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De 95 solicitudes, sólo se respondieron 40% y con atraso

Alcaldías y gobierno siguen incumpliendo Ley de Acceso a Información Pública

* La Fundación Violeta Barrios de Chamorro da a conocer resultados negativos del segundo monitoreo del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en Nicaragua.

Alvaro Navarro | 19/10/2011
@NavarroNewsNic

La Fundación Violeta Chamorro puso a prueba el grado de cumplimiento de 9 alcaldías y delegaciones de gobierno con relación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), al interponer un total de 95 solicitudes de información sobre la gestión gubernamental, sin embargo sólo el 40% de los requerimientos fueron respondidos y a destiempo.

Cristiana Chamorro, Directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, valoró que este bajo nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2007, refleja falta de voluntad política de las autoridades competentes, ya que apenas 38 de las solicitudes fueron respondidas y con retraso.

“Si hubiera voluntad política habría conocimiento a todos los niveles, capacitación y habría una infraestructura montada para servicio ciudadano, y ahí (en el monitoreo) encontramos que el funcionario que está en contacto con el público no sabe o sabe muy poco”, dijo Chamorro, Directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, durante su comparecencia en el programa de televisión Esta Noche.

Este es el segundo monitoreo que realiza la Fundación Chamorro para medir el grado de cumplimiento de la LAIP, una ley que fue aprobada por consenso entre gobierno y oposición, pero que ha quedado como “papel mojado”, ya que no se respeta ni se cumple su contenido.

Además de la falta de preparación y de voluntad para atender las soliciutdes de información pública, Cristiana Chamorro se mostró incluso sorprendida de que en algunos casos, “estos funcionarios tenían que ir a consultar y ni siquiera iban a consultar donde su superior jerárquico, sino que iban donde el secretario político del partido en ese municipio, para ver si podía responder o no (a la solicitud)”.

Agregó que en esos municipios no hay esfuerzo alguno por parte del gobierno para capacitar a los funcionario sobre la aplicación de la ley y que más bien es evidente que existe temor, sin embargo, la ciudadanía sí está apropiada de su derecho a solicitar información sobre los problemas y la gestión pública que afectan a su comunidad.

Por el contrario, los periodistas que se suponen deberían hacer uso con mayor frecuencia de la ley, no están recurriendo al procedimiento para solicitar información a las entidades de gobierno, dijo la Directora de la Fundación Chamorro.

Para este ejercicio de monitoreo, reveló Chamorro, se apuntaron 17 periodistas, pero 4 se echaron para atrás y uno de ellos después recibió una pauta publicitaria y luego silencio completo.

Chamorro aclaró que en este segundo monitoreo de la LAIP, las solicitudes de información pública no correspondían a temas de defensa, ni de seguridad nacional, sino a información de interés comunitario, sobre el bono productivo, adoquinamiento, alcantarillados, becas en educación y temas de esa naturaleza. Es decir, nada de sensibilidad nacional.

Sin embargo, Cristiana Chamorro relató un atropello contra un voluntario que es presentó a la base regional del Ejército en Matagalpa, para introducir una soliciutd de información. El soldado que recibió la documentación le pidió que se identificara y al decirle que llegaba en nombre de la Fundación Violeta Chamorro, le impidió el paso y le rompió la carta de solicitud de información, al tiempo que le dijo que lo hacía porque la organización a la que representaba “era influencia del imperialismo yanqui y que por lo tanto, no tenía derecho a entrar en esas oficinas, ni pedir información”.

Aunque después del altercado, el solicitante protestó ante otro oficial superior y éste llamó la atención al subalterno y le sugirió que volviera a presentar su solicitud, tampoco le fue proporcionada la información que requería.

Ocupados en campaña oficialista

Las delegaciones de gobierno de León tampoco se dispusieron a cumplir con el derecho ciudadano. “En el caso del MINSA de León el funcionario que atendió al voluntario le dijo que no tenía tiempo de recibir  solicitudes, menos de entregar información pues ese día tenia ordenes de asistir a una concentración del Presidente de la Republica”, señaló Chamorro.

En el Departamento de Matagalpa las entidades del Magfor,  Mined, Minsa, Enacal y DGI de los municipios Matiguás y Río Blanco, se negaron a recibir solicitudes. Mientras en la cabecera departamental se reportó que una voluntaria,  estudiante de Derecho, fue corrida del Minsa por el propio subdirector del SILAIS, quien le dijo que no volviera a llegar a esas oficinas y que no le entregaría nada. El funcionario a los pocos días pasó a ser Director del  Hospital Regional de Matagalpa, se lee en el informe.

Casos de cumplimiento

Entre las instituciones que se mostraron abiertas a brindar la información sin interrogatorios ni trabas se ubica la Policía Nacional, las alcaldías de San Ramón, León, Diriamba y Jinotepe, en las cuales los datos solicitados fueron entregados a los voluntarios hasta por vía electrónica, como manda la ley.

En el municipio de San Ramón, la única entidad que se negó a entregar la información a los líderes comunales fue INAA, donde la delegada adujo tener miedo de dar a conocer estos datos, además que se evidenció desconocimiento de la legislación.

Chamorro dijo que “entre más lejano y pequeño es el municipio, más respuestas tuvimos, (porque están) más cerca de la gente” y se manejan con más autonomía con relación al gobierno central.

La investigación realiza una serie de recomendaciones a ciudadanos, periodistas, abogados y organizaciones de la sociedad civil, sectores a los que exhorta a apropiarse de este instrumento legal para presionar al gobierno a abrir las oficinas de acceso a la información y capacitar a sus funcionarios para atender las solicitudes de la población, tal y como lo manda la Ley.

Igualmente recomendó a los distintos candidatos presidenciales y diputados a aprovechar este instrumento que tienen en sus manos y dotar al Estado de un presupuesto especial para cumplir con esta obligación y no solo hablar de transparencia y honradez.

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