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KARATÁ, Bilwi.-- El Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP), impulsado por el Banco Mundial y ejecutado por el gobierno nicaragüense desde el año 2007, en los territorios de las comunidades indígenas de las regiones autónomas del Atlántico, ha garantizado el proceso de demarcación y de titulación en 15 territorios mískitos y mayagnas, faltando todavía completar el proceso en otros 7 territorios, aseguraron funcionarios y consultores del organismo mundial a este enviado especial de Confidencial.

En el transcurso del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad de Nicaragua (PRODEP), 15 territorios resultaron titulados a finales del 2010, la mayoría de ellos (diez) ubicados en la RAAN: Kipla Sait Tasbaika Kum; Li Lamni Tasbaika Kum; Wangki Li Aubra; Awas Tingni; Mayangna Sauni As; Sikilta; Twahka; Wangki Maya; Wanki Twi-Tasba Raya; Prinzu Awala.

Mientras en territorios de la RAAS se localizan Awaltara Luhpia Nani Tasbaika; Rama y Kriol;  y del Régimen Especial del Alto Coco, los territorios de Miskitu Indian Tasbainka Kum; Mayangna Sauni Bu; Matungback.

Este proceso de titulación benefició a un total de 216 comunidades de la Costa Atlántica, sumando una extensión de 22,452.27 kilómetros cuadrados y a más de 100 mil habitantes.

Se espera que ocho territorios más resulten tituladas próximamente, lo que implica un trabajo en 41 comunidades ubicadas en Puerto Cabezas, Prinzapolka, Bluefields, Laguna de Perlas y Kukra Hill.

Proceso de titulación tierras comunitarias

Con fondos del Banco Mundial, el PRODEP dio inicio en Nicaragua en el año 2002, con la suscripción e implementación de un convenio con el Gobierno de Nicaragua y el proceso de titulación de comunidades indígenas en el pacífico y norte del país, así como la creación de un Sistema Integrado de Registro y Catastro (SIICAR), que consiste en un sistema informático automatizado para el registro catastral, en aras de fortalecer las tareas del Registro Público de la Propiedad, entre otros aspectos.

En la primera fase del proyecto se promulgó la Ley No. 445 “Ley del Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los ríos Bocay Coco, Indio y Maíz”, y que representa un “avance importante” en el reconocimiento de las comunidades indígenas y la titulación de sus tierras, comentó Enrique Pantoja, gerente del proyecto del PRODEP en la sede central del Banco Mundial.

Sin la titulación comunitaria de las tierras indígenas, que garantice la administración plena y transparente de los gobiernos territoriales, los derechos de las comunidades originarias no serían más que papel mojado.

Antes de la promulgación de la Ley 445, Francisco Zacarías Rivera, de la comunidad de Siksayari y presidente del gobierno territorial Kipta Sait Tasbaika, explicó que las comunidades se organizaban en asociaciones. Una de éstas era la asociación Kunaspwa, que en míkito quiere decir Asociación para el desarrollo del sector Raudales. Hoy, esta asociación ejerce en la práctica como un gobierno territorial.

La Asociación Kunaspawa se creó para desarrollar un proyecto específico de demarcación territorial de la reserva de Bosawás, y estaba conformada por miembros de las comunidades indígenas en sus Consejos Territoriales, una figura organizativa que no estaba contemplada en la ley, pero con el curso del tiempo fue ganando simpatizantes. Este esquema fue proliferando, pero de hecho no estaba contemplado en la Ley 445. Luego de aprobarse la ley 445, estas asociaciones pasaron a constituirse como gobiernos territoriales, con plena potestad para administrar sus propios recursos.

La Ley también creó la Conadeti (Comisión Nacional de Demarcación Territorial) y la CIDT (Comisión Intersectorial de Demarcación Territorial), en función de brindar el apoyo técnico en el proceso de demarcación, una de las cinco etapas que contempla el PRODEP, según la ley, para el proceso de establecimiento de los territorios indígenas debidamente demarcados y titulados.

La Ley determina cinco pasos o etapas a cumplir: primero, introducir una solicitud al Consejo Regional para la demarcación de los territorios, segundo, emprender una etapa de negociación y de resolución de conflictos donde se resuelven las discrepancias existentes con respecto a las fronteras entre las comunidades de un mismo territorio y, asimismo, entre comunidades vecinas. Esta etapa constituye una de las etapas más difíciles del proceso de demarcación, ya que en Nicaragua ha provocado uno que otro conflicto a muerte.

