Veintiún instituciones del Estado guardaron silencio ante una petición hecha por el Semanario Confidencial, que requería la lista de asesores y consultores de cada una de ellas, así como los contratos publicitarios firmados, todo ello de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, (LAIP).
Sólo dos de las 21 instituciones requeridas dieron algún tipo de respuesta: el Ministerio Agropecuario y Forestal, (MAGFOR), que recomendó “por orientación del ministro Ariel Bucardo”, buscar la información solicitada en el portal Nicaragua Compra, y el Banco Central de Nicaragua, (BCN), que se aferró a una designación inexacta, para pedir que la solicitud sea presentada de nuevo.
La oficina de acceso a la información pública del Banco Central esperó hasta el último momento posible para dar esa respuesta.
Para Denis Darce Solís, Director de Proyectos y Capacitación, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, (CPDH), la respuesta del BCN no es más que “un mecanismo burocrático para negar la información”.
Culto al secretismo
Al analizar la respuesta de las 21 instituciones como un todo, Darce opina que “lo que se quiere manejar es la secretividad. No darle al ciudadano las herramientas, conocimientos e información para ejercer una participación ciudadana activa, a pesar que eso está en la Ley. Las instituciones de gobierno no están abiertas para que los ciudadanos podamos fiscalizar, hacer críticas constructivas como dice la Constitución”, señaló.
Guillermo Medrano, Coordinador del Proyecto de Acceso a la Información Pública para el Fortalecimiento de la Democracia y la Gobernabilidad, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, observa un “irrespeto reiterado hacia la LAIP”.
Medrano añade que tal vez los funcionarios no se dan cuenta que al no ofrecer la información que se les requiere, están “incumpliendo lo reglamentado por este mismo presidente, mediante el acuerdo ministerial 81-2007, así como por el 117-2007, por medio del cual ordena crear las oficinas de acceso a la información pública, y que cumplan con la ley”.
En realidad, razonó, “no se puede pedir peras al olmo: los funcionarios menores violentan las leyes ordinarias, del mismo modo en que su jefe violenta la Carta Magna”.
Para Roberto Courtney, Director Ejecutivo de Etica y Transparencia, la respuesta de las 21 instituciones al requerimiento de Confidencial, “es un estudio a fondo sobre la situación de la LAIP en Nicaragua. En este gobierno, perdés tu tiempo de forma absoluta al solicitar información que debería ser accesible”, sentenció.
No hay ley que valga
Con su negativa –y siendo que ninguna solicitó prórroga como se los permite la Ley- los funcionarios que eligieron no contestar violentaron dos artículos de la Constitución, (el 66 y el 133), que tutelan el derecho de los ciudadanos a buscar y a recibir información.
Del mismo modo, obviaron el artículo 1 de la LAIP, que define que ésta “tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas”.
Por su parte, el Informe de Relatoría de la OEA del año 2010, al presentar la Declaración Conjunta “Diez desafíos claves para la Libertad de Expresión en la próxima década”, cita que “durante los últimos diez años, el derecho de acceso a la información ha sido reconocido ampliamente como un derecho humano básico, incluso por los tribunales regionales de derechos humanos y otros organismos autorizados”.
No obstante, reconoce que “aún subsisten importantes desafíos. Las cuestiones que nos preocupan particularmente son… las leyes deficientes que se encuentran vigentes en numerosos Estados… el enorme desafío que supone la implementación práctica del derecho a la información, y… el hecho que muchas organizaciones intergubernamentales no han hecho efectivo el acceso a la información que poseen, en tanto organismos públicos”.
Courtney, de Etica y Transparencia, fue más allá, y recordó que “desde nuestros primeros informes, al inicio de la administración Ortega incluíamos un dato sobre el cumplimiento de sus promesas electorales. Desde temprano se mostró que este gobierno se manejaría con poca transparencia”.
El funcionario también recordó el Informe Mundial de Corrupción, Indice en el que Nicaragua no logra mejorar significativamente. “Estamos en el mismo estancamiento por 15 años, con una pobre valoración para nosotros (el país). E&T hace su valoración de por qué es que salimos así de mal”, añadió.
Incumplimiento ya es “normal”
Guillermo Medrano, Coordinador de Proyecto de la Fundación Violeta Barrios, recordó que la Ley está vigente desde el 22 junio del 2007, pero “durante todo este gobierno, la tónica es el silencio administrativo, a tal punto que ya se ve ‘normal’ el incumplimiento reiterado” de esa ley.
