A un lado del kilómetro 21 de la Carretera Nueva a León, cerca del municipio de Mateare, el paisajes de llanuras verdes que domina la zona es interrumpido por pequeñas casas mal construidas con plásticos negros, ramas y mantas publicitarias que apenas permiten cubrir del sol y la lluvia a sus habitantes. El nuevo asentamiento se extiende por unas 20 manzanas, todas de propiedad privada. Se trata de un nuevo caso de toma de tierras, pero con la particularidad de que en estos terrenos los invasores han bautizado a su nueva comunidad con el nombre de Rosario Murillo, la primera dama de la República, en un claro guiño en busca de impunidad.

“Bienvenidos a la comunidad Rosario Murillo”, reza el rótulo a la entrada del caserío, que está pintado con letras de colores e ilustrado con el rostro de la primera dama. La comunidad no es más que un asentamiento hecho a la carrera en una zona de ricas tierras fértiles. De hecho, la comunidad –así la llaman sus habitantes– está rodeada de tierras productivas, con cultivos de sorgo, maíz y terrenos destinados a la ganadería. Algunos de los habitantes de la “Rosario Murillo” utilizan parte de las tierras para el cultivo, y hasta han conformado una cooperativa agropecuaria que han nombrado “Paula Campos” en honor a una joven que murió en la lucha guerrillera contra la dinastía de los Somoza. La zona también ha atraído a empresas constructoras e inmobiliarias: nuevas residenciales están siendo construidas a lo largo de la Carretera Nueva a León.

La mayoría de los habitantes de esta nueva barriada dicen ser desmovilizados de la Contra, ex miembros del Ejército, madres de caídos en la guerra de los ochenta y ex policías; aunque también hay “sin techo” que han llegado desde Mateare, Ciudad Sandino y la más alejada Managua. Unas 700 familias aproximadamente, según los cálculos dados por quienes se han autonombrado líderes de la “comunidad”, y que se debaten en pugnas internas por el control de los terrenos y por ejercer su liderazgo. A pesar de esas pugnas, en lo que todos concuerdan es en ser “sandinistas”, fieles seguidores del presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo, a quienes les piden que legalicen los terrenos, que miden 14x45 varas2 cada uno y que en algunos casos hasta ya han sido vendidos por los primeros invasores.

Un cacique toma tierras

La comunidad Rosario Murillo surgió repentinamente la mañana del 9 de septiembre de 2009 cuando un grupo de habitantes de las comunidades cercanas decidieron invadir la tierra que pertenece a la financiera Finarca, de capital canadiense. Aquella mañana, los invasores comenzaron a apropiarse de los terrenos, que, dicen ahora, pensaban que eran del Estado. Y por ser del Estado, razonan, tenían derecho a invadir. Los vecinos hasta mencionan los acuerdos de desmovilización de inicios de 90, que pusieron fin a la guerra civil, y los adaptan a su realidad:

“Decidimos entrar por el compromiso del gobierno en el noventa. Dijeron que la tierra del Estado debería ser distribuida entre los desmovilizados de la Resistencia y el Ejército”. Lo explica Alfonso Campos, el líder de los vecinos de la Rosario Murillo a quien le ha sido aplicada la pena de casa por cárcel, al ser denunciado por usurpación al dominio privado. Acusación que interpuso Finarca. De hecho, la semana pasada Campos debía enfrentar su proceso penal, pero el juez que lleva la causa lo suspendió y programó para el 21 de julio. Campos asegura que es “inocente”, y a sus 71 años dice que es una suerte de Robin Hood nicaragüense, cuyo trabajo es “luchar por los pobres, por los que no tienen nada”.

No fue posible entrevistar a ejecutivos de Finarca para este reportaje. En la sede de la financiera dijeron que el tema era “muy delicado” y que está en manos de sus abogados. En la información disponible en el sitio web de Finarca se lee que el terreno donde ahora se levanta el caserío Rosario Murillo está entre los bienes en venta de la financiera, bajo el registro No. 00-3823/07 y con el título de “Terreno Urbanizable”. El precio de venta es de 753 mil dólares, unos 17 millones de córdobas, aproximadamente. Finarca intenta atraer compradores con esta descripción: “Terreno paralelo a la carretera nueva a León, zona urbana de Mateare con uso potencial para urbanizar, lotificar o bien con construcción de zona franca. Ubicado a 2 km. del casco urbano de Mateare, servicios públicos disponibles, con valor de mercado alto”.

