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Los altos funcionarios de Gobierno, magistrados y diputados de los poderes legislativo y judicial son quienes más a menudo se saltan la exigencia legal de presentan su declaración patrimonial al asumir y entregar sus cargos públicos, arroja una investigación preparada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). El nivel de desobediencia de la ley en este aspecto es alto: según este informe, el 75% de los funcionarios públicos no presentan sus declaraciones patrimoniales, lo que contribuye a engordar los índices de corrupción en el sector público.

Dayra Valle Orozco, investigadora del IEEPP a cargo del estudio, aseguró que hay fallas en el sistema de verificación del Estado que contribuyen a que los funcionarios se salten esta obligación. Valle explica que la dirección de declaración patrimonial es la “Cenicienta” de la Contraloría General de la República, ya que cuenta con un bajísimo presupuesto y apenas tres funcionarios encargados de verificar las declaraciones de miles de empleados del Estado.  Además, hay vacíos legales que impiden que los ciudadanos puedan conocer el patrimonio de los funcionarios al asumir y cesar en sus cargos. ¿Por qué? Porque esos empleados públicos tienen la posibilidad de objetar el acceso a la información, explica Valle.

“El Consejo Superior de la Contraloría le manda a preguntar al servidor si no tiene ninguna objeción en que se dé a conocer su declaración patrimonial. En la mayoría de los casos quienes han hecho las solicitudes son periodistas, y la mayoría de éstas han sido denegadas”, asegura la investigadora del IEEPP.

Debido a esos vacíos legales, es alto el porcentaje de funcionarios que se saltan la obligación, principalmente entre funcionarios con importantes cargos públicos. “Hicimos una solicitud para saber cuántos de los diputados estaban cumpliendo (con la obligación), pero no nos han respondido. Sí hay serios problemas: nos decían en la Contraloría que hay falla en la Corte y la Asamblea, donde algunos diputados sí la entregan y otros no”, explica en esta entrevista la investigadora del IEEPP.

¿Hay en Nicaragua una cultura de no rendir sus declaraciones patrimoniales de parte de los funcionarios?

Tenemos un serio problema en la administración pública nicaragüense. En general hay una cultura de la administración pública de no rendir cuentas y también de los ciudadanos de no exigir esa rendición de cuentas. No hay cumplimiento de ese principio de legalidad que es están sencillo como “el funcionario hace lo que la ley le mandata”.

En su investigación menciona que los funcionarios alegan desconocimiento de la ley a la hora de presentar sus declaraciones patrimoniales.

Creo que es un alegato sacado de la manga, no es un alegato muy cierto. Puede ser que un pequeño porcentaje de ellos no esté relacionado con la vida de la administración pública o sean nuevos en el cargo, pero ningún ciudadano puede alegar desconocimiento de la ley y menos un futuro servidor público.

La investigación arroja un dato impresionante: 75% de los funcionarios no entregaron su declaración de probidad. ¿Qué está fallando en el sistema para que la falta sea tan grande?

Está fallando de todas partes. Por un lado falla la obligación inherente del servidor público de cumplir con el mandato legal. Está fallando el rol de la Contraloría General de la República: las declaraciones patrimoniales son como la Cenicienta dentro de las funciones de la Contraloría. Pareciera que es percibida como una función menor porque la cantidad de recursos destinados a esta instancia son menores; es como una carga que se le está dando a la Contraloría, pero ellos tampoco están siendo muy coercitivos con esa obligación.

El contralor Argüello Poessy se justificó diciendo que apenas cuenta con tres funcionarios para verificar la información de miles de funcionarios.

Es cierto, son tres funcionarios más el director, que también hace las funciones de verificación. Este es un tema de qué vamos a priorizar y al parecer las declaraciones patrimoniales, como una obligación, no están siendo priorizadas.

¿Se conoce en Nicaragua cómo sale un funcionario una vez que deja su cargo?

Hay dos tipos de declaraciones: la de inicio (cuando recibe un funcionario el cargo) y la de cese. Ambas son importantes porque así podemos ver la variación patrimonial. Una cosa que me decían los funcionarios es la información que verifican, por ejemplo la cuenta bancaria. Ellos no miran si tu cuenta tenía cien córdobas cuando el funcionario inició en su cargo, o si tenía doscientos cuando concluyó; ellos miran si tenían una cuenta al inicio y si tienen dos cuentas al final. Es decir que no entran a ver el fondo, por lo que el sistema de verificación tiene problemas. Creo que hay muy poco interés en el tema de las declaraciones patrimoniales y no se les está dando el verdadero valor como mecanismo de prevención.