Para Pantoja, este proceso constituye el más difícil porque muchas comunidades comparten los mismos espacios, y “se debe entrar en un proceso de negociación para ver quién se queda con qué parte del territorio o si llegan a otros acuerdos”.

Sin embargo, cabe señalar que en el caso de Nicaragua no se cumplió el procedimiento de la Ley 445 al pie de la letra y, en algunos casos, la negociación se produjo posterior a la demarcación, dado que se había avanzado en consensuar estas diferencias a través de las asociaciones que se formaron y que existieron hasta la implementación de la Ley 445.

A pesar de los contratiempos y conflictos, según las autoriades del Banco Mundial, hay 15 territorios debisamente demarcados y titulados de forma comunitaria a favor de las etnias miskitas y mayangnas. Sin embargo siguen pendientes de concluir el proceso de titulación en 7 comunidades. Se aspira a que las comunidades puedan no sólo resguardar las tierras que históricamente han reclamado como suyas por derecho ancestral, sino también administrarlas.

Conflictos intercomunitarios y cómo enfrentarlos

Una de las etapas más complejas del proceso de ordenamiento territorial en las comunidades indígenas del Caribe nicaragüense ha sido la negociación y resolución de los conflictos que se presentan entre comunidades vecinas y entre los pobladores de una misma comunidad. Nicaragua ha enfrentado ese obstáculo de una forma que a los expertos del Banco Mundial y de Honduras les resulta llamativo.

En Nicaragua, como se indicó antes, no se siguió al pie de la letra los pasos señalados por el la Ley 445, sino que se introdujo una pecularidad, llevar a cabo la etapa de negociación después de la medición y del amojonamiento y en ésta intervienen incluso los miembros de la Conadeti.

Esta experiencia en Nicaragua ha servido de lección para el proceso de titulación de las comunidades indígenas hondureñas del sector de La Mosquitia, en donde también existen conflictos intercomunitarios respecto a los espacios que le pertenecen a cada etnia.

“Honduras, para su proceso de titulación, retomará el procedimiento establecido en la Ley 445 de Nicaragua, es decir, primero resolverá sus conflictos para luego demarcar”, señaló Román Álvarez, gerente del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH), organización que apoya técnicamente a las comunidades indígenas en su proceso de titulación.

Pantoja se mostró ligeramente crítico sobre la forma en que Nicaragua implementó primero la demarcación y luego negoció la resolución de los conflcitos. “Es un proceso un poco más agotador, pero que ha dado resultado”, señaló Pantoja.

Según líderes comunitarios, en algunas ocasiones esos conflictos llevaron incluso a la muerte de terceras personas, mientras que en otras comunidades el proceso se ha resuelto de forma armoniosa. “Aquí no existen fronteras entre nosotros”, puntualizó Ronald Witinghan, de tez oscura y voz pausada, presidente del territorio de Karatá en la RAAN, al referirse a los conflictos que pueden generarse entre las seis comunidades de dicho territorio.

Karatá es un territorio comunal próspero por cuanto no sólo posee pocas comunidades (seis, cuando otros territorios poseen hasta 15), sino que también una de sus comunidades, Bilwi, reporta importantes sumas de ingresos.

Y es que cada habitante de las comunidades que forman parte de un territorio deben pagar “un arriendo” a los gobiernos territoriales, quienes en asamblea deciden cómo distribuir el dinero entre los grupos autóctonos.

“Nosotros tenemos un programa de ayuda social bastante grande, donde becamos a jóvenes en colegios privadas y en la universidad”, señaló entre otros aspectos Witinghan, quien expuso durante una visita a la comunidad de Karatá, el proceso de administración de los territorios comunales y la experiencia que han tenido al respecto.

“Desde que recibimos ese ingreso, aquí nunca ningún muerto ha sido enterrado en tierra. Todos han tenido su funeral y su ataúd”, puntualizó el presidente de esta comunidad que, a simple vista, genera una percepción de prosperidad, tanto así que hasta confesó que en cada navidad regalan vacas a las comunidades, “para que nadie se quede sin comer”.

Estado comprometido con titulación

Para el antropólogo Jorge Travieso, quien ha acompañado el proceso de titulación de tierras en Honduras y Nicaragua, la cultura política de las comunidades indígenas nicaragüenses, aunque constituye una forma “sana” de populismo, no deja de resultar interesante, pero ello se debe, principalmente, a la voluntad política que el gobierno de Nicaragua ha tenido en todos estos años.

