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La bruma cubre el camino que lleva hasta San Juan de Río Coco. Es una carretera zigzagueante, al filo de acantilados que dejan al descubierto montañas cubiertas de verdor. Abajo, imponente, el río coco centellea con sus aguas color café. Este camino brumoso lleva hasta un poblado perdido en el mapa, cuyos habitantes se alzaron exigiendo que los tomen en cuenta. Una protesta por cédulas que fue aplastada por oficiales antidisturbios. Sólo una pequeña muestra, dicen esos vecinos, de lo que pasaría aquí si se cumple la amenaza que pende sobre la Alianza PLI-UNE: la inhibición de unos 50 candidatos a diputados.

La decisión podría darse esta semana, faltando menos de tres semanas para que más de tres millones de nicaragüenses acudan a las urnas de votación a escoger nuevo presidente y renovar (es sólo una forma de decir) a los diputados ante la Asamblea Nacional. Una situación inédita en la trémula democracia nicaragüense.

Todo depende del acuerdo al que lleguen los magistrados y magistrados de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes deben analizar recursos de amparo interpuestos por tres facciones del Partido Liberal Independiente (PLI) que se disputan la representación legal de esa organización política. Una decisión formalmente jurídica, “pero los magistrados están claros que esta es una decisión política que en última instancia será adoptada por el propio presidente Daniel Ortega”, reveló una fuente cercana a la CSJ. Al Presidente, que también es candidato a la reelección, “le toca sopesar las ventajas o los costos políticos que le podría acarrear esta decisión, y los magistrados acatarán su decisión”, confirmó la fuente.

Mientras tanto, las facciones del PLI encabezadas por Rollin Tobie, Venancio Berrios y Balmore Valladares, presionan por una resolución y además han interpuesto solicitudes de inhibición contra 51 candidatos de la Alianza PLI-UNE por, supuestamente, violar los estatutos del PLI. Toda una maquinaria política contra una sola organización.

Tensión en el norte

A casi 300 kilómetros de distancia de Managua, en San Juan de Río Coco, los vecinos del poblado siguen de cerca la decisión de los magistrados. Muchos de ellos son votantes liberales que aseguran apoyan la fórmula presidencial de PLI-UNE, encabezada por Fabio Gadea Mantilla y Edmundo Jarquín. Dicen que no permitirán que les quiten la posibilidad de elegir a sus autoridades, sobre todo cuando en la cabeza de estas personas sigue fresco el fraude electoral de 2008 que, según el informe preparado por la organización Ética y Transparencia afectó a 33 municipios del país, incluido este poblado montañoso del norte de Nicaragua gobernado ilegalmente por un alcalde del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

San Juan de Río Coco es un municipio levantado entre montañas, con calles inclinadas, la mayoría en un sube y baja cansino, a cuyos lados se elevan casas de cemento, algunas viejas hechas de adobe, y construcciones comerciales pertrechadas con equipos y productos destinados a la agricultura, porque San Juan de Río Coco es un municipio productor de café. De mucho café. De las montañas que rodean el poblado salieron el año pasado más de 300 mil quintales de un grano que es el principal producto de exportación del país. Esa riqueza marca la ambición de las agrupaciones políticas nacionales por dominar el municipio, sin escuchar a sus habitantes, la mayoría liberales, de acuerdo a los resultados de las elecciones generales de 2006, cuando, sumados, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) encabezada entonces por Eduardo Montealegre, lograron 6,232 votos, frente a los 4,715 alcanzados por el FSLN.

Cinco años después de aquella elección y de cara a un nuevo proceso electoral, el descontento y la tensión se han esparcido por el poblado, como esa bruma espesa que cubre al viajero mientras se adentra en esta zona montañosa. La semana pasada decenas de sus pobladores bloquearon la entrada a San Juan de Río Coco exigiendo al CSE la entrega de más de 1,200 cédulas que fueron solicitadas desde 2008, incluyendo 211 documentos que fueron solicitados desde julio pasado, según documentos del Consejo Electoral Municipal (CEM).

Represión policial

La protesta terminó en una violenta represión de la Policía Nacional, que trasladó a oficiales antidisturbios hasta el municipio, cumpliendo con la advertencia que meses antes había hecho la primera comisionada Aminta Granera, de no permitir protestas que alteraran el orden en ciudades del país. Tras la represión de los manifestantes a punta de balazos, decenas de mujeres (madres, abuelas, hijas) se plantaron frente a la Policía Nacional exigiendo la liberación de unos 40 detenidos, la entrega de cédulas y con un mensaje claro: están dispuestas a tomarse ellas mismas el pueblo si las autoridades judiciales y electorales mantienen su amenaza de sacar de la partida electoral a los 51 candidatos de la Alianza PLI-UNE.

