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Quiere negociar al borde del caos

Ortega sube parada en crisis CSJ

*Cátedra de cinismo y matonería: violan Constitución, alegando que la están defendiendo
*Según corte FSLN decretazo vive, pero constitucionalistas advierten que no tiene valor jurídico.
*Diputados opositores reaccionan: salas de la corte son ilegales, no se les puede hacer caso

Carlos Salinas Maldonado | 21/4/2010
@CSMaldonado

 “Cállese, matón”, le espetó el magistrado de tendencia sandinista Rafael Solís a su compañero Gabriel Rivera, de tendencia liberal, quien ante las cámaras de los medios de comunicación le recordó a Solís que ya no era miembro de esa cámara y por lo tanto no puede firmar sentencias judiciales. “El matón es usted”, respondió Rivera en una discusión que ha dejado en evidencia la profunda crisis política y moral que atraviesa la institución encargada de impartir justicia en uno de los países más pobres del continente. Y evidencia la apremiante necesidad de un cambio en la dirección de ese poder del Estado. 

La discusión entre los magistrados es el episodio más escabroso de una larga crisis desatada en octubre del ano pasado, cuando la sala constitucional integrada exclusivamente por magistrados sandinistas declaró “inaplicable el artículo 147 de la constitución que prohibe la relección consecutiva. El siguiente golpe a la constitución ocurrió en enero, cuando el presidente Daniel Ortega emitió el decreto 3-2010, con el que ordena mantener en sus cargos a los funcionarios públicos a quienes por mandato constitucional se les vence su periodo. De esta forma el presidente pasaba por encima de la Constitución para garantizar su dominio sobre los poderes del Estado y obligar a la oposición a negociar bajo sus términos los cargos vacantes.

Una institución partidaria

Los expertos en temas constitucionales opinan que la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en una importante arma política para el presidente Daniel Ortega, que se repartió las magistraturas tras el pacto político de hace diez años firmado con el ex presidente Arnoldo Alemán, líder del PLC y acusado de corrupción durante su Administración.

En enero de 2009, la Corte emitió un fallo que liberaba al ex presidente Arnoldo Alemán de una condena de 20 años por fraude al Estado, a cambio de que éste le garantizara a Ortega el control de la Asamblea Nacional. Pero los ejemplos no terminan ahí. A finales del año pasado la Sala Constitucional, de la que es miembro el magistrado Solís, emitió en fallo judicial que le garantiza a Ortega la posibilidad de reelegirse, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección continua. En una entrevista, el magistrado Solís aseguró que le debía respeto a la Constitución, “lo que no quiere decir que vaya confrontarme con el partido”. Obediencia demostrada esta semana, al quedarse negarse a dejar la corte, respetando la orden hecha por Ortega en su decreto. 

Un decreto ilegal

El llamado “decretazo” es considerado ilegal por el experto en temas constitucionales y catedrático Gabriel Álvarez. “Ese decreto está lleno de falacias y patrañas y, por tanto, carece del menor atisbo de legalidad. Es una verdadera aberración que coloca a Ortega como un monarca absoluto y convierte a la Constitución en papel mojado”, dice Álvarez. “El mensaje para la oposición y para el pueblo en general es claro: con pacto o sin pacto, conforme a la Constitución y el Estado de Derecho o violentando la Constitución y el Estado de Derecho, Daniel Ortega va a monopolizar todo el poder político y no lo va a dejar por las vías propias de un Estado democrático de Derecho”, explica el catedrático. 

“El Presidente de la República no tiene competencias para prorrogar mandatos en ninguna circunstancia ordinaria, extraordinaria o de "imperiosa necesidad", como dice el decreto”, agrega Álvarez. 

El decreto 3-2010 fue rechazado inmediatamente por los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional y, según fuentes del FSLN, hasta causó un malestar profundo en el presidente de ese poder, René Núñez. Pero los diputados sandinistas mantuvieron la defensa del decreto y fue el mismo Núñez quien se sacó de la manga, cual prestidigitador, una vieja disposición constitucional con la que, según él, se legitima la permanencia de los funcionarios hasta que el Parlamento nombre a nuevos o renueve a los actuales.

Inconstitucionalidad oficialista

La disposición a la que echó mano Núñez se trata del segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987, que forma parte de las Disposiciones finales y transitorias de la carta magna. La disposición facultaba a los magistrados de la Corte, del Consejo Supremo Electoral (CSE) y funcionarios de otras instituciones a permanecer en su cargo hasta que se nombraran a sus sucesores. Ese artículo fue reformado para las elecciones del 25 de febrero de 1990 y el cambio que éstas traerían para el Estado. 

Núñez argumentó ante los medios de comunicación que ese artículo sigue vigente y por lo tanto es aplicable, dado que “nunca fue suprimido” por reforma. Según Núñez, por “una omisión constitucional” el segundo párrafo del artículo 201 no aparece publicado en la actual Constitución. 

Para Omar García, experto en Derecho Constitucional, la finalidad y ubicación en la Constitución del segundo párrafo del artículo 201 marca la vigencia de esa disposición.

“Se trata de una disposición transitoria porque en 1987 fue pensado para regular la situación de los poderes del Estado”, es decir que la disposición crea una especie de puente que permite una transición de la situación anterior a la reforma del 87 y las nuevas disposiciones constitucionales. Así, los funcionarios permanecerían en sus cargos hasta que no se pusiera en marcha el mecanismo establecido en la nueva Constitución.

Tras la reforma de 1990, explica García, se “deduce que el párrafo segundo no tiene razón de ser, porque el nuevo mecanismo ya se ha activado y ese párrafo ha perdido vigencia, ya se agotó el objetivo por el que fue creado. Es una derogación tácita.”

