La celebración del 32 aniversario de la revolución que derrocó la dictadura somocista habría pasado como un evento sin mucha trascendencia, caracterizado por el culto a la personalidad del presidente Daniel Ortega, si éste no hubiera dejado entrever, como calculando hasta dónde puede llegar, la posibilidad de mantener en su cargo como jefa de la Policía Nacional a la primera comisionada Aminta Granera.
“Aminta ha hecho una buena labor al frente de la Policía Nacional y continuará junto con todo su mando”, fue la escueta frase de Ortega que levantó alertas entre especialistas en temas de seguridad, sociedad civil y políticos de oposición que ven en ella una flagrante violación a la legalidad e institucionalidad del país.
Para los analistas, Ortega parece dispuesto a tensar aún más la cuerda de la crisis política que atraviesa el país, manteniendo su personal forma de gobernar a golpe de decretos. Y en esa medida de fuerza, pone a Granera en una difícil situación: de confirmarse lo que el Presidente dejó entrever el 19 de julio, Granera tendría que elegir entre desobedecer a su jefe máximo o violar las leyes del país.
El artículo 9 de la Ley de la Policía Nacional establece que esta institución “está sometida a la autoridad civil, la que será ejercida por el Presidente de la República a través del Ministro de Gobernación”. Sin embargo, desde que Ortega llegó al poder en enero de 2007 ha dinamitado esa disposición legal: con el beneplácito de la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, el presidente ordenó un “diálogo” directo entre él y la jefatura policial.
De hecho, en un cable diplomático emitido por el embajador Paul Trivelli en abril de 2007 y filtrado por la organización Wikileaks, la embajada de Estados Unidos expresaba su preocupación por lo que consideraba una violación por parte de Ortega a la autonomía de la Policía Nacional.
“No está claro con cuánta autonomía cuenta Granera para manejar las operaciones de la PN”, escribió Trivelli. El diplomático citó a fuentes de la Policía, las que afirmaron que si bien Ortega no interfiere en las operaciones policiales, a menudo a Granera “se le requiere para que asista a eventos con Ortega donde la retórica es “anti-gringa” y eso la hace a ella sentirse "incómoda"”.
A pesar del control que el presidente Ortega pretende ejercer sobre la Policía, y que quedó claro con la ilegal destitución del alcalde de Boaco el año pasado, los analistas afirman que esta vez Ortega no puede extender de hecho el periodo de la primera comisionada Granera.
El artículo 88 de la Ley de la Policía establece que “el período establecido de permanencia en los cargos para a los Oficiales de policía es el siguiente: 1) El Director General tendrá una permanencia de cinco (5) años en el cargo y concluido este período pasará a retiro, el nuevo Director General recibirá el cargo en acto solemne”.
El mismo artículo 88 de la Ley 228 provee “excepciones” en lo relacionado al periodo de subdirectores e inspectores generales de la Policía, que al terminar los cinco años establecidos por la ley pueden ser prorrogados. Lo mismo ocurre con los directores de órganos especiales, jefes de divisiones y jefes de delegaciones departamentales y distritales, cuyos cargos podrían prorrogarse hasta dos veces.
Artículo 99 de la misma ley faculta a la Policía Nacional a extender el periodo de comisionados cuando éstos no han alcanzado la edad en retiro, pero establece que esas extensiones son aprobadas por la directora general de la Policía.
Para el analista Félix Maradiaga, quien trabajó como asesor en temas de defensa durante la Administración de Enrique Bolaños, el presidente Ortega no tiene la facultad de prorrogar el periodo de Granera. “El presidente, según la Constitución, no tiene facultad de legislar por decreto. Él lo que podría reformar son instrumentos jurídicos de menor jerarquía como decretos de rango ministerial u órdenes de rango institucional como las órdenes del Ejército. Los decretos que el presidente puede emitir deben estar en función de los artículos vigentes de la ley. Si el presidente quiere extender el periodo, en este caso de la Policía, tendría que hacerlo por vía legislativa, sino estaría involucrando a Aminta Granera en un ilícito de la misma jerarquía del ilícito de los magistrados que están usurpando sus cargos”, explica Maradiaga.
El decreto 24-2009
Sin embargo, algunos expertos aseguran que el presidente puede respaldar su anuncio en el decreto ejecutivo 24-2009 que él mismo emitió en diciembre de 2009. Con ese decreto, publicado en La Gaceta el 30 de diciembre, el presidente reformaba las normativas de la Policía que establecen las prórrogas a los cargos de oficiales y mandos altos de la PN, abriendo con ello una brecha de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones sobre prórrogas de mandos que al mandatario le interesen que sigan en la Policía.
