Las autoridades de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE) parecen enredadas en un mar de contradicciones. Hace dos semanas publicaron un reglamento de “acompañamiento” electoral cargado de restricciones para los observadores nacionales e internacionales, que fue presentado a la opinión pública como reglas escritas en piedra.
La semana pasada, sin embargo, los magistrados de facto, tras un discurso nada diplomático del presidente Daniel Ortega, echaron pie atrás y se mostraron más flexibles, afirmando que no, que ese reglamento es apenas una guía, que ellos están dispuestos a la negociación.
Y negociación es lo que está en curso, al menos de forma privada, entre el Gobierno y la Unión Europea. Desde que se conocieron las restricciones impuestas por el CSE a los observadores, representantes de organismos internacionales con presencia en el país se movilizaron para demandar del gobierno un compromiso que les permita a sus organismos de observación electoral trabajar sin obstáculos en noviembre, en unas elecciones que sin duda ya generan interés a nivel internacional.
La Unión Europea negocia directamente con la Cancillería unas normas que les permitan participar en el proceso, como ya lo han hecho en elecciones generales anteriores, dijeron fuentes diplomáticas. El presidente de facto del CSE, Roberto Rivas, oficializó que el próximo martes sostendrán una negociación con la Unión Europea.
Aparentemente, la Organización de Estados Americanos (OEA) también estaría interesada en una negociación directa, aunque al ser consultado por Confidencial, un representante de esa organización dijo que tomarán una decisión hasta que reciban la invitación oficial del CSE.
El Centro Carter está “observando” la situación, y según fuentes diplomáticas, “en comparación con la Unión Europea mantiene una posición de mayor escepticismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo favorable con el gobierno¨.
Todos estos organismos esperan señales definitivas, después que el presidente Ortega aseguró que no habrá restricciones para los observadores, aunque éstos vengan a “pegar cuatro gritos, calumniar o difamar” al país. Lo que sí es inédito, es que al parecer la garantía de participar en la observación electoral se ha convertido en una especie de ‘sálvese quien pueda’.
Las organizaciones de observación electoral nacionales están en una situación más complicada. Vetadas por el magistrado de facto Roberto Rivas por sus críticas hacia una irregular organización electoral y por responsabilizarlo directamente del fraude en los comicios municipales de 2008, Rivas dejó bien claro tras una reunión con asesores del Senado y el Congreso de Estados Unidos, que algunos observadores serán excluidos por sus críticas a las autoridades electorales. Entiéndase como Ética y Transparencia o el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), organismos a quienes ya se les negó su participación en las municipales de 2008 y las regionales de 2010.
La semana pasada las juntas directivas de estas organizaciones mantenían discusiones para establecer su posición frente al CSE. Las autoridades de EyT han decidido no dar declaraciones mientras no lleguen a un acuerdo, y posiblemente para evitar enfurecer al volcánico Rivas.
A las críticas al reglamento de “acompañamiento”, se sumó el sector privado a través de un pronunciamiento del COSEP, que demanda la restitución del derecho de observación electoral. Por su parte, el Ipade ha decidido darle al tribunal electoral el beneficio de la duda, dadas las contradicciones de Rivas, que así como dice una cosa, dice otra.
Al reformar de facto la Ley Electoral referida a la observación
IPADE: "El CSE está asumiendo atribuciones de la Asamblea Nacional"
Mauricio Zúñiga, director del Ipade, asegura que no confía que el CSE tenga la “voluntad política” de acreditarlos como observadores, pero que su organismo está dispuesto a “darle un voto de confianza al Consejo”.
“Esperamos que (la solicitud de acreditación) sea aceptada, porque la observación electoral legitima los resultados de las elecciones”, dice Zúñiga en esta entrevista. Sin embargo, de no obtener la acreditación, el Ipade observará de todas formas la elección, movilizando a sus más de dos mil observadores por todo el país, asegura su director, quien analiza el controvertido reglamento de acompañamiento que aparentemente ya no es una norma tan escrita en piedra como cuando la presentó oficialmente el CSE.
A pesar de todas las críticas por su posición sobre la observación, el CSE publicó un reglamento de “acompañamiento” que limita el trabajo de los observadores. ¿Qué evaluación hacen ustedes de ese documento?
Es importante señalar que en las últimas dos elecciones no existió de parte del CSE una voluntad política de acreditar a los organismos de observación nacional. En el caso de Ipade llenamos todos los requisitos, pero nuestro derecho fue negado.
