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Con Aminta Granera ya son 26 los funcionarios de Estado de facto.

La noche del lunes, tras cinco años al frente de esa institución, la primera comisionada de la Policía Nacional debió dejar su cargo, como lo establece la ley. Por el contrario, lo que hubo esa noche fue una burla a la institucionalidad de la Policía y a las leyes del país: Vestida de fino traje de gala oficial, Granera entregó al presidente Daniel Ortega el bastón de mando, quien se lo regresó porque ella, dijo, debía mantenerse en su cargo por su buen desempeño. Granera tomó nuevamente el mando, esta vez como primera comisionada de facto, y enterró la institucionalidad que por más de veinte años había caracterizado a la Policía Nacional.

 La “reelección” de Granera se escribió en piedra el 19 de julio pasado, cuando el presidente Ortega, en el acto partidario del FSLN, aseguró: “Aminta ha hecho una buena labor al frente de la Policía Nacional y continuará junto con todo su mando”. Fue a través del acuerdo presidencial 185-20011, leído el lunes por la primera dama y jefa de Gabinete, Rosario Murillo, que Ortega decidió mantener en su cargo a Granera, violando lo estipulado en la Ley 228, que establece que el periodo de mando de la jefa policial era de cinco años. Con esa decisión, Ortega prácticamente secuestraba la independencia de Granera, que queda totalmente a expensas de las decisiones del mandatario y sus vaivenes autoritarios.

Durante semanas se especuló sobre cuál debería ser la posición de Granera sobre la posibilidad de que Ortega, a golpe de decreto, la mantuviera al frente de la Policía. Para analistas, políticos de oposición y organizaciones civiles, la primera comisionada debía respetar las leyes del país y no aceptar una reelección, ahora que el Presidente intenta legitimar por todos los medios su inconstitucional candidatura presidencial. No hubo, sin embargo, oposición de Granera, quien aceptó la imposición del “comandante de la Policía” y se sumó a la ilegal danza que inició Ortega en enero de 2010, cuando publicó su controvertido decretazo.

René Vivas, quien condujo a la recién creada Policía Nacional en los ochenta, dijo que la decisión de Ortega es legal y necesaria para evitar un vacío de poder dentro de la institución. “El reglamento le da facultades a la directora de la policía de quedarse por el no vencimiento automático del cargo, es un cargo muy delicado, que no podés dejar acéfala la Policía, para irte, requerís que te autoricen a irte, mediante un decreto oficial del Presidente de la República. Si el Presidente no lo hace, ¿Te vas a ir, dejás botada la institución? Si no hay ese decreto, para mí se queda y con visos de legalidad”, dijo Vivas en el programa Esta Noche.

Sin embargo, el artículo 88 de la Ley de la Policía Nacional establece que el período de permanencia para el director Director General de esa institución será de cinco años, y que una vez concluido pasará a retiro. El mismo artículo 88 de la Ley 228 provee “excepciones” relacionadas a subdirectores e inspectores generales de la Policía, que al terminar los cinco años establecidos por la ley pueden ser prorrogados. Lo mismo ocurre con los directores de órganos especiales, jefes de divisiones y jefes de delegaciones departamentales y distritales, cuyos cargos podrían prorrogarse hasta dos veces.

Ortega ya había dado pasos que insinuaban su decisión de mantener a Granera en diciembre de 2009, cuando emitió el decreto ejecutivo 24-2009, con el que reformaba las normativas de la Policía que establecen las prórrogas a los cargos de oficiales y mandos altos de la institución, abriendo con ello una brecha de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones sobre prórrogas de mandos que al mandatario le interesen que sigan en la Policía.

El decreto establece que “cuando no se formalice la solicitud de jubilación (de un oficial), el tiempo de permanencia se prorrogará hasta 30 años para el escalafón ejecutivo, y hasta 35 años para el de oficiales hasta el grado de comisionado mayor, mientras que para los oficiales generales, el tiempo de servicio podrá prorrogarse hasta más de 35 años”.

Críticas a Granera

¿Debía Granera aceptar esta “prórroga”? Varias organizaciones civiles y políticas criticaron la decisión de Ortega y la aceptación de Granera. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNIDH), Vilma Núñez, lamentó el hecho de que Aminta Granera se uniera al grupo de funcionarios de Estado que aceptaban la ilegalidad y se mantenían en sus cargos violando la ley.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), posiblemente la organización más beligerante en su posición sobre la decisión de Ortega, afirmó que este hecho viola el principio de legalidad que “establece que los funcionarios públicos solamente pueden actuar en el marco de la ley”.

“Institucionalmente la permanencia de la primera comisionada Aminta Granera como directora general de la Policía Nacional frustra el esfuerzo que desde 1990 se ha venido realizando para lograr una institución profesional, apartidista, apolítica y no deliberante. El profesionalismo policial queda en entredicho”, afirmó el IEEPP en un pronunciamiento emitido el martes pasado.

¿Qué llevó al presidente Ortega a mantener a Granera en su cargo? Las opiniones son diversas y van desde la posición oficial de que ella ha desempeñado una buena labor al frente de la institución, reconocida por gran parte de la sociedad, pasando por la legitimidad que desesperadamente Ortega intenta dar a su ilegal candidatura, hasta el hecho de que con este nombramiento el mandatario se quita del paso a una potencial rival, dado las supuestas aspiraciones presidenciales de Ortega, un secreto a voces en círculos políticos y policiales.

Un fraude a la ley

¿Podía el Presidente mantener a golpe de decreto a Granera en su cargo? Para el experto en temas jurídicos Alejandro Aguilar, decano de la Facultad de Derecho de la UAM, la respuesta es negativa. Así lo explica: “Ningún funcionario tiene más facultades que aquellas que expresamente le confieren la Constitución y las leyes. Esto significa que no hace falta que la ley le prohíba algo al Presidente para que no lo pueda hacer: basta con que la ley establezca cuál es la competencia del Presidente para que él deba actuar sobre la base de esa competencia”.

En el caso específico de Granera, Aguilar dijo que “la ley es clarísima” y por lo tanto “no hay ninguna disputa legal” al respecto. “La ley dice que una vez cumplido su periodo, esta persona debe pasar a retiro, y toda opción que vos querrás encontrar no puede ser considerada más que un fraude a la ley”, aseguró el decano.

“La Ley de la Policía Nacional establece que la obligación primordial de la jefa de la PN es respetar la Constitución y las leyes, no dice obedecer al Presidente de turno”, explicó por su parte el diputado por el MRS Enrique Sáenz.

“El presidente Ortega optó por la ilegalidad, por transgredir la ley”, aseguro el diputado liberal José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. “Un decretazo más pretende reforma una ley ordinaria creada por la Asamblea. La Policía Nacional ahora se ha contaminado con esta lógica arbitraria, del poder absoluto”, agregó Pallais.