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Junto a los dos grupos coludidos (el de los gestores y el de los funcionarios), en esta investigación policial hay un tercer grupo que igualmente participó como ‘cooperador necesario’, unos porque creían estar ayudando al FSLN y otros para “acelerar” sus devoluciones, sin descartar la posibilidad de que alguno lo haya hecho bajo amenaza de extorsión.

Las declaraciones de los indiciados, que nombran a 37 empresas, permiten clasificarlas en al menos dos tipos distintos: las que eran parte de la operación, más un segundo grupo del que no se tiene certeza bajo qué premisas actuó, destacando dos sub grupos: las que sólo están mencionadas, y otras en las que se detalla su participación en la operación, señalando montos y situaciones particulares a cada una.

Es especialmente notorio que dentro de las 37 empresas, al menos 13 pertenecen al ramo de la construcción, lo que no extraña a Mario Zelaya, presidente de la Cámara de la Construcción.

“Las empresas de la construcción estamos generando muchos créditos fiscales. Hemos planteado en reuniones con el gobierno que cuando ejecutamos proyectos exonerados, nosotros pagamos el IVA, pero a nosotros no nos lo devuelven”, aseguró.

Ejemplo de ello son los “proyectos de zona franca, turismo y del gobierno central, que están exonerados. Nosotros pagamos el IVA, y no nos lo pagan”, insistió.

Pero la empresa para la que trabaja el mismo Zelaya, la constructora D’Guerrero Ingenieros, donde se desempeña como gerente general, también aparece mencionada por los declarantes, quienes aseguran que “se le devolvieron C$5 millones, de un reclamo de C$10 millones”, asegurando que hay “anomalías”, con esa empresa, y que “tiene un reparo pendiente”.

Consultado al respecto, el gerente Zelaya aseguró que “tengo toda la documentación, todos los soportes y todas las auditorías. Todo hecho por los canales que manda la ley. Es falso de toda falsedad que hayamos participado de algún ilícito, porque nuestras devoluciones se han hecho como la ley establece”.

Zelaya dijo que no conoce a los gestores Judith Reyes y José Luis Hernández, asegurando que sus trámites se han efectuado “sin intermediación”, y negando haber sido víctima de chantajes para participar de la trama corrupta, porque “no hemos tenido problemas legales”.

Otra de las señaladas es Consovipe, cuyo Gerente General, Enrique Pereira, recordó que “Mario Zelaya y el vicepresidente de la Cámara de la Construcción, hablaron con Porras y ellos procedieron a devolver todo”.

Pereira se excusó de seguir hablando cuando se le preguntó quiénes eran sus gestores, o si conocía a Judith Reyes y a José Luis Hernández.

Mineros y distribuidores

Una tercera empresa mencionada por los declarantes es la minera Hemco, de capital canadiense. La señora Reyes asegura que ella “trabajaba con el Coronel Lenín Cerna realizando gestiones de las minas Hemco y Desminic”.

Sergio Ríos, Gerente General de Hemco, dijo que esa empresa “nunca ha pagado a nadie para que le haga trámites. Nuestro contador es quien hace las gestiones. La DGI se atrasa y peleamos por meses, pero eso es parte de hacer negocios en este país”, aseguró, negando conocer a Reyes y a Hernández.

Ríos, que también es Presidente de la Cámara de la Minería, aseguró que “nadie, nunca, de las empresas mineras, ha pagado a nadie ningún monto por hacer trámites ‘extraoficinas’, porque no hace falta, porque es un derecho que tenemos. Nunca nos han ofrecido ‘acelerar trámites’, ni creo que nadie vaya a estar pagando por ese tipo de servicios”.

Otra empresa que mencionan varios de los coludidos es la Distribuidora César Guerrero, S.A., (DICEGSA), a la que atendió el administrador de Rentas de Sajonia, Yamil Avilés, junto a otro ‘gestor’ de nombre Rodolfo Madrigal, un ex empleado de la Secretaría del FSLN, que se dedicó al lucrativo negocio de gestor.

Gracias a las ‘gestiones’ de ambos, lograron que a DICEGSA se le hiciera una devolución de impuestos por la que ellos habrían cobrado una comisión del 20%.

En sus declaraciones, los indiciados aseguran que se le pagó una coima a Meyling Dolmus, ahora viceministra de Hacienda, para que les apresurara cinco cheques con los que el MINSA cancelaba facturas de la empresa distribuidora de farmacéuticos, consiguiendo que les devolvieran C$1 millón, a cambio de una comisión de C$250,000.

Confidencial llamó varias veces a la oficina de Vernon Guerrero, Presidente de la compañía, pero su personal se excusó de ponerlo al teléfono. No hubo respuesta a un correo electrónico enviado a petición suya.

FENICSA, una empresa con domicilio en Tipitapa, aparece como una de las que aportó los US$86,685 y C$48,500 que la Policía incautó en casa de Judith Reyes, según lo declaró su esposo, Oscar Dávila.

El Gerente General de FENICSA, Cristian Chung, contestó por correo electrónico que “lamentablemente estoy de viaje, fuera del país, y regreso hasta la próxima semana, el día viernes”, a pesar que una persona de su oficina lo situó en Managua, “pero ya no puede atenderlo”.

Chung aprovecha para decir en un español limitado, que no desea hablar del caso, y que por política de la empresa, no tiene “nada que declarar sobre este asunto”.

Aunque Policía no tipifica…

Vallecillo: al menos cuatro delitos

Aunque el informe policial se abstiene de tipificar posibles delitos cometidos por la red encabezada por Walter Porras, y todos los capturados fueron liberados entre el 16 y el 18 de abril, hasta la fecha no hay nadie detenido ni acusado formalmente por una serie de delitos que incluyen el de asociación para delinquir, malversación de caudales públicos, extorsión, y defraudación al Estado, según el experto fiscal René Vallecillo.

Explicó que el primero de los delitos se cometió al emplear las relaciones laborales para ponerse de acuerdo para cometer un ilícito, mientras que se puede acusar al grupo de los tres restantes, desde el momento en que inventaron una deuda del Estado con un particular para sacar dinero ilegal, y lograron hacerse con dinero público presionando a los empresarios a los que de alguna forma tenían bajo su control, siendo que podían enviarles a los auditores.