Después de guardar silencio durante tres semanas, tras la destitución de Walter Porras, las principales instituciones del Estado encargadas de velar por los recursos públicos – Presidencia, Asamblea Nacional, Contraloría, Fiscalía, Policía Nacional,-- finalmente reaccionaron tras la publicación del reportaje del “Walter-Gate” el lunes pasado en Confidencial.
El reportaje, publicado también en Esta Semana y El Nuevo Diario, se basa en los informes de la Dirección de Auxilio Judicial y la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional. La veracidad de ambos documentos fue reconocida por la propia Presidencia de la República y por la Policía Nacional, pero tampoco revelaron ningún detalle de su contenido.
Sin embargo, el miércoles pasado en el programa Esta Noche, el periodista Carlos Fernando Chamorro, le entregó una copia la diputada Miriam Argüello, presidenta de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, y anunció que estarían a disposición del público en el sitio web de Confidencial Digital.
La publicación del informe policial en el que se destapa la existencia de una red de corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos, motivó a la Contraloría General de la República a ordenar una investigación del caso, mientras el asesor presidencial, Bayardo Arce, admitía la existencia de las pesquisas y anunciaba su ampliación.
El asesor dijo a una representación del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), que la investigación seguiría su curso, pero que los resultados se harían públicos hasta que haya algo que dar a conocer, “para no alimentar morbos”.
En esa misma línea oficial, la Policía Nacional anunció que el Presidente le habría orientado que continuara investigando qué pasó en la DGI, y quiénes se lucraron con cuánto, aunque son ofrecer información alguna hasta que tengan conclusiones que entregar a las autoridades correspondientes, en este caso, la Contraloría.
Es precisamente esa institución la que correrá con la mayor parte del peso del proceso indagatorio, siendo que la Fiscalía no tomará acción alguna, a la espera del informe de la CGR.
¿Investigación o control de daños?
En una inusual nota de prensa emitida tarde en la noche del viernes pasado por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, “cumpliendo instrucciones de nuestro Presidente-Comandante Daniel”, se informa de manera escueta que el mandatario solicitó “formalmente a la Contraloría General de la República, entrar a auditar el traspaso de la Dirección General de Ingresos a su actual director, compañero Martín Rivas Ruiz”.
El anuncio oficial generó dudas sobre la autonomía y voluntad política de la Contraloría para investigar a fondo un caso de corrupción, en que aparece señalado el propio secretario de organización del FSLN, Lenín Cerna, quien opera desde la Presidencia de la República, que se encuentra enquistada en la secretaría del FSLN.
Una fuente vinculada al gobierno reveló la existencia de pugnas internas que se están librando dentro del gobierno de Ortega por cuotas de poder. “De un lado está el grupo de Lenín Cerna, y del otro el de Néstor Moncada Lau, ambos se disputan el favor de la pareja presidencial”, explicó.
Y aunque el informe policial señaló la presencia de Cerna en la red ilegal de extorsión que manejaba Walter Porras en la DGI, es improbable que la investigación vaya a llegar a fondo. “Estamos ante una gran operación de control de daños. Resulta impensable que la Contraloría o la misma Policía vaya a sacar conclusiones que incriminen a uno de los principales operadores políticos del Presidente”, advirtió la fuente.
Lo que dice la Contraloría
Lino Hernández, uno de los titulares de ese órgano colegiado, dijo a Confidencial que luego de tomar la decisión la mañana del jueves pasado, comenzó dentro de la institución un proceso que tomará unos diez días, para preparar al equipo técnico y la documentación necesaria para proceder a auditar a la DGI.
“Ahorita vamos a conformar un equipo con los mejores ‘tigres’ que tenemos, y ellos tienen que sentarse a planificar los alcances de la auditoría, de acuerdo con las normas de auditoria gubernamental, y las normas internacionales, lo que no debe llevar más de 10 días para preparar las credenciales y notificarlas”, dijo Hernández.
Aunque está claro que todo ese tiempo de preparación permite a un sospechoso conseguir comprobantes y documentos para dar la apariencia de que todo está correcto, el funcionario admite que “sí les da tiempo, y eso es un problema para nosotros, pero es parte de los derechos de los auditados”.
