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La caída de Walter Porras de su puesto como Director General de Ingresos con el allanamiento de una casa propiedad de Daniela Rodríguez Callejas, que fungía como Jefa de Devoluciones Tributarias de la DGI, y el inicio de una investigación policial,  fue la noticia de la semana.

Celebrado en los círculos del poder del FSLN, por su extremo servilismo a la pareja presidencial, y la represión aplicada contra los técnicos y empleados públicos de la DGI, Porras cayó en desgracia de la misma forma en que ascendió al poder, sin ninguna clase de explicación o justificación oficial.

Fuentes que conocen la forma en que opera la DGI, aseguraron a Confidencial que es muy probable que la clave para entender qué busca la Policía Nacional, sea precisamente la oficina de Devoluciones Tributarias, que por ley se encarga de retribuir a los contribuyentes, aquellas cantidades que hayan sido cobradas a pesar que la ley indique otra cosa.

Confidencial consultó con el Comisionado Mayor Fernando Borge, nuevo encargado de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, quien admitió que realizan “indagaciones, pero no hay ninguna persona capturada. No puedo dar más información al respecto”, aseguró.

Ejemplo de las devoluciones que hace la DGI, es el ‘reintegro tributario’ del 1.5% que se le entrega a los exportadores “para que no exporten impuestos, aunque también ha sido visto como un incentivo por exportar”, explicó Mario Amador, presidente de la Cámara de Industrias, (CADIN).

Otro sector que requiere de devoluciones constantes es el de las empresas adscritas al régimen de zona franca, a las que se les devuelve “los impuestos pagados cuando compramos insumos locales, porque aunque la ley diga que estamos exonerados, nos obligan a pagar y después nos lo devuelven”, explicó Dean García, Gerente de ANITEC.

Pero otros empresarios revelaron la existencia de un mecanismo de extorsión del grupo de Porras con las devoluciones. “Si tenías derecho a que te devolvieron 100, la DGI te decía te devuelvo 60, pero los 40 restantes me los depositas en tal cuenta, y si no te parece intenta reclamar y ahí nos vemos en una nueva revisión de tu caso”.

C$1,000 millones en devoluciones

En ocasiones, la DGI se ve obligada a devolver a los contribuyentes, el pago de un impuesto que no debía haber sido aplicado. Es un procedimiento normal, que antes se evitaba otorgando a las empresas y extranjeros efectivamente exonerados, un carnet que les identificaba como receptores de ese beneficio.

“En los años 90 existían las cartas de exoneración, pero dejaron de usarse porque era un mecanismo que se prestaba a actos de corrupción”, recuerda Amador.

En la actualidad la DGI devuelve el dinero a los contribuyentes, en un proceso que “debería durar un mes, pero a veces se tardan hasta seis meses, lo que en efecto, deja abierta la puerta a irregularidades”, añadió el líder industrial.

Es fácil pensar que pudo ser así, al comprobar que se devolvieron C$492.3 millones en el 2009, y que la cifra se elevó hasta los C$1,006.4 millones en el 2010, lo que implica que el número original, que ya de por sí era muy alto, se multiplicó por 2.04 veces.

Una de las fuentes citadas al inicio de esta nota, presume que la “eficiencia” mostrada por la recién finalizada administración de Ingresos, en realidad sugiere un esquema en el que los empresarios que tenían años de estar reclamando sus devoluciones conforme a la ley, recibían la buena noticia de que su dinero estaría listo en menos de una semana… si pagaban un porcentaje importante a su ‘benefactor’.

Una segunda fuente consultada por Confidencial, dijo que empresarios a los que no identificó, le comentaron “hace unos seis meses, que ellos recibieron ese tipo de propuesta”, aunque no supo cómo reaccionaron ante la sugerencia del ilícito.

“No sé qué hicieron al respecto. No me consta. No te lo podría decir”, aseguró.

“Las devoluciones se les acumularon”

Cuando Róger Arteaga recibió el puesto de Director General de Ingresos, encontró que la administración tributaria tenía C$127 millones sin devolver.

“Hicimos una programación de devoluciones en cuotas mensuales, y logramos bajarlo como a C$61 millones, hasta lograr nivelarlo”. Una de las estrategias usadas fue devolver a los productores el 50% del total reclamado, sin necesidad de auditorías, “para que continuaran operando”, y el resto hasta después de haberlos auditado.

Arteaga dice que supo que “al entrar ellos (la administración Porras) habían quitado las devoluciones y se les acumularon grandes cantidades de dinero sin devolver”.

Al ver las noticias en los periódicos, el ex titular de la DGI dice que “me da la impresión que esa cantidad de dinero que encontraron en la casa de la mujer, es dinero que deben haber registrado como devolución, pero no lo entregaron. En la DGI hay fugas, llaves que si no la controlas, se te va la plata por ahí”, señaló.

Frenaron crecimiento del IVA

Los informes de ejecución presupuestaria publicados en la página web del Ministerio de Hacienda, muestran la evolución de las devoluciones efectuadas al mes de junio, al de septiembre, y al finalizar el año.

El informe del primer semestre señala que “durante el periodo analizado se otorgaron devoluciones de impuestos por un monto de C$521.2 millones, es decir, mayor en 2.7 veces a lo registrado en igual periodo del 2009, que fue de C$189.9 millones”.

Ese monto resultó ser tan alto, que “los ingresos percibidos de este impuesto, (el IVA) se han visto afectados por el incremento en las devoluciones”.

A septiembre 2010, el ritmo había decrecido, para ser de ‘sólo’ 2.3 veces, lo que de todos modos seguía siendo alto, si se considera que para entonces ya sumaba C$694.5 millones, sobre una base de C$306.9 millones en el mismo período del 2009.

Al llegar diciembre, la suma total fue de C$1,006.4 millones, más que duplicando los C$492.3 millones registrados en 2009. Su efecto sobre las recaudaciones del IVA fue tan grande, que lo llevó a mostrar “una tendencia de desaceleración paulatina”, que el documento mismo explica “por el incremento en las devoluciones por ley”.

Para Mario Amador, presidente de CADIN, ese comportamiento es razonable si se tiene en cuenta el crecimiento de las exportaciones.

Otra fuente señaló que el personal de la DGI podría alegar que están cumpliendo con la ley, pero de ser así cabria preguntar por qué no antes. ¿Estaban incumpliendo la ley?