¿Pueden ayudar estas declaraciones a prevenir la corrupción en un país tan pobre como Nicaragua?

Son un mecanismo preventivo ante posibles hechos de corrupción. Estamos hablando más que todo de conflictos de interés y enriquecimiento ilícito. Estamos creando una serie de marcos normativos para prevenir la corrupción, pero uno de los sistemas de prevención no está funcionando. Otra cosa es cómo ve el servidor público la declaración patrimonial: la ve como un requisito más que debe cumplir y la llenan “por no dejar”. Un caso más dramático son las declaraciones de cese. Cuando un servidor deja su cargo le importa mucho menos presentar esa declaración porque no hay mecanismo de coacción que diga que si no la entrega, no quedará exento de responsabilidades.

¿Cómo está Nicaragua en comparación con el resto de la región en este tema?

En algunos países se está abriendo el universo de servidores públicos que deben entregar la declaración patrimonial. Hay legislaciones que son muy interesantes como la brasileña, que ha abierto el universo de verificación porque se ha considerado que para prevenir los hechos de corrupción hay que entrar a ver no sólo al servidor que está relacionado con el tema de contrataciones en una institución, sino con quién habitualmente la administración está contratando, o particulares a los que se le piden las declaraciones porque el nivel de asociación con el Estado es cada vez mayor. Es interesante que en algunos países la que solicita las declaraciones es la Corte Suprema de Justicia o la Asamblea Nacional como representante de la ciudadanía. En otros países también se abre el acceso a la información de las declaraciones.

¿Los ciudadanos nicaragüenses pueden acceder a esa información?

Aquí no se pone nada. Lo único que vas a encontrar en la página web (de la Contraloría) son datos estadísticos sobre cuántas declaraciones se presentaron y cuál funcionario la presentó. Los ciudadanos no pueden acceder fácilmente a la información. La ley establece el acceso, pero tiene varias trabas y barreras. Lo primero es hacer una solicitud al Consejo Superior de la Contraloría y explicar por qué estoy solicitando el patrimonio de ese servidor. El Consejo le manda a preguntar al servidor si no tiene ninguna objeción en que se dé a conocer su declaración patrimonial. En la mayoría de los casos quienes han hecho las solicitudes son periodistas, y la mayoría de éstas han sido denegadas.

¿Si es información pública por qué hay esa discrecionalidad?

Porque la Ley de Información Pública no habla específicamente del tema de declaraciones patrimoniales y la Ley de Probidad hace un juego gallo-gallina al decir que sí hay acceso, hay que seguir el procedimiento y si no ponen trabas en ese procedimiento te dan el acceso a la información; pero si hay una objeción, que en la mayoría de los casos la ha habido, no la entregan. Hice una solicitud de acceso a la información el 2 de junio, ni siquiera pedí una declaración patrimonial en concreto, sino datos estadísticos, he llegado como cinco veces a la Contraloría y resulta que mi carta se perdió en el vaivén. Me dijeron que el Consejo no se había reunido, cuando el Consejo se reúne todos los jueves para tomar decisiones. Fui a cuatro oficinas diferentes hasta que se dieron cuenta que la solicitud estaba en manos de otro contralor.

¿Cuáles son las instituciones del Estado que más están fallando en el tema de las declaraciones patrimoniales?

En la entrevista que tuvimos con uno de los contralores decía que las municipalidades están entre las que más problemas tienen, eso porque es difícil estar controlándolas. Sin embargo, cuando uno entra a la página web y ve el estado de aquellos que están entregando las declaraciones, muchos de los servidores que aparecen ahí son de las municipalidades. De los servidores del Gobierno central los que están presentando las declaraciones no son altos funcionarios, sino funcionarios intermedios. ¿Qué está pasando con esa autoridad superior dentro de las instituciones? Esa es una de las grandes preguntas.

¿Qué pasa instituciones tan cuestionadas como la Asamblea Nacional o la Corte Suprema de Justicia?

Es interesante que en las leyes orgánicas de esos poderes del Estado aparece esta obligación y aparece como una obligación que si no la cumplen repercute en una falta grave con responsabilidades administrativas que incluyen el despido de ese servidor público.

¿Cumplen los magistrados y diputados con esa obligación?

Hicimos una solicitud para saber cuántos de los diputados estaban cumpliendo, pero no nos han respondido. Sí hay serios problemas: nos decían en la Contraloría que hay falla en la Corte y la Asamblea, donde algunos diputados sí la entregan y otros no.