Nosotros esperábamos una posición del Consejo que estuviera enmarcada en los reglamentos anteriores, o sea en su propio actuar histórico. Un reglamento que refleje una voluntad política del CSE de que podés observar sin ninguna restricción y en el que no aparecían limitaciones como es el haber omitido en el actual reglamento los derechos y prerrogativas de los observadores o haber establecido que ellos van a determinar una ruta o el número de observadores.
¿Qué impacto va a tener esa decisión del CSE de trazar rutas para los observadores el día de la elección?
De entrada será negativo a los ojos del mundo. Hay una declaración de principios para la observación electoral internacional que está suscrita por Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, Centro Carter, entre otras organizaciones. Esa declaración es el abecé internacional que establece que para que una organización de observación pueda realizar su trabajo de manera eficaz y creíble es preciso que se satisfagan ciertas condiciones básicas, y entre esas está el acceso sin trabas de la misión internacional de observación en todas las etapas y con todas las tecnologías que proponga la misión; el acceso sin trabas a los miembros de la misión para estar con funcionarios electorales de todos los niveles; garantizar la libertad de circulación en todo el país; garantizar que ninguna autoridad gubernamental, de seguridad o electoral interferirá en la selección de los observadores o tratará de limitar su cantidad.
Sin embargo, al CSE parece no importarle mucho esa declaración. El reglamento establece restricciones a los organismos nacionales e internacionales hasta para verter consideraciones.
Nuestra sorpresa fue que el CSE se divorció de los reglamentos anteriores, que al borrar la palabra observadores y establecer esto de acompañamiento se atribuye de hecho funciones de Asamblea Nacional al modificar una ley de rango Constitucional, como es la Ley Electoral. Sin embargo, hemos visto que después de señalar los vacíos del reglamento ha habido una posición de apertura, de flexibilización por parte del CSE, en el sentido de decir que no hay ninguna restricción, de que se puede ir a todos lados, de que sólo es un proceso de ordenamiento que quieren hacer, que no se va a excluir a nadie.
Eso es lo que ha dicho recientemente el magistrado Rivas, pero ya hay un documento publicado. ¿Entonces a qué hacerle caso? ¿Las palabras de Rivas o el reglamento que él ya presentó?
Exacto. Nuestra preocupación es que el documento escrito no refleja esa voluntad política. Hay una voluntad política expresada en una normativa que se divorcia del discurso.
¿Usted les cree a los magistrados del Consejo cuando dicen que sí va haber libertad para la observación?
Ellos manifestaron a una delegación de asesores de Estados Unidos que no habrá ninguna restricción, que esa era la modalidad que estaban estableciendo este año. A partir de ahí ha habido declaraciones en el sentido de que no va haber ningún tipo de restricción. Esto deja un marco escrito que restringe y un discurso abierto que dice que no va haber restricción.
Entonces, la opción que ha habido por parte del Cosep, de Hagamos Democracia y otras organizaciones, es solicitar que se aclaren ese montón de cosas que no están escritas: qué significa una ruta, cómo será esa ruta, cómo eso de que el informe de observación tiene que ser consensuado. Porque para nuestro criterio como Ipade, es más un diseño para una misión de observación electoral que viene dos días antes a acompañar al consejo a dar una vuelta en microbús con un edecán por una ruta determinada.
Lo que llaman turismo electoral.
Eso no es una observación electoral científica y metodológicamente montada que demanda un universo de observadores posicionados en una muestra nacional urbana y rural que te permita observar, de manera general, la transparencia del proceso, la constitución de las Juntas Receptoras de Votos, cómo vota la gente, cómo se cuentan los votos, cómo se resuelven las impugnaciones, cómo se dan a conocer los resultados. Todo eso en un clima donde no haya intimidación y sí libertad absoluta de ejercicio al voto. Pero eso no lo podés hacer si te subordinan a una ruta.
¿Ustedes confían en que el CSE los va a acreditar en esta ocasión como observadores?
Nosotros no confiamos en la voluntad política de que el CSE nos va a acreditar, pero vamos a darle un voto de confianza al Consejo, basados en las declaraciones del licenciado Roberto Rivas, que ha dicho que no van a haber restricciones para los observadores. Solicitaremos nuestra acreditación a finales de agosto. Esperamos que sea aceptada, porque la observación electoral legitima los resultados de las elecciones.