El nerviosismo domina a María Elena Benavides, una joven mujer de piel blanca que exige conocer el paradero de su esposo, Miguel Medina Vanegas, desaparecido el jueves tras la violenta represión policial. María llora mientras dice que tiene miedo: un sentimiento nacido por la tensión que domina el pueblo, y arreciada por la intervención policial. “Anda mucha gente desaparecida”, dice. “Tengo miedo a la Policía porque en lugar de darnos protección se lanzaron contra nosotros, le dispararon a ciudadanos. Lo único que queremos es que se respeten nuestros derechos como ciudadanos. No queremos guerra, derramamiento de sangre. Todos somos nicaragüenses y queremos estar en paz”, dice entre sollozos esta mujer, quien afirma que no conoció a su padre, porque fue asesinado en la cruenta guerra civil del ochenta.

Estas montañas del norte del país forman parte del conocido como corredor de la Contra, la guerrilla anti-sandinista financiada por Washington. Muchos habitantes de esta región formaron parte de la Resistencia Nicaragüense, desmovilizados que volvieron a sus actividades agropecuarias pero que aún no olvidan la violencia de aquella época. En San Juan de Río Coco las cicatrices de la guerra no se han cerrado, y la tensión que vive el pueblo puede ser la válvula de escape para acciones cada vez más violentas. Así lo lamenta el sacerdote Álvaro José Toledo, párroco de la ciudad.

Temor por violencia

Desde el inicio de las protestas por las cédulas Toledo se convirtió en el mediador entre los ciudadanos y las autoridades. Es un hombre joven, alto, de piel morena y cuerpo fuerte –aunque la camisa revela una creciente curva que deforma su abdomen–, que habla pausadamente, con un acento de claustro, ese de los curas cuando dan el sermón después de la misa. Toledo dice estar “preocupado” por la situación de San Juan de Río Coco, y echa una mirada al pasado del pueblo para asegurar que aquí cualquier cosa puede pasar.

“Si no se hace algo pronto imagínese lo que puede pasar”, dice el sacerdote. “Llega un momento cuando la gente se cansa”, agrega y hace una pausa. Entonces Toledo comenta la situación política del país y se explica: “La Iglesia está preocupada. Hemos llamado al pueblo a mantener la paz, pero también a no tener miedo. La cédula es un derecho ciudadano. Pero la población siente desconfianza, y si en un municipio se pierde el respeto por la autoridad, lo peor puede pasar. En estas elecciones se ven lagunas oscuras, eso es lamentable. Y si las autoridades no escuchan a la población, esto podría desembocar en algo lamentable para el país”, advierte el sacerdote.

Lo peor, en el caso de las regiones del norte del país, es la violencia como la que ya se ha registrado en varios municipios. “Cuando al ciudadano se le confisca el derecho a elegir, aquí no hay nada que hacer más que tomar la ley por tu propia mano. Temo un estallido social aquí; se oyen rumores de que habrán acciones violentas”, afirma José Concepción Ruiz, productor de Café quien cuenta con fincas en el conocido Cerro El Majaste, de donde sale la mayor producción de café de esta zona. De hecho Ruiz accedió a dar la entrevista en las faldas de esta montaña, dada la “cacería de brujas” que la Policía desató en San Juan de Río Coco, capturando a hombres a quienes acusaba de participar en las protestas por cédulas. Ruiz dejó el pueblo y decidió adentrarse en su finca huyendo de las patrullas policiales que todavía el jueves recorrían San Juan y sus alrededores.

“Estamos viendo que se repite la historia”, continúa Ruiz, un hombre rechoncho, de pelo y barba canosos. “El presidente quiere meterle miedo a la población para que no concurran a las elecciones. El presidente no está dejando otra alternativa a la gente que las armas. Aquí puede haber un derramamiento de sangre”, advierte el cafetalero. ¿Qué pasará entonces si la Corte Suprema y el CSE deciden dejar fuera del juego a más de 50  candidatos de PLI-UNE? “¡Eso es inaudito!”, responde Ruiz. “No creo que lleguemos a las elecciones con eso que está pasando”, agrega. “En Managua hay una mafia política que pelea por sus intereses personales y no por los del pueblo”, asegura.

Una decisión política

Mientras la tensión domina las poblaciones del norte de Nicaragua, en Managua abundan las especulaciones sobre la decisión que podrían tomar las autoridades sobre el futuro de la Alianza PLI-UNE y sus candidatos a diputados sobre quienes pende la amenaza de la inhibición. La semana pasada el magistrado Francisco Rosales dijo que la Sala Constitución de la Suprema tiene 45 días para pronunciarse, y afirmó que esta será una decisión política. “En materia política todo puede pasar en cualquier momento y esta es una jurisdicción eminentemente política”, dijo Rosales.

El experto constitucionalista Gabriel Álvarez está seguro que la Sala Constitucional no fallará sobre el litis que afecta al PLI, dado lo delicado que sería para el FSLN y el Gobierno una decisión de este tipo. Álvarez apuesta más a una estrategia post-electoral, una decisión contra los diputados que resulten electos bajo la plancha de esta alianza política.