Medrano también descartó que las instituciones necesitaran de más tiempo para satisfacer el requerimiento, pues “las autoridades deben dar respuesta en 15 días”, y tienen derecho a pedir prorroga al ciudadano, pero como ninguna lo hizo, “cayeron en incumplimiento”.
Ante el mutis de las instituciones del Estado, mencionó que “la Ley dice que hay que ir a la oficina de coordinación de acceso a la información pública de cada institución, que es la segunda instancia, pero sólo una institución la tiene. Con esto se agota la vía administrativa”.
El siguiente paso es “la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde lo más seguro es que duerma el sueño de los justos. Es lo que siempre sucede con los ciudadanos a los que hemos acompañado”, aclaró.
En ese sentido, Courtney relató como “la sociedad civil solicitó al CSE, desestimada por el mismo Consejo, los resultados electorales completos del 2008, junta por junta. La respuesta fue el silencio administrativo. La Corte Suprema respondió que ‘como el CSE no dijo nada, ellos tampoco tenían nada que declarar. La sociedad civil apeló, pero no pasó nada”, señaló.
Para Medrano, la explicación es sencilla: “No le temen a las sanciones. El artículo 47 determina multas de 1 a 6 meses al servidor público que deniegue sin causa justa la información que se le solicite”, reclamó considerando que no se sabe de funcionario alguno que haya sufrido esa sanción, a pesar de las reiteradas negativas injustificadas que reciben los ciudadanos.
El proyecto que dirige este funcionario de la Fundación Violeta Barrios, observa que “a más instituciones, menos información”, siendo que en 2008, 37 de 51 instituciones tenían creada la oficina LAIP y su página web, pero en la práctica es poco lo que se obtiene de ellas.
Los ciudadanos y las instituciones reciben como respuesta, “que no te den la información, silencio administrativo o te ignoran. En el caso de Confidencial, debieron entregarla, negarla por escrito, o guardar silencio”, detalló.
Courtney opina que “esa información no te la hubiera dado nunca, ningún gobierno. LAIP no ha servido para nada. Ley era para aumentar transparencia, pero solo aumenta la sensación de que no sirve para nada.
Denis Darce, de la CPDH, explica que las entidades públicas “deben tener toda esa información accesible de oficio: cotizaciones, licitaciones, contratos, montos, funcionarios, salarios, etc.”.
“A pesar que la LAIP fue aprobada al inicio de este gobierno, el acceso a la información se ha reducido. En el 2006 y al inicio del 2007, podíamos encontrar información en las páginas de las instituciones, aunque sea del año anterior, ahora ni eso, excepto Hacienda y el Banco Central, aunque no cumplen todo lo establecido en la Ley. No aparecen contrataciones de empleados temporales y permanentes, sino solo aquella info referida a su razón de ser”, valoró.
Del mismo modo, recuerda cómo la Corte Suprema de Justicia redactó la memoria 2008, la imprimió, pero no la puso en línea.
Para evitar que las instituciones se excusen por la falta de recursos para echar a emplear Hacer llamado a diputados, porque su responsabilidad no es solo aprobar y publicar la ley, sino que en el PGR esté claramente establecido cómo ejecutar la Ley, pero no les asignaron nuevos recursos para cumplirlas.
Lo que el público tiene derecho a saber
*¿Por qué ocultan contratos de asesores y publicidad?
En una carta fechada el 5 de abril, y entregada entre el 6 y el 7 del mismo mes, este redactor dirigió correspondencia a 21 instituciones del Estado, para pedirles varias informaciones, comenzando con su lista de asesores y/o consultores del Ministerio, que mantienen una relación vigente de trabajo en el período que se inició el 1 de enero 2011, especificando la fecha de contratación, pidiendo una copia de sus contratos, el salario que devengan y el área del conocimiento en que prestan su asesoría.
La petición se complementa con la “lista de los contratos publicitarios firmados desde el 1 de enero del 2011 hasta la presente fecha, detallando el nombre del medio, periodista y/o agencia publicitaria con que fue celebrado; el monto del contrato y su periodo de vigencia; el objetivo, campaña o mensaje a difundir, así como una copia del contrato”.
