Confidencial.com.ni

La clase empresarial no parece convencida ni interesada en la propuesta de modificar el sistema tributario nicaragüense, presentada hace un par de semanas por el economista Adolfo Acevedo en nombre de la Alianza por la Reforma Tributaria.

En general, los empresarios consultados por Confidencial admitieron no conocer la propuesta, o no creer que sea el momento más adecuado para discutirla, y hasta hubo algunos que intentaron descalificar a Acevedo, llamándolo “opinador profesional”, o invitándolo a administrar una empresa para poder sugerir cómo manejarlas.

Un ingeniero que administra una empresa local, rechazó las sugerencias del economista señalando que “su única propuesta es eliminar las exoneraciones, cuando hasta las economías grandes las tienen, además que si las quitás, se van las empresas que están adscritas al régimen de zonas francas”.

Una fuente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), señaló que “la visión de un empresario es diferente a la de un analista; hay que ser empresario para entender las empresas”, añadió.

A pesar del desconocimiento de su propuesta, y de la frialdad con que parece haber sido recibida, Acevedo responde con sorpresa al ver cómo se soslaya algo tan importante, y cómo se argumenta que “no es el momento para discutirla”.

“¡Pero claro que éste es el momento apropiado para discutirla, precisamente porque estamos en elecciones, y queremos saber qué es lo que piensa cada candidato en materia fiscal!”, exclamó en el acto en que presentó los detalles de su propuesta, recordando la importancia de que el Estado cuente con recursos suficientes para cumplir sus planes de protección social, y de impulsar el crecimiento de la economía.

De todos modos, el economista no se da por vencido.

“Creo que hay un acuerdo de los empresarios con el gobierno de no hablar del tema, porque muchos se mostraron muy interesados el día de la exposición. De todos modos, pensamos conversar con las cámaras empresariales, y ya estamos preparando un cronograma para presentarles la propuesta en los próximos dos meses”, adelantó.

Sistema impone menos tributos a los que más ganan

Al justificar su propuesta, Acevedo señala que “el nivel que alcanza la inversión social en nuestros países se encuentra fuertemente limitado por una recaudación tributaria que resulta ser muy baja como porcentaje del PIB”, y es, por eso “totalmente insuficiente para atender las necesidades de desarrollo de los países, y para encarar mínimas políticas de distribución del ingreso”.

Al observar en detalle la distribución de los impuestos en Nicaragua, resulta evidente que el problema no puede enfrentarse en igualdad de condiciones para cada impuesto, porque “esta insuficiencia se encuentra concentrada, en lo fundamental, en el impuesto sobre la renta, y particularmente en el impuesto sobre la renta personal”, dijo el estudioso.

El primer cambio a discutir es el de la estructura cedular (y no global) del impuesto sobre la renta de las personas naturales, porque coloca en un régimen fiscal diferente, con distintas tasas y tratamientos, a los diferentes tipos de renta que puede percibir un individuo.

Eso hace que, “mientras las rentas salariales están sujetas a una escala de tasas marginales progresivas, las rentas o rendimientos del capital (principalmente dividendos y rentas financieras) son acreedoras de un tratamiento separado y preferencial” que hace que “la carga tributaria relativa del IR personal recaiga con mayor fuerza en los trabajadores asalariados del sector formal”.

Esa estructura cedular otorga un “tratamiento discriminatorio en contra de las rentas salariales, y favorable a las rentas del capital, que violenta la equidad vertical y horizontal, y debilita la capacidad recaudatoria y redistributiva del impuesto”, aseguró.

Exoneraciones e inequidades

Un segundo defecto a corregir en el tema del IR, es que “la renta se define sobre una base territorial, de manera tal que los ingresos de los residentes generados fuera de las fronteras nacionales no pagan impuestos, como resultado de lo cual los contribuyentes no son gravados por la totalidad de su renta”.

Acevedo acepta que “los ingresos internacionales de los contribuyentes son difíciles de rastrear”, pero “aplicar el principio de renta mundial resulta cada vez más relevante en la medida en que podría cerrar vías actuales de evasión y permitir mayores instrumentos de control a las autoridades tributarias”.

Finalmente, en lo referido al impuesto sobre la renta de las empresas o sociedades, denominado también IR de las personas jurídicas, el experto observa que éste “presenta una serie de exenciones discrecionales para sectores enteros de la economía, que resultan favorecidos o protegidos, como la agricultura, el turismo y las empresas instaladas en zonas francas”.

“Estos regímenes representan una gran pérdida de ingresos fiscales y facilitan todo tipo de operaciones de evasión y elusión por parte de empresas relacionadas integrantes de un mismo grupo económico. La existencia de empresas exoneradas de impuestos siempre permite que se traspasen utilidades hacia ellas de otras empresas del mismo grupo económico, o se creen derechos a devolución de créditos fiscales de IVA por operaciones ficticias”, señaló.

En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Acevedo señala que “éste refleja un listado extenso de bienes y servicios que están exentos. Como ocurre con el IR, aparte de las numerosas excepciones objetivas aplicables a todos, también hay exenciones particulares para categorías especiales de agentes, lo cual generalmente incluye a los mismos sectores que están exentos del IR”.

“Este impuesto se caracteriza por la prevalencia de regímenes que extienden un tratamiento equivalente al de tasa cero no solo a los exportadores directos, sino también a sus proveedores”, lo que ha provocado una fuerte erosión de bases impositivas, distorsiones económicas, inequidades y complicaciones administrativas”, aseguró.

