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La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, (DGPSA), una oficina altamente técnica adscrita al titular del MAGFOR, Ariel Bucardo, concebida para certificar la sanidad de los productos alimenticios de origen animal o vegetal que importa y exporta el país, ha sido sometida a una barrida sistemática de sus profesionales más capacitados durante la administración Ortega.

El terremoto institucional ocurrido en esta dirección técnica, que es crucial para las exportaciones de carne, mariscos y lácteos, o productos de origen vegetal tales como okra, maní y frijoles, ha causado alarma entre los principales gremios productivos del país, que advierten sobre las graves consecuencias económicas que podría sufrir el país.

“Nicaragua ha negociado y está aprovechando bastante bien sus TLC, como lo muestra el crecimiento de las exportaciones durante los últimos años, pero todo eso se puede perder si el país pierde su capacidad para certificar la inocuidad de los alimentos que exporta”, dijo una fuente del sector privado.

Agregó que “el país ya perdió de forma irrecuperable unos tres años en los que pudo avanzar, y sólo logró asistir al desmantelamiento de su aparato de inspección, control y certificación, lo que comenzará a generar problemas con Panamá antes que termine este semestre, del mismo modo que México ya cerró sus fronteras a la carne nica”.

Empieza la barrida

Los problemas comenzaron desde el inicio de la administración Ortega cuando el ministro Ariel Bucardo ejecutó la destitución del doctor Denis Salgado, quien había ocupado el puesto durante los últimos cuatro años.

Exportadores que conocen a Salgado dijeron a Confidencial que bajo su administración culminó un proceso de perfeccionamiento del trabajo que “incluso las agencias de Estados Unidos aceptaban las certificaciones que emitía Nicaragua, como si las hubieran emitido las mismas autoridades americanas”.

Las fuentes recuerdan que el prestigio de Salgado era tanto, que hubo quienes se atrevieron a amenazar al ministro Bucardo con ponerle un plantón con trabajadores del campo en sus propias oficinas si lo despedía… pero no valió de nada: los sindicatos del FNT pidieron su cabeza y  Ortega ordenó entregarla en bandeja de plata.

Su sucesor, Guillermo Ibarra Rodríguez, era un técnico de campo ascendido prematuramente a lo más alto de la pirámide técnica de su oficio, lo que quizás explique el temor con el que tomaba algunas decisiones, tendiendo a la parálisis institucional, y el aislamiento que generó para Nicaragua en las reuniones regionales de expertos.

A la larga, Ibarra también sería sustituido por Gregory Campbell, un técnico con estudios realizados en Cuba en los años 80, conocido además como familiar de Lumberto Campbell, un influyente cuadro del FSLN en el Gobierno de Ortega en las políticas de la costa caribe. Campbell encabezó la DGPSA de manera formal a lo largo de un año.

Reynaldo Díaz fue el siguiente en la lista, pero sólo duraría un poco más de tres semanas a inicios de este año, siendo relevado por el coronel en retiro Manuel Gutiérrez, un administrador de empresas que habría sido llevado para poner el orden en la DGPSA.

A su llegada, Gutiérrez se encontró en medio de una aparente ‘refriega comercial’ con Costa Rica y Guatemala, que se manifestó en el cierre de las frontreras a productos de esos dos países, y se agravó al ponerse en evidencia la pérdida de capacidad técnica de la DGPSA para realizar su trabajo, debido al descabezamiento sistemático de su personal especializado.

Ruedan cabezas de técnicos 

La alta rotación de los directores generales también tuvo su réplica en la sangría constante de los titulares de los departamentos subordinados a la DGPSA (salud animal, salud vegetal, semillas, cuarentena, etc.), que perdieron a sus mejores hombres, sin importar filiación partidaria: nadie estaba a salvo, aunque fuera sandinista.

Representantes de gremios productivos que utilizan los servicios de la DGPSA, consideran que la razón para despedir a ingenieros agrónomos y médicos veterinarios que exhibían en sus currículos décadas de experiencia en su trabajo y maestrías y postgrados realizados en varios continentes, fue para sustituirlos por personal que se destaca mas por su lealtad al partido que por sus capacidades técnicas.

En muchos casos, los sustitutos poseen títulos universitarios y han desarrollado carreras profesionales, como arquitectura, ingeniería civil o administración, al margen de las especialidades requeridas en la Dirección de Protección y Sanidad Agropecuaria.

Irónicamente, muchos de los hombres y mujeres despedidos son personas de reconocida filiación sandinista que permanecieron en sus puestos a lo largo de tres administraciones liberales, debido precisamente a sus altas calificaciones técnicas y profesionales.