Seis meses, papel por papel
El equipo a conformar incluye un auditor encargado, uno asistente, y uno supervisor más un abogado, e involucrar la Coordinación Jurídica de Auditorías, y la de Auditorías Especiales, que son las que se realizan en base a denuncias y publicaciones.
A pesar de la importancia de la denuncia, porque los montos involucrados podrían superar los C$80 millones sólo en el presente año, los resultados del trabajo de los auditores estarán listos a conocerse unos días antes del cierre de la campaña electoral… a menos que se atrasen, o que se decida “guardarlos” para no perjudicar al partido de gobierno.
La investigación “puede durar 6 meses, porque el periodo a auditar es de más de dos años, y depende de los alcances, pero además, es una auditoría bien particular, porque si sólo fuera de ingresos y egresos, que es más habitual, es muy fácil ver lo que entró y salió, mientras que en este caso mandamos a revisar todas las devoluciones y todos los procesos ocurridos en torno a pagos y devolución de IVA e IR” en ese periodo, dijo Hernández.
“En un auditoría normal supongo que no hallaríamos nada, porque la gente firmó y entregó una parte, sea para un funcionario o un partido, según lo que he escuchado, pero si a alguien le dijeron: ‘te vamos a devolver virtualmente el 100%’, pero sólo le dieron el 50%, esa persona va a firmar por el 100%, así que tendremos que buscar en los orígenes, aunque eso lo tendrán que determinar los auditores”, añadió.
Si el trabajo de los expertos encuentra irregularidades, las personas que aparezcan involucradas serán citadas a las oficinas de la CGR “para darles oportunidad de que desvanezcan los hallazgos con documentación o argumentación”, señaló.
Hernández no descarta que llamen a declarar al mismo ex titular de la DGI, Walter Porras, “quien nos mandó a decir que estaba dispuesto a colaborar, aunque sin señalar casa para recibir notificaciones”, relató.
Fiscalía, a la espera
La Fiscalía, por su parte, quedará a la espera de conocer los resultados de esas investigaciones, porque su función no es investigar, sino acusar, si ese llegara a ser el caso.
“Nosotros siempre tomamos iniciativa cuando la Policía Nacional nos entrega un informe oficial; si hay malversación, y hay presunción penal, entonces esperamos el informe de la CGR”, explicó el Fiscal de la República, Julio Centeno Gómez.
“Nosotros somos ejecutores de la acción acusatoria. Le damos asistencia jurídica a la Policía, porque eso es lo que hacemos. Somos el destinatario de toda la investigación”, añadió recordando que “cuando iniciamos una investigación, ordenamos a la Policía que lo haga, o a la Contraloría, si son funcionarios en el ejercicio de sus cargos”.
La Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, que preside la diputada Miriam Argüello, dijo que incluirán el tema en la agenda de la reunión que la Comisión sostendrá el próximo 23 de mayo con los titulares de la CGR.
“Estos documentos representan un gran aporte para la Comisión de Probidad, porque no vienen de una denuncia periodística, sino de una investigación oficial de una institución del Estado”, declaró Argüello al programa televisivo Esta Noche, recordando que esa Comisión está facultada para realizar una investigación en la DGI por su cuenta.
COSEP: apoyamos cualquier lucha contra la corrupción
El sector privado, por su parte, prometió estar “pendiente que este proceso de investigación llegue hasta su final y que se tenga que hacer lo que corresponda, si así lo establece esta investigación”, dijo José Adán Aguerri, presidente del gremio, en declaraciones al mismo programa televisivo citado antes.
“La defraudación es un tema que tiene que ser investigado a fondo y se tiene que cumplir con lo que la legislación establece, pero que esto no sirva de excusa para retroceder a antes del 2010 en cuanto a devolución de impuestos. Hay una investigación que nació de la propia autoridad del gobierno, de la Policía, y nosotros apoyamos todo lo que tenga que ver con transparencia y con lucha contra la corrupción”, aseguró.
