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Habían pasado nueve días de tensión en Siuna. El poblado caribeño, al que Managua no volteaba a ver para evitar sus desastrosos caminos de acceso, la lastimosa lengua de tierra que sirve de pista de aterrizaje o la larga lista de necesidades de sus habitantes, se alzaba a punta de machete exigiendo un derecho que se le había negado a sus habitantes: la cédula que acredita a sus vecinos como ciudadanos nicaragüenses y les da el derecho de votar en las elecciones de noviembre. Fueron nueve días de tensión en Siuna, hasta que sus vecinos lograron lo improbable: que las autoridades electorales, obcecadas en su mandato de no ceder ni un palmo en la irregular organización electoral que llevan a cabo, accedieran a entregar cédulas. O al menos lo prometieron.

El martes 16 de agosto fue el día más violento de la protesta que mantenían campesinos y vecinos de Siuna y las comarcas cercanas. Habían bloqueado con retenes las vías de acceso a esta localidad del llamado Triángulo Minero, y sólo dejaban pasar de vez en cuando vehículos, no sin antes marcarlos con el que desde un inicio había sido algo así como el lema de la protesta: “Siuna quiere cédulas”.

A lo largo del camino entre Mulukukú y Siuna, una trocha desastrosa que hace que los vehículos que la recorren salten como si tuvieran vida propia, se veían camiones, camionetas y buses marcados con el lema de la protesta. A la entrada de Siuna, una fila de unos 47 buses y camiones esperaban que el retén se abriera. En su interior esperaba mercadería (alimentos, madera, artículos ferreteros) y debajo de los vehículos, durmiendo en hamacas temerariamente colgadas del aparataje de las máquinas, dormían sus conductores, quienes contaban bajo el sopor del mediodía las horas para poder avanzar hacia su destino.

“Ya no aguantamos esta situación, tenemos cuatro días sin bañarnos y los viáticos se nos acaban”, decía uno de los conductores. “Estamos claros que su protesta es legal, pero nos perjudican a nosotros, nuestro trabajo”, agregaba otro. “Al primero que deberían correr es a ese gordo tamal, por culpa de él es todo esto”, gritaba uno, que hacía referencia al magistrado de facto del CSE, Roberto Rivas. Ninguno de los transportistas se quiso identificar. “Si ésos (manifestantes) nos agarran”, dijeron, “nos joden. Esta es nuestra ruta, ya nos conocen”.

Las quejas de los transportistas dieron paso a la rabia. Y de la rabia se pasó a la acción: nadie supo de dónde vino la primera pedrada, pero detrás de ésta comenzó una lluvia de piedras como los aguaceros que anegan esta zona selvática: primero unas cuentas gotas y luego un diluvio que parece dispuesto a hundir los techos de láminas de las casitas de madera de Siuna. Transportistas y manifestantes se entregaron, enardecidos, a una batalla campal en la que hasta hubo balas de ambos bandos, y que dejó al menos cuatro heridos y rotas a pedradas las puertas y ventanas de buses y camiones. Los machetes eran ondeados amenazadoramente y los garrotes se dejaban caer con fuerza rabiosa sobre la espalda de cualquier desprevenido.

Unos treinta antimotines habían sido trasladados en helicópteros hasta Siuna, pero no intervinieron en la revuelta. “La orden que tenemos es no intervenir, no agredir a la gente que está en los tranques ni a los transportistas”, dijo Luis Duarte, teniente de la Policía de Siuna a cargo de la seguridad de las protestas. Duarte es un hombre regordete y moreno que sudaba copiosamente mientras se comunicaba por celular con algún superior. Más tarde el jefe de la Delegación Departamental de la Policía en el Triángulo Minero, comisionado mayor Otilio Duarte Herrera, diría que el papel policial fue exitoso, porque en Siuna no hubo muertos. 

Cerrazón de CSE, causa de las protestas

En las ciudades del Pacífico se piensa que Siuna es un municipio en el que nunca pasa nada. O al menos nada lo suficientemente importante para atraer la atención de la prensa nacional y extranjera que se dio a la tarea de hacer el pesado viaje hasta la zona para constatar lo que ahí ocurrió la semana pasada. El alcalde liberal de Siuna, Julián Gaitán, enumera los hechos violentos que carcomen a su municipio, pero que no son noticia en el resto del país: abigeato, robos, asesinatos y las correrías de la droga, que tiene al Caribe nicaragüense como base logística. En 2001, la Revista Envío publicó un amplio análisis de la situación de Siuna, titulado con una frase certera, como si se tratara de una Macondo nicaragüense: “Siuna, cien años de abandono”. Fueron las protestas de unos campesinos, hartos de sentirse como ciudadanos de segunda, sin identidad, quienes pusieron a Siuna en las portadas de los diarios... Con un empujón de la política local.