El decreto presidencial establece que “cuando no se formalice la solicitud de jubilación (de un oficial), el tiempo de permanencia se prorrogará hasta 30 años para el escalafón ejecutivo, y hasta 35 años para el de oficiales hasta el grado de comisionado mayor, mientras que para los oficiales generales, el tiempo de servicio podrá prorrogarse hasta más de 35 años”. El decreto también permite que el director de la Policía Nacional pueda prorrogar en su cargo a oficiales que cumplieron la edad de ser jubilados.
“El presidente Ortega en su decreto deja abierta la posibilidad para extender los periodos, sin embargo la ley misma deja claro que esa posibilidad no está abierta para la directora general. Ella no puede aceptar una extensión sin convertirse en cómplice de la violación de la ley. Después de cinco años su nombramiento ha expirado, por lo que jurídicamente es una ciudadana privada que no puede estar obligada a acatar una orden, en este caso del Presidente”, argumenta Maradiaga.
El diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, asegura que las disposiciones establecidas en el decreto de Ortega “no son materia que esté bajo la esfera de la competencia del presidente de la República, como argumentamos en su momento”, por lo tanto, “el presidente no tiene la competencia para dictar ese decreto, es ilegal, inconstitucional y por consiguiente los dispuesto en él es nulo”.
Para el analista Maradiaga, la lógica de Ortega con el anuncio hecho el 19 de julio está encaminada a darle legitimidad a la idea de reelección, dado que el mandatario aspira a repetir mandato a pesar de que la Constitución se lo prohíbe, lo que convierte en ilegítima su candidatura.
Legitimar la reelección
“Ortega, en un cálculo frío, parece que apuesta por fortalecer una opinión pública de aceptación del concepto de la reelección y la extensión de los cargos, como hizo con los magistrados. La apuesta está sobre la lógica de crear legitimidad a la noción de la reelección. Pero la ratificación de la primera comisionada es una movida arriesgada que lejos de ganarle puntos favorables dentro de la Policía le causa problemas, porque empieza a generar una rigidez en la pirámide organizacional de la PN: hay una buena cantidad de comisionados altamente profesionales con una carrera policial distinguida que en base a la ley deberían ascender, y al no retirar a la directora están generando un tapón en esa pirámide que se alimenta y se fortalece a través del ciclo de retiros que está normado por la ley”, explica Maradiaga.
Una opinión similar mantiene Claudia Pineda, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). Pineda asegura que si Granera acepta una prórroga en su mandato, estaría enviando el mismo mensaje de ilegalidad de los magistrados y funcionarios públicos que se arroparon en el controvertido ‘decretazo’ emitido por Ortega en enero de 2009.
“Al incluir a funcionarios que teníamos en alta estima a nivel de la sociedad, en esta misma ola de reelecciones, de prórrogas, (mostrando) que son funcionarios intocables, que son los únicos llamados para resolver los problemas del país, estamos avanzando por un camino equivocado”, dice Pineda.
Por lo tanto, el exembajador Mauricio Díaz asegura que de presentarse ese dilema “lo mínimo que Aminta Granera debería hacer es cumplir con lo que mandata la ley, no cumplir con la instrucción partidaria del Presidente de la República, porque esa instrucción lo que trata es de cooptarla a ella, convertirla en cómplice de acciones al margen de la ley, ella tendría que ser firme”.
Pallais: Granera no puede quedarse
¿Qué papel juega en este caso la Asamblea Nacional? El diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamente, deja entrever que la Asamblea prácticamente no se metería en esta difícil situación, dado la división entre las bancadas parlamentarias y la falta de una estrategia de oposición a lo interno del órgano legislativo para hacer frente a las arbitrariedades del Ejecutivo.
Pallais se conforma con afirmar que de prorrogar de hecho el periodo de Granera, Ortega estaría dándole una estocada más a la débil institucionalidad nicaragüense. La prórroga “es una cuestión que jurídicamente está en una nebulosa. La ley de la Policía Nacional establece cinco años como periodo para el Director General, pero no hay norma expresa que prohíba la reelección, sino que está limitada en cuanto a la obligatoriedad de las leyes”, explica Pallais.
“Para mí es claro que Granera no puede quedarse más tiempo”, agrega Pallais. “Lo contrario sería un retroceso democrático, porque posponer su periodo pone en riesgo la institucionalidad democrática. La renovación y el cambio son garantías de que nadie vaya a entronarse en posición de poder”, dice el diputado.
Comentarios
La mención de Granera solo es un juego de pantalla. Eso hace reaccionar a los Comisione¡ados que hacen fila por el cargo y le da posibilidad a Ortega de negociar sumision y obediencia con aquel que le prometa y demuestre mas fidelidad que la de doña Aminta. No va a re elegir a Doma Aminta.