Dr. Manuel Aráuz: se cometieron varios delitos
* Falta incorporar a la investigación las declaraciones de actores claves como José Luis Hernández y Walter Porras, ex Director de la DGI
El doctor Manuel Aráuz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, considera que la investigación policial “está incompleta, porque en ella no se encuentra la declaración de actores clave, como José Luis Hernández y Walter Porras”.
De todos modos, opina que del análisis del expediente resulta que se cometieron varios delitos contra el patrimonio del Estado, por y a través de funcionarios públicos.
El primero de ellos es el cohecho, en el caso de que un funcionario de la DGI haya pedido dinero por realizar los trámites de devolución. Los ‘gestores’ que ofrecieron el dinero también cometieron una variante de este delito, conocida como “cohecho impropio, que es cometido por un particular, según el artículo 446 del Código Penal, (CP)”, complementó el doctor Alberto Novoa, ex procurador de Justicia.
Aráuz también señaló que “hay una aceptación de ventajas por un acto cumplido, respecto a dinero recibido como regalo”, según lo que establece el artículo 447, del mismo Código Penal.
“Hay fraude en el caso de la autorización de devoluciones indebidas, porque se otorgaron cantidades superiores, según lo que establece el artículo 454 CP. Es obvio que se paga demás, y se afecta el patrimonio del Estado”, añadió.
Finalmente, el catedrático considera que “hay peculado respecto del funcionario que sustrae o consiente que otro sustraiga, según el 451CP, y tráfico de influencias, lo que está tipificado en el 450CP”, aseguró.
En referencia a la posibilidad de que verdaderamente se haga justicia y se lleve ante un juez no sólo a los que cometieron el hecho, sino a sus ‘padrinos’, todos ellos amparados por la impunidad que confiere el poder político en un país como Nicaragua, Novoa opina que “es muy difícil afectar a un intocable, porque esto lo controlan las más altas esferas. Ese ‘intocable’ tendría que ser defenestrado”, valoró.
El ex funcionario público admite que “el problema es cómo probarlo, porque no es un delito que se cometa a la luz pública. Es verdad que hay evidencias de que alguien actuó en nombre de otro. Lo que se podría hacer es ver las devoluciones la DGI, y los estados de cuenta de cada uno, porque en este caso, es necesario ir al ‘debe’ y al ‘haber’ para comprobar la participación de cada uno”, concluyó.
Comentarios
ADELANTE WALTER PORRAS, ADELANTE HERMANO. DESDE QUE TE CONOZCO EN 1968 SIEMPRE DEMOSTRASTE BUENAS COSTUMBRES Y HAZ SIDO UN EJEMPO COMO PROFESIONAL Y CIUDADANO NICARAGUENSE.
TE APRECIO MUCHO HERMANO, ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en las Auditorias que han efectuado en la DGI, NADA, NADA, PORQUE TODO FUE UN BURDA MENTIRA, un montaje para perjudicar la imagen del Doctor Porras.
AHORA EN LA DGI, SI HAY CORRUPCION, que la CGR revise los Valores que le estan dando a las Propiedades en Catastro, devaluando para no pagar el 3% de impuesto a la DGI y tampoco al Registro Publico. Que revisen los cupones de Gasolina que en Octubre y Noviembre los estuvieron vendiendo a mitad de precio, clase de negocio.
Tambien que revisen en la Renta de Sajonia y Grandes Contribuyentes, que han estado inscribiendo EMPRESAS DE MALETIN, con escrituras publicas ilegales y no las inscriben en el Registro Publico Mercantil.
Que la CGR revise cuentas a cobrar, en la DGI Central habia una cartera millonaria, Cuentas a Cobrar, y ahora muchos contribuyentes morosos aparecen como Solvente.
LOS CORRUPTOS ESTANF AHORA, Y ERA UN PRETEXTO EL TRATAR DE LEVANTAR FALSOS AL DOCTOR PORRAS.
JULIO0 PEREZ
LAS DEVOLUCIONES DEL IVA EN LA DGI, fue de conformidad a las leyes fiscales.