El gobierno de Honduras, aunque reconoce a las comunidades indígenas, no las asocia a ningún área en específico. “Por un lado, hay un desconocimiento de las culturas indígenas y de su contexto social, y en el caso de la Mosquitia misma, hay un desconocimiento profundo de la región”, señaló Travieso. Y por ese desconocimiento es que se cree que es una zona selvática y, por ende, que “cualquiera puede llegar a cortar madera y llevársela, o que una planta sembrada crecerá del mismo tamaño de los árboles, lo cual no es cierto”, finalizó.

En ese sentido, la actitud del gobierno hacia los pueblos indígenas está basada en falta de información, y eso se puede mostrar con el sector de la educación. Pero además, Travieso señaló que las comunidades indígenas de Honduras no han tenido un proceso histórico importante como en Nicaragua, donde hubo una revolución y un proceso de levantamiento de los pueblos indígenas ante un gobierno que ejerció una enorme represión en la zona, como es el caso de la Navidad roja, durante el conflicto militar en los años 80.

“Los miskitos nicaragüenses ya se levantaron en armas una vez, entonces yo creo que hay que prevenir que eso vuelva a ocurrir”, explicó Travieso, y añadió que “la autonomía también fue producto del gobierno (de entonces), el hecho de haberla creado les obliga a hacerla funcionar.”

De hecho, Enrique Pantoja señaló, por su parte, que ha sido este gobierno el que más ha apoyado a las comunidades indígenas en su proceso de titulación. “Ya sabemos que es un compromiso que el Estado ha adquirido desde hace mucho, pero sí se puede ver, al menos, mayor facilidad e interés en resolver las demandas en este gobierno”, puntualizó.

Indígenas hondureños aprenden de experiencia nicaragüense

* El reconocimiento a los derechos indígenas es un hito en C.A. y en América Latina

Al despuntar la tarde, el ocaso descubre a Bilwi como una imponente tierra roja arcillosa, húmeda y agobiada de calor. En las oficinas del Gobierno Regional, autoridades del gobierno central y regional, representantes del Banco Mundial e indígenas de comunidades nicaragüenses y hondureñas, finalizan un intercambio de experiencias sobre los procesos de titulación de tierras.

La experiencia, según comentan algunos líderes indígenas de Honduras y Nicaragua, ha sido exitosa, por cuanto han compartido pormeneros sobre este proceso de demarcación y de titulación territorial que se ha extendido en Nicaragua por más de 8 años.

Gracias a un Fondo de Fideicomiso para el Intercambio de Experiencias Sur – Sur, que tiene como objetivo proporcionar a países como Honduras y Nicaragua una manera simple y de bajo costo par a compartir sus conocimientos y experiencia en la superación de la pobreza, comunidades indígenas y representantes de gobierno del vecino país lograron conocer la experiencia de autonomía y titulación de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, la cual ha sido considerada como la mejor experiencia (legal y política) y un modelo a seguir en la región latinoamericana con relación al reconocimiento y respeto de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas sobre sus territorios.

El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado “Derechos de la población de América Latina”, publicado en el 2010 y que realiza un análisis de los Estados latinoamericanos con respecto al tema indígena, ubica a Nicaragua como ejemplo de la región centroamericana y entre las mejores experiencias de políticas inclusivas que se desarrollan en países latinoamericanos con respecto a comunidades afrodescendientes.

Saneamiento de propiedades: una asignatura pendiente

* Colonos en tierras indígenas comunales representan una bomba de tiempo

La presencia de “colonos”, como suelen llamarle en la RAAN y RAAS, constituye una asignatura pendiente en el tema del proceso de titulación y de autonomía de las comunidades, que seguramente tendrá que resolverse en algún momento si lo que quiere el Estado es evitar más conflictos en la zona.

Y es que para muchas comunidades y líderes indígenas, el hecho que personas del norte y centro del país, principalmente, migren a las tierras comunales, no sólo constituye una invasión a sus territorios, sino también un avance de la frontera agrícola o de procesos de deforestación.

“Ellos vienen a cortar la madera para venderla y como ven las tierras solas, piensan que pueden agarrarlas y asentarse”, señalaron líderes indígenas, al referirse a la presencia de pobladores que se asientan en las propiedades comunales, ya sea como parte de los movimiento de toma de tierras o el asentamiento de veteranos de guerra empujados por el Estado.

“Con un proceso de negociación previo, hubiera sido más fácil negociar con la presencia de terceros (colonos), pero así resulta más difícil”, comentó Pantoja, quien añadió que el saneamiento conlleva una gestión bastante compleja, pues implica no sólo evitar que más personas se acerquen a los territorios indígenas, sino también reubicar en otra área del país, a los pobladores, de manera que queden satisfechos con lo que se les brinde.