“Es ostensible la instrumentalización política que está haciendo la Corte, o los magistrados, en virtud de que a todas luces lo que persiguen es producir zozobra, incertidumbre, caos, desconfianza en los posibles electores”, explica Álvarez. El experto asegura que la decisión que tomen los magistrados dentro de la Suprema, no debería afectar las candidaturas de los aspirantes a diputados por PLI-UNE, dado que esas candidaturas ya fueron aceptadas por el CSE, y este organismo contaba con un calendario electoral para pronunciarse sobre las inhibiciones. “Ni la CSJ, ni el CSE, ni nadie puede legítimamente, en un sentido estrictamente jurídico, cambiar las candidaturas”, afirma Álvarez. “El objetivo es menoscabar la confianza de los electores en la Alianza PLI”, asegura.

Dentro de las filas del PLI-UNE afirman que están listos para responder de forma “contundente” si las autoridades toman una decisión que afecte a la alianza y sus candidatos. “No hay más salida que ir a la calle, organizar protestas, porque quién va a votar si Fabio contará con diputados que no puso él?”, dijo una fuente de la alianza.

Fabio Gadea Mantilla ha aumentado el tono en sus comparecencias públicas y ha asegurado que las bases que apoyan su alianza no pasarían por alto un golpe de este tipo. Estos mensajes han sido usados por la maquinaria mediática del Gobierno para acusar a Gadea de llamar a la violencia. De hecho, periodistas de medios oficialistas preguntaron a Dante Caputo, el jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estuvo la semana pasada en el país, qué opinaba sobre ese “llamado a la violencia” de Gadea. Caputo respondió que no ha escuchado mensajes de este tipo de parte de ningún candidato y que si eso fuera cierto sería un “suicidio electoral”.

El ánimo combativo también lo mantienen los candidatos a diputados de PLI-UNE, como Daysi Balladares, candidata a diputada suplente por Madriz, una mujer que ha estado activa en las protestas de San Juan de Río Coco. “Estamos viendo que se están cerrando los espacios y volvemos a caer en una dictadura. Si nos quitan los diputados, lo mejor sería que don Fabio se retire, porque iríamos sin ninguna ventaja, desprotegidos totalmente. Recuerden que la dictadura de Somoza fue muy fuerte, pero se cayó por la gran represión de la Guarda Nacional. Así se están comportando ahora. Si estos candidatos se anulan no quiero ni pensar lo que va a pasar en nuestro país”, dice Balladares.

“No nos quedaremos de brazos cruzados”

*“Se alzaría el país entero con un golpe de ese tipo”, dice pobladora en San Juan de Río Coco

La rabia desdibujaba el rostro de varias de las mujeres que protestaban pacíficamente frente a la estación de policía de San Juan de Río Coco. Cada vez que una patrulla llegaba o salía de la estación, las mujeres la recibían o despedían con abucheos. Y cuando un camión con antimotines dejó el pueblo, los aplausos e irónicos “gracias por venir” despidieron a los oficiales. “Esta no es una policía nacional, es una policía orteguista”, gritaba una mujer que levantaba una cartulina en la que se leía: “La policía está parcializada al orteguismo”.

El tema de la inhibición de candidatos centra las conversaciones de las mujeres, entre ellas Marbel Ortiz Galeano, 48 años, quien dice que tiene “esperanza” en las leyes y autoridades del país. “Creemos en esas personas que están ahí (magistrados). Que se acuerden que hay un pueblo con ansias de libertad. Le hago un llamado a Roberto Rivas a que vea que hay un pueblo dispuesto al sacrificio, que no se va a quedar de brazos cruzados. No somos agitadoras, somos mujeres que trabajamos en nuestro hogar, y tenemos temor”, dice la mujer.

A su lado está Greyqueline Briones, una joven mujer de piel morena quien asegura que a su comercio llegan campesinos con “rumores” de gente dispuesta a armarse de nuevo. Esta mujer cree que un detonante sería la inhibición de candidatos a diputados de PLI-UNE, una organización política con fuerza en este municipio. “Se alzaría el país entero con un golpe de ese tipo”, dice la mujer, quien hace su análisis de las consecuencias que generaría un fallo de la corte Contra la alianza: “Un candidato a la Presidencia no puede quedar sin sus respectivos diputados, porque si llegara a ganar quedarían gobernando prácticamente los mismos; todos los diputados le corresponderían al Frente Sandinista y sus aliados, como Arnoldo Alemán”, explica la mujer.

“Esto va a ser un desastre y los nicaragüenses no queremos guerra”, agrega. “La gente no se quedaría con los brazos cruzados, como pasó con las elecciones de alcaldes. Este pueblo demostró que la gente está cansada de seguir aguantando”. Briones hace una pausa y agrega: “La violencia no sería lo ideal, porque en este país no es bueno una nueva guerra”.