sentencia reeleccionista, la pretensión de tener vigente el artículo 201. Se trata de una estrategia a largo plazo para mantenerse en el poder no por los próximos cinco años, sino de diez, 15 o 20 años, tal y como lo han asegurado otros presidentes que coinciden con la ideología populista del llamado “Socialismo del siglo 21”, que impulsa en Latinoamérica el presidente Hugo Chávez.

¿Cuál es la estrategia que debe de tomar la oposición para hacerle frente a este tipo de arbitrariedades con las leyes?

En los estrategas de la oposición hay un dilema que yo siempre he cuestionado. Yo les hacía mis recomendaciones jurídicas a las bancadas democráticas y les decía que no pueden estar apostando a los juegos de los demócratas cuando por otro lado te están violentando la Constitución a diestra y siniestra. Hay quienes quieren aferrarse estrictamente a lo absolutamente legal y constitucional, y a veces tenés que salirte un poco del esquema. La oposición debe apostar por el desconocimiento de todo lo que han hecho y llamar al pueblo a las calles. Ese es un recurso legítimo que se puede tomar sin renunciar a los cauces legales. Por ejemplo, el caso del decreto, la seudo sentencia, el caso del artículo 201 y el rechazo al recurso de amparo que interpuso el diputado (Óscar) Moncada, tienen la posibilidad de trascender más allá del ordenamiento jurídico nacional y llegar hasta la Corte Interamericana de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA.

¿Usted cree que eso pueda tener validez ante el Gobierno?

Es recurso simultáneo a la organización de manifestaciones populares de la oposición. Debe haber el agotamiento de los recursos, de las vías legales tanto nacionales como a nivel internacional que puedan desembocar en una intervención de los organismos que defienden la democracia en América. 

Comentarios

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gandalf el gris

me parece muy bueno este articulo, estoy casi totalmente de acuerdo con todo, lo que no coincido es llevar estas protestas hasta organismos internacionales, mas si estos estan presididos por insulzos tipo jose miguel insulza, es curioso como los problemas y situaciones anomalas que se dan en nuestrtas esferas, especialmente en america central y del sur, no tienen eco, entonces lo unico que queda es el derecho a la rebelion.

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