Dos encuestas recientes efectuadas para conocer el estado de la pobreza en el país, mostraron que ese flagelo es más persistente de lo esperado y que erradicarlo requerirá esfuerzos significativamente mayores y mejor coordinados que los realizados hasta ahora.
En el primer caso, la Encuesta de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida (EMNV 2009), levantada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, (INIDE), muestra que la pobreza general retrocedió 5.8 puntos porcentuales entre el 2005 y el 2009, al pasar del 48.3% al 42.5% entre un ejercicio estadístico y el otro.
Esos porcentajes implican que el número de personas viviendo en situación de pobreza –esto es, que no pudieron consumir más C$11,725.09 en todo el 2009- cayó desde los 2.63 millones de seres en el 2005, hasta los 2.47 millones en el 2009, para una diferencia de 160,952 personas que habrían pasado a considerarse ‘no pobres’ a partir de ese momento.
Del mismo modo, la pobreza extrema habría pasado de afectar al 17.2% de los habitantes en el 2005, a ‘sólo’ el 14.6% en el 2009, lo que representaría una baja de 2.6 puntos porcentuales. Medido en número de personas, el indicador muestra que 88,404 individuos superó la línea de pobreza extrema, definida por un consumo anual per cápita menor a C$6,903.08 en el 2009.
La otra encuesta fue preparada por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), en el 2010, y muestra una reducción muy leve, tanto de la pobreza como de la pobreza extrema.
En el primer caso, la comparación de la encuesta 2010 con la del 2009 -elaborada por ellos mismos visitando prácticamente los mismos hogares en ambos ejercicios- indica que el nivel de la pobreza general descendió dos décimas de punto porcentual, al pasar del 44.7% en el 2009, al 44.5% en el 2010.
Contrastando esos datos contra los estimados de población de ambos años, usando las proyecciones del INIDE, se obtiene que ese 0.2% de diferencia (que está dentro del margen de error de la encuesta, calculado en ±2.4%) implicaría que, en realidad, ahora hay 21,032 pobres más que antes.
En efecto, el 44.7% de la población en situación de pobreza en el 2009, sumaba 2,599,528 personas, mientras que el 44.5% de la población del 2010 suma 2,620,560 personas.
Donde sí habría una mejoría que celebrar es en el índice de la pobreza extrema, de la que habrían escapado un total de 34,103 personas, según la encuesta del FIDEG, resultado de restar los 564,104 habitantes que vivían en situación paupérrima en el 2009, versus los todavía injustificables 530,001 individuos que seguían en esa condición en el 2010.
Esfuerzo inconexos
Aunque los porcentajes ofrecidos por las dos encuestas no son comparables por efectos metodológicos, las tendencias que muestran sí lo son, y conforman una ‘fotografía’ llena de información, de cuyo análisis se pueden sacar lecciones acerca de las decisiones apropiadas que se han implementado, pero también de lo que se ha hecho mal.
El economista Alejandro Arauz, presidente de A. Arauz Consulting and Associates, S.A., encuentra una importante coincidencia entre ambas encuestas: un vacío en la complementariedad de las políticas aplicadas para tratar de reducir la incidencia de la pobreza.
Al analizar los resultados de ambas, “infiero los graves problemas y vacíos que tienen las políticas de reducción de la pobreza que aplica el país, en particular la falta de articulación entre instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil”.
Quizás una de las razones para explicar esa ‘falta de coordinación’, sea la posición del gobierno, cuya tesis supone que son los únicos capaces e indicados para tutelar la lucha contra la pobreza, pero la realidad es que ésta “tiene un enfoque multisectorial y multidimensional”, dijo Aráuz.
Eso explicaría, al menos en parte, los magros resultados de ambas encuestas, que en el caso de la del INIDE “muestra una reducción muy pobre en 4 años. La del FIDEG también, aunque al ser de un solo año es muy particular, y cae en el margen de error. Podría decirse que no hubo reducción, o que es mínima, igual que en la del INIDE”, añadió.
Para Aráuz, eso es prueba de que “los programas de este gobierno lo que han hecho es ‘medio contener’ la pobreza. La falta de articulación de las políticas conlleva a que el uso de los recursos no sea eficiente ni eficaz en materia de reducción de pobreza”.
Citó como ejemplo que “en el sector rural hay más de 230,000 pequeños productores que desarrollan su actividad en menos de 50 manzanas, y muchos de ellos no tienen acceso a agua, comunicación, carreteras, escuelas y atención médica”.
Por eso, llevarles un programa como Hambre Cero, sin asegurarse que la familia beneficiaria sepa leer, tenga acceso a los servicios básicos mencionados, y sin buscar la sostenibilidad de la inversión, resulte en que “todo lo que les des prácticamente serán recursos perdidos, y eso pasa en la mayoría de los programas de todos los gobiernos, y es también el enfoque que tienen los organismos internacionales”, lamentó.
Escasa sostenibilidad
A pesar de las críticas que se le puedan hacer, ambas encuestas apuntan a que unos pocos ciudadanos (161,000 en el más optimista de los casos, y -21,000 en el más pesimista de los escenarios), mejoró su condición de vida… aunque sea un poco, de donde derivan dos preguntas: ¿cómo ocurrió?, pero además, ¿es sostenible?