La rabia campesina en Siuna comenzó el nueve de agosto. Un día antes, las autoridades del Consejo Electoral Municipal (CEM) habían anunciado a través de las radios locales que ahora sí iban a cedular, después de semanas en las que decenas de campesinos “bajaban” a Siuna y llegaban al CEM para escuchar de boca de los funcionarios que no había material para cedulación, a pesar de que el calendario electoral impuesto por el CSE decía que el proceso había iniciado en todo el país el 27 de junio. “Primero argumentaron que no tenían local, porque tienen que alquilar. Luego no hubo atención a cedulación porque no tenían material para las fotos”, explica Ninoska Moreno, coordinadora del Ipade en Siuna.

En esta localidad de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y comarcas vecinas, las autoridades aseguran que hay unas ocho mil personas actas para votar sin cédula de identidad, cantidad que es aceptada por la representante del Ipade. Es lógico entonces, que al escuchar en sus comarcas el anuncio de que ahora sí, el ocho de agosto, último día del proceso de cedulación, las autoridades del CEM de Siuna iban a trabajar, miles de campesinos llegaran hasta localidad a hacer fila por una cédula. Las autoridades calculan en tres mil las personas que se hicieron presentes en las calles de Siuna.

Ese ocho de agosto los funcionarios del CEM local, a cargo de Dionisio Canales (quien no pudo ser contactado para esta crónica), trabajaron bien entrada la noche cedulando. Según el Ipade, sólo ese día fueron ceduladas 1,098 personas. Fuera de la sede del CEM, una casa hecha de bloques de cemento, esperaban centenares de ciudadanos que anhelaban tramitar el documento, por lo que las autoridades decidieron prolongar un día más el proceso. El 9 de agosto el CEM estuvo abierto hasta la madrugada del día siguiente. Y  la demanda continuaba. La promesa volvió: las autoridades irían a descansar y volverían a abrir la mañana del 10.

Pero esta vez no hubo atención en el CEM, lo que enojó a las personas que esperaban trámite: entraron a la fuerza a la casa alquilada y se plantaron por las calles de Siuna exigiendo respuesta a su demanda. Tras la vista gorda de las autoridades electorales, se organizaron con la ayuda de los partidos políticos liberales de la zona, y crearon los retenes que aislaron físicamente Siuna, pero llevaron a la olvidada localidad a los titulares de los medios nacionales.

Denuncian manipulación con cédulas

Para los habitantes de Siuna, la cédula es un documento de oro. Todos los vecinos de la localidad entrevistados para esta crónica, afirmaron que “sin la cédula no podemos hacer nada”. “En Siuna hay una gran demanda de cédulas. Algunos partidos dicen que entre ocho mil y diez mil personas, la mayoría jóvenes. Ésta es una de las demandas principales de la población”, asegura Ninoska Moreno, la coordinadora del Ipade.

Moreno dice que no lo tiene comprobado, pero en las calles de Siuna los vecinos hablan del supuesto tráfico y manipulación que miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y simpatizantes del FSLN hacen con las cédulas: las retienen con el beneplácito de las autoridades electorales, las reparten sólo a aquellos que dicen ser votantes del FSLN o las venden a cantidades que van desde 50 hasta 500 córdobas. La denuncia no pudo ser comprobada por este reportero, aunque representantes del Frente Sandinista negaron esas acusaciones. “No es cierto, de ninguna manera, todo eso es falso, negativo. Lo rechazamos categóricamente, no estamos involucrados absolutamente en nada de eso”, dijo un hombre que se identificó como Santos Vanegas, miembro de la Casa Departamental del Frente Sandinista en Siuna.

Ángel Ramos, un joven de 24 años delgado como alfiler y vecino de la comunidad Waspuko Abajo (“a cuatro horas en bestia” de Siuna), aseguró que allá en esa remota localidad, perdida en la selva y los potreros de esta rica zona forestal y minera, “los CPC manejan las cédulas”. Ramos dice que son estas organizaciones partidarias del FSLN las que se encargan de cedular a los más jóvenes en su comarca, “y luego hacen que voten por el Frente. Ellos les hacen el trámite, pero les exigen que se cambien al Frente antes de darles las cédulas”, asegura. “Ellos conocen a la persona que es liberal y a la que es sandinista, y a la liberal jamás le van a dar la cédula”, agrega el joven campesino.

Hubo arreglo… ¿Cumplirá el CSE?