También el presupuesto disponible en la institución para contratar publicidad en el 2011: los fondos externos asignados para contratar publicidad en el 2011; así como la lista de los contratos publicitarios firmados y ejecutados en el 2010, detallando nombre del medio, periodista y/o agencia publicitaria con que fue celebrado; monto del contrato y periodo de vigencia, objetivo, campaña o mensaje difundido, y una copia del contrato.
Las instituciones que estánviolando la Ley
Sólo el MAGFOR y BCN, respondieron a
medias, sin brindar información
Las instituciones requeridas fueron las siguientes:
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, (MIFIC)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (MHCP)
Dirección General de Ingresos, (DGI)
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, (INSS)
Banco Central de Nicaragua, (BCN)
Presidencia de la República.
Corte Suprema de Justicia, (CSJ)
Consejo Supremo Electoral, (CSE)
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)
Ministerio de Energía y Minas, (MEM)
Dirección General de Servicios Aduaneros, (DGA).
Fondo de Inversión Social de Emergencia, (FISE)
Asamblea Nacional
Contraloría General de la República, (CGR)
Ministerio de Salud, (MINSA)
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, (INTA).
Alcaldía de Managua, (ALMA)
Empresa Nicaragüense de Energía Eléctrica, (ENEL).
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, (MARENA)
Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, (EAAI)
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, (ENACAL)
Comentarios
Desde cuando hacen criticas constructivas quienes adversan al Gob. sandinistas? R=Nunca. Siempre lo estan criticando todo de forma destructiva incluyendo las obras sociales q inpulsa este gobierno a favor de la mayoria q fueron enpobrecidos a mas no poder por los gobernantes proUSA. Que tiene de Etico t Transparente estos/as transfugas q solo el membrete tienen pero son mas antieticos y turbulentos q mandados/as hacer. y asi defilan todos estos oscuros individuo q tanto q hablan de democracia y al igual q los gobernantes gringos son los promeros en violarlas ultrajarla y todas las demas formas negativas q les siguen! Si es el q trabaja para la fundacion Violeta Barrios de Chamorro. Cuanto dinero reciben a cambio del vil acto tan servil de condonarle a los gringos terroristas y ladrones los mas 17 mil millones de dolares? Y asi defilan el resto de fundaciones, MpN, CC, y cuantos ONG se inventan para estar recibiendo dinero por estar satanizado a los sandinista. Acaso la libertad de expresion esta solo condicionada a la forma de pensar de teterminado medio? Porq por lo general LP,END y una q otra vez Confidencial violan la libertad de expresion de los samdinistas o simpatisante sandinista. Para eso es preferible no poner los comentarios a favor o en contra del Gob. sandinista.
El dia que el gobierno demuestre con sus actos que este articulo esta equivocado... Ese dia yo estoy seguro que Ivan y Fernando se retractaran, pero cuando pasara eso? ah!! ya se. NUNCA!!!!!
NO HAY MENTIRA O ENGAÑO MAS DESCARADO QUE EL QUE LE ESTA HACIENDO ESTE GOBIERNO A PROPIA GENTE
Desde hace años he dicho esto, no existen datos y los producidos, son del patrimonio del partido en el poder (CSE, Oficina de censo). La información que se produce de datos de población, infraestructura, debe de ser de dominio publico especialmente para la comunidad científica. Eso es una aberración a la ciencia no saber cuanto somos, con que espacio contamos para poder definir mas claramente las políticas públicas. La frontera agricola como se podría estabilizar si ni datos existen. Y los que existen son proyecciones. Pero el estado, desde que es una nación ha utilizado la información para adelantar al partido en el poder. Olvidándonos todos del derecho publico que nos confiere y asiste como ciudadanos la ley en cualquier lugar del planeta.
Pero mas importante aun es como el profesional ejerce a ciegas sin datos sólidos disponibles con las manos. El estado esta en la obligacion de rendir cuenta a los cuidadanos no a un grupo de personas como que el estado es una cuestion de la cosa nostra.
Aqui estamos ya en un estado canibal no hay derecho ni educacion.
Ahora el estado utiliza la información para manipular la verdad, pero necesita medios creíbles que los escuchen. Escondiendo los datos o no implementando un censo nacional nos sitúa como nación ignorante, no pobre.
El plato de baba de la venta del Nuevo Diario dilato solo un dia. Que siga la fiesta!!! A propopsito, cuando sera que los "medios independientes" van a pedir disculpas por mentir de forma tan descarada? ah!! ya se. NUNCA!!!!!!