“No lo entendemos”, confesaron a Confidencial dos expertos en el tema que conocen de cerca el desempeño y el campo de acción de esa Dirección del MAGFOR, y han visto cómo ha disminuido la capacidad técnica no sólo de esa oficina, sino de Nicaragua en general, dado que el país tiene obligaciones internacionales que cumplir en ese campo.

Una carencia arriesgada

Desde hace algunos años, los países de la región centroamericana están tratando de erradicar dos enfermedades peligrosas del ganado: la brucelosis y la tuberculosis, lo que implica la ejecución de acciones concertadas para elevar la eficiencia del trabajo que se hace en cada país.

La meta es el presente año 2010, cuando los países deben mostrar sus avances, y en la medida de lo posible, declarar al país entero, (o una porción de su territorio), libre de ambas enfermedades.

Pero el estilo de trabajo vertical del gobierno de Ortega ha impedido que las entidades del gobierno encargadas de dar cumplimiento a las obligaciones de Nicaragua hagan su parte de la tarea, lo que causa malestar entre sus colegas de la región, porque el retraso de Nicaragua atrasa al resto de Centro América.

Uno de los técnicos cesanteados de la DGPSA explicó a Confidencial que “los países centroamericanos argumentan que no hemos cumplido con los acuerdos, y tienen razón. El argumento que les da Nicaragua es que ‘eso está en proceso’, pero hay que mostrar que se está cumpliendo”, recordó.

El principal de esos acuerdos señalaba que “para 2010, Nicaragua debía estar libre de brucelosis y tuberculosis, y no lo estamos. ¿Qué se está haciendo para cumplir con nuestra parte como nación?”, se pregunta.

La fuente explicó que un resultado probable es que Nicaragua reciba amenazas de cancelar diversos tratados comerciales, “y otros acuerdos donde se especifican las obligaciones a cumplir, como los requerimientos técnicos para erradicar las principales enfermedades que agobian al hato ganadero”, y si no se hace, “Nicaragua no podría exportar a ningún lado”.

De hecho, un efecto de esas decisiones (e indecisiones), fue el cierre del mercado mexicano a nuestra carne, golpe que podría repetirse en las próximas semanas, si Panamá decide que nuestros estándares fitosanitarios no les resultan satisfactorios.

Camaronicultura sin laboratorio

Ese mismo peligro existe para otros rubros tan sensibles como los lácteos y la camaronicultura, que requieren la existencia de laboratorios especializados que certifiquen la inocuidad de sus procesos y productos.

En el caso de los lácteos, Alfredo Lacayo, Gerente General de CENTROLAC, confesó con tristeza que “quisiéramos que existiera un laboratorio que sirva de referencia cuando haya diferencias entre nosotros y nuestros proveedores, pero no lo hay, y no sé por qué”.

En el caso de los camaronicultores, una fuente cercana a la Asociación Nicaragüense de Acuicultores (ANDA), explicó que si los técnicos de la DGPSA no hacen bien su trabajo, “la Unión Europea no certificará las plantas nicas y no podríamos exportar a esos mercados”.

Dada la importancia estratégica de esa entidad, para Nicaragua es determinante que tenga “personal calificado y que no haya mucha rotación”, dijo la fuente, recordando que “durante la última visita de los inspectores de la Unión Europea, estos comentaron que veían un gran cambio en la capacidad técnica del personal y que eso les llamaba la atención”, frase que no es más que una forma diplomática de expresar su preocupación y sorpresa.

Un sobreviviente de la ‘barrida’

Julio César Hernández es uno de los pocos técnicos despedidos de la DGPSA (u otras dependencias del MAGFOR), que accedió a hablar con Confidencial, y permitir que se le identificara con su nombre y fotografía. El fue citado por varias de las fuentes consultadas para este artículo, que lo calificaron –junto a una pléyade de expertos despedidos igual que él- como un profesional de primer orden.

Hernández llegó a alcanzar esos niveles de reconocimiento luego de comenzar como entomólogo su carrera en el Ministerio de Agricultura en 1996. Luego, comenzaría a capacitarse, en parte, gracias al apoyo del USDA, que preparó personal para hacerse cargo de los temas de salud animal y vegetal.

La llegada de los funcionarios de la administración Ortega significó su despido en septiembre del 2007, “por no enviar un informe técnico que normalmente no era necesario enviar”. Era para entonces Director de Sanidad Vegetal, y Coordinador del Programa de Vigilancia Fitosanitaria (PROVISAVE).