Cámaras empresariales recomiendan esperar

Representantes de cuatro cámaras empresariales consultados por Confidencial, se mostraron de alguna manera inconformes con los planteamientos de la Alianza por la Reforma Tributaria.

Alfredo Vélez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, (ANAPA), dijo que “todo lo que sea recesivo y perjudique a las empresas al aplicarles mayores niveles de impuestos, debe ser estudiado con lupa”.

Carlos Bendaña, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores, (ANDIVA), dijo que esa entidad no comentaría los postulados de Acevedo, porque se trata de “una propuesta privada, no oficial de nadie, ni del gobierno”, el que según saben, estaría preparando su propia iniciativa “para presentarla en enero”.

Con todo, los distribuidores de autos sí tienen ideas de los cambios que debería incluir la próxima reforma tributaria: fundamentalmente, una rebaja de impuestos, para ponerlos al nivel de Guatemala, El Salvador o Panamá. Las tasas nicas son muy similares a las de Honduras, mientras que en Costa Rica se paga mucho más por comprar un automotor.

“Si tomamos en cuenta que en Nicaragua sólo se venden 5,000 vehículos nuevos al año, mientras en el resto de países de la región ese número oscila entre 30,000 y 40,000 unidades, y que nuestras tasas de impuestos son más altas, deberíamos equipararnos al promedio de Guatemala, El Salvador y Panamá”, propuso.

“Sobre todo, porque el CA-4 y la Unión Aduanera mandan la libre circulación de bienes, mercancías y personas por toda la región, y eso nos va a perjudicar a nosotros”, siendo que podría resultar más barato comprar el vehículo en algún país vecino, e internarlo al país libre de aranceles, explicó.

Evaluar primero la ‘reformita’

Por su parte, Dean García, Director Ejecutivo de ANITEC, recomendó “primero hacer un análisis del impacto resultante de la reforma tributaria de diciembre del 2009, porque ¿cómo vas a entrar a una nueva reforma si no sabés si la anterior produjo lo que se esperaba o si produjo más y ya no necesitás una nueva? A partir de ahí, entonces sí habría que ver qué se necesita hacer, y qué se puede hacer”, argumentó.

A ese respecto, José Adán Aguerri, presidente del COSEP, aseguró que “las recaudaciones han subido a causa de la reforma tributaria, pero también porque la economía ha crecido”.

García añadió que habría que “ver todos los fondos externos que están contratados para saber con que contás en el periodo: cooperación, préstamos, etc., y a partir de ahí, determinar cual es el saldo que necesitamos”.

En el caso específico de las zonas francas, el funcionario dijo que “entendemos que el gobierno no tiene pensado afectarnos”.

En su defensa, recordó que “no somos un régimen exonerado por una intención nacional, sino que se trata de un mecanismo internacional que no sólo se aplica en Nicaragua”, y desmantelarlo o disminuirlo “nos restaría competitividad porque todos los países ofrecemos los mismos incentivos, conforme al mandato de la OMC”.

Si Nicaragua se decidiera a disminuir las ventajas que se ofrece a las empresas adscritas al régimen de zona franca, “igual lo seguirían aplicando Honduras, El Salvador, los países asiáticos, y las empresas se irían adonde sí persiste ese régimen”, recordando que “nuestro valor agregado era de U$400 millones antes de la crisis, y ahora oscila entre U$600 y U$700 millones”.

¿Quién dirá: suban los impuestos?

Mario Zelaya, presidente de la Cámara Nacional de la Construcción, opina que “éste no es momento para discutir una reforma tributaria, porque es año electoral y hay muchos candidatos, y se requiere de un análisis riguroso, además de escuchar a todos los sectores: economistas, académicos, sindicatos, trabajadores, empresarios, diputados, gobierno”.

En el caso de los trabajadores, “ellos pagan IR, y eso les da derecho a estar en esa discusión, mientras que los empresarios, además que ahora tienen que pagar el 10% de sus dividendos, también deben enterar una mayor tasa de impuestos por sus ahorros bancarios, cualquiera que sea el monto y el plazo”, recordó.

Sobre la propuesta de Acevedo, dijo que éste “habla simplemente de eliminar las exoneraciones, pero habría que analizar si las exoneraciones tienen una contrapartida económica o no; si tienen a mediano plazo un efecto de generación de riqueza”.

El constructor también criticó al economista porque “no habla de ampliar la base tributaria ni de cómo afectar al sector informal, que es el gran ausente en esto. ¿Cómo lograr que el sector informal pague sus impuestos como corresponde? Meterse con ellos es meterse con el 30% de la población, y ningún diputado irá a decirle al Mercado Oriental que pague impuestos en plena campaña”, razonó.

En el caso específico del sector de la construcción, Zelaya explicó que ésta “no goza de exoneraciones, aunque quizás sí se las den al dueño del proyecto”, por lo que ese tema no les afecta, aunque sí “podríamos vernos afectados si suben las tasas de IR”, admitió.

En todo caso, el sector buscará “que no se nos graven mayores IR sobre utilidades. Por ejemplo, si se gravara con mayores impuestos las cuentas de ahorro, eso desincentiva el ahorro, o pasaría como la llegada de los bonos ticos, que al comprarlos apoyamos la actividad económica costarricense, y no la nicaragüense”, señaló.