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Daniel Ortega no dejó espacio para las expectativas. Apenas unos meses después de haber sido juramentado como Presidente de la República y jurado obediencia a la Constitución en la renombrada por su esposa como Plaza de los No Alineados, Ortega mostró que el poder, para él, era una cuestión de fuerza y no de negociaciones. Convencido de que no necesitaba ni a la Asamblea Nacional ni a las leyes del país para tomar decisiones, el mandatario desarrolló una particular forma de ejercer el poder: gobernar a golpe de decretos.

En casi cinco años de Administración, el presidente Ortega no ha parado de firmar decretos. Con ellos ha establecido estados de emergencia económica, intervenido empresas que han atraído su interés, ha permitido que naves rusas entren en aguas nacionales, ha decidido mantener en sus cargos a funcionarios cuyo periodo está vencido, nombra funcionarios sin ratificación de la Asamblea Nacional o crea cuerpos paralelos al Ejecutivo, los controvertidos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), cuya creación marcó uno de los primeros roces entre Ortega y una Asamblea Nacional que desde un inicio mostró no estar preparada para enfrentar sus envestidas.

Oscar Castillo, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Politécnica (UPOLI), asegura que la forma autoritaria de gobernar que ha desarrollado el presidente Ortega desde que asumió el poder en enero de 2007, ha roto la institucionalidad y el Estado de Derecho en Nicaragua, sumiendo al país en lo que él llama una dictadura institucional.

Sólo en el año 2010, Castillo estima que se registraron más de 60 violaciones a la Constitución sólo por parte del presidente Ortega. Unas cinco violaciones por mes. “Esto de usar la vía del decreto es una forma dictatorial, factual, frente a posiciones expresas de la Constitución. Con (esa forma de gobernar), podés suponer que se está instaurando una dictadura institucional. Hay dictaduras militares, todavía no estamos frente a ese nivel; ahora se están utilizando las dictaduras institucionales”, dijo el Decano de la Escuela de Derecho de la UPOLI.

Crisis por los CPC

Esa particular forma de ver el poder quedó en evidencia en un documento oficial preparado por la primera dama y jefa de gabinete de Ortega, Rosario Murillo, y titulado “Daniel, la Constitución, la soberanía nacional residen en el Pueblo”. En ese texto, de 37 páginas, Murillo hizo públicos los controvertidos decretos a través de los que el mandatario mandaba a conformar los CPC, organismos de control ciudadano que dependen totalmente de Murillo. Para la primera dama, los CPC serían “la organización popular que se extiende por el territorio, y que incorpora a la ciudadanía desde la comunidad, para servir a la comunidad, para promover, proponer y desarrollar los planes sociales de la comunidad”.

Se trataba del Decreto 112-2007, que en el primer artículo ordenaba crear los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, “a fin de que el pueblo nicaragüense en el ejercicio de la Democracia Participativa y Directa de los diferentes sectores sociales del país, se organicen y participen en el desarrollo integral de la nación, de manera activa y directa; y apoyen los planes y las políticas del Presidente de la República, encaminadas a desarrollar estos objetivos”.

El Presidente hizo uso de preceptos constitucionales para crear estos órganos, argumentando que la “soberanía nacional reside en el pueblo”, por lo que ese pueblo, dijo citando la Constitución, debía participar “libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación”. El argumento, sin embargo, no fue suficiente para que Ortega mantuviera su proyecto político, y el choque con la Asamblea fue inevitable: la mayoría de oposición en el Parlamento estableció, a través de la ley 630, que los CPC no podían formar parte del aparato estatal. Ortega vetó la ley y comenzó una larga crisis política que fue el preámbulo de lo que sucedería en casi cinco años de Gobierno.

Decreto tras decreto

Desde entonces el presidente Ortega decidió gobernar sin respetar las instituciones y la ley: a través del decreto 53-2008, estableció la emergencia económica y ordenó que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) interviniera la empresa distribuidora de gas butano, Tropigas, con el fin de regular los precios de ese producto y evitar el desabastecimiento. INE nombró una Junta Interventora Temporal que ocupó el plantel central y la distribución de Tropigas.