Un oficial antidisturbios entrado en años arregla su pesada mochila militar en la entrada de la oficina del jefe de la Policía del Triángulo Minero, en Siuna. El hombre se ha quitado las rodilleras y demás accesorios que protegen a estos oficiales durante los disturbios, y se ha desabrochado algunos botones de la camisa azul oscuro que es su uniforme reglamentario, lo que no se le pude reprochar al oficial, dado el pegajoso calor de Siuna, cuya humedad es tan aplastante que uno anhela las temperaturas de Managua.

El oficial dice que está listo para regresar a la capital. La verdad es que prácticamente no vino a hacer nada a Siuna, dado que las órdenes superiores eran intervenir solamente si la situación se salía de control, pero ni con los hechos violentos del martes 16 de agosto, los antidisturbios intervinieron. “Ellos tienen derecho a protestar”, dice el oficial casi como murmurando y entre jadeos por el calor, más la pesada panza que delata el uniforme. “Pero los nicaragüenses no hemos aprendido que los derechos se pueden exigir de forma pacífica. ¡Imagínese si hubiera habido muertos por esa balacera!”, agrega el oficial.

Que no hubiera muertos es de lo que se enorgullece el comisionado mayor Otilio Duarte Herrera, jefe de la Delegación Policial en Siuna. Duarte tiene que atender todos los crímenes que acontecen en  este Triángulo Minero que despierta interés sólo por las riquezas que esconde, por lo que el hecho de que la violencia terminara en Siuna le da tiempo para echar un suspiro de alivio. El oficial, que se traslada a su oficina en una camioneta con pegatinas que rezan “Daniel FSLN vos ganás”, asegura que “estuvimos siempre atentos, controlando la situación. No hubo hechos que lamentar, muertos ni herido graves”.

Para Duarte, el hecho de que la violencia no pasara a mayores tragedias fue el “porque la gente de Siuna hizo caso omiso a la violencia”, y hasta acusa a un medio local, Radio Siuna, de “llamar a los campesinos a bajar con armas, pero la gente no accedió”. ¿Entonces quién fue el culpable del brote violento? El oficial responde que “fueron específicamente los transportistas los que se enfrentaron, sofocados por estar hasta ocho horas parados”. ¿Tuvieron que ver los partidos políticos en esa violencia? “Según los medios, los que estaban dirigiendo eran los del PLI y del PLC”, responde Duarte. ¿Y el FSLN jugó algún papel? “El FSLN se quedó al margen, alejado, los miré haciendo sus actividades electorales”, asegura el oficial.

Los retenes de Siuna fueron levantados tras un acuerdo entre líderes liberales y Roberto Rivas, en los que éste se comprometió a enviar a Siuna equipos para iniciar nuevos trámites de cédulas, que se entreguen los documentos a más de mil personas que ya los habían solicitado y que se fabriquen nuevas para quienes las han perdido. Los habitantes de este municipio accedieron a regañadientes a dejar sus protestas, pero muchos de ellos dijeron que no van a dejar pasar otra humillación por parte de las autoridades locales. “Siuna no va a aguantar más ofensa, este atropello, a los derechos de los nicaragüenses”, dice el líder de los huelguistas, Felipe Morales. “Vamos a defender nuestros derechos. Aquí estamos en pie de lucha”, asegura Humberto Alejandro Zelaya, uno de los campesinos que participaron en las protestas que durante nueve días convirtieron a Siuna en el centro de la atención nacional.

Alcalde de Siuna, el protagonista detrás de  las protestas por las cédulas

 “Yo no le creo a Roberto Rivas”

Uno de los personajes clave en los incidentes de Siuna es el alcalde liberal del municipio, Julián Gaitán. Fuentes locales consultadas por Confidencial afirman que Gaitán dirigió las protestas de miles de pobladores que exigían al Consejo Supremo Electoral (CSE) que los cedulara. Gaitán niega su participación, y asegura que los hechos se desarrollaron de forma espontánea.

Quien sí estaba en primera fila de las protestas fue la esposa de Gaitán, Corina Leiva González, nombrada de hecho por el alcalde como su sucesora a la candidatura para una diputación por la Alianza PLI-UNE, dado que él no podía participar en el proceso electoral: al violar el artículo 134 de la Constitución y el 154 de la Ley Electoral, que establecen como requisito la renuncia a sus cargos de los funcionarios un año antes de ser designados como candidatos a diputados. Gaitán desmiente esta versión y alega que su esposa fue electa por un “consejo político” de 32 miembros.

Julián Gaitán es un hombre alto y fortachón con pinta de charro mexicano. Unas grandes bolsas le marcan los ojos y la papada comienza a colgarle. Mira fijamente a su interlocutor y responde a las preguntas detenidamente, como pesando las palabras, tomándose su tiempo. Sortea preguntas incómodas, como la designación de su esposa o el supuesto tráfico de influencias en la Alcaldía.