Aunque su salida del sector estatal supuso las naturales incertidumbres con que se encuentra el nuevo desempleado, Hernández pudo hacer valer su capacidad y experiencia, y en la actualidad está encargado de ejecutar un programa para capacitar en buenas prácticas agrícolas a productores de Jalapa, Condega, Estelí, Chinandega y El Viejo, dotado con 40,000 dólares, junto a agrónomos del INTA y técnicos del MINSA.

Una "tormenta perfecta"

En la segunda semana de marzo, Nicaragua cerró sus fronteras a productos chapines y ticos, oficialmente, en represalia por similares decisiones de San José y Guatemala, y aunque la explicación era cierta, también es verdad que esa decisión sirvió como cortina de humo para ocultar los graves problemas que afronta la DGPSA, debido a los constantes cambios de personal ocurridos a lo largo de la administración Ortega.

Esa oficina es clave para Nicaragua, porque de su desempeño depende que el país tenga acceso a alimentos seguros, y que nuestras exportaciones alimenticias sean aceptadas rutinariamente en el país de destino.

“Lo que haga la DGPSA afecta el campo de la agricultura, la interpretación de las leyes, las exportaciones de productos tan diversos como okra, maní y carne, o las inspecciones a los mataderos. Cada vez que cambias a un técnico se daña la relación con el mercado de destino, que es al que hay que darle gusto”, señaló Danilo Cortés, Director de UPANIC, y ex titular de esa entidad estatal.

La importancia de esa Dirección del MAGFOR es tanta, que el Consejo Superior de la Empresa Privada incluyó el tema en la denominada “Agenda COSEP 2010”, documento guía de sus relaciones con el gobierno para el presente año, y está previsto que se reúnan con el presidente Ortega para plantearle la necesidad de elevar los niveles técnicos, la independencia y la estabilidad laboral de los empleados de esa oficina.

Cortés dijo, recordando cómo ha evolucionado esa oficina a lo largo de los últimos cuatro gobiernos, que “cuando fui Director, (de la DGPSA), se implementó el proyecto FOSEMAG (Fortalecimiento de los Servicios del Ministerio de Agricultura), por medio del cual se compraron edificios y maquinaria, y se capacitó al personal enviándolo a estudiar incluso fuera de Nicaragua”.

El ex funcionario se refiere al grupo que se llegó a conformar como “un equipo de lujo… y a todos los han corrido. Hay gente muy capacitada que anda vendiendo raspaditas, administrando fincas, comerciando en el Oriental. Comenzaron a correrlos con Arnoldo Alemán, y siguieron a lo largo de este gobierno, aunque con Bolaños hubo mucha estabilidad”, recordó.

Expresó que “los puestos de relevancia tecnológica están siendo ocupados por gente que no está plenamente capacitada para desempeñarlos. Es gente que no toma decisiones por temor a perder el puesto, porque luego pueden sufrir represión”.

El permiso de la Presidencia

Un ex funcionario de la DGPSA dijo a Confidencial que muchas veces, los técnicos nacionales no acuden a las reuniones con sus pares centroamericanos de entidades claves para la buena marcha del sector a escala regional, sea que se trate de citas de la Organización Internacional Regional de Sanidad Animal (OIRSA); de la Unión Aduanera Centro Americana, o simplemente, reuniones ministeriales.

La razón para que los nicas estén ausentes, según esta fuente, es porque “tienen que ir a pedir permiso donde la señora” (en referencia a Rosario Murillo, esposa del mandatario), y se pierden los viajes, con la excusa de que no hay dinero para viáticos, aunque muchas veces los gastos son costeados desde el extranjero.

“Los técnicos (de las entidades a cargo de semillas, cuarentena, sanidad animal), deben ir a reuniones y talleres, pero antes tienen que buscar un permiso de salida ¡en la Presidencia de la República!, por lo que dejan de asistir a esas citas, a pesar que se requiere la presencia de representantes de todos los países para coordinar entre ellos las calidades de los productos a los que se le va a permitir entrar y salir por cada frontera de la región”, explicó Cortés.

Otra fuente corroboró la versión del ex Director Cortés: Nicaragua envía a esas reuniones a personeros de segundo y tercer nivel, aún cuando se trata de encuentros entre ministros o viceministros, en los que se toman decisiones de importancia regional, y normalmente se aprovecha para limar asperezas o negociar el ‘cese de hostilidades’ comerciales, cuando las hay.