Para Alfonso Campos, sin embargo, el terreno ya tiene dueño. “Los que anduvimos volando tiros salimos sin nada, mientras que otros se quedaron con todo”, dice Campos, quien asegura que fue combatiente de la guerrilla contra la dictadura somocista y ex miembro del Ejército, del que salió con rango de subteniente en 1989. Su hija murió “en la lucha” y en honor a ella, Paula Campos, accedió a bautizar la cooperativa agropecuaria creada en las tierras invadidas. Alfonso Campos, un hombre enérgico a pesar de su edad y su estatura, asegura que él no tiene ni un terreno en la Rosario Murillo, pero en cambio benefició a sus cuatro hijos, quienes han levantado sus casitas cubiertas de plástico negro en las mejores zonas del nuevo caserío, las que dan hacía la nítida Carretera Nueva a León.

Campos asegura que él ha buscado en el Registro Público terrenos baldíos que podrían ser invadidos para “ayudar” a los “compañeros”, la palabra que el utiliza para referirse no sólo a sus ex compañeros de lucha, sino a todo quien se le acerca. “Sabemos que no tenemos que andar invadiendo propiedades”, dice Campos, “yo no he andado en busca de terrenos, sino solucionando los problemas que los compañeros tienen”, agrega.

Campos es una especie de cacique benevolente que entrega tierra ajena a quien él cree que la merece. Y en la tierra que él ha entregado el comportamiento de la gente debe ser el que él ordena: desde un principio hizo pública su decisión que en la comunidad Rosario Murillo no quería hombres tatuados.

Miseria e impunidad

Lo que sí hay en esta comunidad es miseria. Mucha miseria. E impunidad: la pobreza utilizada como gancho para justificar las invasiones de propiedades privadas, tan comunes en este gobierno a pesar del discurso oficial. De hecho, los vecinos de esta nueva comunidad usan ese discurso oficial, ese que canta loas a los “pobres del mundo”, para afirmar que tienen derecho a invadir y apoderarse de un terreno que no les pertenece. El Gobierno los apoya, aseguran. Aquí viven, han traído consigo la miseria que no dejaron en los lugares donde habitaban, cargando con la indiferencia y manipulados por sus líderes.

Aquí viven. Viven en unas chozas, dizque casas, hechas con varas quebradizas mal cubiertas con plásticos negros, con láminas oxidadas en algunos casos, mantas de esas que ase usan para anuncios publicitarios, periódicos viejos y alambres oxidados y mecates que usan para dividir sus pequeños terrenos. Se defienden como pueden del sol aplastante del mediodía y la lluvia torrencial del invierno nicaragüense.

Aquí viven. Entre caminos que han sido abiertos a la carrera, arrancando árboles y el follaje; entre charcos y barro; entre zancudos y mosquitos y un verdadero ejército de moscas que no respetan ni la fuerza de los rabos de los perros que vagabundean por el caserío. Viven aquí: sin agua, sin luz eléctrica y compartiendo letrinas.

Aquí vive Reina Pérez, de 28 años, con sus dos hijos pequeños: José Ángel, de 3 años, y Gabriel, de 2.  Pérez, una mujer bajita y regordeta que esta mañana suda copiosamente y se aparta con las manos los mosquitos impertinentes que zumban en su rostro, asegura que ya tiene un año de vivir aquí y que a pesar de eso no tiene “una respuesta del Gobierno”. Nadie, dice, ha venido a ayudarlos: ni los CPC, ni el secretario político del FSLN de Mateare y muchos menos la primera dama, Rosario Murillo, cuyo nombre lleva la comunidad. De hecho, es a ella a quien Reina Pérez eleva sus plegarias.