Ortega también usó su influencia en la Dirección General de Ingresos para que ésta embargara las instalaciones de la transnacional ESSO en el puerto de Corinto, con el fin de usar esos depósitos para almacenar el petróleo proveniente de Venezuela y que se ha convertido en un negocio rentable para el Presidente, que maneja esos fondos de manera discrecional. Ortega logró hacer que la ESSO negociara al borde de la crisis casi como si sus ejecutivos tuvieran una pistola en la sien: éstos tuvieron que acceder a firmar una “entendimiento comercial” con el Gobierno, que le permitió acceder a los tanques de almacenamiento de crudo.

El presidente ha hecho uso de los decretos para las decisiones más banales. En diciembre de 2008, en sus ansias de descongelar las relaciones con sus viejos camaradas del Kremlin, Ortega emitió el decreto 77-2008, con el que el mandatario autorizaba la llegada a las costas nicaragüenses de tres buques de la Fuerza Naval de la Federación de Rusia. En esa ocasión varios diputados opositores reaccionaron furiosos, pero fue lamentable verlos ante las cámaras de la televisión tocando a las puertas de la Embajada de Rusia en Managua para sentar su posición.

También en 2008 Ortega ordenó, por decreto, publicar los resultados de las elecciones municipales de ese año, denunciadas como fraudulentas por la oposición. Y en enero de 2010 emitió su controvertido decreto 3-2010, con el que ordenaba a 25 funcionarios de Estado a mantenerse en sus cargos a pesar de que se les había vencido su periodo constitucional, sumiendo al país en una dura crisis política de la que aún no se repone.

Igual que en los ochenta

Para los analistas, esta característica forma del presidente de gobernar a golpe de decretos tiene sus raíces en los ochenta, cuando Ortega contaba con poderes extraordinarios que le permitían tomar decisiones prácticamente sin controlar al Parlamento, en un duro contexto de bélico.

“Ortega tiene como referente la forma de gobernar de los ochenta, cuando había una institucionalidad más frágil que la de ahora por la ruptura total que se registró en 1979, lo que dio origen a una dinámica que dictaba que todo estaba por hacer”, explica Alejandro Aguilar, decano de Derecho de la UAM. “Ese vacío institucional los poderes que se le concedieron a la Junta de Gobierno, primero, y luego al Presidente eran enormes, una especie de poder co-legislativo”, agrega el jurista.

De hecho, la Constitución promulgada en enero de 1987 le daba al presidente grandes poderes para gobernar a su antojo, dictando decretos ejecutivos que tenían fuerza de ley y con los que podía hacer reformas de carácter fiscal, crear impuestos, reformar el Estado y hasta promulgar el Presupuesto General de la República según los intereses que él creyera prioritarios.

El experto en materia Constitucional Gabriel Álvarez también ve en los ochenta las raíces de esta forma de gobernar tan particular de Ortega. Alvarez recuerda que en ese entonces el mandatario “gobernaba legislando”, no sólo por los amplias potestades que le otorgaba la Constitución de entonces, sino porque la Asamblea Nacional, cuando entraba en receso, le delegaba sus funciones. De hecho, Álvarez ve en ese papel edulcorante del Parlamento de entonces, la decisión de Ortega de pasar por encima de la Asamblea Nacional.

“Ortega nunca ha tenido una Asamblea respetuosa de su propia condición constitucional. Se trataba de un sistema de confusión Estado-partido, que algunos expertos llamaban una monarquía presidencial. En el contexto de una vanguardia revolucionaria al estilo de la izquierda latinoamericana, Ortega controlaba la Asamblea, que ni siquiera trataba de disimular algún control para el Presidente”, explica Álvarez.