Pero ¿por qué impedir que Nicaragua esté correctamente representada en esas instancias? ¿Por qué negar la posibilidad de que el personal adquiera los niveles de capacitación requeridos para un mejor desempeño de su misión, siendo que es personal confiable políticamente para el gobierno?

Nadie lo sabe. Las fuentes consultadas explican la crisis de la DGPSA como “una consecuencia de la excesiva centralización con que se maneja el gobierno”, pero no liberan de responsabilidad al ministro de agricultura, Ariel Bucardo. “El está al frente del Ministerio, y por lo tanto es el primer responsable por haber permitido el descabezamiento de la DGPSA”, indicó un ex trabajador del MAGFOR.

Lo más preocupante es que lo que ocurre en la DGPSA no es un caso aislado y se replica en otras instituciones del estado, donde según las fuentes consultadas, “se trata de impedir que haya funcionarios que destaquen –o piensen- por sí mismos, lo que fomentaría un estado no sólo de lealtad partidaria, sino más bien de obediencia total, sea por falta de capacidades técnicas, o simplemente por temor a ser despedido”.

DGPSA sufrió "alineamiento institucional"

En una entrevista efectuada a través del correo electrónico, un importante ex funcionario del MAGFOR relata a Confidencial cuales fueron –a su juicio- las razones para explicar la caída en desgracia de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA), a la que define como “una de las instancias más complejas del MAGFOR”.

Esa complejidad está dada “tanto por su cobertura (nacional, principalmente en los puestos fronterizos) como por su especialización (vigilancia fitozoosanitaria, puestos cuarentenarios, análisis de residuos tóxicos, certificación de semillas y productos agropecuarios, etc.); además, algunos de los indicadores establecidos en el Programa Económico Financiero, aluden a la sanidad e inocuidad de los agroalimentos que exporta Nicaragua. Otro dato: la DGPSA tiene un 51% de la planilla del MAGFOR (unos 400 técnicos y empleados)”.

El ex empleado estatal recordó que “la administración del ministro [Ariel] Bucardo, que comenzó en el 2007, empezó a mostrar preocupación por la ‘forma liberal’ con que se dirigía esta Dirección General. Los proyectos con financiamiento externo (BID, USAID, USDA, UE, OIRSA) funcionaban de forma independiente a la misma Dirección General, ya que contaban con su propio presupuesto”.

Ejemplo de ello es el hecho que “las antiguas oficinas del Programa del Gusano Barrenador eran como ajenas a la DGPSA, a pesar de estar en el mismo complejo; los técnicos de esos proyectos se sentían ajenos a la misma DGPSA, rigiéndose por las reglas administrativas de los mismos proyectos y no por las del Ministerio. Obviamente, devengaban mejores salarios y algunos técnicos tenían vehículos asignados, según el criterio del Director de Proyectos, que generalmente era norteamericano (para el caso de USDA)”.

Pero eso no duró para siempre, a pesar que existe una tendencia internacional a darle cada vez más autonomía a instituciones como la DGPSA, según lo explicó a Confidencial una fuente que conoce ese tipo de entidades.

“Con el pasar del tiempo, se llevó un proceso de ‘alineamiento institucional’, para llegar a establecer una efectiva y única dirección; sin embargo, el mismo proceso ha carecido de una gerencia eficiente y eficaz, antes bien, muy complaciente, sobre todo con los sindicatos CST-FNT (quienes sostienen rivalidades que jamás entendí), que tenían mucha incidencia en los nombramientos de algunos puestos claves”, prosiguió el ex funcionario.

“Frente a esa situación, a la que se agrega la reducción presupuestaria que empieza a experimentarse en el 2009, la DGPSA tiene una enorme tarea, ya que ha ampliado sus intervenciones en el campo (con el programa de trazabilidad bovina, financiado por el BID), pero también tiene la responsabilidad de recaudar más recursos, pues está facultada para establecer tarifas por los servicios sanitarios (animal y vegetal) que provee, que son rentas con destino específico, reforma tarifaria que demoró casi dos años en aprobarse”, añadió.

“Yo conocí a dos de los directores generales (de los cuatro que han sido nombrados por la administración Ortega) no obstante, “a mi parecer no tuvieron la capacidad suficiente para hacer de la DGPSA una entidad eficiente y ágil en la provisión de servicios, sobre todo en los laboratorios y puestos cuarentenarios”, concluyó la fuente.

EE. UU. advierte sobre posible incumplimiento

El gobierno de Estados Unidos también está al tanto de lo que ocurre en esa Dirección General, como lo muestra la respuesta a un correo electrónico enviado por Confidencial a la embajada local de ese país, que ha donado 134 millones de dólares desde 1992 hasta la fecha “para atender cuestiones sanitarias y fitosanitarias que podrían afectar adversamente la seguridad alimentaria y el intercambio comercial”.