Saber el cómo es una pregunta con muchas respuestas posibles, varias de las cuales llevan hacia nuevas preguntas.
A juicio de Alejandro Martínez Cuenca, Presidente del FIDEG, una de las explicaciones es que “siguió mejorando el bienestar medido por el consumo, principalmente en las áreas rurales”, lo que permitió que “la incidencia y profundidad de la pobreza general disminuyera respecto al año anterior”.
¿De verdad creció el consumo? ¿Cómo?
Según los resultados de esta encuesta, el 8.8% de los hogares que reportaron una ‘transición positiva’, lo atribuyeron a que fueron beneficiados por un programa de asistencia de un ONG, iglesia o similar; 16.3% dijo haber recibido mayores remesas, y 23.7% que se benefició de algún programa asistencialista del gobierno.
Un grupo importante de ellos –el 85%- obtuvo una mejora en su ingreso vía salario, negocio o finca, lo que contradice estadísticas oficiales del Banco Central, según las cuales entre enero y diciembre del 2010, el salario nominal promedio de todo el país, apenas creció 2.1%, al pasar de C$6,191.0 a C$6,319.7.
Medido en términos reales, el promedio nacional más bien disminuyó en el 2010, al pasar de C$1,528 en enero del año pasado, a C$1,504.2 en diciembre de ese mismo periodo, todo medido en córdobas constantes de 1994.
¿Cómo entonces es que las familias pudieron reportar un alza en sus ingresos?
La respuesta está más allá de las fronteras territoriales del país, y se explica por el alza en los precios de los productos de exportación, que ha generado mayores ingresos a los trabajadores rurales, principalmente, aunque también a los de las empresas urbanas que procesan o exportan esa producción.
Al presentar los datos de la encuesta, Enrique Alaniz, Director de Investigaciones del FIDEG, admitió que esos mayores ingresos se explican en realidad por los altos precios de los productos de exportación, con lo que, “si los precios caen, o la economía no crece lo suficiente para absorber a los nuevos integrantes de la PEA, hay dudas que esas mejoras puedan sostenerse a mediano plazo”.
Similar preocupación exhibe Adelmo Sandino, Investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), cuando se pregunta ¿qué pasa si hay una recesión mundial y caen las exportaciones, que es el factor que tanto ha incidido en la reducción de la pobreza? La gente es muy vulnerable a volver a caer en la pobreza, y no es imposible que eso pueda ocurrir”, señaló.
De hecho, las tres razones principales por las que algunos hogares reportaron una ‘transición negativa’ son la disminución del ingreso (20.3%), la mala cosecha, (37.5%) y la pérdida del empleo, con 42.2%, lo que refuerza la tesis de la volatilidad de esta mejora.
Estudiantes ayer, empleados hoy… pobres para siempre
Además de la escasa sostenibilidad, la encuesta misma revela el alto costo social que hubo que pagar para alcanzar ese crecimiento de dos décimas (o de 5.8 puntos porcentuales, según el documento que se lea), en término de la población joven que tuvo que abandonar los estudios para comenzar a generar ingresos a su familia.
El economista Adolfo Acevedo cree que si hubo un crecimiento en la PEA, éste ocurrió “por la incorporación de la Población Económicamente Inactiva, lo que implicaría que decenas de miles de estudiantes dejaran la escuela de manera prematura, para incorporarse al mercado de trabajo”.
Los datos parecen corroborar la advertencia que hace el economista, toda vez que hay una disminución en las tasas netas de matrícula en la secundaria, que pasa de 51.4% en el 2009, a 49.7% en el 2010, fenómeno que se explica por una caída en la matrícula rural (pasa de 33.1% a 31.8%) y la femenina, que cae 5.2 puntos porcentuales, al pasar del 59.7% en el 2009, al 54.5% en el 2010.
El temor de Acevedo es que decenas de miles de jóvenes dejen de estudiar, o que decenas de miles de mujeres de los hogares de menores ingresos con bajísima calificación, se incorporen a la fuerza de trabajo, con lo que se asegurarían tener un empleo precario en el presente, y con mucha seguridad, seguir así toda la vida.
“En el caso de los estudiantes, que dejen de estudiar aún más masivamente, sin haber alcanzado siquiera el umbral mínimo de escolaridad requerido, implica que solo podrían encontrar, el resto de su vida adulta, predominantemente empleos precarios e informales, que es exactamente lo que les ocurre a decenas de miles de jóvenes de hogares pobres que cada año dejan de estudiar de manera prematura”, señaló.
Incorporar a cientos de miles de mujeres con muy baja calificación al mercado laboral, significa que sólo podrían tener acceso a empleos precarios e informales, “y eso fue lo que ocurrió en 2010”, señaló.
Recordó que el año pasado “la PEA creció en un impresionante 8.9%, (222,300 personas), principalmente porque hubo una masiva incorporación de la PEI al mercado laboral. La PEI contribuyó con 151,400 personas al incremento de la PEA, además de otros 70,900 jóvenes que arribaron a la edad de trabajar y también se incorporaron a la PEA”, detalló.