La culpa de la oposición

Para este experto, la oposición dentro del Parlamente tiene mucha responsabilidad en el desarrollo de este modelo de gobierno autoritario. Álvarez culpa en primer lugar al expresidente Arnoldo Alemán, quien ha permitido la fragmentación de la oposición y sigue siendo un interlocutor con el FSLN, aunque con menos peso que antes. Esa relación les ha resultado a la perfección al Frente Sandinista y al exmandatario, dice el analista, ya que ha logrado mantener divida a la oposición, lo que beneficia al oficialismo, mientras que Alemán está libre y como aspirante a la Presidencia.

“El PLC mantiene un discurso de oposición pero su acción es colaboracionista con el FSLN. Alemán es una pieza fundamental en el avance del autoritarismo del presidente Ortega; es oposición de mentiras”, dice Álvarez, quien agrega que el resto de la oposición también se ha mostrado “incompetente” a la hora de mostrar a la sociedad una salida a la crisis creada por el autoritarismo de Ortega.

“Ortega, acostumbrado por su formación ideológica y respaldado por la debilidad de la oposición, gobierna como le da la gana. Los políticos de la oposición son corruptos, colaboracionistas y defienden intereses económicos y políticos personales; eso hace que el Presidente dicte decretos brutalmente violatorios de la Constitución”, explica el analista.

Los expertos aseguran que es una forma de gobierno muy característica del caudillo sandinista y ven pocas probabilidades de cambio a corto plazo. Para el decano Alejandro Aguilar, Ortega ejerce el gobierno con un “poder personalizado”, con arbitrariedad, pasando por encima del Derecho y las leyes. “Hay un mensaje detrás de esta forma de Gobierno”, dice el experto, “es como me lo dijo una vez un ministro: ‘el Derecho no puede ser un obstáculo para hacer la revolución”’.

Sólo en 2010 hubo 60 violaciones a la Constitución, estima Decano de Derecho de UPOLI

“La institucionalidad está rota”

• Poder Legislativo no funciona como contrapeso del Ejecutivo por la desunión de las fuerzas de oposición

Carlos Salinas Maldonado

Oscar Castillo, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Politécnica (UPOLI), asegura que la forma autoritaria de gobernar que ha desarrollado el presidente Daniel Ortega desde que asumió el poder en enero de 2007, ha roto la institucionalidad y el Estado de Derecho en Nicaragua, sumiendo al país en lo que él llama una dictadura institucional: todas las instituciones sometidas a los intereses del caudillo, quien ha gobernado el país a golpe de decreto.

Castillo asegura además que Ortega ha usado la cultura del miedo, las crisis institucionales y el autoritarismo para imponer sus intereses, frente a una oposición parlamentaria complaciente, cuyos intereses políticos han dejado prácticamente a Ortega gobernar sin contrapesos. Eso ha permitido que el mandatario pase por encima de las leyes, a tal punto que Castillo cuenta más de 60 violaciones a la Constitución sólo en 2010, año trágico para la institucionalidad de Nicaragua, ya que Ortega mantuvo en su cargo a 25 funcionarios de Estado a los que ya se les había vencido su periodo constitucional, a través del Decreto 3-2010,  y se garantizó una ilegal candidatura electoral.

Castillo, quien asegura tener problemas a la hora de explicar a sus estudiantes cómo es eso de que el Derecho dice una cosa pero el Presidente Ortega hace otra, asegura que será difícil revertir las consecuencias que la forma de gobernar del presidente han causado al Estado. El catedrático, sin embargo, dice que la gente tiene una posibilidad en el derecho, a través del voto.

Desde 2007 el presidente ha gobernado de forma muy particular: decisiones muy importantes han sido tomadas por decreto. ¿El Presidente está en la facultad de gobernar de esta manera, pasando por encima de la Asamblea?

No. Cuando la Constitución Política establece que el Presidente tiene facultades de emitir decretos lo deja bien claro, es en materia administrativa. Lo que pasa es que ha habido un abuso deliberado, consciente. Se trata de una violación a la Constitución, a las atribuciones que tiene el Ejecutivo y Legislativo.