Gaitán es un político astuto. Formó parte del Partido Liberal Constitucionalista y luego se pasó al PLI cuando perdió una consulta popular del PLC, aunque él afirma que se fue por diferencias con el líder del PLC, el expresidente Arnoldo Alemán. “Hemos encontrado cosas en el doctor Alemán que no vemos bien. El doctor Alemán le ha entregado todos los poderes del Estado a Daniel Ortega”, afirma.

Ahora Gaitán respalda de lleno al candidato del PLI, Fabio Gadea Mantilla: “Aquí a Fabio nadie le mete la mano”, asegura. Y menciona con orgullo el hecho de que Gadea convocó a “20 mil personas” en el destartalado estadio municipal de Siuna, un edificio hecho de tablas carcomidas por la humidad y láminas oxidadas, más parecido a una gallera de pueblo que a un centro deportivo de una ciudad clave del llamado Triángulo Minero. La mejora de ese estadio fue una de las promesas de campaña del alcalde, que hasta ahora no ha cumplido, aseguran los vecinos de Siuna.

--¿Dicen que usted dirigió las protestas de Siuna?

Gaitán niega con la cabeza y se explica: “Para serle franco lo único que hemos estado haciendo es diciéndole a los líderes, ‘muchachos, no actos de violencia’. Pero hubo choques con transportistas. Ha prevalecido el tranque…”

--Alcalde, ¿señalan que la gente de los retenes recibía financiamiento de la Alcaldía?

“No, no, no. Es absolutamente falso”, responde Gaitán. “Mire, Siuna tiene 260 comunidades, tenemos más de cinco mil productores, y aquí lo que más ha sobrado es alimentación: ahí ha tenido esa gente yuca por quintales, bananos, plátanos por quintales, hasta tres vacas diarias, hasta se las ha dañado la carne ahí; todos los comerciantes mandan arroz y frijoles. ¡Esta gente ha tenido de todo!”, agrega el alcalde.

A pesar de negar su liderazgo en las protestas, Gaitán se mantuvo siempre en contacto con los líderes de la revuelta y hasta les daba órdenes. El último día de la protesta, cuando los campesinos se enfrentaron a balazos, piedras, garrotes y machetes con los transportistas, uno de los líderes de la revuelta, Felipe Morales, mantenía comunicación directa con Gaitán, lo que fue revelado por la propia esposa del alcalde que estaba en el retén. Al hacerle ver ese hecho, Gaitán se defiende, enérgico: “No, no, no. Yo hablé con Felipe tal vez el segundo y tercer día, de ahí he perdido contacto. Algunos líderes sí me llaman”, asegura.

Al preguntársele si estas protestas no se le salieron de las manos, el alcalde responde: “Cuando tenés este tipo de actividad mucha gente anda con todo tipo de armas. Recordemos que esta fue una zona muy aguerrida en la época del ochenta, y ese campesino, ese tipo de gente, no se va a dejar”, dice.

La entrevista con Gaitán se dio al final de la tarde del martes pasado, tras los hechos violentos que culminaron nueve días de protestas en Siuna. En la sala de su casa, rodeado de sus asesores, Gaitán explica el acuerdo al que una comisión de líderes liberales llegaron esa misma tarde con los magistrados de facto del CSE y que supuestamente garantizarían la cedulación a unas ocho mil personas que según él carecen de cédula en Siuna y poblados cercanos. El alcalde hace una mueca de desprecio al preguntársele si cree en la palabra de los exmagistrados del CSE:

“El CSE no va a responder. Vamos a ver si es cierto. Mi percepción es que al CSE no le interesa ni le conviene responder, porque está entramado en todo el sistema del gobierno de turno”, explica Gaitán.

--¿Usted le cree a Roberto Rivas, alcalde?

“No creo, absolutamente no creo en Roberto Rivas. Él dijo que tiene palabra, vamos a ver si es cierto. Hasta no ver, no creer”, responde.

Antes de llegar a su casa de habitación, el equipo de Confidencial y Esta Semana que fue guiado por su esposa, la candidata a diputada, hasta una finca donde supuestamente Gaitán nos esperaba. En esa finca estaba un bulldozer Carterpillar D9 con logo de la alcaldía de Siuna. La máquina se usa para romper trochas, y de hecho, aparecía en la finca un camino con la tierra recién removida. Al preguntársele que hacía en esa finca una maquinaria propiedad de la comuna, el alcalde Gaitán arqueó las cejas y luego respondió: “Es que atrás de esa finca, que era mía, hay un cerro enorme, si tienen tiempo los puedo llevar; de ese cerro sacamos material selecto para componer las calles del casco urbano de Siuna. Esperamos que pasen las lluvias para reparar las calles”.

* Con la colaboración de Ismael López, periodista de Esta Semana