“La primera dama es una mujer luchadora”, dice, “así somos las mujeres de aquí, todas echamos pa’lante”, asegura. Pérez le pide a la pareja presidencial que legalice los terrenos a nombre de los invasores, que les lleven los servicios básicos, que construya letrinas y que edifique una escuela decente para los niños de la comunidad, la mayoría de los cuales no está yendo a clases porque la escuela que montaron los vecinos no tiene ni pupitres ni maestros.

Aceptemos que esta es una escuela. Si hay o hubo niños estudiando en ella, debe serlo. Esta “escuela” es una construcción de varas de madera forradas con plásticos negros que funcionan como muros. Los plásticos están agujereados por todos lados. Y qué bien que el viento ha abierto esos agujeros, porque si no daría la impresión de un inmenso ataúd amortajado. La escuela, aseguran los vecinos, lleva el nombre de Daniel Ortega Saavedra, el presidente de la República.

Ver esta “escuela” causa indignación. Para los extraños que visitan esta mañana la comunidad y para los mismos vecinos, que, a pesar de la miseria en la que siempre han vivido, no se acostumbran a que sus hijos tengan que estudiar en esas condiciones: un rancho cubierto de plástico, de suelo polvoso y sin pupitres. Por eso, muchos decidieron a no mandar más a sus hijos a la escuela. Por eso y porque no hay maestros: los bachilleres voluntarios que llegaron a hacer sus prácticas no volvieron jamás por las condiciones de esta “escuela”.

Y los chavalos corretean libres por la barriada. No tienen nada que hacer. O tienen mucho que hacer. Como el pequeño Jonathan, que a sus cinco años recorre solo el caserío, calzado con unas viejas chinelas de hule y cargando una bandeja de plástico sobre la cabeza, canturreando con su dulce voz infantil “¡las cajetas, las cajetas!” Los jóvenes tampoco tienen qué hacer, sin escuelas, sin trabajo. Están ahí en las esquinas bromeando o liándose a machete limpio por una broma banal, bebiendo licor y, en el caso de dos jóvenes que platicaban muy juntos en una esquina, comparando las navajas y puñales qué quién sabe qué uso tendrán.

Pugnas por quién manda más

De esa realidad se aprovechan quienes se han proclamado líderes de la comunidad “Rosario Murillo”. Entre esos líderes está Alba Rosa Amador, vicepresidenta de la cooperativa agropecuaria y en pugna abierta con Marcia Campos, hija de Alfonso Campos, el cacique que se enfrenta a juicio por invadir terreno privado.

Lo común entre ambos es el ser “sandinista” y leales al comandante. Después de eso, las diferencias están encarnizadas. De ambos lados se acusan de aprovecharse y hacer negocios con los terrenos. De ambos lados se acusa de impedir “proyectos sociales” como el alumbrado eléctrico. De ambos lados se señalan de pedir “cooperación” a los vecinos para beneficios propios. ¿Quién tiene la razón? Ambos grupos dicen tenerla.

Alba Rosa Amador es una mujer morena y fuerte, de estatura media y que pide que por favor las fotos se las tomen del pecho para arriba, porque pena le da su vientre abultado. Amador dice que su trabajo es a favor de la comunidad. Que se ha movilizado para ayudar a los vecinos de la “Rosario Murillo”. Ella ha tocado las puertas de la Procuraduría y afirma que el mismo procurador Hernán Estrada llegó hasta aquí y prometió que “nadie” los iba a desalojar. Amador también enseña las cartas que ha enviado a la primera dama y de las que hasta ahora no ha recibido respuesta. Hasta ha pedido ayuda al cardenal Miguel Obando, pero su eminencia no ha atendido el llamado, dice.

“Le hago un llamado a la compañera Rosario Murillo: estamos esperando una respuesta de ella. Por ella le pusimos Rosario Murillo a esta comunidad. Tengo la esperanza de que como mujer nos ayude a todas las mujeres que vivimos en esta comunidad”, dice Amador. Y le lanza una advertencia al gobierno: “Acuérdese que son 700 votos, comandante Daniel Ortega”.

Confidencial intentó contactar a la rival de Alba, Marcia Campos, pero en nuestras visitas a la comunidad Rosario Murillo no fue posible localizarla. Su madre, Ángela, dijo en dos ocasiones que su hija estaba en Managua haciendo gestiones para la legalización de los terrenos.