¿Cuáles son los decretos que el presidente sí puede emitir?

Aquellos que por la ley le facultad a reglamentar leyes, es la figura legislativa delegada por la Constitución al Presidente en materia administrativa. También puede emitir decretos administrativos en razón de decisiones que afecten al Poder Ejecutivo, un decreto agregando una entidad a un ministerio, por ejemplo. Y lo que más se usa en el Ejecutivo son los acuerdos para nombrar a ministros, embajadores, directores generales, cónsules, director de la Policía Nacional…

¿El presidente podía formar órganos ligados directamente al Ejecutivo, como fue el caso de los Gabinetes del Poder Ciudadano?

No. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo le señala al presidente las potestades para crear determinados órganos en el marco de esa ley. El presidente creó los CPC, pero después vio que se estaba violando la ley. Hizo una rectificación: mandó a reformar la Ley 290, que estableció, mediante un artículo, que el Presidente sí puede formar las Comisiones Especiales, cuya única salvedad es que no pueden administrar presupuesto estatal.

El presidente, además, mantuvo a su cargo, por decreto, a 26 funcionarios de Estado. ¿Este es una atribución de él?

Esto de usar la vía del decreto es una forma dictatorial, factual, frente a posiciones expresas de la Constitución. Con ese decreto vos podés suponerte que se está instaurando una dictadura institucional. Hay dictaduras militares, todavía no estamos frente a ese nivel; ahora se están utilizando las dictaduras institucionales. Presidentes como Hugo Chávez, como Rafael Correa y aquí Daniel Ortega, que es un buen aplicador de esa tendencia, están concentrando estructuras de poder y una de las expresiones más visuales es el Decreto 3-2010. Es como decir: ‘yo, arrogándome funciones que no me confiere la Constitución, llenando un supuesto vacío de poder que no estoy  llamado a llenar, prorrogo a estos funcionarios en sus cargos’. El Presidente tiene que recurrir a la Asamblea Nacional o al poder que tenga competencia a la hora de tomar estas decisiones.

Esta es una acción deliberada, un ánimo de controlar las instituciones de poder, porque si te fijás, la Asamblea prácticamente está controlada por el Presidente de la República. Estamos frente a lo que se podría definir como una dictadura institucional.

Las bancadas de oposición prácticamente no han hecho nada para contrarrestar las decisiones del Presidente. Hasta pareciera que no hay Parlamento.

Podemos decir que sí tenemos un Parlamento y que puede ser la única institución pública en la que todavía la acción del Presidente no ha copado totalmente, todavía goza de algún tipo de independencia. Lamentablemente, en la Asamblea Nacional, que es la expresión del pluralismo político, vemos una total desunión, nuestra clase política está imbuida de muchos intereses, que muchas veces son difíciles de conciliar. Esa falta de beligerancia, de unidad, ha permitido que haya una percepción de la gente, de los organismos de la sociedad civil, sobre una complacencia de la Asamblea Nacional a los intereses del Presidente.

¿Cuáles son los daños, desde su punto de vista como jurista, que ha causado al país esta forma de gobernar del presidente Ortega?

Son muchos, pero el más grave es la institucionalidad del país. La institucionalidad está rota, está a merced del presidente de la República. Las instituciones están obedeciendo al interés de una persona. Un problema de institucionalidad como el que tenemos nosotros genera también inseguridad jurídica ante la inversión extranjera. Aquí se habla de inversión, pero yo no la veo, más allá de lo que es el ALBA.

El presidente Ortega tiene una relación muy estrecha con la empresa privada y ellos no parecen tan preocupados con estos temas.

Esa relación está a partir de complacencias recíprocas. Cuando vos manejas la gestión económica a partir de componendas y no de la ley, eso provoca inseguridad jurídica, porque en cualquier momento el Presidente se enoja con el inversionista y le manda a la DGI, lo amenaza, lo coacciona. Está utilizando la ley cuando le conviene, o utiliza los amarres cuando le convienen.