El correo en cuestión, enviado a nuestra sala de redacción luego de consultar con personal del Servicio de Inspección Fito/zoosanitaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés), explica (en parte) la situación actual de la DGPSA, y lo que podría suceder si ocurriera un cambio radical en esa entidad.

En este momento, la “DGPSA continúa liderando los esfuerzos para mantener el estatus fito/zoosanitario para que Nicaragua exporte productos agropecuarios hacia mercados internacionales. Sin este estatus, Nicaragua no podría cumplir con los requisitos de importación de estos mercados”.

“Siempre que Nicaragua cumpla los protocolos establecidos y no haya brotes de enfermedades de interés debería haber apertura comercial del mercado de los Estados Unidos para la exportación de mangos y otros productos elegibles de Nicaragua”, concluye la correspondencia.

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Una historia de atrasos y recargos

A pesar de su importancia en el desarrollo agrícola del país, la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (ANIFODA), no es muy conocida fuera de sus círculos de influencias, ni es generador de muchas noticias… excepto cuando se ve acosada por decisiones gubernamentales.

Ya ocurrió una vez, cuando la administración Ortega decidió importar urea barata proveniente de Venezuela, (lo que trastornó por completo al sector), y está volviendo a ocurrir, sólo que ahora por partida doble: la renovación del registro de productos agroquímicos que se importan al país, y las tarifas que se les quiere cobrar por ello.

El ingeniero John José Fong, Secretario Ejecutivo de ANIFODA, relató que han pedido a la DGPSA que les renueve los permisos de esos productos (ellos llaman ‘re-registro’ al proceso), para lo que a su juicio, sólo haría falta confirmar que es el mismo producto que ya estaba autorizado, y que las condiciones no han cambiado.

La realidad es que los funcionarios de la DGPSA sí han cambiado, y no sólo de nombres, sino también de mentalidad.

“El problema es que han contratado a algunas personas sin experiencia, que quieren cambiar los trámites”, comentó Eduardo Fonseca, Gerente General de la Cámara de Comercio de Nicaragua, citando quejas de sus asociados, que se han enfrentado a esa situación cuando llegan a gestionar algún permiso.

“Quieren revisarlo todo y volver a elaborar trámites nuevos; han llegado a parar importaciones, lo que significó grandes costos para los afectados”, añadió.

Regresando a ANIFODA, Fong relató que los nuevos funcionarios de la DGPSA están exigiendo que los importadores les presenten dos dictámenes técnicos: uno del MINSA (que ya los entregó) y otro del MARENA, que ha guardado un profundo silencio, lo que ha llevado a que no se les otorguen los permisos, después de más de 150 días de solicitados.

A eso se suma la decisión ministerial tomada a finales del año pasado, según la cual, se incrementaría el costo de los permisos de importación, los que supuestamente “no habían subido en una década”.

“No sabemos quien. Sólo sabemos que alguien mintió cuando hizo esa aseveración”, dijo el Gerente Fong, recordando que el titular del MAGFOR dictó a finales del año pasado un nuevo pliego tarifario, escuchando una recomendación inconsulta de un experto de una entidad multilateral con presencia en Managua.

Aunque las nuevas tarifas debían entrar en vigencia a partir de este año, el ministro Bucardo decidió congelar su aplicación por 60 días a partir del 20 de enero, y luego prorrogó su entrada en vigencia por 60 días más, después que en los días previos a la Semana Santa, el sector le presentara una contrapropuesta.

Fong explicó, citando un cálculo elaborado por Danilo Cortés, ex titular de la DGPSA y actual directivo de UPANIC, que si se acepta la tarifa decretada por el ministro Bucardo, los más de 23,000 dólares pagados el año pasado al Estado, se convertirían en 381,560 dólares, suponiendo que se efectuara exactamente la misma cantidad de transacciones, lo que supone un incremento de 1,658.9 por ciento.

Siendo que en el esquema oficial ordenado por Bucardo, las tarifas oscilan entre los U$20 y los U$600 (en dependencia del monto de la importación), los empresarios presentaron una contrapropuesta en la que todos los permisos están tasados en U$20, con lo que las recaudaciones se elevan en 280%, (hasta los U$64,460), mientras la variante de cobrar U$25 por el mismo trámite, las eleva hasta los U$80,575, lo que representa un incremento del 350 por ciento.