La Policia Nacional de Nicaragua, ha investigado tanto a funcionarios de la DGI como a las Empresas que solicitaron la devolucion del Impuesto IVA a que tenìan derecho de acuerdo a la Ley 453 y a la Ley 562.
HAN PASADO SEIS MESES, Y NO SE ENCONTRO NINGUNA ILEGALIDAD. LA CONTRALORIA HA REVISADO LAS DEVOLUCIONES, Y LOS FUNCIFONARIOS DE LA DGI NO HAN ESTADO IMPLICADO EN NINGUNA ILEGALIDAD ECONOMICA.
LAS PRESUNTAS DENUNCIAS, FUERON UN MONTAJE PARA PERJUDICAR LA IMAGEN DE LA DIRECCION TRIBUTARIA, QUE LAMENTABLEMENTE FUE MALA INTENCION, PERJUDICANDO DE ESTA MANERA LA CREDIBILIDAD EN UNA INSTITUCION TAN IMPORTANTE COMO ES LA DGI.
EL LICENCIADO WALTER PORRAS, NUNCA ESTUVO INVOLUCRADO EN IRREGULARIDADES.
Alabado sea Dios todopoderoso!!!
la Contraloria esta vivita y cojeando
y dice que investigara al idiota o baboso
que todavia no se escapo volando.
Que esperaran investigar ahora
cuando ya se barajaron las cartas
y todos tienen su magnifica previsora
que si jincas, tu mismo te la ensartas.
Tarde despertaron estos trasnochados
que pasan justificando su pobre desempeño
y es que ya estan mas que acostumbrados
a vivir de las grandes tetas y el buen ordeño.
Cuando existen actos tan bochornosos, como los de corrupcion en los que los beneficiados son un grupito, me parece que dan asco, no tienen conciencia, que actuando de esta manera causan mas miseria, hambre, analfabetismo a este pueblo tan sufrido a traves de la historia. no imorta el gobierno o partido que este, se llama robo, se debe de investigar, perseguir, y capturar, y si se pudiese condenarlos a una larga pena, donde se les confisque todo lo usurpado al erario publico, hasta en una tercera generacion, con tal de cubrir, la cantidad afectada.
a Jose Luis Hernandez lo pueden ir a buscar a Mexico se fue en cuanto revento la chochada en la dgi
Es un hecho que los que vienen opinar aqui estamos partidizados de alguna manera, pero no puede venir nadie a descalificar, de hecho existe solo un partido que descalifica cualquier practica que atente a su beneficio continuo. Como ya sabemos que partido es no es nesesario mencionarlo pues me pueden tildar de politiquero.
El hecho principal aqui es, que en gobiernos anteriores se persiguio y castigo hechos mas leves que este y ahora si la policia y los judiciales no encarcelan a nadie y mejor dicho dejan libre a los cabecillas que ya sabemos quienes son la descalificacion de la poblacion no sera hecha desde una computadora en la unan y con aire acondicionado. Se hara desde las calles con bombas molotov y no me importa que me descalifiquen y me digan seudo perio..no se que ni poco cause. el hecho es que vamos a hacer pagar a todos los involucrados en este govierno persecutor, homicida y violador de todos los derechos que existian con los que dicen ellos no nos regalaban nada.
Crean cuando les digo amigos y no amigos del gobierno que la pasada de cuentas sera peor que lo que vemos en paises de medio oriente pues aqui es un pueblo chiquito y aqui el infierno sera grande pues todos sabemos donde viven los que ordenan los ataques al pueblo y desde donde llegan las camisetas y los 300 cordobas diarios para cada "miembro cpc" y no van a tener donde esconderse.
Victor, estoy de acuerdo a que debemos encausar al periodismo hacia un enfoque honesto, independiente, imparcial, pero tu critica esta llena de de tension que no abona, solo debemos exigirles a los periodistas reportar los hechos, sin opinion partidaria. Felicito a los periodistas por su labor, no es facil, pero Nicaragua los necesita mas que nunca, necesitamos que nos muestren lo que acontece. gracias.
No se deje llevar por las entrañas antisandinistas sean objetivos y demuestren con hechos lo que publican, estamos callendo bien bajo con unos seudoperiodistas politiqueros