El oficialismo encontró esta semana un aparente mecanismo legal para acallar las críticas de los expertos. Repitiendo la escena de finales de 2007, cuando legitimaron los CPC, los magistrados Francisco Rosales, Rafael Solís, Ligia Molina, Armengol Cuadra, Juana Méndez y Yadira Centeno, emitieron una resolución a la medida del oficialismo. Ese fallo establece que “las reformas constitucionales del año 1990, 1995, 2000 y 2005 no han contemplado en ningún momento ni la reforma ni la derogación del párrafo segundo del artículo 201Cn”, por lo que los funcionarios de la Corte, del CSE y de otras instituciones “continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos, de acuerdo a la Constitución”, según el fallo.

Y ya en eso, los magistrados aprovecharon la oportunidad para emitir un fallo que rechaza un recurso de amparo interpuesto por el diputado liberal Óscar Moncada, en contra del presidente Daniel Ortega y el decreto 3-2010. Los magistrados explicaron que el recurso fue rechazado porque no encontraron que causara daño “real” a los derechos constitucionales de Moncada y porque no fue planteado “debidamente” porque Moncada lo interpuso en Masaya y no en Managua, donde él reside. Con estas explicaciones, los magistrados le sacaron, nuevamente, la espiga que molestaba al oficialismo. 

“En su afán por mantener a sus funcionarios, el FSLN recurre a una inconstitucionalidad. Y hace que la Corte, mediante una sentencia, diga que todo lo hecho es constitucional”, explica el experto García.

Para García el fallo es inconstitucional y vuelve a repetir el “error” en el que según él cayó la CSJ cuando emitió una resolución favorable a la reelección del presidente Ortega: la constitución irregular de la Sala Constitucional. En el caso del fallo a favor del decretazo participaron magistrados propietarios y suplentes, así como ex magistrados, según disposiciones constitucionales. Todos de tendencia sandinista.

“Solís y Cuadra ya no son magistrados y por lo tanto no deberían estar en la sala”, dice García, para quien los fallos que firmen esos dos magistrados son nulos. “Una persona que no tiene competencia no puede firmar sentencias. Éstas no tienen efecto jurídico”, agrega.

García explica que estas acciones incluso podrían tener repercusión en el ámbito penal, porque la acción de los magistrados Solís y Cuadra puede considerarse un “delito de usurpación de funciones públicas”.

Doble candado de la Corte

Pero los magistrados sandinistas no se conformaron con emitir el fallo a favor del decretazo de Ortega, sino que advirtieron a la Asamblea Nacional que la Corte ya se pronunció sobre la legalidad y vigencia del decreto, por lo que ordenaron a los diputados respetar la sentencia de la CSJ y abstenerse de discutir una ley que intenta derogar ese decreto.

El presidente de la Sala Constitucional de la Corte, magistrado Francisco Rosales (arropado por el magistrado Solís), informó que envió las resoluciones a favor del decreto al presidente de la Asamblea, advirtiéndoles a los diputados que toda acción que tomo el legislativo con el mismo decreto será considerada una “acción inconstitucional”. 

Solís informo hasta de una marcha multitudinaria este martes hacia la Asamblea, día en el que está previsto que se discuta la iniciativa de ley que ordena derogar el decreto del presidente Ortega.

Diputados reaccionan: ilegal

Para el diputado por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, el anuncio hecho el viernes por el magistrado Rosales es una “actitud ridícula”, hecha por “ciudadanos que están alucinando, locos y a quienes no hay que hacerles caso. La sociedad ya no los reconoce como funcionarios”.

Tinoco informó que el proceso para derogar el decreto continúa, a pesar de la advertencia de la Corte. “Aquí no hay pronunciamiento de nada. Esta es una actitud ridícula. Todas las Salas de la Corte son ilegales y no hay que hacerles caso. Ortega tiene una política de actuar de hecho contra la Constitución y las leyes, quieren seguir así, a las bravas”, dice Tinoco.

El jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense, Adolfo Martínez Cole, explica que los magistrados de la Corte “no pueden” exigir a los diputados que se abstengan de discutir y aprobar la ley que deroga el decreto. “Es una función que por ley nos compete. Vamos a ejercer el derecho que por ley nos corresponde”, asegura.

“Quieren confundir a la población y profundizar la crisis. La discusión de la ley (que anula el decreto) va. Lo único que pueda impedirla es que ellos (diputados sandinistas) tengan los 47 votos, que no los tienen. Nosotros sí contamos con los votos suficientes”, dijo Cole.

La pregunta que surge es el peso que pueda tener la aprobación de una ley que deroga el decreto. El mismo Tinoco reconoce que no es una solución a la actual crisis y que lo único que le queda a la oposición y sociedad civil es presionar y “mantenerse firme” en sus exigencias por un cambio en las instituciones públicas.

Sin efecto jurídico

El analista Omar García también duda del efecto que pueda tener la derogación del decretazo. “No tiene efecto jurídico, no es más que una declaración política. Y si se hace por ley, está limitada a una especie de control político”, explica. “La Asamblea no puede derogar algo que no ha creado; es la Corte Suprema la que decide si un decreto es legal”, agrega.

El problema es que la Corte es una institución que responde a exigencias partidarias, por lo que García recomienda avanzar en las negociaciones para elegir nuevos magistrados con cualidades suficientes para ocupar esas altas magistraturas.

“Lo sucedido en la Corte genera un cuestionamiento ético y moral hacia los magistrados, y también si tienen las cualidades suficientes para ostentar el cargo. El incidente de esta semana es una muestra de que hay que hacer una revisión profunda en ese poder del Estado”, recomienda García.

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