¿Qué otras consecuencias genera ese autoritarismo del presidente?

Hay violación al Estado de Derecho. En el año 2010 se registraron más de 60 violaciones a la Constitución sólo por parte del Presidente, estamos hablando de unas cinco violaciones por mes. Esto no se ve traducido en beneficio para la población.

Tampoco la población muestra mucha beligerancia contra esas violaciones.

Es que el presidente Ortega tiene una estrategia de hacer las cosas, que es bajo la cultura del miedo. Aquí se usa esta figura de la cultura del miedo: viste cómo han agredido a la sociedad civil, la agresión a un muchacho de un grupo juvenil, la Policía se hace de la vista gorda frente a las agresiones de paramilitares… Esa cultura del miedo se ha enraizado.

Usted habla de 60 violaciones a la Constitución. ¿De qué tipo de violaciones se trata?

Comenzando con el Decreto 3-2010, los ministros y embajadores nombrados ese año no fueron ratificados por la Asamblea Nacional, una Gaceta que publicó una Constitución incorporando un párrafo que no corresponde, entre otras.

¿Esta forma de gobernar es particular del presidente Ortega? ¿Es algo nuevo en Nicaragua?

Esto es una forma totalmente nueva de gobernar, y no es algo bueno para el futuro. Le estamos diciendo a la juventud que esa es la forma en que se puede gobernar en Nicaragua, por el bien del país, dice, para que los pobres ya no sean pobres. Eso no se justifica.

¿Esas consecuencias que menciona son irreversibles?

Conociendo la historia política de este país, este tipo de cosas tienden a durar. La dictadura de Somoza estuvo 45 años y la sociedad estuvo aletargada alrededor de eso, fue en los últimos 15 años de la dictadura que la gente comenzó a recapacitar. Creo que las elecciones, que son un derecho ciudadano, son los momentos que la Constitución le da al ciudadano para revertir cualquier forma de Gobierno que no convenga. El artículo 2 de la Constitución señala que nosotros somos el poder político, los que decidimos el futuro económico y político del país, entonces el día de las elecciones los ciudadanos pueden revertir esto. Claro, la forma de hacer política en Nicaragua no la podés revertir, esto es histórico.

El Presidente participa en los comicios de forma ilegal, violando la Constitución, ¿si el gana las elecciones de noviembre será un mandatario legítimo?

Hay un candidato que es ilegal e inconstitucional. Si ese candidato gana va a ser el presidente inconstitucional de Nicaragua. Por las vías de hecho, aunque haya una voluntad popular, un 45% que vota por él, la verdad es que es un candidato impuesto, que no debió ser inscrito y al hacerlo me lo están imponiendo como candidato. ¿Votan por él? Sí, pero eso no es legítimo. Podrá ser legal en el sentido que esos votos se emitieron, pero el candidato es ilegal, ilegítimo e inconstitucional. Sí él gana tendré que decir el presidente inconstitucional de Nicaragua.

Si el presidente gana bajo esas condiciones y mantiene la forma de gobernar que ha desarrollado, ¿qué pasará en Nicaragua?

Se va a profundizar la dictadura, se va a institucionalizar. Vamos a sepultar la democracia, será solamente un ejercicio de ratificación de quien está en el poder a perpetuidad. Al presidente Ortega le gusta provocar estas crisis. En su estrategia él las crea para que al final del túnel él aparezca como el salvador. A mí no me asustaría que él haya presionado para comenzar la inestabilidad política, conflictos y contradicciones, y que al final él llame a un diálogo nacional para que nos pongamos de acuerdo y reformemos la Constitución. Eso hacía Somoza. ¿Y para qué va a reformar la Constitución? Para que se vaya el artículo 147, a cambio de compartir cuotas de poder con la segunda o tercera fuerza política que quede en las elecciones.